CE - 110010315000202305179011AUTOQUERESUELINTERLOCUT20230928141542

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 05179 01

Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ

Asunto: Resuelve Hábeas Corpus.

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado del señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ contra la providencia de 21 de septiembre de 2023, proferida por el Magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” 1, doctor ALBERTO MONTAÑA PLATA, mediante la cual denegó la solicitud de hábeas corpus instaurada por éste.

I.-ANTECEDENTES

I.1.- El señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ , act uando a través de apoderado , en ejercicio de la acción constitucional de hábeas corpus, en escrito radicado el 19 de septiembre del presente año a través de la ventanilla virtual de la Corporación2,

1 En adelante el Consejo. 2 Según el Sistema de Gestión Jud icial del Consejo de Estado – SAMAI, la solicitud fue radicada a través de la ventanilla virtual el 19 de septiembre de 2023, a las 14:54, actuación visible en el í ndice 2 del expediente digital.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05179-01.

2 del expediente digital.2

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Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ.

solicita que se le conceda la libertad inmediata por prolongación injusta de la libertad.

I.2.- Adujo como hechos, en síntesis, los siguientes:

Que fue privado de la libertad el 10 de marzo de 2021 y actualmente se encuentra en la Cárcel de Palmira , pagando una pena privativa de la libertad de “50” meses, impuesta por la autoridad accionada al encontrarlo responsable de la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Señaló que a pesar de haber interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia , el Juzgado Diecinueve Penal de l Circuito con Funcio nes de Conocimiento de Bogotá , tramitó el recurso casi un año después de su interposición, e sto es, hasta el mes de abril de 2023.

Adujo que el recurso de apelación fue resuelto en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia, sin que a la fecha de presentación de este mecani smo se haya enviado el expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, omisión que, en su criterio, prolonga ilegalmente la privación de su libertad.

Indicó que debido a que ya cumplió las tres quintas partes de la pena privativa de la libertad impuesta, solicitó el otorgamiento del beneficio de detención domiciliaria , previsto en el artículo 64 de la3

libertad.

Indicó que debido a que ya cumplió las tres quintas partes de la pena privativa de la libertad impuesta, solicitó el otorgamiento del beneficio de detención domiciliaria , previsto en el artículo 64 de la3

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Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ.

Ley 1709 de 20 de enero de 20143, ”bajo los parámetros legales por buen comportamiento y trabajo ” y “por ser padre cabeza de familia, de su señora madre ”, pues ya pagó 30 meses de la pena impuesta, lapso dentro del cual dice haber tenido buena conducta y no registra sanciones disciplinarias.

II.-TRÁMITE DE LA ACCIÓN

El Magistrado de primera instancia, mediante providencia de 2 1 de septiembre del presente año 4, ordenó requerir al Juz gado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, a fin de que suministrará la siguiente información:

“[…] 1. Si en el trascurso del proceso penal, l a defens a ha presentado alguna solicitud de libertad ante el juez de control de garantías. De ser así, se precise en qué fechas, cuál fue su motivo y en qué sentido se resolvió la respectiva petición.

2. Se precise si, en el curso de la audiencia de formulación de acusación, el procesado se allanó a los cargos o se acogió a otra figura similar.

3. Si con ocasión de la anterior manifestación de aceptación, se emitió sentencia condenatoria de primera instancia. De se r así, en qué fecha y cuál fue el conte nido de la parte

otra figura similar.

3. Si con ocasión de la anterior manifestación de aceptación, se emitió sentencia condenatoria de primera instancia. De se r así, en qué fecha y cuál fue el conte nido de la parte resolutiva.

4. Cuál fue el objeto de la apelación formulada en contra de la sentencia condenatoria de primer grado. Además, en qué fechas se interpuso recurso de apelación y se envió el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judici al de Bogotá para su conocimiento.

5. En qué fecha y cuál fue el sentido de la sentencia que resolvió el aludido recurso de apelación.

3 “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”. […] ARTÍCULO 64. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así: Artículo 103A. Derecho a la redención. La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de l a pena podrán controvertirse ante los Jueces competentes […]”. 4 Índice 5 del expediente digital, -trámite de primera instancia 11001-03-15-000-2023-05179-00-.4

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Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ.

6. Se precise si, a la fecha, está pendiente de resolver algún recurso de apel ación presentado por la defensa dirigid o a

Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ.

6. Se precise si, a la fecha, está pendiente de resolver algún recurso de apel ación presentado por la defensa dirigid o a solicitar la prisión domiciliaria por su condición de padre cabeza de familia o alguna petición de libertad condicional.

7. Se indique si el expediente de la referencia ya fue remitido a la oficina de reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

8. Se nos proporcione acceso al expediente de forma digital, con el respectivo enlace […]”.

III. INFORME DE LA AUTORIDAD REQUERIDA

III.1 La Secretaría del Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá , mediante oficio núm. 1782 de 21 de septiembre de 2023 5, respondió que ese Despacho judicial conoció del código único de investigación 6 11001600009820170003300, adelantado contra el señor YULIAN ALBERTO BRIT O PELÁEZ por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, previsto en el artículo 376, inciso 3º, del Código Penal.

Indicó que el señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ aceptó cargos ante el Juez de Control de Garantías en audiencia de formulación de imputación y que en sentencia de 10 de may o de 2022 se aprobó el allanamiento a cargos del procesado, quien fue condenado en calidad de autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la pena principa l de 51 meses de prisión, multa equivalente a 124 salarios mínimos legales

condenado en calidad de autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la pena principa l de 51 meses de prisión, multa equivalente a 124 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

5 Índice 9 idem. 6 En adelante CUI.5

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Precisó que en la referida providencia también se resolvió sobre la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena como la prisión do miciliaria, en el sentido de negarla , determinación contra la cual el apoderado del actor interpuso recurso de apelación, actuación remitida al Tribunal Superior de Bogotá el 18 de abril de 2023.

Explicó que según la información suministrada por el Tribunal Superior de Bogotá, el 26 de julio de 2023 se confirmó el fallo de primera instancia, decisión que cobró ejecutoria el 2 de agosto de este año, autoridad que además remitió el expediente a la Oficina de reparto de los juzgados de Ejecuci ón de Pe nas y Medidas de Seguridad para su asignación.

Agregó que si bien el apoderado del actor , el 28 de agosto del año en curso, radicó una petición de libertad condicional, le fue informado a éste que ese Despacho judicial no era competente para resolver la solicitud, toda vez que la sentencia de segunda instancia se encuentra ejecutoriada y, por tanto, corresponde al juez ejecutor

en curso, radicó una petición de libertad condicional, le fue informado a éste que ese Despacho judicial no era competente para resolver la solicitud, toda vez que la sentencia de segunda instancia se encuentra ejecutoriada y, por tanto, corresponde al juez ejecutor que por reparto s e asigne, el conocimiento del proceso y la resolución sobre el beneficio de la libertad condicional.

Concluyó qu e la privación de la libertad d el señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ no es ilegal, teniendo en cuenta que es consecuencia de una sentencia condenatoria emitida en su contra.6

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IV.- FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA

Mediante providencia de 21 de septiembre de 202 37 el a quo denegó la solicitud de hábeas corpus, promovida por el señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ , por considerar que la privación de la libertad proviene del cumplimiento de una sentencia condenatoria en firm e, respecto de la cual debe vig ilarse su ejecución por parte del juez de esa especialidad ; y que tampoco se configura alguno de los supuestos previstos por la ley como causales para otorgar la libertad.

Al respecto, el a quo, luego de referirse a las actuaciones surtidas en el proceso penal adelantado contra el actor, señaló que pes e a que el solicitante no informó en el trámite de hábeas corpus sobre la presentación formal de una petición de libe rtad condicional, del informe rendido por la autoridad accionada se evidenciaba que sí se

que el solicitante no informó en el trámite de hábeas corpus sobre la presentación formal de una petición de libe rtad condicional, del informe rendido por la autoridad accionada se evidenciaba que sí se radicó un memorial en ese sentido el 28 de agosto de este año , el cual no ha sido resuelto a la fecha debido “a la ejecutoria de la sentencia condenatoria y a la com petencia del juez de ejecución de penas”.

Explicó que si bien el actor considera que se encuentran cumplidos los requisitos objetivos y subjetivos para que se le conceda el beneficio de la libertad condicional, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 8 sostiene que el mecanismo constitucional de

7 Índice 13 idem. 8 Corte Suprema de Justicia, providencia de 8 de mayo de 2020, radicado núm. 301.7

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hábeas corpus no sustituye los procedimientos judiciales dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad ni desplaza al funcionario judicial competente.

Finalmente, conminó tanto al funcionario judicial competente que deba resolver la petición de l ibertad condicional del actor como al Centro de Servicios Judiciales - Complejo Paloquemao, para que en el evento de que no se haya enviado el expediente a la oficina de reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, se le dé celeridad a ese tr ámite; y q ue en caso de haberse recibido físicamente la actuación , se disponga el reparto al

reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, se le dé celeridad a ese tr ámite; y q ue en caso de haberse recibido físicamente la actuación , se disponga el reparto al funcionario que deba conocer de la solicitud.

V.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El apoderado del señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ mediante escrito radicado el 25 de septiembre del año e n curso9, impugnó la decisión de instancia con fundamento en los siguientes argumentos.

Consideró que la determinación de primera instancia debe ser objeto de amparo de tutela por incurrir en defecto procedimental absoluto, por cuanto impon e a los usuarios de la administración de justicia aceptar la desidia de la Rama Judicial en cuanto a impartir los trámites correspondientes, concretamente el de apelación de una sentencia de primera instancia y el de remisión de un expediente al

9 Índice 25 idem.8

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juez de ej ecución de pena s y medidas de seguridad para lo pertinente.

Insistió en la prolongación ilegal de la libertad de su defendido , por cuanto a la fecha el juez natural no ha resuelto la solicitud de libertad invocada en el trámite ordinario amparado en la falla del servicio en la administración de justicia.

Sostuvo que el fallo impugnado en vez de garantizar al actor el amparo de sus derechos hace una apología de la violación de su s derechos a la dignidad y a la libertad.

servicio en la administración de justicia.

Sostuvo que el fallo impugnado en vez de garantizar al actor el amparo de sus derechos hace una apología de la violación de su s derechos a la dignidad y a la libertad.

Por último, solicitó que de no otor garse el mecani smo de hábeas corpus se dé trámite a un a acción de tutela contra la autoridad accionada por incurrir en mora judicial.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA UNITARIA

Competencia

El numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1095 de 2 de noviembre de 2006, “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, establece que todos los jueces y tribunales tienen competencia para tramitar las acciones de hábeas corpus.9

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No obstante, la Corte Constitucional en sentencia C -187 de 15 de marzo de 2006 10, determinó que a la anterior previsión debía agregarse el factor territorial, en virtud del cual debe conocer de la petición la autoridad con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, donde la persona se encuentra privada de la libertad.

A su vez, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo núm. PSAA07 de 13 de marzo de 200711, reglamentó el sistema de turnos de atención de hábeas corpus, acto que dispuso que los Magistrados de las Altas Co rtes conocerían de e se tipo de acciones solo en segunda instancia. Del

200711, reglamentó el sistema de turnos de atención de hábeas corpus, acto que dispuso que los Magistrados de las Altas Co rtes conocerían de e se tipo de acciones solo en segunda instancia. Del acuerdo en mención, se destaca:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. - Objeto. Con arreglo a la ley, la atención de las acciones de Hábeas Corpus corresponde a:

a. Los Magistrados de la Corte Suprema d e Justicia, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado y de la Sala Ju risdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. […]

Parágrafo.- Los Magistrados señalados en el literal a. de este artículo conocerán de las acciones de Hábeas Corpus únicamente en segunda instancia […]”. (Negrillas fuera de texto).

No obstante, c omoquiera que en el caso sub examine el actor radicó el asunto de la referencia a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y que el doctor ALBERTO MONTAÑA PLATA , Magistrado de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, actuó en primera instancia, corresponde a esta Sala

10 Corte Constitucional, sentencia C-187 de 15 de marzo de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 11 “Por el cual se reglamenta el sistema de turnos para la atención de la acción de Hábeas Corpus por los jueces y magistrados en el territorio nacional y se Derogan unos Acuerdos”.10

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Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ.

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Unitaria conocer de la impugnación presentada contra la decisión de primera instancia, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia , la doble instancia y el principio de celeridad teniendo en cuenta la perentoriedad de los términos que rigen este mecanismo constitucional.

Caso concreto

El artículo 30 de la Constitución Política, prevé:

“[…] Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas […]”.

Por su parte, la L ey 1095 estableció en sus artículos 1º y 2º, lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El Hábeas Corpus no se suspenderá, aún en los Estados de Excepción”.

“ARTÍCULO 2o. COMPETENCIA. La competencia para resolver solicitudes de Hábeas Corpus se

El Hábeas Corpus no se suspenderá, aún en los Estados de Excepción”.

“ARTÍCULO 2o. COMPETENCIA. La competencia para resolver solicitudes de Hábeas Corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Son competentes para res olver la solicitud de Hábeas Corpus todos los jueces y tribunales de la

Rama Judicial del Poder Público.11

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2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de Hábeas

Corpus.

Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente –o del municipio más cercano– de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello […]”.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el hábeas corpus procede cuando i) la aprehensión de un a perso na se realiza con violación de las garantías constitucionales o ii) se ha prolongado ilegalmente la privación de la libertad de una persona.

En relación con la figura del hábeas corpus la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2006, precisó lo siguiente:

“[…] El texto que se examina [artículo 2º] prevé que el

En relación con la figura del hábeas corpus la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2006, precisó lo siguiente:

“[…] El texto que se examina [artículo 2º] prevé que el hábeas corpus procede como medio para proteger la libertad personal en dos eventos:

1. Cuando la persona es privada de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y

2. Cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artícul os 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.

Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la12

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libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera o ficial para la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.

También se presenta la hipót esis de que sea la propi a

escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.

También se presenta la hipót esis de que sea la propi a autoridad judicial, la que, al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.

En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también pueden consi derarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona (C.P. art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública ma ntenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse il egales, como cuando la p ropia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.

En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el hábeas corpus […]”. (Negrillas fuera de texto)

De acuerdo con los antecedentes reseñados, el señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ , por conducto de apoderado judicial,

derechos conexos protegidos mediante el hábeas corpus […]”. (Negrillas fuera de texto)

De acuerdo con los antecedentes reseñados, el señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ , por conducto de apoderado judicial, promovió la acción constitucional de hábeas corpus tendiente a que se ordene su libertad inmediata, por cuanto considera que se encuentra privado de la libertad ilegalmente , toda vez que a la fecha no se ha resuelt o por el juez competente la solicitud de otorgamiento del beneficio de detención domiciliaria , a la cual cree13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05179-01.

Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ.

tener derecho por haber cumplido las tres quintas partes de la condena impuesta mediante sentencia judicial, en razón a trabas de la administración de justicia, relacionadas con la remisión del expediente contentivo del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instanci a, al superior jerárquico, y el reparto del asunto al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Como quedó visto, de dicha solicitud conoció uno de los Consejeros que integran la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en Sala Unitaria, a trav és de proveído de 2 1 de septiembre de 2023, -que impugna el apoderado del señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ-, denegó la solicitud de hábeas corpus, por considerar que la privación de la libertad del actor obedece a una sentencia condenatoria en firme, proferida por autoridad competente.

PELÁEZ-, denegó la solicitud de hábeas corpus, por considerar que la privación de la libertad del actor obedece a una sentencia condenatoria en firme, proferida por autoridad competente.

En la impugnación, e l apoderado del señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ insiste en que sí se configura la privación injusta de la libertad , por cuanto a pesar de disponer de los mecanismos ordinarios de defensa dentro del pro ceso penal, a la fecha no se ha resuelto la solic itud de otorgamiento del beneficio de detención domiciliaria.

Precisado lo anterior, d e las pruebas allegadas al expediente se destacan las siguientes:

.- Acta de audiencia s concentradas de legalización d e captura , formulación de imputación e imposición de medida de14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05179-01.

Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ.

aseguramiento contra el señor YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ12, celebrada el 11 de marzo de 2021, por el Juzgado Veintidós Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá13, en la cual el Fiscal 16 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, -DECN-, imputó al sindic ado la comisión d el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes , y elevó solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario y carcelario. Contra las anteriores decisiones no se interpusieron recursos.

.- Formato de Escrito de Acusación con aceptación de cargos

de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario y carcelario. Contra las anteriores decisiones no se interpusieron recursos.

.- Formato de Escrito de Acusación con aceptación de cargos suscrito por el Fiscal 16 DECN, el 20 de mayo de 2021 14, en el que se relacionan los fundamentos fácticos y jurídicos de la acusación , la formulación de la imputación, a la cual se allana el imputado y se solicita proferir la sentencia correspondiente. Del documento, se destaca:

“[…] Según informe de policía judicial de fecha agosto once (11) de 2017, suscrito por el funcionario de la Policía Nacional PT. […], perteneciente a la Unidad Investigativa de Control Fronterizo que da cuenta de actividades investigativas donde se señala la existencia de elementos materiales probatorios relacionados con la existencia de h echos delictivos de tráfico de estupefacientes. Del mismo se señala que se da una inferencia razonable para señalar que una persona se halla comprometida en los hechos en cuestión y que puede ser probable autor o partícipe de la co nducta delictiva. Esto po r cuanto se evidenciaron dos (2) situaciones en las cuales hubo incautación de sustancias estupefacientes tipo cocaína bajo la modalidad de encomiendas legales, una por DOSCIENTOS OCHO PUNTO OCHO (208.8) GRAMOS y otra de CIENTO DIEZ (110) GRAMOS DE COCAINA , la primera ocurrida el cinco (5) de enero de 2017 y la otra el veintisiete (27) de octubre de 2016 en el Aeropuerto El Dorado de esta ciudad

DIEZ (110) GRAMOS DE COCAINA , la primera ocurrida el cinco (5) de enero de 2017 y la otra el veintisiete (27) de octubre de 2016 en el Aeropuerto El Dorado de esta ciudad por parte también de uniformados de la Policía Nacional. La

12 Capturado el día 10 de marzo de 2021. 13 Índice 11 del expediente digital, -trámite de primera instancia 11001-03-15-000-2023-05179-00-. 14 Idem.15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05179-01.

Actor: YULIAN ALBERTO BRITO PELÁEZ.

modalidad era enco mienda mediante correo legal, guías CP001107621CO y EE102901022CO, sustancia camuflada y adheridas en prendas para bebé y camis as. Las mismas iban con destino a Alicante en España. Dichos correos tenían como remitente YULIAN ALBERTO BRITO PELAEZ , cédula de ciudadanía […] y con direcciones e n Chía y Bogotá - Cundinamarca y destinataria […] sin identificación y ubicada en España - Alicante.

En el informe en cuestión de igual manera se da cuenta de un reporte proveniente de la Guardia Civil de España, suscrit o por […], Capitán de la G.C. OFEN ante la P.N.C., asunto Colaboración Operación […], en la cual se buscaba identificar y judic ializar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes desde Colombia y Venezuela hacia España, mediante la modalidad de envíos de paquetes por correo a través de la empresa 472.

En dicha misiva se relacionan los dos hallazgos de sustancia

estupefacientes desde Colombia y Venezuela hacia España, mediante la modalidad de envíos de paquetes por correo a través de la empresa 472.

En dicha misiva se relacionan los dos hallazgos de sustancia antes mencionados y se reporta la existencia de la investigación en ese país donde efectivamente se supo que la destinataria de los cor reos residía en España y figuraba e n el censo de Alicante junto a una hija de 16 año y del identificado como […], quien tendría antecedentes por falsedad documental y estancia irregular. De igual manera el señor BRITO PELAEZ como remitente figura en archiv os de España con domicilio en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) y con antecedentes en la ciudad de Madrid en octubre de 2 007 por la incautación de 14 kilos de cocaína y 3.2 kilos de hachís, siendo expulsado a Colombia por sustitución de la pena impuesta en diciembre de 2010. […]

El señor YULIAN ALBERTO BRITO PELAEZ entre el 27 de octubre de 2016 y el 5 de enero de 2017, se puso de acuerdo con otras personas, con el fin de transportar sustancia estupefaciente tipo cocaína que salía desde el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, a través de correos legales y con destino a Alicante en España, ejerciendo esa actividad de manera consciente y voluntaria, por sí mismo y apoyado por otras personas es decir como coautor de la actividad en la cual su papel era hacer las remisiones de la sustancia ilícita destinada al exterior poniendo así en peligro efectivo, sin justa causa, el bien jurídic o de la salud pública. Se puede afirmar que

personas es decir como coautor de la actividad en la cual su papel era hacer las remisiones de la sustancia ilícita destinada al exterior poniendo así en peligro efectivo, sin justa causa, el bien jurídic o de la salud pública. Se puede afirmar que YULIAN ALBERTO BRITO PELAEZ conocía que mediando un acuerdo común con otros y actuando con división de trabajo criminal, ejerciendo a su vez un aporte es encial para planear y ejecutar el transporte de las sustanc ias, quiso hacerlo. De igual manera se considera que YULIAN ALBERTO BRITO PELAEZ, habría actuado con culpabilidad en tanto al momento de ejecutar la conducta tenía la capacidad de comprender su ili citud y determinarse de acuerdo con esa comprensión, tenien do plena conciencia de que transportar estupefacientes es una conducta prohibida y le era exigible que ac