CE - 110010324000201400437001SENTENCIASENTENCIA20230828151936

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Título
CE - 110010324000201400437001SENTENCIASENTENCIA20230828151936
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020140043700

Demandante: Claudia Constanza Muñoz Parra

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Modanova S.A.S.

Temas: Riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca mixta. Conexidad competitiva.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la señora Claudia Constanza Muñoz Parra contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 38827 de 27 de junio de 2013 y 4384 de 31 de enero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Claudia Constanza Muñoz Parra1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Claudia Constanza Muñoz Parra1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de l m edio de control de nulidad y restablecimiento del

1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 46 2 Cfr. Folios 11 a 282

Número único de radicación: 11001032400020140043700

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derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013 , “Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2014 , “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” , expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de

Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] PRETENSIONES

2.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 38827 del 27 de junio de 2013,

Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] PRETENSIONES

2.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 38827 del 27 de junio de 2013, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual negó el registro de la marca comercial GOLD COLLECTION (M), para dis tinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional de la clasificación internacional de Niza.

2.2. Que se declare la nulidad de la resolución # 4384 del 31 de Enero de 2014, mediante la cual decidió confirmar la resolución anterior y en consecuencia negó de manera definitiva el registro de la marca comercial GOLD COLLECTION (M) clase 25.

2.3. Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca comercial GOLD COLLECTION (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación Internacional de Niza, a nombre de la señora CLAUDIA

MUÑOZ PARRA.

2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2º Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957.

2.5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que

209 de 1.957.

2.5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el C.P. A y de lo C.A. […]”.

3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folios 12 a 133

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Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones5:

4.1. La parte demandante solicitó, el día 13 de diciembre de 2014, el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 2 de enero de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 659, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. El Director de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013, negó el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION , para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Comercio, mediante la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013, negó el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION , para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2014 , decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006.

Concepto de violación

5 Cfr. Folios 13 a 14 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.4

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6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así7:

Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Señaló que , a su juicio, las expresiones nominativas de los signos distintivos cotejados son idénticas, por lo que debe analizarse la conexidad competitiva entre los productos o servicios que se pretendan distinguir.

6.1. Señaló que , a su juicio, las expresiones nominativas de los signos distintivos cotejados son idénticas, por lo que debe analizarse la conexidad competitiva entre los productos o servicios que se pretendan distinguir. 6.2. Manifestó que existen muchos registros que son idénticos en el signo y que identifican productos de la Clase 24 y otros de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, indicó, como ejemplo, la marca BAXTER que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Stanton & Cia. S.A. y la marca BAXTER que identifica productos de la Clase 24 y que está registrada a nombre de Baxter International, Inc. 6.3. Argumentó que el consumidor que va a comprar uno de los productos de la parte demandante, como jeans o camisas, no va a visitar una tienda de lencería y , así encuentre en esas tiendas tapetes, colchas con la marca GOLD COLLECTION, no va a pensar que es la misma empresa que las tiendas de vestir. 6.4. Adujo que, a su juicio, no existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados por los signos distintivos cotejados, puesto que los empresarios que se dedican a fabricar textiles y los que fabrican prendas de vestir, no utilizan los mismos canales de comercialización, comoquiera que jamás se ve en una tienda de ropa la venta de telas para la fabricación de las mismas. 6.5. Señaló que las necesidades que cumplen los productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, como tejidos, tapetes o colchas, no son las mismas que las necesidades que suplen los productos de la Clase 25, como lo son la ropa.

Clasificación Internacional de Niza, como tejidos, tapetes o colchas, no son las mismas que las necesidades que suplen los productos de la Clase 25, como lo son la ropa.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7 Cfr. Folios 15 a 245

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7. La parte demandada 8 contestó la demanda 9 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

Cargo único: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

7.1. Señaló que el signo solicitado reproduce en su totalidad la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada y, pese a la variación en el elemento gráfico, no existe una clara diferenciación entre las mismas, puesto que hay similitud fonética en el componente denominativo de los signos.

7.2. Argumentó que, a su juicio, los consumidores podrían creer que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y , en ese sentido, las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

7.3. Manifestó que la parte demandante pretendió identificar productos que , a pesar no estar en la misma clase que la marca previamente registrada, tienen conexidad competitiva, puesto que pertenecen a la categoría de los productos que provienen de la industria textil y el diseño de ropa que son usualmente fabricados por un mismo empresario.

no estar en la misma clase que la marca previamente registrada, tienen conexidad competitiva, puesto que pertenecen a la categoría de los productos que provienen de la industria textil y el diseño de ropa que son usualmente fabricados por un mismo empresario.

7.4. Argumentó que los signos distintivos cotejados son idénticos a nivel visual, fonético y ortográfico, lo cual resulta suficiente para crear riesgo de confusión en el público consumidor.

8. Modanova S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma10, no contestó la demanda.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido en la continuación de la audiencia inicial de 21 de junio de 20 2111, suspendió el proceso para solicitar al

8 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 74 a 77 9 Cfr. Folios 64 a 73 10 Cfr. Folio 108 11 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”6

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Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 280-IP-202112 de 9 de marzo de 2022 , en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 280-IP-202112 de 9 de marzo de 2022 , en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486 para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”13

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial y audiencia de pruebas

12. El Despacho Sustanciador : i) mediante auto de 21 de agosto de 20 1914, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 28 de agosto de 201915, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluid a la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

13. La parte demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de pruebas mencionado supra y, en consecuencia, el Despacho sustanciador ordenó remitir el

cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

13. La parte demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de pruebas mencionado supra y, en consecuencia, el Despacho sustanciador ordenó remitir el expediente al Despacho que seguía en turno para lo de su competencia y suspendió la audiencia inicial. La Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante auto de 12 de marzo de 202016, confirmó la providencia recurrida.

12 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI” 13 Ibidem 14 Cfr. Folios 116 a 117 15 Cfr. Folios 126 a 141 16 Cfr. Folios 149 a 1527

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14. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 31 de mayo de 202117, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; ii) mediante auto de 11 de junio de 202118, reprogramó la continuación de la audiencia inicial; y iii) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 21 de junio de 2021 19, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202320, resolvió: i) la reanudar el proceso; y ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

16. Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda.

17. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 280-IP-2021 proferida el 9 de marzo de 2022; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

  1. el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

17 Cfr. Índice 50 del aplicativo web “SAMAI” 18 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 19 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI” 20 Cfr. Índice 71 del aplicativo web “SAMAI”8

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Competencia de la Sala

19. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 22/, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Actos administrativos acusados

21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

21.1. La Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos (E) negó el registro como marca del signo mixto GOLD

COLLECTION.

21.2. La Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2014 , mediante la cual el

de Signos Distintivos (E) negó el registro como marca del signo mixto GOLD

COLLECTION.

21.2. La Resolución núm. 4384 de 31 de enero de 2014 , mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 38827 de 27 de junio de 2013.

Problema jurídico

22. De acuerdo con la demanda, la s contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

22.1. Si las resoluciones núms. 38827 de 27 de junio de 2013 y 4384 de 31 de enero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, para identificar "Abrigos, vestimenta para todo tipo de deportes, chaquetas, chaquetones,

21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.9

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pantalones, shorts y pantalonetas, jeans, overoles, faldas, medias, medias veladas, taloncillos y refuerzos para medias, trajes, togas, uniformes, vestidos, ajustadores, baberos, batas, boas, blusas, bragas, bodys, bufandas, calcetines, todo tipo de

taloncillos y refuerzos para medias, trajes, togas, uniformes, vestidos, ajustadores, baberos, batas, boas, blusas, bragas, bodys, bufandas, calcetines, todo tipo de camisas y camisetas, canesu es de camisas, camisolas, capuchas, combinaciones para vestir, y ropa interior vestidos confeccionados, corbatas, corseteles, todas clase de corsés, chales chalecos delantales, enaguas, esclavinas, estolas, fajas, gabanes, gabardinas, guantes, impermeables, jarreteras, toda clase de jerseys, manguitos para vestir, prendas de punto ropa interior para niños, adultos de cualquier sexo, slips, sobaqueras, solideos, tirantes, velillos, velos, toda clase de artículos para vestir, pellizas pieles, bolsas para cale ntar los pies, borceguíes, y bragas para panales, canastillas, casullas, trajes de baño, cinturones, botines, herrajes, palas, taloncillos, polainas, plantillas, solideos, zapatos formales y sport, suelas, tacones, zapatillas, pantuflas, zuecos y tocados, armaduras de sombreros de copa, gorros, boinas, viseras", productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina ; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

22.2. En este sentido, se analizará si la parte demandada vulneró o no el literal a)

determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

22.2. En este sentido, se analizará si la parte demandada vulneró o no el literal a) artículo 136 de la Desición 486 de 2000, al negar el registro como marca del signo mixto GOLD COLLECTION, solicitado para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta GOLD COLLECTION con registro marcario núm. 232068, cuyo titular es Modanova S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, en particular, se buscará establecer si existe conexidad competitiva entre los productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial10

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25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000 24 de la Comisión de la Comunidad Andina25.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26

23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 Se considera imp ortante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior,

Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consej o Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial

y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para e l registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para

Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.11

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26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 27.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los

Estados Miembros28.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “ […] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las

uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

29. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

30. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,

27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 d e junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo,

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