CE - 110010315000202305264011SENTENCIA20231201105233

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: REINA LORENA MARTÍN GUTIÉRREZ Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sanción moratoria.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Reina Lorena Martín Gutiérrez contra la sentencia de 19 de octubre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Reina Lorena Martín Gutiérrez, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO,

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic) DERECHO, GARANTÍA A LA

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic) DERECHO, GARANTÍA A LA

SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE (sic) PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 26 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 1500133-33-004-2022-00052-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

2.1. Relató que labora como docente desde el año 1990, en el Departamento de Boyacá, razón por la que tiene: «[…] derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, con pago de intereses cada año […]».

2.2. Indicó que, el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías

por el régimen anualizado, con pago de intereses cada año […]».

2.2. Indicó que, el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías causadas a su favor por los servicios prestados en el año 2020, por lo que el 4 de agosto de 2021 , le solicitó a la Secretaría de Educación de l Departamento de Boyacá el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 19901.

2.3. Comentó que, mediante Oficio núm. 1.2.5.1.1 – 38 de 26 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, solicitada por la no consignación oportuna de las cesantías.

2.4. Señaló que, debido a lo anterior, promovió la dema nda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 15001-33-33-004-2022-00052-00/01 en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Departamento de Boyacá- Secretaría de Educación, para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó su solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre 19902.

2.5. Mencionó que el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, mediante sentencia de 26 de octubre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Mencionó que el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, mediante sentencia de 26 de octubre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Refirió que inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación.

2.7. Esgrimió que el recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 26 de mayo de 2023, en la que se confirmó la decisión de primera instancia porque la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías dispuesta en la Ley 50 de 1990 no era aplicable a la parte demandante, como tampoco el régimen de la Ley 52 de 18 de diciembre de 19753.

2.8. Puso de presente que, el Tribunal censurado incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial , ya que existe una abierta discordancia entre lo expresado por la Corte Constitucional y por la Sección Segunda del Consejo de Estado en más de 26 sentencias dictadas durante los años 2021 y 2023 , y la decisión objeto de esta acción constitucional.

1 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones». 2 A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnizaci ón por pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991. 3 «Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares».3

dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991. 3 «Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares».3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

2.9. También sostuvo que el desconocimiento de las sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso -administrativa develan una transgresión de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad. En ese sentido, enunció que se desconocieron las sentencias de 6 de agosto de 2020 4, de 24 de enero de 20195, de 17 de junio de 20196, de 28 de junio de 20197, de 29 de julio de 20198, de 2 de diciembre de 2019 9, de 10 de junio de 2020 10, de 2 de octubre de 202011, de 12 de noviembre de 202012, de 17 de junio de 202113, de 4 de noviembre de 202114, de 25 de noviembre de 202115, de 11 de noviembre de 202116, de 20 de enero de 202217, de 3 de marzo de 202218, de 28 de abril de 202219, de 9 de mayo de 202220, de 19 de mayo de 2022 21, de 1° de julio de 2022 22, de 22 de agosto de 202223, de 22 de septiembre de 202224, de 19 de enero de 202325 y de 26 de enero de 202326.

202223, de 22 de septiembre de 202224, de 19 de enero de 202325 y de 26 de enero de 202326.

4 Sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2013-00666-01 (0833-16), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 76001 -23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Sentencia del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. 7 Sentencia del 28 de junio de 2019, expediente 11001 -03-15-000-2018-04679-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 8 Sentencia del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Sentencia del 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 -23-33-000-2014-00173-01 (1688-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 10 Sentencia del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01, M.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017), M.P. William Hernández Gómez. 12 Sentencia del 12 de novie mbre de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00132-01, M.P. William

Hernández Gómez. 12 Sentencia del 12 de novie mbre de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00132-01, M.P. William Hernández Gómez. 13 Sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 08001 -23-31-000-2014-00815-01 (4979-2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 14 Sentencia del 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02 (0483-20), M.P. William Hernández Gómez. 15 Sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 08001 -23-33-000-2014-01127-01 (1002 -2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 16 Sentencia del 11 de noviembre de 2021, expediente 08001 -23-40-000-2015-90008-01 (2387 -2020), M.P. William Hernández Gómez. 17 Sentencia del 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 18 Sentencia del 3 de marzo de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020), M.P. William Hernández Gómez. 19 Sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 76001 -23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Sentencia del 9 de mayo de 2022, expediente 08001 -23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

Perdomo Cuéter. 20 Sentencia del 9 de mayo de 2022, expediente 08001 -23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Sentencia del 19 de mayo de 2022, expediente 47001 -23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Sentencia del 1 de julio de 2022, expediente 47001-23-33-00-2019-00376-01 (4462-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 23 Sentencia del 22 de agosto de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020), M.P. César Palomino Cortés. 24 Sentencia del 22 de septiembre de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020), M.P. César Palomino Cortés. 25 Sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), M.P. William Hernández Gómez. 26 Sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 47001 -23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), M.P. Rafael Francisco Gómez.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

2.10. Agregó que la autoridad cuestionada, al sustentar que no existe una posición unificada respecto del asunto bajo estudio, debió explicar con claridad y suficiencia

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

2.10. Agregó que la autoridad cuestionada, al sustentar que no existe una posición unificada respecto del asunto bajo estudio, debió explicar con claridad y suficiencia su decisión de apartarse de lo expuesto en las sentencias antes referidas.

2.11. En el mismo sentido, también enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional27, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad respecto de las Leyes 91 de 29 de diciembre de 198928, 50 de 1990 y 344 de 31 de diciembre de 199629.

2.12. Insistió, por último, que si bien el artículo 8 º de la Ley 91 de 1989 dispone que los recursos con los que se financia el FOMAG pueden ser administrados bajo el principio de unidad de caja para el pago de sus prestaciones, lo cie rto era que el Ministerio de Educación Nacional no estaba exento de trasladar al FOMAG, el 15 de febrero de cada anualidad, los recursos de las cesantías de los docentes vinculados después del 1 º de enero de 1990, dado que es una obligación como “patrono de los docentes”.

2.13. También adujo que el Tribunal confundió los regímenes de cesantías aplicables a los docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o el ente territorial correspondiente, de pagar o de consignar oportunamente las cesantías al Fondo que se encuentra afiliado la docente.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la

Fondo que se encuentra afiliado la docente.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No. 15001333300420220005201, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic)

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE (sic) PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia

27 Las siguientes: i) Corte Constitucional, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente T -6.736.200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; ii) Corte Constitucional, sentencia del 25 de julio de 2019, expediente T -5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y iii) Corte Constitucional, sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene

otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y iii) Corte Constitucional, sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital e n el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 69FAAB46C657217C 4FCB2D9A5F343F19 5E58DFE196E2A892 C04EE1A940AC806C. 28 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 29 Enunció las siguientes: Sentencia de Unificación 098 del 17 de octubre de 2018, expediente T -6.736-200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia de Unificación 332 del 25 de julio de 2019, expediente T-5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del 6 de febrero de 2020, expediente T7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

constitucional y (sic) de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las

ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 26 de septiembre de 2023 , el Despacho Sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela .

Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso «[…] al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) y a la Fiduprevisora SA. […]».

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los

vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá , a través de un profesional especializado grado 23 del despacho ponente de la decisión tutelada , solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela porque los argumentos presentados por la parte actora fueron resueltos en su sede natural por el juez de lo contencioso administrativo.

especializado grado 23 del despacho ponente de la decisión tutelada , solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela porque los argumentos presentados por la parte actora fueron resueltos en su sede natural por el juez de lo contencioso administrativo.

5.2. Igualmente, planteó que la accionante no explicó de manera precisa en que consistió la presunta afectación a sus derechos fundamentales, sino que simplemente enunció dicha vulneración.

5.3. Finalmente, expuso que en la sentencia que resolvió el recurso de apelación se efectuó un estudio de las decisiones que se anuncian como desconocidas.

5.4. La Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja expuso, luego de un recuento procesal, que la actuación se adelantó de acuerdo con las etapas previstas en el ordenamiento jurídico y respetando las garantías al debido proceso.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

5.5. Seguidamente, destacó que en el caso en concreto no se cumplieron los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para la imposición de la sanción por la consignación tardía de las cesantías anualizadas a favor de la señora Reina Martín Gutiérrez.

5.6. Por último, afirmó que no existe una sentencia de unificación sobre la aplicación de la sanción moratoria por la consignación tardío de las cesantías a los docentes oficiales, por lo que consideró que no ha desconocido la aplicación uniforme de la

5.6. Por último, afirmó que no existe una sentencia de unificación sobre la aplicación de la sanción moratoria por la consignación tardío de las cesantías a los docentes oficiales, por lo que consideró que no ha desconocido la aplicación uniforme de la jurisprudencia, regulada en el artículo 10 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201130.

5.7. El Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación , a través de apoderada judicial, pidió que se desestimaran las prete nsiones de la acción de tutela en tanto que no se encontró ningún hecho que constituyera una violación a los derechos fundamentales de la parte actora.

5.8. Relacionó que la sanción moratoria, regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no era aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, sino que estos se encuentran cobijados por un régimen jurídico especial.

5.9. La sociedad Fiduprevisora S.A. , en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a través de apoderada judicial, manifestó que la argumentación de la parte accionante era «[…] exigua […]» en relación con la config uración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y que: «[…] el mecanismo tutelar se est [aba] utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas […]» en el marco de un proceso judicial.

5.10. Sostuvo que «[…] las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el

invalidar actuaciones procesales realizadas […]» en el marco de un proceso judicial.

5.10. Sostuvo que «[…] las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja […]».

5.11. Señaló que la sentencia SU-098 de 201831 era inaplicable al caso concreto «[…] por dos razones fundamentales: (i) porque se trata de una sentencia de unificación de jurisprudencia perteneciente a la tipología “interpretativas”, y (ii) porque los pronunciamientos del Consejo de Estado citados por la parte demandante deciden casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por estar prescritas […]».

5.12. Por último, solicitó su desvinculación del presente proceso.

30 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 31 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T-6.736.200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 17 de octubre de 2018.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

5.13. El Ministerio de Educación Nacional , a través de apoderado judicial, manifestó que el asunto carecía de relevancia constitucional porque la controversia versaba sobre un asunto estrictamente económico, y tampoco se logró probar la

5.13. El Ministerio de Educación Nacional , a través de apoderado judicial, manifestó que el asunto carecía de relevancia constitucional porque la controversia versaba sobre un asunto estrictamente económico, y tampoco se logró probar la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Reina Lorena Martín Gutiérrez.

VI. FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 19 de octubre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de amparo, al considerar que la acción de tutela no cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto, la accionante insistió en los mismos argumentos expuestos en el proceso contencioso administrativo.

7. Como fundamento de lo anterior, en el fallo impugnado se indicó:

«[…] 69. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador»32.

70. De acuerdo con el precedente establecido por la Alta Corte, el reconocimiento y pago de las cesantías representan un derecho inalienable para el trabajador, y su falta de pago implica una violación de garantías constitucionales de carácter fundamental, como el derecho al

70. De acuerdo con el precedente establecido por la Alta Corte, el reconocimiento y pago de las cesantías representan un derecho inalienable para el trabajador, y su falta de pago implica una violación de garantías constitucionales de carácter fundamental, como el derecho al mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, es importante aclarar que no se aplica el mismo principio a la cuantía relacionada con la penalidad por la sanción moratoria cuando el empleador no realiza el depósito de las cesantías en el plazo estipulado. Esto se debe a que dicho monto tiene un carácter eminentemente sancionatorio y legal, lo que excluye la intervención del juez constitucional.

71. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte Constitucional y, en consecuencia, declarará improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. Es importante resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por esta Sala de decisión en varias providencias anteriores en las que también se controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que se habían negado solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías33.

32 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019. 33 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Qu inta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001 -03-15-000-2022-01048-00, M.P. Pedro

Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001 -03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001 -03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alber to Álvarez Parra; fallo8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

72. En todo caso, para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, como órgano de cierre especializado en la materia objeto de estudio, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag. Para el efecto, mediante sentencia de 11 de octubre de 2023, dispuso

o siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

73. De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en esta oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia constitucional

un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

73. De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en esta oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia constitucional para ser estudiados a través de este tipo de acciones constitucionales, en todo caso, la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó en sede de unificación que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. […]». (Negrilla fuera del texto)

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, en síntesis, con base

en los siguientes argumentos:

(i) Sostuvo que no era cierto que no haya una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto el Consejo de Estado ha definido esta controversia y, para el efecto, volvió a traer a colación las distintas sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que tratan sobre el reconocimiento a la sanción moratoria a docentes oficiales.

(ii) Adujo que la presente acción de tutela sí cumplía con el requisito de la relevancia constitucional y, para tal efecto, trajo a colación las sentencias de tutela de 23 de marzo y de 17 de abril de 2023, proferidas por la Sección Segunda -Subsección «B»- de esta Corporación, en las cuales se resolvieron asuntos similares al presente y se concluyó que tenían relevancia constitucional.

(iii) Por último, reiteró los argumentos relacionados con la imposibilidad de que

Segunda -Subsección «B»- de esta Corporación, en las cuales se resolvieron asuntos similares al presente y se concluyó que tenían relevancia constitucional.

(iii) Por último, reiteró los argumentos relacionados con la imposibilidad de que exista unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación Nacional y los recursos del FOMAG.

20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01

Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 199134, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 201535, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202136, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201937.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por la sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad

10. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por la sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG.

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200638, señaló lo siguiente:

«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)

de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)

12. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad