CE - 110010324000201200015001SENTENCIA20230614082212

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Radicado: 11001 03 24 000 2012 00015 00

Demandante: Mauricio Duarte Argüello

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2012 00015 00

Actor: Mauricio Duarte Argüello Demandado: Nación - Ministerio de Transporte Tesis: Existe cosa juzgada frente a la norma que determinó que el propietario de un vehículo podrá solicitar a la autoridad de transporte competente, la desvinculación de este, cuando la empresa a la que está asociado realiza el cobro de sumas de dineros por conceptos no pactados en el contrato de vinculación.

Se configura el fenómeno de cosa juzgada en relación con la disposición normativa que establece que el propietario de un vehículo puede solicitar a la autoridad de transporte competente la desvinculación del mismo en caso de que la empresa no gestione oportunamente los documentos del transporte, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, si se argumenta que esta disposición es nula porque otorga facultades a las autoridades admini strativas para declarar la configuración de las causales de incumplimiento de los contratos de vinculación entre los propietarios y las empresas de transporte y disponer la correspondiente terminación de dichos negocios jurídicos.

facultades a las autoridades admini strativas para declarar la configuración de las causales de incumplimiento de los contratos de vinculación entre los propietarios y las empresas de transporte y disponer la correspondiente terminación de dichos negocios jurídicos. No es nula por desconocimiento de normas superiores , la disposición que precisó el alcance de la desvinculación administrativa de vehículos de servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros taxi, porque no reconoció facultades a las autoridades administrativas pa ra declarar la configuración de las causales de incumplimiento de los contratos de vinculación suscritos entre los propietarios y las empresas de transporte y disponer la correspondiente terminación de esos negocios.

SENTENCIA – ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda instaurada por el señor Mauricio Duarte Argüello , en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso2

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Administrativo (en adelante CCA) 1, contra el artículo 30 del Decreto 172 del 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículo Taxi”.

I. LA DEMANDA

El señor Mauricio Duarte Argüello interpuso la demanda en los siguientes términos2.

1.1. Pretensiones

Aunque el actor no incluyó en la demanda un acápite de pretensiones, se entiende que

El señor Mauricio Duarte Argüello interpuso la demanda en los siguientes términos2.

1.1. Pretensiones

Aunque el actor no incluyó en la demanda un acápite de pretensiones, se entiende que éstas consisten en que se decrete la nulidad del artículo 30 del Decreto 172 de 200 1. En efecto, s obre el particular, resulta pertinente señalar que en el escrito demandatorio, el accionante indicó:

“MAURICIO DUARTE ARGUELLO, colombiano, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No (…) de Bogotá, domiciliado y residente en Bogotá D.C., de acuerdo con los derechos y deberes consagrados en los artículos 4, 29, y 241 de la Constitución Política, me dirijo a ustedes para presentar demanda de nulidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 30 del decreto 172 del 05 de febrero de 2001 por cuanto contradice la Constitución Nacional y las leyes que regulan la materia”

1.2. El acto cuestionado

El artículo 30 del Decreto 172 de 2001, que dispone:

“DECRETO NÚMERO 172 DE 2001

(FEBRERO 5 DE 2001)

“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993, y 336 de 1996 y el Código de Comercio.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993, y 336 de 1996 y el Código de Comercio.

1 La demanda fue interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. No obstante, fue admitida como de nulidad simple según consta en auto del 22 de agosto de 2012. 2 Folios 34 a 51.3

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DECRETA

(…)

ARTÍCULO 30. - DESVINCULACION A ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD DEL PROPIETARIO - Vencido el contrato de vinculación, cuando no exista acuerdo entre las partes, el propietario podrá solicitar a la autoridad de transporte competente, la desvinculación invocando alguna de las siguientes causales imputables a la empresa:

1. El cobro de sumas de dineros por conceptos no pactados en el contrato de vinculación.

2. No gestionar oportunamente los documentos del transporte a pesar de haber reunido la totalidad de los requisitos exigidos en el presente Decreto.

PARAGRAFO. - El propietario interesado en la desvinculación de un vehículo no podrá prestar el servicio en otra empresa hasta tanto la misma, no le haya sido autorizada.

(…)

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MINISTRO DE TRANSPORTE”.

podrá prestar el servicio en otra empresa hasta tanto la misma, no le haya sido autorizada.

(…)

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MINISTRO DE TRANSPORTE”.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas señal ó los artículos 29, 116, 189, numeral 11º, y 333 de la Constitución Política. Además, aludió al numeral 6º del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, los artículos 9 , 18 y 22 de la Ley 336 d e 1993; 983 del Código de Comercio , 1622 del Código Civil y 171 del Decreto 171 de 2001.

Alegó que el artículo 189, numeral 11º, de la Constitución, las Leyes 105 y 336 de 1993 y el Código de Comercio, disposiciones invocadas en el acto demandado como aquellas que facultan al Gobierno Nacional para su expedición, en efecto, le confieren facultades para reglamentar el transporte público de pasajeros en la modalidad de vehículos tipo taxi, pero no para establecer reglas sobre la forma de terminación de los contratos de vinculación de esos vehículos, pues éstos se rigen por el derecho privado.

En tal sentido, indicó que el Gobierno excedió la potestad reglamentaria , pues no contaba con facultades para asignar a los alcaldes municipales y distritales la competencia para declarar la configuración de las causales de incumplimiento de l contrato de vinculación, que es de naturaleza privada, ni para disponer por vía de la4

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contrato de vinculación, que es de naturaleza privada, ni para disponer por vía de la4

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desvinculación administrativa por solicitud del propietario, su terminación, dado que esa competencia fue asignada por la ley a la Jurisdicción Ordinaria Civil.

Por lo anterior, anotó que el acto acusado infringe el artículo 116 de la Carta, que consagra cuáles autoridades ejercen funciones jurisdiccionales, y el artículo 29 ibidem, pues autoriza para administrar justicia a un funcionario que no es competente para ello.

Expuso que la disposición demandada , al establecer formas de terminaci ón de los contratos de vinculación, vulnera el artículo 333 de la Constitución Política, que consagra que, para el ejercicio de la libertad de empresa y la iniciativa privada , el Estado no podrá exigir permisos ni requisitos sin autorización de la ley.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Transporte 3, mediante memorial radicado el 23 de mayo de 2013, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda , con fundamento en los siguientes argumentos:

Luego de hacer referencia a los artículos 24 y 365 de la Constitución Política y a la Ley 336 de 1996, mencionó que la vinculación de un vehículo a una empresa de transporte público involucra la incorporación del primero en el parque automotor de la segunda,

Luego de hacer referencia a los artículos 24 y 365 de la Constitución Política y a la Ley 336 de 1996, mencionó que la vinculación de un vehículo a una empresa de transporte público involucra la incorporación del primero en el parque automotor de la segunda, lo cual se formaliza con la celebración de un contrato que se rige por derecho privado y se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte de la autoridad de transporte.

Dijo que el contrato de vinculación debe contener como mínimo: (i) las obligaciones, derechos y prohibiciones de las partes; (ii) el término de duració n, que no puede ser inferior a un (1) año; (iii) las causales de terminación, los preavisos y las condiciones para que se den prórrogas automáticas; (iv) los mecanismos alternativos de solución de conflictos; (v) los ítems que serán objeto de pago y su per iodicidad, de los cuales la empresa expedirá al propietario un extracto, y (vi) las cláusulas penales, cuyo monto no debe superar el diez por ciento (10 %) del valor del contrato.

3 Folios 48 a 62.5

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Afirmó que el inciso segundo del artículo 35 del Decreto 172 de 2001 señal a que el ingreso de taxis al servicio público individual de transporte se da mediante la vinculación de vehículos al parque automotor en un distrito o municipio. De acuerdo

Afirmó que el inciso segundo del artículo 35 del Decreto 172 de 2001 señal a que el ingreso de taxis al servicio público individual de transporte se da mediante la vinculación de vehículos al parque automotor en un distrito o municipio. De acuerdo con ello, la autoridad municipal o distrital, previos estudios de oferta y demanda, es quien decide sobre la conveniencia de autorizar o congelar el ingreso de esta clase de vehículos a su parque automotor. Y, de conformidad con e l artículo 38 ibidem, la asignación de nuevas matrículas por parte de los alcaldes se hará por sorteo público, de modo que se garantice el libre acceso de todos los interesados en igualdad de condiciones.

Añadió que l os artículos 29, 30 y 31 ibidem establecen tres casos en los que un vehículo puede ser desvinculado: (i) de común acuerdo, (ii) de manera administrativa, por solicitud del propietario, cuando venza el término del contrato y no exista acuerdo entre las partes, momento en el que éste puede elevar petición a la autoridad de transporte, invocando el cobro, por parte de la empresa, de conceptos no pactados en el contrato de vinculación o la falta de gestión oportuna de los documentos del transporte, y (iii) de manera administrativa, por solicitud de la empresa, cuando no exista acuerdo entre las partes para la desvinculación del vehículo, caso en el cual el representante legal de la compañía puede pedirla a la autoridad de transporte, invocando la falta de acreditación oportuna, por parte del propietario, de los requisitos para el trámite de los documentos de transporte, la falta de pago de los valores pactados o la falta de mantenimiento previo del automotor.

invocando la falta de acreditación oportuna, por parte del propietario, de los requisitos para el trámite de los documentos de transporte, la falta de pago de los valores pactados o la falta de mantenimiento previo del automotor.

Dijo que, a través de la Circular 36711 de 2004, recogió el concepto del 28 de abril de 2003, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil en un proceso cuyo radicado no identificó, en el que se dijo que, tanto para la desvinculación administrativa por solicitud del propietario, como la efectua da por petición de la empresa, es necesario que el contrato esté vencido, momento en el que Ministerio o la autoridad local, mediante acto administrativo, desvincula el vehículo de la empresa. Todo lo anterior, bajo el respeto del debido proceso y de los recursos de la vía gubernativa.

Acotó que, si bien los conflictos que puedan surgir por la ejecución del citado contrato entre la empresa de transporte y el propietario del vehículo deben ser dirimidos ante la jurisdicción ordinaria, ello no podía confundirse con el trámite administrativo que6

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acontece cuando finaliza dicho negocio jurídico y que puede afectar la capacidad transportadora mínima y máxima, cuando una empresa de forma negligente no permite la desvinculación de un automotor.

Dijo que no era cierta la afirmación relativa a que, con la expedición del acto enjuiciado,

transportadora mínima y máxima, cuando una empresa de forma negligente no permite la desvinculación de un automotor.

Dijo que no era cierta la afirmación relativa a que, con la expedición del acto enjuiciado, se habilitó a los alcaldes para declarar la verificación de las causales de incumplimiento de un contrato, pues en la disposición demandada se reglamentó fue la desvinculación de vehículos de una empresa y no la terminación del contrato de vinculación.

Aseveró que el decreto censurado no confiere facultades jurisdiccionales a las autoridades de transporte, sino competencias de índole administrativa para disponer la vinculación o desvinculación de vehículos a las empresas , las cuales se fundan en las Leyes 105 de 199 3 y 336 de 1996, que consagran la potestad del Estado para efectuar la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte, en concordancia con la libertad de empresa y la iniciativa privada, postulados constitucionales que no resultan infringidos por el acto acusado.

Luego de aludir al fallo C – 043 de 1998, emitido por la Corte Constitucional, sobre los efectos jurídicos de las licencias administrativas de operación, la potestad reglamentaria del Estado en materia de transporte, la iniciativa privada y la libertad de empresa, mencionó que la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril de 2010, emitida dentro del proceso con número de radicado 11001 03 24 000 2004 00204 01, resolvió la demanda de nulidad contra varios artículos del Decreto 170 de 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de

000 2004 00204 01, resolvió la demanda de nulidad contra varios artículos del Decreto 170 de 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros”, y dijo que, en dicha providencia, se sostuvo que, de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución, el Estado tiene a cargo la dirección general de la economía y la intervención en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía, entre otros fines, y que varias leyes lo habilitan para intervenir y r egular la actividad transportadora.

Así, precisó que , en esa oportunidad, la Sala señaló que el servicio público y las relaciones entre las personas que participan en su prestación sí puede n ser reglamentadas por el Gobierno nacional, de acuerdo con la ley, y que dichas relaciones no están sometidas exclusivamente a la autonomía de la voluntad de los particulares.7

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Lo anterior , afirmó que se fundamenta en que las normas de rango legal que sustentaron el decreto que allí se estudió , no regulan por completo el ejercicio de la actividad transportadora, por lo que habilitaron al Gobierno para que reglamentara distintos aspectos de ésta.

Además, en dicho pronunciamiento, mencionó que la Sección sostuvo que el artículo 997 del Código de Comercio facultaba al Gobierno para reglamentar las disposiciones

distintos aspectos de ésta.

Además, en dicho pronunciamiento, mencionó que la Sección sostuvo que el artículo 997 del Código de Comercio facultaba al Gobierno para reglamentar las disposiciones atinentes al contrato de transporte, y que el artículo 2 de la Ley 105 de 1993 estableció el principio fundamental de necesidad de intervención del Estado en el control, regulación y vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas, principios que fueron invocados en el decreto que allí se estudió.

Explicó que la citada providencia guardaba relación con el presente asunto y que, por ende, el artículo 30 del Decreto 172 de 2001, aquí demandado, no debe ser anulado , pues es la norma que permite al propietario, una vez vencido el contrato de vinculación, solicitar a la autoridad local la desvinculación del vehículo de la capacidad transportadora del municipio ; y que sin ella, se dejaría al arbitrio de la empresa operadora, que decida sobre el destino del propietario del automotor y de la capacidad transportadora del ente territorial. Por tanto, la anulación del acto aquí acusado iría en contravía del principio de igualdad.

III.ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. El Ministerio de Transporte4 presentó escrito de alegatos de conclusión en el que expuso que el artículo 30 del Decreto 172 de 2001, aquí acusado, fue derogado por el artículo 3.1.1 del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, en cuyo artículo 2.2.1.3.6.6, se reguló la figura de la desvinculación administrativa.

Luego, reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda.

Transporte, en cuyo artículo 2.2.1.3.6.6, se reguló la figura de la desvinculación administrativa.

Luego, reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda.

3.2. El señor Mauricio Duarte Argüello guardó silencio.

4 Folios 107 a 117.8

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IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto mediante memorial radicado el 23 de febrero de 2018 5, en el que expuso los siguientes argumentos:

Arguyó que la norma demandada encuentra sustento en el literal b) del artículo 2 y en el artículo 5 de la Ley 105 de 1993, que señalan que, al Estado, en cabeza del Ministerio de Transporte, le corresponde la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las entidades a él vinculadas. Asimismo, dijo que el acto acusado se sustenta en la Ley 336 de 1996, que establ ece que, en cuanto a la regulación del transporte público, el Ministerio debe exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio.

Manifestó que la disposición demandada, referente a la desvinculación administrativa de un vehículo por solicitud del propietario, no regula aspectos de derecho privado,

la eficiente prestación del servicio.

Manifestó que la disposición demandada, referente a la desvinculación administrativa de un vehículo por solicitud del propietario, no regula aspectos de derecho privado, sino, por el contrario, aspectos relacionados con la intervención del Estado en la prestación del servicio de transporte.

De acuerdo con lo expuesto, concluyó que, del cotejo del acto demandado con las disposiciones que se invocaron como vulneradas, no se desprende la nulidad por falta de competencia, pues el mismo encuentra sustento en el numeral 11º del artículo 189 de la Carta y en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996. Además, el acto corresponde al ejercicio de la potestad de intervención del Estado, bajo presupuestos específicamente delineados en la regulación. Por lo tanto, señaló que, en su criterio, no debe accederse a las pretensiones de la demanda.

V. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes.

5 Folios 120 a 125.9

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VI. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración

6.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 12 8 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

6.2. Planteamiento

De lo expuesto en la demanda y la contestación, la Sala advierte que las partes concuerdan en que, a través del acto enjuiciado, el Ministerio de Transporte reguló lo concerniente a la desvinculación administrativa de taxis por solicitud del propietario. Sin embargo, discuten en torno a la competencia del Gobierno nacional para proferir la decisión enjuiciada, pues, para el actor, se infringieron el artículo 189 numeral 11 y 333 de la Constitución Política y las Leyes 105 y 336 de 1993, al reconocer potestades a las autoridades administrativas (alcaldes) para declarar la configuración de las causales de incumplimiento de dichos con tratos y las habilitó a finalizar los citados negocios jurídicos por vía administrativa, invadiendo las órbitas de la Jurisdicción Ordinaria Civil e infringiendo los artículos 29 y 116 de la Carta Política. Entre tanto, para la cartera ministerial demandada y el Ministerio Público no es cierto que el acto enjuiciado hubiere habilitado a los alcaldes municipales para declarar la verificación de las causales de incumplimiento de un contrato, pues lo que se reglamentó fue la

para la cartera ministerial demandada y el Ministerio Público no es cierto que el acto enjuiciado hubiere habilitado a los alcaldes municipales para declarar la verificación de las causales de incumplimiento de un contrato, pues lo que se reglamentó fue la desvinculación de vehículos de una empresa y no la terminación del contrato de vinculación; y tampoco es cierto que otorgara competencias jurisdiccionales a las citadas autoridades territoriales, sino que lo que concedió fueron facultades administrativas para desvincular vehículos de las empresas, una vez vencidos los contratos de vinculación y si no media acuerdo, en virtud de lo previsto en las Le yes 105 de 1993 y 336 de 199 6, las cuales le otorga ron potestades al Estado para intervenir en la economía y en los servicios públicos.10

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Sin embargo, de manera previa a analizar los anotados cuestionamientos, encuentra la Sala que es menester realizar el estudio que sigue a continuación, a efectos definir si ocurrió el fenómeno de cosa juzgada respecto de la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2019, dentro del proceso identificado con número de radicado 11001 03 24 000 2010 00283 00.

6.3. De la cosa juzgada

En este punto, debe indicarse que la la citada figura se encuentra referida a los atributos de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de que están revestidas las

24 000 2010 00283 00.

6.3. De la cosa juzgada

En este punto, debe indicarse que la la citada figura se encuentra referida a los atributos de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de que están revestidas las sentencias ejecutoriadas. En esa lógica, el artículo 175 del CCA establece:

“Artículo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes". La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en relación con la "causa petendi" juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios.”

Por lo que se refiere a este punto y en específico, en lo tocante con los procesos de nulidad, esta Sección, en sentencia del 11 de junio de 2020, precisó lo que sigue:

“26. Esta Corporación6 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:

“26. Esta Corporación6 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:

“(…) El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 175 del Cód igo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la

6[17]Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado Nro. 05001-23-33-000-2015-0225301, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.11

Radicado: 11001 03 24 000 2012 00015 00

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causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los actos que son objeto de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó la pretensión nugatoria (…)”(Destacado fuera de texto).

27. La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada supra,

tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó la pretensión nugatoria (…)”(Destacado fuera de texto).

27. La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada supra, que en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones de la demanda, producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “(…) lo cual significa que la decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la causa invocada para sustentar la nulidad deprecada (…)”7; es decir, que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los argumentos alegados, situación que impide que pueda presentarse un nuevo pronunciamiento en relación con el acto acusado.

28. Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las pretensiones, esta producirá efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi que, entendida como la razón o los moti vos por los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el concepto de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad; de ello se infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una acción de nulidad hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, solo respecto de los cargos que dan lugar a su interposición”8. (Paréntesis y negrillas dentro del texto, subrayas de la Sala).

tránsito a cosa juzgada erga omnes, solo respecto de los cargos que dan lugar a su interposición”8. (Paréntesis y negrillas dentro del texto, subrayas de la Sala).

Así las cosas, en tratándose de procesos de nulidad los efectos de una decisión previa que haya controlado las disposiciones que se ventilan en un juicio actual tienen efectos erga omnes, es decir, afectan incluso a sujetos que no hayan intervenido en el proceso inicial. No obstante, dependiendo del sentido de la decisión adoptada en la sentencia se definirá si existe o no cosa juzgada absoluta o relativa.

En ese orden, si la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la excepción fue estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será absoluto respecto de las disposiciones cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que resultaría improcedente efectuar poster iores análisis de validez de esas mismas normas, en tanto resultaron expulsadas del orden jurídico al ser contrarias a éste.

Cuestión distinta acontece en el evento de que la decisión fuese desestimatoria de los cargos de nulidad, pues en ese caso el efe cto de la cosa juzgada es relativo, lo que

7[18]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Se