CE - 110010324000200900080001SENTENCIA20230508161706

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020090008000

Demandante: Bristol-Myers Squibb Company

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Temas: Requisitos de patentabilidad. Nivel inventivo. Claridad, concisión y suficiencia de la solicitud de patente. Decisión 344 de 29 de octubre de 19931, norma aplicable.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bristol-Myers Squibb Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 39391 de 28 de noviembre de 2007 y 35083 de 19 de septiembre de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Bristol-Myers Squibb Company, en adelante la parte demandante 2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio , en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

1. Bristol-Myers Squibb Company, en adelante la parte demandante 2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio , en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

1 Régimen común sobre propiedad industrial. 2 Mediante apoderado. Cfr. Folio 2 a 6 3 Cfr. Folios 930 a 9512

Núm. único de radicación: 11001032400020090008000

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prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 4, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 39391 de 28 de noviembre de 2007, “Por la cual se niega una patente de invención” , y 35083 de 19 de septiembre de 2008, “Por la cual se resuelve un re curso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el título de la patente de invención titulada “INHIBIDORES DE

SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO”.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 39391 del 28 de noviembre de 2007, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se negó la patente

“[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 39391 del 28 de noviembre de 2007, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se negó la patente para la invención correspondiente a: “Inhibidores de SGLT2 de glucósidos de c -arilo y método”.

2. Que es nula la Resolución núm. 35083 del 19 de septiembre de 2008, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Bristol -Myers Squibb Company contra la Resolución núm. 39391 del 28 de noviembre de 2007 y la confirma en todas sus partes;

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a nombre de Bristol-Myers Squibb Company patente para la invención denominada: “Inhibidores de SGLT2 de glucósidos de c -arilo y método”, para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 9) contenidas en el capítulo reivindicatorio presentado el 21 de septiembre de 2007 dentro del expediente de trámite núm.

00.011.048.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso; y,

5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo,

Industrial la sentencia que se dicte en este proceso; y,

5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

4 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folios 930 a 9313

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Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones6:

4.1. Presentó, el 10 de octubre de 2000 7, ante la parte demandada la solicitud de patente de invención titulada “INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE CARILO Y MÉTODO”.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 28 de febrero de 2003, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 525, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 39391 de 28 de noviembre de 2007, negó la solicitud.

4.4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 39391 de 28 de noviembre de 2007.

39391 de 28 de noviembre de 2007, negó la solicitud.

4.4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 39391 de 28 de noviembre de 2007.

4.5. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 35083 de 19 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 39391 de 28 de noviembre de 2007.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 14 y 18, y el literal c) del artículo 28 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20008.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó s u concepto de

violación, así9:

6 Cfr. Folios 931 a 938 7 Cfr. Índice 2 SAMAI. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 9 Cfr. Folios 938 a 948.4

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Primer cargo: Violación a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486

6.1. Indicó que, la invención consistente en un inhibidor selectivo del transportador de la glucosa SGLT2, que depende del sodio en el riñón, para normalizar los niveles de glucosa en el plasma, en pacientes con diabetes tipo II, s olucionaba un problema

la glucosa SGLT2, que depende del sodio en el riñón, para normalizar los niveles de glucosa en el plasma, en pacientes con diabetes tipo II, s olucionaba un problema técnico, consistente, en disminuir los efectos de los inhibidores presentes en el estado de la técnica, los cuales no inhibían el transportador de glucosa de forma selectiva, lo que, en palabras de la parte demandante, implicaba una inhibición indeseada del trasportador SGLT110.

6.2. Señaló, que el efecto técnico sorprendente, consiste en un inhibidor potente respecto a SGLT2, derivado de un glucósido de Arilo, con una alta selectividad respecto del SGLT111. Asimismo, manifestó que dicho efecto es sorprendente en tanto que de las anterioridades D1, D2, D3 y D4, no se derivaba el efecto de la invención, de inhibir el SGLT212.

6.3. Adicionalmente, precisó que limitar las diferencias de D1 con la materia solicitada, al cambio de un gru po funcional químico, es reduccionista y lleva a la conclusión errada de que su invención carece de nivel inventivo13.

Segundo cargo: Violación al literal c) del artículo 28 de la Decisión 486

6.4. Manifestó, que la parte demandada solicitó requisitos adicionales de los contenidos en la norma respecto de la descripción de la invención, toda vez que dentro de la memoria descriptiva de la invención, se hacía referencia a las ventajas y posibles ventajas respecto de la técnica anterior14.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada15, contestó la demanda16 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

ventajas respecto de la técnica anterior14.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada15, contestó la demanda16 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

10 Cfr. Folio 941. 11 ibidem 12 Cfr. Folio 943. 13 Cfr. Folio 947 14 Cfr. Folio 948 15 Mediante apoderado. Cfr. Folios 963 a 966 16 Cfr. Folios 967 a 9885

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Respecto del cargo de violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486

7.1. Adujo que no se había vulnerado el artículo 14 de la Decisión 486, comoquiera que la solicitud carecía de nivel inventivo 17. Lo anterior lo sustent ó en que, las anterioridades encontradas revelaban el grupo farmacofórico de los inhibidores del cotransportador Na+glucosa SGLT de tipo glucosa C -arilo, y que , si bien se presentaba una nueva estructura, esta no era la causa sine qua non del efecto terapéutico selectivo de SGLT2 y, en ese sentido, la nueva estructura resultaba obvia y derivada del estado de la técnica18.

7.2. Señaló que el control sobre el transporte de glucosa a nivel renal, mediante la estructura farmacofórica de la glucosa C-diarilo, se encontraba revelado para la fecha de la reivindicación de la prioridad y que las modificaciones estructurales realizadas

7.2. Señaló que el control sobre el transporte de glucosa a nivel renal, mediante la estructura farmacofórica de la glucosa C-diarilo, se encontraba revelado para la fecha de la reivindicación de la prioridad y que las modificaciones estructurales realizadas se derivaban del estado de la técnica sin aportar ningún efecto inesperado respecto de otras estructuras como la de la Florizina19.

7.3. Aseveró que la parte demandante nunca había probado el efecto técnico alegado, en tanto no habría presentado los estudios y resultados de actividad que demostraran las afirmaciones sobre actividad biológica de la invención. De igual forma indicó que la divulgación de la invención se cen traba en la presentación de los métodos de síntesis química, dando a entender que era esta última la que acreditaba el efecto inesperado.

Respecto del cargo de violación del literal c) del artículo 28 de la Decisión 486

7.4. Puntualizó que la descripción solo contiene una mención general con respecto a la proximidad del arte previo, pero la divulgación nunca logró demostrar con base en ensayos de actividad la selectividad sobre el cotransportador S GLT2 atribuida a los compuestos.

7.5. Añadió que la realización y divulgación de las pruebas de actividad son necesarios para atribuir propiedades farmacológicas , con l o cual, el hecho de que estas no se

17 Cfr. Folio 972 18 Cfr. Folio 975 19 Ibidem6

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hubieren aportado implicó un desconocimiento de los requisitos mínimos previstos por la Decisión 486.

Interpretación Prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, media nte auto de 21 de noviembre de 2013 20, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 119-IP-2015 el 25 de septiembre de 2015 21, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] el Tribunal no interpretará los artículos solicitados por no ser aplicables al caso concreto y de oficio interpretará los artículos 1, 4 y 13 literales c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”22.

10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de noviembre de 2013 23, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

Auto de pruebas

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de noviembre de 2013 23, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 2017 24, corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

20 Cfr. Folios 1006 a 1007. 21 Cfr. Folios 1011 a 1020. 22 Cfr. Folio 1014. 23 Cfr. Folio 1008. 24 Cfr. Folio 10227

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13. Durante el término legal, la parte demandante y la parte demandada reiteraron en esencia los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Reanudación del proceso

14. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 27 de noviembre de 202025, reanudó el proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Reanudación del proceso

14. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 27 de noviembre de 202025, reanudó el proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 119-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015; vii) la norma aplicable al caso concreto; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los requisitos de patentabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. Visto el artículo 128 numeral 7.º 26 del Código Contencioso Administrativo 27, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30828 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 30 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201931, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sob re distribución de

25 Cfr. Folios 1063 a 1064 26 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.

Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 27 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 28 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 29 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 30 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del d erecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 31 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.8

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negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala

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negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

18. Los actos administrativos acusados32 son los siguientes:

18.1. La Resolución núm. 39391 de 28 de noviembre de 200733, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente titulada

“INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO”.

18.2. La Resolución núm. 35083 de 19 de septiembre de 2008 34, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 39391 de 28 de noviembre de 2007.

El problema jurídico

19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en la Interpretación Prejudicial,

determinar:

19.1. Si las resoluciones núms. 39391 de 28 de noviembre de 2007, y 35083 de 19 de septiembre de 2008 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Co mercio, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención titulada “INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C -ARILO Y MÉTODO” , vulneran

por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención titulada “INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C -ARILO Y MÉTODO” , vulneran los artículos 14 y 18, 28 literal c) de la Decisión 486.

32 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 33 Cfr. Folios 7 a 18 34 Cfr. Folios 19 a 259

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19.2. En este sentido, se analizará , en primer lugar, si para la fecha de prioridad reclamada en la solicitud y para un experto medio en la materia, la solicitud de patente de invención titulada “INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C -ARILO Y MÉTODO” se deriva de manera evidente de las divu lgaciones previas contenidas en los documentos:

a) D1: Referencia WO9831697, titulado: “Aryl C -glycoside compounds and sulfated esters therof”, publicado el 23 de julio de 1998.

b) D2: Artículo 1: “Na(+) -glucose cotransporter inhibitors as antidiabetics I. Synthesis and pharmacological properties of 4 -dehydroxyphlorizin derivatives based on a new concept”, publicado el 1 de junio de 1996.

c) D3: Artículo 2: “Na(+) -glucose cotransporter inhibitors as antidiabetics II.

Synthesis and pharmacological properties of 4 -dehydroxyphlorizin derivatives based on a new concept”, publicado el 1 de junio de 1996.

c) D3: Artículo 2: “Na(+) -glucose cotransporter inhibitors as antidiabetics II. Synthesis and structure -activity relationships of 4 -dehydroxyphlorizin derivatives”, publicado el 2 de enero de 1998.

d) D4: Artículo 3: “Na(+)-glucose cotransporter inhibitors as antidiabetic agents III. Synthesis and structure -activity relationships of 4 -dehydroxyphlorizin derivatives modified at the OH groups of the glucose moiety”, publicado el 3 de octubre de 1998.

19.3. En segundo lugar, si la solicitud de patente de invención cumple con el requisito de nivel inventivo previsto en la normativa comunitaria andina.

20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 119-IP-2015 en la que interpretó de oficio los artículos 1 y 4, y los literales c) y d) del artículo 13 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina35, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y al restablecimiento del derecho solicitado.

35 “Régimen Común sobre propiedad Industrial”. Sustituida por la Decisión 486.10

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Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 36, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.

Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200037 de la Comisión de la Comunidad Andina38.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39

36 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. D icho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 37 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías ”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artícu lo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “ Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina ”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,

1. Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas , ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 38 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 39 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el

Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.11

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23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina40.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los

Estados Miembros.

25. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que

Estados Miembros.

25. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corres ponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

26. Asimismo, dispone en su artículo 33 q ue “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca d e dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

27. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,

40 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igu almente el tema de la interpretación prejudicial.12

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igu almente el tema de la interpretación prejudicial.12

Núm. único de radicación: 11001032400020090008000

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 119-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015

30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para