CE - 110010324000200800115001SENTENCIA20230529162853

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020080011500

Demandante: Cadbury Adams Usa Llc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Colombina S.A.

Tema: Causales absolutas de irregistrabilidad. Signos descriptivos.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cadbury Adams Usa Llc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 2007 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Cadbury Adams Usa Llc. , en adelante la parte demandante 1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 3, para que se

1. Cadbury Adams Usa Llc. , en adelante la parte demandante 1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 3, para que se

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 y 4. 2 Cfr. Folios 36 a 51. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…]Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.2

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declare la nulidad de la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 20074, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo ACI-2, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 37130, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 9 de Noviembre de 2007, por medio de la cual:

“[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 37130, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 9 de Noviembre de 2007, por medio de la cual:

a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 36664 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de Diciembre de 2006, y se declaró fundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad COLOMBINA S.A. en contra de la solicitud de registro de la marca ACI-2 (Nominativa) en la Clase 30; y,

b) Se negó el registro de la marca solicitada ACI -2 (Nominativa), para identificar “confitería, especialmente goma de mascar” en la Clase 30 Internacional, solicitada por mi representada, la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC.

c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

[…]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones6:

4.1. Solicitó, el 11 de enero de 2006, el registro como marca del signo nominativo ACI-2 para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 28 de febrero de 200 6, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 561, la cual fue objeto de oposición por parte de Colombina

Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 28 de febrero de 200 6, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 561, la cual fue objeto de oposición por parte de Colombina

4 Esta resolución: i) Revocó la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006, por la cual se concedió el registro de la marca nominativa ACI-2; ii) declaró fundada la oposición presentada por Colombina S.A.; y iii) negó el registro como marca del signo nominativo ACI-2. 5 Cfr. Folio 37. 6 Cfr. Folios 37 a 40.3

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S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso , argumentando la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20007.

4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006, declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y concedió el registro de la marca nominativa ACI-2, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso los recursos

nominativa ACI-2, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 4962 de 26 de febrero de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006 y concediendo el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , mediante la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006 y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con inter és directo en las resultas del proceso y negó el registro de la marca nominativa ACI -2, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b)8 y e)9 del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

7 “Régimen común de Propiedad Industrial” 8 “[…] b) carezcan de distintividad; […]”.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

7 “Régimen común de Propiedad Industrial” 8 “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. 9 “[…] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros da tos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]”.4

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Violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Señaló que el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 no prohíbe el registro de signos que aun sugiriendo ciertas cualidades o características del producto que pretende distinguir en el mercado no lo describen 10. Refirió que e stos signos se consideran evocativos y son aquellos en que se e xige un esfuerzo mental por parte del consumidor para que los relacione con las características del producto11. De conformidad con lo expuesto, resaltó que este tipo de signos son aptos para distinguir productos en el mercado12.

6.2. Indicó que el acto acusado no tuvo en cuenta que el hecho que el consumidor

De conformidad con lo expuesto, resaltó que este tipo de signos son aptos para distinguir productos en el mercado12.

6.2. Indicó que el acto acusado no tuvo en cuenta que el hecho que el consumidor al observar el signo ACI-2, tendría una idea indirecta del producto sin relacionarlo con ningún producto en especial13. Adicionando que no podía considerarse su signo como descriptivo, comoquiera que el signo ACI -2 exigía un esfuerzo deductivo del consumidor14, concluyendo que el signo ACI -2 es evocativo en relación con los productos de la Clase 30 , por lo cual cuenta dist intividad suficiente para identificar dichos productos en el mercado15.

Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

6.3. Manifestó que la distintividad de un signo se debería analizar en relación con los productos que pretende identificar16 y recalcó que el signo ACI-2 consiste en una expresión evocativa, y en ese sentido posee distintividad, en tanto , no describe el producto, sino que se limita a sugerir al consumidor ciertas características o cualidades de los productos que pretende identificar17. Así al ser meramente evocativo tiene la distintividad intrínseca que se requiere para ser registrado como marca18.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada 19 contestó la demanda 20 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

10 Cfr. Folio 42. 11 Cfr. Folio 43. 12 Ibidem. 13 Cfr. Folio 44. 14 Cfr. Folios 45 y 46. 15 Cfr. Folio 46. 16 Cfr. Folio 48.

10 Cfr. Folio 42. 11 Cfr. Folio 43. 12 Ibidem. 13 Cfr. Folio 44. 14 Cfr. Folios 45 y 46. 15 Cfr. Folio 46. 16 Cfr. Folio 48. 17 Ibidem. 18 Cfr. Folios 48 y 49. 19 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 161. 20 Cfr. Folios 164 a 168.5

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7.1. Señaló que el signo ACI-2, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que al ser leída se pronuncia “ÁCIDOS”, describiendo una característica de cierta clase de confitería y dulcería y, en tal sentido, los actos administrativos acusados no son nulos, toda vez que se ajustan a las disposiciones legales vigentes21.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso22 contestó la demanda23 y

se opuso a las pretensiones formuladas, así:

8.1. Indicó que la marca ACI -2 no requiere ningún esfuerzo mental del consumidor para comprender que se trata de un producto caracterizado por su sabor ácido, en ese sentido, el signo solicitado es descriptivo de los productos que pretende identificar al referir una característica relacionada con su sabor, lo cual, se hace más evidente,

para comprender que se trata de un producto caracterizado por su sabor ácido, en ese sentido, el signo solicitado es descriptivo de los productos que pretende identificar al referir una característica relacionada con su sabor, lo cual, se hace más evidente, en tanto, el signo es exclusivamente nominativo y no tiene elementos diferentes de la denominación ACl-224.

8.2. Precisó que, aunque se involucra un elemento numérico el mismo no es suficiente para que el consumidor realice un esfuerzo para comprender el concepto y elemento ideológico del signo ACI-225. Por lo anterior, la denominación del signo responde a la pregunta ¿cómo es el producto?, pues describe una de sus características esenciales sin incluir elementos adicionales que desvirtúen su distintividad26.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de marzo de 201527, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 621-IP-2015 el 21 de septiembre de 201628, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

21 Ibidem. 22 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 177 a 182. 23 Cfr. Folios 169 a 176. 24 Cfr. Folios 173 y 174. 25 Cfr. Folio 174. 26 Cfr. Folio 175. 27 Cfr. Folios 229 y 230. 28 Cfr. Folios 238 a 245.6

Núm. único de radicación: 11001032400020080011500

26 Cfr. Folio 175. 27 Cfr. Folios 229 y 230. 28 Cfr. Folios 238 a 245.6

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“[…] La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente […]”29.

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de marzo de 201530, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador , de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 16 de mayo de 2018 31, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado espe cial previsto en el mencionado artículo.

14. Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda . La parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas

el mencionado artículo.

14. Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda . La parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

15. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda, comoquiera que “[…] el signo ACI -2 es descriptivo para los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza porque la palabra ÁCIDO indica una característica o cualidad del producto sin añadir uno o más signos con aptitud distintiva, lo cual hace irregistrable el signo por carecer de suficiente distintividad y porque impediría su uso por otros empresarios al excluir del comercio esta palabra para productos similares que gocen de la misma calidad […]”32.

29 Cfr. Folio 240. 30Cfr. Folios 227 y 228. 31 Cfr. Folio 249. 32 Cfr. Folio 266.7

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Reanudación del proceso

16. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 27 de noviembre de 202033, reanudó el proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv)

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 621-IP-2015 proferida el 21 de septiembre de 2016; vii ) el marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad ; y iv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Visto el artículo 128 numeral 7.º34 del Código Contencioso Administrativo35, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 36 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 37, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1338 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201939, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

33 Cfr. Folios 281-283. 34 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo

el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

33 Cfr. Folios 281-283. 34 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 35 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 36 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 37 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 38 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del d erecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 39 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.8

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El acto administrativo acusado

20. El acto administrativo acusado es el siguiente:

20.1. La Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 200740 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006, negando la solicitud de registro como marca del signo ACI -2 realizada por la parte demandante.

El problema jurídico

21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la s contestaciones de la misma presentada s por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar:

21.1. Si la Resolución núm. 37130 de 9 de noviembre de 2007 , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la Resolución núm. 36664 de 28 de diciembre de 2006 y negó el registro como marca del signo nominativo ACI -2, para identificar “confitería, especialmente goma de mascar”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas , vulnera los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

21.2. En este sentido, se analizará si el signo solicitado describe la calidad, la cantidad,

para el Registro de las Marcas , vulnera los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

21.2. En este sentido, se analizará si el signo solicitado describe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende identificar; y, en ese sentido, si cumple con el requisito de distintividad intrínseca para ser registrado.

21.3. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional

40 Cfr. Folios 18 a 229

Núm. único de radicación: 11001032400020080011500

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de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 41, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200042 de la Comisión de la Comunidad Andina43.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justici a de la Comunidad Andina44

23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un

14 de septiembre de 200042 de la Comisión de la Comunidad Andina43.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justici a de la Comunidad Andina44

23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.45

24. El Tribunal de Justicia de la Comu nidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

41 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo est á en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 42 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitor io” que era

otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitor io” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregi ón Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 34 4 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba

en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 43 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 44 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado po r Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con

13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 45 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.10

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de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

25. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “ […] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

26. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

26. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

27. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “ […] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”

Interpretación Prejudicial 621-IP-2015 de 21 de septiembre de 2016

30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso46:

Interpretación Prejudicial 621-IP-2015 de 21 de septiembre de 2016

30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribu