CE - 110010324000200800456001SENTENCIA20230222091616

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Radicado: 11001 03 24 000 2008 00456 00

Demandante: Laurel Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2008 00456 00

Actor: Laurel Ltda.

Demandado: Superintendencia de Sociedades Tesis: La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para conocer las controversias que surjan entre los socios o entre estos y la sociedad, y las relacionadas con las decisiones adoptadas en las juntas de socios, si en los estatutos de la compañía se pactó una cláusula compromisoria orientada a que, a través de la justicia arbitral, se resuelvan las primeras , y, en lo atinente a las segundas, se deban impetrar las acciones previstas en el Estatuto Comercial y procesal vigente.

No c uenta con legitimación en la causa para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios de una compañía de responsabilidad limitada, el socio que solicitó tal declaratoria a la Administración, si la causal que invocó fue la falta de convocatoria de otros socios a las respectivas reuniones.

compañía de responsabilidad limitada, el socio que solicitó tal declaratoria a la Administración, si la causal que invocó fue la falta de convocatoria de otros socios a las respectivas reuniones. No es procedente declarar la excepción de inepta demanda, si el demandante explicó el alcance de las normas vulneradas. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para decidir sobre la ineficacia de los contratos de prenda por no contar con estipulación sobre la cuantía y el plazo de la garantía. No son nulos , por vulneración de norma superior, los acto s mediante los cuales se deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la junta de socios, si los contratos de prenda estaban inscritos en el libro de registro de accionistas y en la Cámara de Comerci o en las fechas en las que se llevaron a cabo las reuniones que se cuestionan. No son nulos, por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las2

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decisiones de la Junta, si en los folios del libro de registro de socios correspondientes a los deudores prendarios, se registró a cuáles herederos se adjudicaron los derechos sobre las cuotas. No son nulos, por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se

los deudores prendarios, se registró a cuáles herederos se adjudicaron los derechos sobre las cuotas. No son nulos, por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta, si los socios que constituyeron prendas sobre sus cuotas a favor de otra también socia, no fueron citados a las respectivas reuniones, si las disposiciones que regulan las convocatorias no establecen que la pignoración haga perder tal derecho, y en los contratos de prenda se acordó expresamente el traslado de las facultades de deliberación y voto. No son nulos, por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios, si no se fraccionaron los votos correspondientes a las cuotas de los socios deudores. No son nulos, por violación del principio de confianza legítima, los actos mediante los cuales se denie ga el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios, si la autoridad administrativa que los expidió no cambió injustificadamente la doctrina que venía sosteniendo sobre el particular. No son nulos por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios , si no omitieron la resolución de algunos de los argumentos presentados en el recurso de reposición. No es cierto que los contratos de prenda constituidos sobre las cuotas de los socios

decisiones de la Junta de Socios , si no omitieron la resolución de algunos de los argumentos presentados en el recurso de reposición. No es cierto que los contratos de prenda constituidos sobre las cuotas de los socios que no fueron convocados a las reuniones no se encontraran inscritos en el libro de registro de socios para las fechas de las reuniones de la Junta de Socios que se cuestionan.

SENTENCIA – ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda instaurada por la sociedad Laurel Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA) , contra las3

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Resoluciones 341-000926 del 14 de marzo de 2008 y 321 -002358 del 9 de julio del mismo año, ex pedidas por la Superintendencia de Sociedades, por medio de las cuales denegó los presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones adoptadas por la Junta de Socios de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

I.LA DEMANDA

La sociedad Laurel Ltda. interpuso la demanda en contra de la Superintendencia de Sociedades en los siguientes términos1.

1.1. Pretensiones

“PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No 341-000926 del 14 de

Sociedades en los siguientes términos1.

1.1. Pretensiones

“PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No 341-000926 del 14 de marzo de 2008 proferida por el Superintendente de Sociedades, “por la cual se declara la improcedencia de reconocer los presupuestos de ineficacia de una s decisiones del máximo órgano social”, de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 321 -002358 del 9 de julio de 2008, por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No 341 -000926 del 14 de marzo de 200 8, proferida por el

Superintendente de Sociedades.

TERCERA: Que como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, se restablezca el derecho de mi representada por la vía de que se reconozcan los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones adoptadas por la Junta de Socios de la soc iedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., en sus reuniones del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto de 2007; así como en todas las reuniones en las cuales se han dado los hechos materia de la acusación en contra de las Resoluciones acusadas.

CUARTA: Que se condene en costas a la parte demandada”2.

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. La Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008, que resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO. – NO RECONOCER la ocurrencia de los presupuestos

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. La Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008, que resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO. – NO RECONOCER la ocurrencia de los presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia respecto de las decisiones adoptadas en las reuniones de la Junta de Socios de la sociedad denominada FRIGORÍFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA., con domicilio en la ciuda d de Bogotá, D. C., celebradas los días 15 de Marzo, 10 de Julio y 4 de Agosto de 2007.

1 Folios 106 a 118. 2 Folios 106 a 107.4

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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente providencia al doctor JORGE LARA URBANEJA, en su condición de miembro de la Junta Directiva de la compañía citada en el artíc ulo anterior y, a la vez, de representante legal de la sociedad Laurel Ltda., socia del mencionado ente societario, en la Avenida 82 No. 10-62, Piso 6º de la ciudad de Bogotá, D. C., así al señor ENRIQUE URIBE LEYVA en su carácter de Representante Legal d e la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., en la Avenida Ciudad de Cali No. 15 A 91 de la ciudad de Bogotá”3.

en su carácter de Representante Legal d e la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., en la Avenida Ciudad de Cali No. 15 A 91 de la ciudad de Bogotá”3.

1.2.2. La Resolución 321-002358 del 9 de julio de 2008 en la parte resolutiva indicó:

“ARTÍCULO PRIMERO. – Dejar sin efectos la constancia de ejecutoria impuesta a la Resolución 341-000926 de 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Negar de plano la petición especial de vinculación de socios a la presente actuación, por las razones expuestas.

ARTÍCULO TERCERO. – CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 341000926 del 14 de marzo de 2008, por las razones expuestas.

ARTÍCULO CUARTO. – Notificar personalmente el contenido de la presente providencia a la Sociedad FRIGORÍFICO SAN MARTÍN DE PORRES LTDA., en la Avenida Ciudad de Cali No. 15 A 91 de la Ciudad de Bogotá, a la Sociedad LAUREL LTDA., y al Doctor JORGE LARA URBANEJA, en su condición de Miembro de Junta Directiva en la Avenida 82 No. 10 -62 Piso 6º de la Ciudad de Bogotá, D.C.

PARAGRAFO. – Contra la presente providencia no procede recurso alguno por la vía gubernativa”4.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas la sociedad demandante invocó los artículos 14 y 84 del CCA; los artículos 82, 86, 90, 410, 411, 897, 1203, 1219 del Código de Comercio; los

Como normas infringidas la sociedad demandante invocó los artículos 14 y 84 del CCA; los artículos 82, 86, 90, 410, 411, 897, 1203, 1219 del Código de Comercio; los artículos 84 y 87 de la Ley 222 de 1995, y el artículo 2410 del Código Civil.

En el acápite de hechos de la demanda, sostuvo que, mediante escritos presentados el 1º de junio, el 9 de julio y el 8 de octubre de 2007, la sociedad Laurel Ltda. solicitó a la Superintendencia de Sociedades el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia, consagrada en el artículo 190 del Código de Comercio, de las decisiones adoptadas en las reuniones de la Junta de Socios de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., llevadas a cabo el 15 de marzo, el 10 de julio y el 4 de agosto de 2007.

3 Folios 5 a 21. 4 Folio 22 a 37 ibidem.5

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Precisó que la solicitud se fundamentó en que, para dichas reuniones, no se convocó a los socios Eduardo Suárez Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe, Pablo Iriarte Uribe, Manuel Iriarte Uribe , Inversiones Alcam S.A. 5, Pilar Uribe de Pombo, hoy de

los socios Eduardo Suárez Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe, Pablo Iriarte Uribe, Manuel Iriarte Uribe , Inversiones Alcam S.A. 5, Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Emilia Uribe de Pérez, Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar, bajo el pretexto de que sus cuotas habían sido dadas en prenda mediante contratos en los que conferían los derechos sociales a la ta mbién socia Beatriz Leyva de Uribe, a quien la sucedieron Juan Manuel Uribe Villegas, Juan Nicolás Uribe Villegas, María Caroline Uribe Clauzel, Juan Pablo Uribe Clauzel, Bernardo Uribe Leyva, Enrique Uribe Leyva, Agustín Uribe Leyva y Julia Uribe Leyva.

1.3.1. Para la demandante, en las votaciones ocurridas durante las mencionadas reuniones, la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. incurrió en el fraccionamiento ilegítimo del voto, al dividir arbitrariamente el número de cuotas de los socios deudores entre los acreedores prendarios, sin respetar sus participaciones, para nivelar el voto de cada uno de ellos.

En todo caso, adujo que no existe norma legal que sustente la exclusión de la convocatoria de ningún socio en las sociedades de responsabilidad limitada, independientemente de que sus cuotas estén embargadas o pignoradas. En tal sentido, enfatizó que los a rtículos 181, 182 y 186 d el Código de Comercio , que regulan las convocatorias, no condicionan su aplicación a que los derechos del socio hayan sido

enfatizó que los a rtículos 181, 182 y 186 d el Código de Comercio , que regulan las convocatorias, no condicionan su aplicación a que los derechos del socio hayan sido cedidos, de acuerdo con los artículos 410 y 411 ibidem, ni determinan que a las reuniones deba citarse a los acreedores prendarios, para que ejerzan los derechos de deliberación y voto; y que, para que ello opere de esa manera, así tendría que encontrarse establecido en el contrato de prenda, lo cual no ocurrió en este caso.

Dijo que los hechos puestos en consideración de la Superintendencia de Sociedades, que soportan la ineficacia de las decisiones de la Junta, constituyeron un fraude a los

5 Los señores Eduardo Suárez Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe, Pablo Iriarte Uribe, Manuel Iriarte Uribe y Alberto Suárez Uribe (quien cedió los derechos herenciales a Inversiones Alcam S.A.) recibieron sus cuotas por herencia de la señora Co nsuelo Uribe Holguín, quien había constituido sobre estas las prendas en favor de la señora Beatriz Leyva de Uribe.6

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derechos de los socios , circunstancias que fueron debidamente acreditadas por la demandante a la entidad.

1.3.2. Advirtió que las citadas prendas eran inválidas, en los términos del artículo 410 del Código de Comercio, pues la Superintendencia, mediante visitas e investigaciones

demandante a la entidad.

1.3.2. Advirtió que las citadas prendas eran inválidas, en los términos del artículo 410 del Código de Comercio, pues la Superintendencia, mediante visitas e investigaciones realizadas a la misma sociedad, confirmó que no se habían inscrito en el libro de registro de socios, lo cual fue evidenciado en el pliego de cargos formulado en la Resolución 341004800 del 21 de noviembre de 2007.

Adujo que, pese a las evidencias con que contaba, la Superintendencia de Sociedades, mediante la Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008, denegó el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones adoptadas en las mencionadas reuniones, acto en el cual, de manera contradictoria, invocó el pliego de cargos consignado en la Resolución No. 341-004800 del 21 de noviembre de 2007 y que surgió de la visita realizada a la compañía.

1.3.2.1. Manifestó que los actos acusados incurrieron en falsa motivación al concluir que los contratos de prenda sobre las cuotas de la sociedad Alcam S.A. se encontraban inscritos en el libro de registro de socios de la sociedad en las fechas de las reuniones de la Junta de Socios del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto de 2007. Y acotó que, para el 21 de noviembre de 2007, dicha sociedad no se encontraba inscrita como socia en el libro de registro de socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

1.3.2.2. En este orden , sostuvo que los actos demandados incurrieron en falsa

en el libro de registro de socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

1.3.2.2. En este orden , sostuvo que los actos demandados incurrieron en falsa motivación, pues señalaron que los contratos de prenda sobre las cuotas de Carmen Iriarte Uribe; Manuel Iriarte Uribe; Pablo Iriarte Uribe, Diego Suárez Uribe y Eduardo Suárez Uribe se encontraban inscritos en el libro de registro de socios para las fechas de las reuniones cuestionadas, sin estarlo.

1.3.2.3. Sostuvo que en la Resolución 341-004800 del 21 de noviembre de 2007 , la Superintendencia de Sociedades determinó que no era posible conocer cuántas cuotas cubrían tales registros, y que la forma como se llevaba el libro configuraba vulneración de la normativa aplicable.7

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1.3.2.4. Señaló que la escritura de sucesión de la señora Consuelo Uribe Holguín no hacía alusión alguna a la prenda que ésta constituyó a favor de la señora Beatriz Leyva de Uribe, y que, pese a eso, los actos demandados concluyeron que ese gravamen era oponible a los socios Eduardo Suárez Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe, Pablo Iriarte Uribe y Manuel Iriarte Uribe , herederos de la primera, con base en una simple comunicación, y que por eso no tenían que ser citados a las reuniones que se cuestionan.

Pablo Iriarte Uribe y Manuel Iriarte Uribe , herederos de la primera, con base en una simple comunicación, y que por eso no tenían que ser citados a las reuniones que se cuestionan.

1.3.2.5. Expuso que, en los folios del libro de registro de socios correspondientes a Emilia Uribe de Pérez, Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar, no se indicó el nombre ni la identificación de los herederos de la señora Beatriz Leyva de Uribe a los que se adjudicaron los derechos prendarios sobre sus cuotas, por lo que los actos demandados no debieron concluir que dichas cuotas estaban debidamente pignoradas.

1.3.2.6. Además, a severó que las anteriores prendas fueron constituidas de forma abierta, para garantizar todas las obligaciones actualmente existentes o que en el futuro llegaren a existir, pero sin indicar el monto máximo de la garantía ni el plazo, por lo que incumplían los presupuestos del artículo 1219 del Código de Comercio, que dice que éstas deben tener una cuantía y un plazo claramente determinados en el contrato; y, en consecuencia, en los términos del artículo 1203 ibidem, los respectivos contratos eran ineficaces, lo cual debió ser objeto de pronunciamiento por parte de la Superintendencia de Sociedades en la resolución materia de la presente demanda.

1.3.3. Argumentó que la Resolución 341 -000926 del 14 de marzo de 2008 no fue notificada a la sociedad Laurel Ltda., pero que ésta se dio por notificada por conducta

de Sociedades en la resolución materia de la presente demanda.

1.3.3. Argumentó que la Resolución 341 -000926 del 14 de marzo de 2008 no fue notificada a la sociedad Laurel Ltda., pero que ésta se dio por notificada por conducta concluyente mediante la presentación de recurso de reposición, el 11 de junio de 2008.

Acotó que en dicho rec urso, con fundamento en el artículo 14 CCA, solicitó que se notificara del trámite a los socios que no fueron convocados a las reuniones que se cuestionan, para que intervinieran en defensa de sus derechos, máxime cuando no han participado en ninguna junta de socios desde el año 1993; pero que la Superintendencia de Sociedades rechazó esa petición, aduciendo que la entidad únicamente tiene deberes frente a la sociedad, y que el derecho de defensa al que debía atender era de la persona jurídica y no el de los socios individualmente considerados.8

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Contra el anterior argumento, alegó que, en los términos del artículo 83 y del literal a) del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades estaba obligada a velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo con las disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico y a impedir los abusos de los órganos de dirección que impliquen el desconocimiento de los derechos de los asociados, y que lo que se discutió en el

velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo con las disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico y a impedir los abusos de los órganos de dirección que impliquen el desconocimiento de los derechos de los asociados, y que lo que se discutió en el proceso administrativo era precisamente la celebración de las reuniones de la Junta en ausencia de los socios mencionados, por no haber sido convocados, y la sanción legal aplicable a tal hecho, mas no la legalidad o conveniencia de éstas.

De acuerdo con lo anterior, advirtió que la Resolución 321-002358 del 9 de julio de 2008, que resolvió el recurso de reposición, vulneró el invocado artículo 14 del CCA, que ofrece una oportunidad procesal para que personas con interés en el proceso administrativo intervengan en defensa de sus derechos.

1.3.4. Por otra parte, alegó que dicho acto estaba insuficientemente motivado, pues no resolvió la totalidad de los argumentos que se expusieron en el recurso de reposición contra la Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008.

En concreto, adujo que el acto omitió pronunciarse sobre los siguientes temas que fueron propuestos en el recurso de reposición: (i) el fraccionamiento de los derechos de voto; (ii) la falta de registro de los contratos de prenda; (iii) tendenciosos cambios de doctrina con el fin de cohonestar pretendidos abusos de los administradores en contravía de las posiciones expuestas por la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio; (iv) el favorecimiento de operaciones presuntamente constitutivas de fraude fiscal; (v) la violación del derecho de defensa de los socios deudores; (vi) el indebido

Comercio; (iv) el favorecimiento de operaciones presuntamente constitutivas de fraude fiscal; (v) la violación del derecho de defensa de los socios deudores; (vi) el indebido ejercicio de las competencias de la Superintendencia por no declarar la ineficacia solicitada; (vii) el ocultamiento de evidencias o su interpretación sesgada, y (viii) la falta de pronunciamiento de ineficacia sobre los contratos de prenda y los derechos surgidos por causa de sucesión de los actuales herederos.

1.3.5. Alegó que la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, en decisiones adoptadas en diversos asuntos desde hace más de diez (10) años, venían reconociendo que la omisión de la convocatoria de socios era causal de la sanción de ineficacia de las decisiones que allí9

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se tomaran, argumento que sustenta en las consideraciones de la Resolución 00114 del 6 de junio de 2007, expedida por la Cámara de Comercio. Que, pese a lo anterior, la entidad aquí demandada sustentó la decisión en un cambio de doctrina que adoptó en medio del debate administrativo, el cual dejó vacíos respecto de los derechos de los socios.

1.3.6. Sostuvo que la entidad demandada desvió el debate y no se refirió a los

medio del debate administrativo, el cual dejó vacíos respecto de los derechos de los socios.

1.3.6. Sostuvo que la entidad demandada desvió el debate y no se refirió a los presupuestos de ineficacia, con frases inconducentes como que “Cuando quiera que la verificación de tales circunstancias se convierte en un interminable debate probatorio, seguido de la valoración de confusos y muy discutidos elementos de juicio…, queda desestimada cualquier posibilidad automática de la pretendida ineficacia de pleno derecho”6.

1.3.7. Por último, sostuvo que la Superintendencia motivó falsamente la decisión, al señalar que la actuación había sido impulsada por la sociedad Laurel Ltda. y su representante legal, so pretexto de la defensa de los socios deudores , y no por estos últimos, quienes, según los actos demandados, no hicieron ningún reclamo sobre el particular. Según la demandante, tal afirmación falta a la verdad procesal, pues los socios afectados dirigieron comunicaciones sobre el tema a la entidad y adelantaron actuaciones en defensa de sus derechos. Que, en todo caso, tal circunstancia es irrelevante y la Administración estaba obligada a pronunciarse sobre los hechos que la actora le puso de presente.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Sociedades contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones7.

Sobre los hechos manifestó, de un lado, que en los mismos se hacían transcripciones literales de los actos acusados, por lo que se atenía a lo allí previsto; y, por otro lado, que se trataban de interpretaciones parcializadas y equivocadas del accionante, de

literales de los actos acusados, por lo que se atenía a lo allí previsto; y, por otro lado, que se trataban de interpretaciones parcializadas y equivocadas del accionante, de manera que se abstendría de emitir pronunciamientos de fondo sobre éstos.

6 Folio 113 del Cuaderno del Tribunal. 7 Folios 200 a 226.10

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2.1. En cuanto a los argumentos de la demanda relacionados con la ineficacia de las prendas constituidas sobre las cuotas de los socios Emilia Uribe de Pérez, Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, CPR Publicidad Ltda., Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe e Inés Largacha Salazar, por incumplimiento del artículo 1219 del Código de Comercio, señaló que tal discusión no atañe a la sociedad Laurel Ltda. y que, de todos modos, ésta debía ventilarse ante la Jurisdicción Ordinaria o ante el Tribunal de Arbitramento, el cual, de hecho, profirió el laudo del 10 de mayo de 2010, que resolvió tales aspectos.

Por otro lado, respecto a la “Presunción de legalidad. Carga de la prueba”, adujo que los actos enjuiciados gozaban de presunción de legalidad y que, según los artículos 176 y 177, las presunciones deben tenerse por ciertas, salvo pruebas en contrario, por lo que incumbía a la parte actora desvirtuar las mismas.

actos enjuiciados gozaban de presunción de legalidad y que, según los artículos 176 y 177, las presunciones deben tenerse por ciertas, salvo pruebas en contrario, por lo que incumbía a la parte actora desvirtuar las mismas.

2.2. “Sobre los fundamentos de derecho y concepto de violación”, indicó que la demanda adolecía de falta de argumentación y coherencia, debido a que no se acompañaron elementos de juicio que sustentaran adecuadamente el concepto de violación; al punto se citaron los artículos 82, 83 y 84 del Código de Comercio, sin que los mismos incidieran en el procedimiento adelantado por esa entidad.

2.3. Sobre “el marco legal y fáctico observado por la Superintendencia de Sociedades para expedir las Resoluciones Nos. 341-000926 de marzo 14 de 2006 y 321-002358 de julio 9 de 2008, con las cuales concluyó la medida administrativa invocada por la sociedad demandante. La decisión adoptada se ciñó a las disposiciones legales que le sirvieron de referente”, adujo que la potestad de reconocer los presupuestos de ineficacia de las decisiones adoptadas por la Junta de Socios está consagrada en el parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 de 1995, que establece que, “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio, la Superintendencia de Sociedades podrá, de oficio o a solicitud de parte, reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio, en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia”.

de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio, en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia”.

Advirtió que dicha potestad es intermedia, restrictiva y expresa, por lo que no le permite a la Superintendencia declarar los presupuestos de ineficaci a contenidos en otras disposiciones legales ni dirimir conflictos relacionados con actos no societarios, como la11

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eficacia y la validez de contratos de promesa de cesión de cuotas sociales ni de prendas constituidas por unos socios respecto de otros, y que tales controversias deben agotarse mediante otras acciones legales ante la Jurisdicción Ordinaria o ante el Tribunal de Arbitramento, o incluso, a través de la conciliación, mecanismos a los que, de hecho, las personas interesadas y legitimadas ya acudieron.

Explicó que la sanción de ineficacia, para la cual la Superintendencia de Sociedades tiene competencia intermedia, supone una censura automática que solo puede ser aplicada a los actos jurídicos societarios que presenten vicios notorios, manifiestos, ostensibles y determinantes sobre el desconocimiento de las normas aplicables, esto es, aquellos que puedan ser advertidos incluso por personas que carezcan de formación técnica jurídica . Acotó que la sanción propia de dicha medida administrativa se sustentaba en el artículo 190 del Código de Comercio.

aquellos que puedan ser advertidos incluso por personas que carezcan de formación técnica jurídica . Acotó que la sanción propia de dicha medida administrativa se sustentaba en el artículo 190 del Código de Comercio.

2.4. Señaló que, en este caso, la citación y convocatoria de los socios acreedores prendarios estuvo revestida de legalidad y validez, pues, en los términos del artículo 410 del Código de Comercio, las prendas originalmente constituidas mediante contratos suscritos el 8 de junio de 1993 estaban registradas en la Cámara de Comercio y fueron inscritas en el libro de registro de socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda., hecho que fue verificado en la actuación administrativa iniciada y que no fue desvirtuado por la sociedad