CE - 110010315000202305376011SENTENCIA20231130193233

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-05376-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: MERY CARDENAL ARIAS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL

DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO.

SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 19 de octubre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN QUINTA1 declaró improcedente la presente solicitud de amparo constitucional.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1 En adelante la SECCIÓN QUINTA.2

Número único de radicación: 110010315000-2023-05376-01

Actora: MERY CARDENAL ARIAS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: MERY CARDENAL ARIAS

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La señora MERY CARDENAL ARIAS , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los principios de “perpetuatio jurisdictionis” y a la seguridad jurídica, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ2 al proferir la providencia de 26 de mayo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 150013333004-2022-00085-01.

I.2.- Hechos

Indicó que labora como docente oficial al servicio del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ3, vinculada con posterioridad al 1o. de enero de 1990 , por lo que se encuentra afiliada al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOFOMAG-4 y tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado, incluyendo los intereses de cada año.

2 En adelante el TRIBUNAL. 3 En adelante el Departamento. 4 En adelante FOMAG3

Número único de radicación: 110010315000-2023-05376-01

Actora: MERY CARDENAL ARIAS

3 En adelante el Departamento. 4 En adelante FOMAG3

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Actora: MERY CARDENAL ARIAS

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Adujo que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 5 omitió consignar de forma oportuna al FOMAG las cesantías correspondientes al período laboral del año 2020, por lo que el 8 de abril de 2021 solicitó el pago y el reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19906 y desarrollada en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Refirió que el DEPARTAMENTO mediante acto administrativo de 26 de agosto de 2021 negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG, el MINISTERIO, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y el DEPARTAMENTO, con el fin de que se declarara la nulidad del mencionado acto administrativo y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

5 En adelante el Ministerio. 6 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”4

consignación tardía de sus cesantías.

5 En adelante el Ministerio. 6 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”4

Número único de radicación: 110010315000-2023-05376-01

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Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único de radicación 150013333004-2022-00085-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA7 que, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2022, denegó las súplicas de la demanda al estimar que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías s ólo opera para aquellos docentes no afiliados al FOMAG, comoquiera que estos poseen un régimen especial de cesantías.

Sostuvo que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 26 de mayo de 2023 , confirmó el fallo de primera instancia bajo el argumento de que no era posible hacerle extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues la misma no era aplicable a los docentes oficiales.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y en

pues la misma no era aplicable a los docentes oficiales.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la Constitución Política, toda vez que la decisión

7 En adelante el Juzgado.5

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cuestionada “[…] no apareja el contenido de la ley, de la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa […]”.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No. 15001333300420220008501 , transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO

PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,

SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO

DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS

FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA

SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,

FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA

SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: […]”6

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I.5.- Defensa

I.5.1. El TRIBUNAL sostuvo que la presente acción de tutela no

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I.5.- Defensa

I.5.1. El TRIBUNAL sostuvo que la presente acción de tutela no reúne la totalidad de los requisitos generales para su procedencia contra decisiones judiciales, pues la decisión debatida ya fue objeto de debate jurídico en el contexto legal y jurisprudencial aplicable, por lo que lo pretendido por la actora es reabrir un debate zanjado en sede ordinaria por el juez natural so pretexto de la aplicación de criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en casos que, además, corresponden a situaciones fácticas y jurídicas diferentes, de tal forma que no resultan aplicables al asunto.

Añadió que, asimismo, se pretende que el juez constitucional efectúe un análisis adicional e imponga una interpretación de la jurisprudencia que resulte favorable a los intereses de la actora, lo cual torna improcedente la tutela.

Aseveró que, sumado a ello, de acuerdo con la revisión de los argumentos que integran el escrito de tutela, se advierte que en el presente caso no se acredita el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que la actora ref iere la aplicación de las normas de la Ley 50 de 1990 en el caso, sin señalar de manera precisa en que consiste la afectación de sus derechos7

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fundamentales o explicar de manera alguna la supuesta afectación o amenaza de los derechos invocados.

Adujo que, de la sola lectura de la sentencia de segunda instancia , se advierte que la decisión fue debidamente motivada, el sustento jurídico y jurisprudencial en el que se cimentó la decisión fue pertinente y se abordó con suficiencia el problema jurídico que se determinó en primera instancia, en conjunto con el estudio detallado de los argumentos de la apelación, sin incurrir en irregularidades.

Explicó que, en cuanto a las n umerosas providencias que en sentir de la ac tora constituyen razón suficiente para acceder a las pretensiones, esa Corporación se ha pronunciado concluyendo que los precedentes invocados comportan supuestos fácticos distintos a los que se presentan en el presente caso.

Por lo anterior, solicitó que se desestimen las pretensiones de la solicitud de amparo.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, toda vez que no se advierte violación alguna8

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de los derechos fundamentales invocados, máxime cuando el asunto

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de los derechos fundamentales invocados, máxime cuando el asunto reviste una connotación netamente económica, por lo que el debate carece de relevancia constitucional.

Por último, advirtió que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional.

I.6.2.- La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera del FOMAG, manifestó que la solicitud de amparo resulta improcedente, toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que los funcionarios judiciales hayan des conocido, entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

Relató que no es dable que se haya presentado transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de la actora, pues se han observado las normas en garantía del principio del debido proceso, pues las actuaciones fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.

Finalmente, solicitó ser desvinculada de la acción de tutela de la9

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referencia, pues carece de legitimación en la causa por pasiva.

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referencia, pues carece de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.3.- El DEPARTAMENTO solicitó que sean desestimadas todas las pretensiones que persigue la actora, comoquiera que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

Aseguró que llevó a cabo el proceso de liquidación dentro del plazo legal y lo hizo de manera oportuna y diligente, por lo que no le corresponde reconocer ni efectuar pagos de una sanción moratoria , pues dicha responsabilidad recae en el FOMAG a través de la Fiduprevisora S.A.

Relató que el Consejo de Estado no ha unificado el criterio en cuanto al tema objeto de debate y, además, la sanción moratoria conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, dado que estos servidores están amparados por un régimen jurídico especial que no prevé dicha sanción.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 19 de octubre de 2023, la SECCIÓN QUINTA declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia bajo el argumento de que no cumple el requisito general de la relevancia10

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constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos fundamentales vulnerados ante la falta de reconocimiento de la sanción moratoria, para lo cual transcribió fragmentos de sentencias proferidas por diferentes secciones del Consejo de Estado, en las cuales se estudió de fondo el asunto y se concluyó que sí revestía relevancia constitucional.

Refirió que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de 28 de julio de 2019 decidió la impugnación de una sentencia de tutela de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, en un asunto de similar naturaleza en el que s eñaló que la acción cumplía con la relevancia constitucional.

Indicó que en esa y otras sentencias se arribó a “ […] acertadas conclusiones a las que arribaron siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cual se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el pronunciamiento más reciente en la materia, fue profer ido el 19 de enero de 2023, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Dr. William Hernández Gómez, siendo notificada en el presente mes de marzo de 2023, co nsistente en un fallo de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y12

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notificada en el presente mes de marzo de 2023, co nsistente en un fallo de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y12

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restablecimiento del derecho, es decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional, el Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías anualizadas – Docente […]”.

Arguyó que la Corte Constitucional mediante sentencia SU -098 de 2018, indicó que en virtud de los principios de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995, adicionada por la Ley 1071 de 2006, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues se trata de servidores públicos beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación socia l, “[…] es por ello, que no es de recibo para esta parte procesal que se afirme que el presente asunto no tiene relevancia constitucional, por cuanto al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad soc ial, luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva […]”.

derecho fundamental a la seguridad soc ial, luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva […]”.

Finalmente, expresó que los docentes se encuentran en la categoría13

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de empleados públicos, de tal forma que no es admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a14

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el mo mento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez15

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de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus

perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales

la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado16

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al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las

debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos

fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance17

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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 26 de mayo de 2023, proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 150013333004-2022-00085-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 150013333004-2022-00085-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de “perpetuatio jurisdictionis ”, habida cuenta que, a juicio de la accionante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución Política, toda vez que la decisión cuestionada “[…] no apareja el contenido de la ley y de la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa […]”.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la18

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SECCIÓN QUINTA de esta Corporación que, a través de providencia de 19 de octubre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, luego de considerar que incumplía con el requisito general de la relevancia constitucional, habida cuenta que el asunto es un tema resuelto en sede de unificación por la SECCIÓN SEGUNDA.

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

tema resuelto en sede de unificación por la SECCIÓN SEGUNDA.

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio, afirmando que la solicitud cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto “[…] al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que la única forma de garantizar el auxilio de ces antías es con la respectiva consignación efectiva […]”.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados al denegar las pretensiones de la demanda19

Número único de radicación: 110010315000-2023-05376-01

Actora: MERY CARDENAL ARIAS

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