CE - 110010324000201800085001SENTENCIA20230928173440

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110001032400020180008500

Demandante: Bayer Intellectual Property GmbH

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Laboratorios Demac Ltda.

Temas: Riesgo de confusión entre marcas nominativas.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bayer Intellectual Property GmbH contra la Superintendencia de Industria y Comercio , para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Bayer Intellectual Property GmbH1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 14. 2 Cfr. Folios 141 a 1582

Número único de radicación: 11001032400020180008500

1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 14. 2 Cfr. Folios 141 a 1582

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demandada, en ejercicio de l medio de control de nulidad 3, adecuado a la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, “Por la cual se concede un registro ”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa DELET-TOS, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza , cuyo titular es Laboratorios Demac Ltda., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo:

Resolución N° 72915 de 10 de noviembre de 2017, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro de la marca DELET-TOS (Nominativa) en favor de la sociedad LABORATORIOS DEMAC LTDA., para distinguir productos en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

conceder el registro de la marca DELET-TOS (Nominativa) en favor de la sociedad LABORATORIOS DEMAC LTDA., para distinguir productos en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del Certificado de registro marcario N° 582619 asignado a la marca DELET -TOS (Nominativa) en Clase 5 Internacional, concedida a favor de LABORATORIOS DEMAC LTDA.

2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso.

2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Come rcio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A) […]”.

Presupuestos fácticos

3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por al cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Índice núm. 54 aplicativo web SAMAI. Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial” 5 Cfr. Folio 253

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Común de Propiedad Industrial” 5 Cfr. Folio 253

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4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones6:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el día 9 de mayo de 2017, el registro como marca del signo nominativo DELET-TOS, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de mayo de 20 17, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 794, la cual no fue objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, concedió la marca nominativa DELET-TOS para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 y el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20007.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así8: Primer cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Señaló que la parte demandada no realizó el análisis de confundibilidad de la

violación, así8: Primer cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Señaló que la parte demandada no realizó el análisis de confundibilidad de la marca DELET-TOS respecto de la marca DELEGOL de su titularidad. Agregó que, de haber verificado el sistema de propiedad industrial, habría advertido que entre estas dos marcas existen semejanzas que , a su juicio, llevan a que se configure riesgo de confusión o asociación.

6 Cfr. Folios 25 a 26 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 8 Cfr. Folios 26 a 324

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6.2. Argumentó que las marcas DELET -TOS y DELEGOL tienen semejanzas ortográficas, por cuanto tienen el mismo número de sílabas y la misma secuencia vocálica.

6.3. Señaló, en cuanto al aspecto fonético, que las marcas DELET-TOS y DELEGOL suenan muy similar, comoquiera que la pronunciación sonora de una palabra está determinada por la composición ortográfica de la misma y, al haberse encontrado que son ortográficamente similares, también debe concluirse que tienen similitud fonética.

6.4. Manifestó que existe conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas comoquiera que son iguales o similares, pues identifican, entre otros, productos farmacéuticos. Agregó que, cuando los productos identificados son

6.4. Manifestó que existe conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas cotejadas comoquiera que son iguales o similares, pues identifican, entre otros, productos farmacéuticos. Agregó que, cuando los productos identificados son productos farmacéuticos, es necesario realizar un examen más riguroso, toda vez que una eventual confusión entre las marcas podría generar riesgo para la salud y la vida.

Segundo cargo: violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.5. Indicó que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 establece como requisito para que un signo pueda ser considerado marca que sea distintivo y, en consecuencia, comoquiera que la marca DELET -TOS es similarmente confundible con la marca DELEGOS, no cump le con la función distintiva , por lo que no es susceptible de registro.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada 9 contestó la demanda 10 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

7.1. Argumentó que, a su juicio, desde el aspecto visual no existe riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, toda vez que las marcas DELET-TOS y DELEGOL están compuestas por distinto número de letras, sílabas y palabras, lo que genera que la

9 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 80 a 83 10 Cfr. Folios 70 a 795

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marca DELET -TOS tenga un grado de distint ividad suficiente para coexistir pacíficamente en el mercado con la marca DELEGOL.

7.2. Señaló que no existe riesgo de confusión fonética comoquiera que su estructura ortográfica es diferente.

7.3. Por último, señaló que las marcas cotejadas no son semejantes y, en ese sentido, pueden coexistir en el mercado y no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que, al no presentarse el primer supuesto de riesgo de confusión, no es procedente realizar el examen de conexidad competitiva.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso 11, contestó la demanda

y se opuso a las pretensiones formuladas, así12:

Frente al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

8.1. Manifestó que la marca DELET -TOS es una marca que carece de significado conocido en el idioma español, que es de naturaleza nominativa simple fantasiosa, y que, en ese sentido, cumple a con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Frente al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

8.2. Manifestó que las marcas cotejadas no son similarmente confundibles

susceptibilidad de representación gráfica.

Frente al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

8.2. Manifestó que las marcas cotejadas no son similarmente confundibles comoquiera que: i) la marca DELET-TOS está conformada por ocho letras, mientras que DELEGOL está conformada por nueve letras; y ii) los sufijos TOS y GOL generan una disonancia fonética que permite que ambas marcas coexistan en el mercado.

8.3. Argumentó que, desde el punto de vista ortográfico , las marcas cotejadas son diferentes, puesto que, mientras DELET -TOS tiene dos palabras, la primera con dos

11 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 57 a 58 12 Cfr. Folios 51 a 546

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sílabas y la segunda con una sílaba, la marca DELEGOL es una sola palabra compuesta por tres sílabas.

8.4. Concluyó que, a su juicio, la parte demandante no logra demostrar la violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la parte demandada actuó de conformidad con lo previsto en las normas señaladas, motivando debidamente el acto administrativo acusado y apegándose estrictamente a las normas aplicables.

Audiencia inicial y audiencia de pruebas

parte demandada actuó de conformidad con lo previsto en las normas señaladas, motivando debidamente el acto administrativo acusado y apegándose estrictamente a las normas aplicables.

Audiencia inicial y audiencia de pruebas

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 30 septiembre de 2019 13, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 7 de octubre de 201914, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluid a la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; prescindió de la audiencia de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2019 15, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 31 -IP-202016 de 8 de mayo de 2020, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.

13 Cfr. Folios 90 a 91 14 Cfr. Folios 101 a 115 15 Cfr. Folios 130 a 131 16 Cfr. Folios 142 a 1537

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No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el temad e la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”

12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 202117, por un lado, reanudó el proceso y, por otro lado, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le

audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

14. Durante el término legal, las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la s contestaciones de la demanda, respectivamente.

15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 31-IP-2020 proferida el 8 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17 Cfr. Folios 156 a 1588

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17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 19, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado es el siguiente:

19.1. La Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 201720, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa DELET-TOS, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Problema jurídico

20. De acuerdo con la demanda, la s contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

20.1. Si la Resolución núm. 72915 de 10 de noviembre de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa DELET-TOS para identificar "Productos farmacéuticos para uso

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa DELET-TOS para identificar "Productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios; productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o vet erinario, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, repelentes de insectos ", productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el

18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 20 Cfr. Folios 16 a 179

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artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

20.2. En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca DELET-TOS, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso y la marca DELEGOL con registro marcario núm. 186471, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

resultado del proceso y la marca DELEGOL con registro marcario núm. 186471, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en

21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. D icho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.10

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la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 22 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

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la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 22 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los

Estados Miembros26.

22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artícu lo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el

adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas , ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial

y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de la s marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba ”, modi ficatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para

Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba ”, modi ficatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 26 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.11

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26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,

conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”

Interpretación Prejudicial 31-IP-2020 de 8 de mayo de 2020

31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso27:

“[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor,

“[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor,

27 Cfr. 142 a 15312

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teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signo s en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa