CE - 110010324000201800445001AUTOQUERESUEL20230804142601

Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: SOFÍA DE VEGA MUJICA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y

OTRO

RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Los señores Sofía de Vega Mujica, Gabriel Durán Ojeda , Mariana Mattos Guzmán, Karolina Baquero Puerta y Pablo Ernesto Medrano Moreno, actuando en causa propia, en ejercicio del medio de control previsto por el artículo 137 del CPACA, promovieron demanda con el fin de que se declare la nulidad del artículo 5; del parágrafo 2 del artículo 15; del parágrafo 2 del artículo 17 y del artículo 27 de la Resolución nro. 1645 de 20161 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como del numeral 3 del artículo 2.6.1.4.3.2 y del inciso 2 del artículo 2.6.1.4.3.9 del Decreto 780 de 20162.

Los apartes subrayados corresponden a las disposiciones cuestionadas de la Resolución nro. 1645 de 2016:

1 “Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo a

Los apartes subrayados corresponden a las disposiciones cuestionadas de la Resolución nro. 1645 de 2016:

1 “Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo a la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), o quien haga sus veces, y se dictan otras disposiciones” 2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

“[…] RESOLUCIÓN 1645 DE 2016

(mayo 3)

Diario Oficial No. 49.863 de 4 de mayo de 2016

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo a la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), o quien haga sus veces, y se dictan otras disposiciones.

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial, de las conferidas por los artículos 173 numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 13 parágrafo 4o de la Ley 1122 de 2007, 2 numerales 30 y 31 del Decreto ley 4107 de 2011, 30, 32, 38 y 39 del Decreto número 056 de 2015, y

Decreto ley 4107 de 2011, 30, 32, 38 y 39 del Decreto número 056 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1438 de 2011 estableció la obligación del Gobierno nacional de reglamentar el Sistema de Reconocimiento y Pago de la atención de las víctimas de accidentes de tránsito (SOAT), disminuyendo los trámites, reduciendo los agentes intervinientes, racionalizando el proceso de pago y generando eficiencia y celeridad en el flujo de los recursos;

Que con esa finalidad, se expidió el Decreto númer o 056 de 2015, por medio del cual se establecieron las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catas tróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demá s eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT;

Que el citado Decreto número 56 de 2015 atribuyó a este Ministerio la facultad de definir los requisitos, criterios y condiciones para la presentación de las reclamaciones, la realización de la auditoría integral y el pago de las mismas con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga, o quien haga sus veces, por lo que resulta necesario establecer un procedimiento para el trámite de las

reclamaciones, la realización de la auditoría integral y el pago de las mismas con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga, o quien haga sus veces, por lo que resulta necesario establecer un procedimiento para el trámite de las reclamaciones con cargo a los recursos de dicha Subcuenta, que garantice entre otros, los principios del debido proceso, igua ldad, imparcialidad, transparencia, eficacia, economía y celeridad;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

(…)

CAPÍTULO II.Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS

RECLAMACIONES.

(…) ARTÍCULO 5o. DOCUMENTOS PARA RECLAMACIONES FORMULADAS POR PERSONAS NATURALES. Además de los documentos relacionados en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto número 056 de 2015, para presentar las reclamaciones ante la Subcuenta ECAT del Fosyga, o quien haga sus veces, las personas naturales deberán anexar los siguientes documentos:

1. Si actúa por intermedio de apoderado, poder original debidamente otorgado a profesional del derecho , con presentación personal y huella del poderdante y del apoderado ante juez o notario, en el que se detallen las facultades otorgadas, acompañado de fotocopia legible de la tarjeta profesional y documento de identificación del apoderado.

2. Certificación de cuenta bancaria en original generada por la entidad financiera con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses, cuyo titular

profesional y documento de identificación del apoderado.

2. Certificación de cuenta bancaria en original generada por la entidad financiera con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses, cuyo titular sea la persona natural beneficiaria, donde indique tipo de cuenta, número, estado, fecha de apertura, sucursal y nombre e identificación del titular.

(…)

ARTÍCULO 15. DESARROLLO DE LA ETAPA DE RADICACIÓN . Durante esta etapa, el Fosyga o quien haga sus veces, realizará la digitalización y tipificación de los soportes físicos de las reclamaciones que superaron la etapa de pre radicación, posterior a lo cual se realizará en el caso de reclamaciones presentadas por persona jurídica, el cotejo de la información suministrada en el medio físico respecto de la entregada en el medio magnético en los campos correspondientes al tipo y número de documento de la víctima y número de la factura de venta. Si el resultado de esta comparación arroja identidad en los datos, se procederá al cargue de la información en el sistema de información del Fosyga o en su defecto el rechazo de la misma, el cual le será comunicado al reclamante a través de correo certificado, en un término no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de la reclamación.

En el caso de personas naturales, el Fosyga o quien haga sus veces realizará la captura y cargue al mencionado aplicativo de la información aportada en el formulario que para el efecto adopte este Ministerio a través de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social.

(…) PARÁGRAFO 2o. En el evento que las personas naturales reclamantes requieran modificar o actualizar los datos inicialmente suministrados y

formulario que para el efecto adopte este Ministerio a través de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social.

(…) PARÁGRAFO 2o. En el evento que las personas naturales reclamantes requieran modificar o actualizar los datos inicialmente suministrados y diligenciados en el formulario con el cual se presentó la reclamación, durante la etapa de radicación, deberán radicar documento escrito ante el Fosyga o quien haga sus veces, solicitando la devolución de la reclamación, lo cua l generará el rechazo de la misma. Posteriormente, siempre que no haya expirado el término para la presentación de la reclamación, la persona natural podrá presentarla con el formulario y los soportes respectivos.

(…)

ARTÍCULO 17. DESARROLLO DE LA ETAPA DE AUDITORÍA INTEGRAL

(…)Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

PARÁGRAFO 2o. En el evento que las personas naturales reclamantes requieran modificar o actualizar los datos inicialmente suministrados y diligenciados en el formulario con el cual se presentó la reclamación, y la etapa de auditoría no haya concluido, deberán radicar documento escrito ante el Fosyga o quien haga sus veces, solicitando la devolución de la misma, lo cual generará la devolución de la reclamación a la etapa de radicación y la aplicación de lo dispuesto en el par ágrafo 2 del artículo 15 del presente acto administrativo.

(…)

ARTÍCULO 27. CONDICIONES PARA EL PAGO. El giro o pago de las reclamaciones aprobadas total o parcialmente que se radiquen ante la

administrativo.

(…)

ARTÍCULO 27. CONDICIONES PARA EL PAGO. El giro o pago de las reclamaciones aprobadas total o parcialmente que se radiquen ante la Subcuenta ECAT del Fosyga, se efectuará directamente al beneficiario debidamente identificado, a través de una cuenta bancaria a nombre de este,

en una entidad fi nanciera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del mes siguiente a la fecha del cierre efectivo […]”.

Los apartes subrayados corresponden a las disposiciones demandadas del Decreto 780 de 2016:

“DECRETO 780 DE 2016

(mayo 6)

Diario Oficial No. 49.865 de 6 de mayo de 2016

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

(…)

DECRETA:

(…)

ARTÍCULO 2.6.1.4.3.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS. Para radicar la solicitud de indemnización por muerte y gastos funerarios de una víctima de accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de otro evento aprobado, los

FUNERARIOS. Para radicar la solicitud de indemnización por muerte y gastos funerarios de una víctima de accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de otro evento aprobado, los beneficiarios deberán radicar ante la as eguradora o el Ministerio de Salud yRadicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

Protección Social, o quien este designe, según corresponda los siguientes documentos:

(…)

3. Certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que conste que la persona atendida fue víctima de un evento catastrófico de origen natural o de un evento terrorista.

(…)

ARTÍCULO 2.6.1.4.3.9. CENSO DE VÍCTIMAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS DE ORIGEN NATURAL Y DE EVENTOS TERRORISTAS. Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ocurrencia de un evento catastrófico de origen natural o de un evento terrorista, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio en donde este ocurrió, elaborará un censo con la población que resultó víctima y lo remitirá al Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que se defina para el efecto. El censo deberá especificar como mínimo, el nombre e identificación de la víctima y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia del evento.

La remisión del mencionado censo o de la certificación en la que conste que la víctima hace parte del censo, constituirá condición indispensable para la

y lugar de la ocurrencia del evento.

La remisión del mencionado censo o de la certificación en la que conste que la víctima hace parte del censo, constituirá condición indispensable para la acreditación de la calidad de víctima y el consecuente pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo”.

(Subrayas ajenas al texto original)

1. La solicitud de suspensión provisional3

La parte demandante m anifestó que de la simple confrontación de los actos administrativos acusados con las normas superiores en que debieron fundarse se evidencia una violación clara a los principios constitucionales de buena fe , reparación integral a las víctimas, igualdad, eficacia y celeridad, así como una extralimitación de la potestad reglamentaria , puesto que se establecieron unas barreras administrativas desproporcionadas a las víctimas de atentados terroristas para obtener la reparación por el daño sufrido.

• Consideró que el numeral tercero del artículo 2.6.1.4.3.2 y el inciso segundo del artículo 2.6.1.4.3.9 del Decreto 780 de 2016 vulneran el principio de buena fe y de reparación integral de las víctimas “de la violencia” por exigir “el certificado emitido p or el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de

3 Folios 1 a 7 del Cuaderno de medida cautelar.Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

Desastres como requisito indispensable para acreditar la condición de víctima de atentados terroristas”.

-Señaló que el Ministerio de Salud y Protección Social incurrió en exceso de la

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

Desastres como requisito indispensable para acreditar la condición de víctima de atentados terroristas”.

-Señaló que el Ministerio de Salud y Protección Social incurrió en exceso de la potestad reglamentaria en el artículo quinto de la Resolución 1645 de 2016 , puesto que “no permite que la víctima autorice a una persona natural a presentar su reclamación, a pe sar que en el Decreto 780 de 2016 sí se establece esa posibilidad”.

-Indicó que el parágrafo segundo del artículo 15 y el parágrafo segundo del artículo 17 de la Resolución 1645 de 2016 transgreden los principios de eficacia y celeridad contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y desarrollados por la Ley 1437 de 2011, al exigir a las víctimas a iniciar nuevamente el procedimiento para las reclamaciones , en caso de que requieran modif icar o actualizar los datos inicialmente suministrados y diligenciados en el formulario con el cual se presentó la reclamación.

-Anotó que el numeral segundo del artículo 5 y el artículo 27 de la Resolución 1645 de 2016 vulneran el artículo 13 de la Cons titución Política al “obligar a las víctimas de atentados terroristas de (sic) abrir una cuenta bancaria para solicitar la indemnización y recibir el pago de esta, sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad económica de la mayoría de las víctimas” y el hecho de que en muchos lugares no haya presencia de instituciones bancarias. Agregó, que se le exige a las víctimas de atentados terroristas, a quienes se les debe dar un trato especial, los mismos requisitos que deben cumplir las

hecho de que en muchos lugares no haya presencia de instituciones bancarias. Agregó, que se le exige a las víctimas de atentados terroristas, a quienes se les debe dar un trato especial, los mismos requisitos que deben cumplir las EPS, IPS y compañías de seguros del SOAT.

Precisó que dichas barreras legales y administrativas generadas por la entidad encargada en la auditoría y aprobación de las solicitudes de indemnización (Unión Temporal Fosyga 2014) están obstaculizando el acceso a la reparación integral y revictimizan a los solicitantes forzándolos a acudir a la justicia constitucional para obtener el pago de la indemnización.Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

Refirió que a través de dos sentencias de tutela la Corte Constitucional4 le ha ordenado a la unión temporal abstenerse de generar barreras que obstaculicen el acceso efectivo de las víctimas de eventos terroristas a las prestaciones que les otorga el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Tramite de la medida cautelar

Por auto del 29 de julio de 20195, el despacho corrió traslado de la medida cautelar a la parte demandada para que ejerciera el derecho de contradicción.

2.1. Efectuadas las respectivas notificaciones 6 el Ministerio de Salud y Protección Social y el Presidente de la República guardaron silencio en relación con la solicitud de medida cautelar.

2.2. Mediante proveído del 21 de junio de 2021 7 se vinculó al proceso a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en

con la solicitud de medida cautelar.

2.2. Mediante proveído del 21 de junio de 2021 7 se vinculó al proceso a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, entidad que en el escrito de contestación de la demanda 8 se pronunció frente a la solicitud de suspensión.

Al respecto, señaló que la medida cautelar era improcedente por no encontrarse acreditados los presupuestos establecidos en el artículo 231 de l CPACA, especialmente lo relacionado con la carga argumentativa requerida que demuestre la necesidad de decretarla.

3. Consideraciones

Conforme con lo establecido por el artículo 238 de la Constitución Política, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean

4 Sentencias de tutela T-732 de 2013 y T-366 de 2018. 5 Folio 9 ibidem. 6 Folios 16 y 17 ibidem. 7 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 24 000 2018 00445 00. 8 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 24 000 2018 00445 00.Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

susceptibles de impugnación por vía judicial, por los mo tivos y con los requisitos que establezca la ley.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

susceptibles de impugnación por vía judicial, por los mo tivos y con los requisitos que establezca la ley.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo definió un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensión provisional, tanto para el medio de control de nulidad, como de nulidad y restablecimiento del derecho. Al efecto, en el inciso primero del artículo 231 estableció que la suspensión provisional procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.

En este sentido, la medida de suspensión provisional pretende evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide su constitu cionalidad y legalidad, y para su procedencia resulta necesario que, del análisis efectuado por el juez, se concluya que el acto acusado infringe las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.

Sobre este aspecto, la Sala Pl ena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia del 17 de marzo de 2015, expediente número 2014-03799, explicó 9 que del inciso primero del artículo 231 ibidem se desprende que para el estudio de la procedencia de la medida cautela r de suspensión provisional se requiere una valoración inicial del acto acusado con las normas superiores invocadas y, en ese sentido, precisó que si bien dicha

desprende que para el estudio de la procedencia de la medida cautela r de suspensión provisional se requiere una valoración inicial del acto acusado con las normas superiores invocadas y, en ese sentido, precisó que si bien dicha valoración inicial permite abordar la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, s e trata de un examen sumario, propio de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud el derecho de defensa, además, tal valoración inicial no constituye prejuzgamiento.

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 17 de marzo de 2015 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez . Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2014 03799 00.Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

4. El caso concreto

En el escrito de solicitud de la medida cautelar de suspensión de los efectos de las disposiciones atacadas, la parte actora expuso cuatro argumentos para fundamentar la procedencia de la petición, así: (i) que el numeral tercero del artículo 2.6.1.4.3.2. y el inciso segundo del artículo 2.6.1.4.3.9 del Decreto 780 de 2016 infringen los principios de buena fe y reparación integral de las víctimas; (ii) que el artículo quinto de la Resolución 1645 del 2016 incurrió en exceso de potestad reglamentaria; (iii) que el parágrafo segundo del artículo 15, así como del artículo 17 de la Resolución 1645 de 2016 transgrede n los

exceso de potestad reglamentaria; (iii) que el parágrafo segundo del artículo 15, así como del artículo 17 de la Resolución 1645 de 2016 transgrede n los principios de eficacia y celeridad y, por último, (iv) que el numeral segundo del artículo quinto y el artículo 27 de la Resolución 1645 de 2016 violan el derecho a la igualdad.

El despacho para resolver si hay lugar a decretar la medida cautelar solicitada se detendrá en cada uno de los reparos formulados por la parte demandante

4.1. En cuanto al numeral tercero del artículo 2.6.1.4.3.2 y el inciso segundo del artículo 2.6.1.4.3.9 del Decreto 780 de 2016

La parte actora alega que las precitadas disposiciones vulneran los principios de buena fe y reparación integral, dado que exigen como un requisito indispensable para acreditar la condición de víctimas de atentados terroristas el certificado expedido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre.

El despacho considera que no se advierte prima facie que las disposiciones señaladas infrinjan los principios de buena fe y reparación integral, según pasa a explicarse:Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

(i) El principio de buena fe está establecido por el artículo 83 de la Constitución Política10 y ha sido entendido por la Corte Constitucional11 “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades

Política10 y ha sido entendido por la Corte Constitucional11 “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del princ ipio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos”.

El Tribunal Constitucional también ha precisado que el principio de buen a fe no es absoluto por cuanto su aplicación debe ser ponderada con otros principios constitucionales igualmente importantes como la seguridad jurídica, el interés general o la salvaguarda de los derechos de los terceros , en ese sentido, ha sostenido que 12 “el principio de la buena fe no implica que las autoridades públicas deban regular los asuntos suponiendo que las personas se portan siempre bondadosamente y que cumplen voluntariamente con todas sus obligaciones legales. Tampoco se opone a que, con el pro pósito de salvaguardar el interés general, el legislador prevea la posibilidad de que se den ciertos comportamientos contrarios a derecho y adopte medidas para

sus obligaciones legales. Tampoco se opone a que, con el pro pósito de salvaguardar el interés general, el legislador prevea la posibilidad de que se den ciertos comportamientos contrarios a derecho y adopte medidas para prevenir sus efectos ni a que se establezcan determinadas regulaciones y trámites administrativos”.

(ii) En ese sentido, el hecho de que el numeral tercero del artículo 2.6.1.4.3.2 establezca que entre los documentos exigidos para presentar la solicitud de

10 “ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 11Corte Constitucional. Sentencia C-131-04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 12 Ibidem.Radicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios de una víctima de accidente de tránsi to, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de otro evento aprobado, los beneficiaros deberán aportar el certificado emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en el que conste que la persona fue víctima de un evento catastrófico de origen natural o de un evento terrorista, no infringe ab initio el principio constitucional de buena fe, toda vez que dicha exigencia pretende asegurar que las indemnizaciones sean pagadas a quienes en realidad son víctimas para así proteger que los dineros públicos estén siendo efectivamente destinados al fin para el cual fueron previstos.

asegurar que las indemnizaciones sean pagadas a quienes en realidad son víctimas para así proteger que los dineros públicos estén siendo efectivamente destinados al fin para el cual fueron previstos.

Sumado a lo señalado, se destaca que , como lo ha sostenido la Corte Constitucional, el principio de la buena fe no se opone a que se adopten medidas o se establezcan regulaciones o trámites administrativos para evitar comportamientos contrarios a derecho y prevenir sus efectos.

(iii) Iguales consideraciones son aplicables al artículo 2.6.1.4.3.9 del Decreto 780 de 2016 que establece que dentro de los treinta días calendario siguientes a la ocurrencia de un evento catastrófico de origen natural o de u n evento terrorista, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio en el que ocurrió, elaborará un censo con la población que resultó víctima y, a su vez, el inciso segundo de dicha disposición prevé que el censo o la certificación en la que conste que la víctima hace parte del censo, constituye condición indispensable para la acreditación de la calidad de víctima y el consecuente pago de los servicios de salud, indemnizaciones y demás gastos.

Lo anterior, debido a que , la precitada norma regula la manera en la que se debe acreditar la condición de víctima para los eventos allí señalados, sin que dicha regulación pueda considerarse que es contraria, prima facie, al principio de buena fe.

(iv) En lo atinente a la reparación integral, la Corte Constitucional ha señalado que es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a la víctima alRadicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

(iv) En lo atinente a la reparación integral, la Corte Constitucional ha señalado que es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a la víctima alRadicado: 11001-03-24-000-2018-00445-00

Demandante: Sofía de Vega Mujica y otros

estado en el que se encontraba con anterioridad al hecho que originó tal condición, “por lo tanto, el hecho victimizante con el cual se vulneraron los derechos humanos genera en favor de la persona que lo padeció el derecho fundamental a la reparación integral, lo que se hace efectivo “a través de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición consagradas en el Derecho Internacional, que se desprenden de la condición de víctimas y que deben ser salvaguardados por el Estado independientemente de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena de los victimarios”13.

(v) De este mo do, tampoco se obser va ab initio que el numeral tercero del artículo 2.6.1.4.3.2 y el inciso segundo del artículo 2.6.1.4.3.9 del Decreto 780 de 2016 infrinjan el derecho a la reparación integral de las víctimas, dado que tales disposiciones están ubicadas en el capítulo cua rto del referido decreto, el cual tiene por objeto establecer las condiciones de cobertura, ejecución de recursos, funcionamiento y aspectos complementarios para el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gasto s derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gasto s derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Al efecto, el artículo 2.6.1.4.1 del Decreto 780 de 2016 establece que el capítulo cuarto tiene por objeto lo siguiente:

“[…] Artículo 2.6.1.4.1 Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto establecer las condiciones de cobertura, ejecución de recursos, funcionamiento y aspectos complementarios para el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, en que deben operar tanto la Subcuenta ECAT del Fosyga, como las entidades aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT y demás entidades referidas en el ámbito de aplicación de este acto a