CE - 110010324000202000281001AUTOQUERESUEL20230303110309

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad Número único de radicación: 11001032400020200028100 (acumulados 11001032400020200048100, 11001032400020200051600, 110010324000 20200052200, 110010302400020210000100 y 110010324000202100246)1

Demandante: Stephanie Paola Mesa Guerrero

Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

Asunto: Resuelve sobre un recurso de súplica interpuesto contra un auto que decretó una medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala procede a resolver el recurso de súplica interpuesto por la parte demandada contra el auto de 25 de febrero de 20222, por medio del cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto parcialmente acusado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii) Consideraciones de la Sala ; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. Stephanie Paola Mesa Guerrero presentó demanda 3 contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio del medio de control de nulidad4,

continuación.

I. ANTECEDENTES

1. Stephanie Paola Mesa Guerrero presentó demanda 3 contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio del medio de control de nulidad4, para que se declare la nulidad de la expresión “[…] con título de especialista en el

1 La Consejera Ponente, mediante auto de 8 de octubre de 2021, ordenó la acumulación de los procesos identificados con los números unicos de radicación 11001032400020200048100; 11001032400020200052200; 11001032400020210000100 y 11001032400020200051600. Cfr, Índice SAMAI actuación núm. 30 “[…] AUTO QUE RESUELVE; 37_AUTOQUERESUELVE_AUTOQUER(.DOC) NroActua 30 […]” 2 Cfr. Índice núm. 68 del aplicativo web “SAMAI”. 3 En nombre propio. 4 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, “ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.2

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ámbito de su disciplina […]” contenida en el numeral 1.2 del acápite “[…] 11.2.2 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA […]” del anexo técnico denominado “[…] manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud […]” de la Resolución núm. 31 00 de 2019, expedida por el Ministerio de

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA […]” del anexo técnico denominado “[…] manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud […]” de la Resolución núm. 31 00 de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Solicitud de medida cautelar

2. La parte demandante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del acto parcialmente acusado, así:

2.1. Manifestó que el menciona do aparte vulnera los artículos: i) 26 y 84 de la Constitución Política; ii) 2° de la Ley 14 de 19625; 18, 19 y iii) 21 de la Ley 1164 de 20076, por haber sido expedido con infracción de las normas superiores de rango constitucional y legal en que debía fundarse.

2.2. Adujo, frente a los artículos constitucionales citados supra e invocados como violados que, se desconoce la cláusula de reserva de ley, teniendo en cuenta que se exige el título de especialista para la prestación de los servicios de medicina alternativa, siendo un título de idoneidad que la Ley no prevé.

2.3. Indicó que se violó el artículo 2 de la Ley 14 de 1962 comoquiera que para el ejercicio de la medicina alternativa no se requiere un título en la modalidad de especialización o posgrado , por lo que no le es permitido a la parte demandada exigir títulos de idoneidad.

2.4. Expresó que, los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 1164 de 2007 autorizan a las profesiones del área de la salud a ejercer la medicina y las terapias alternativas ,

2.4. Expresó que, los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 1164 de 2007 autorizan a las profesiones del área de la salud a ejercer la medicina y las terapias alternativas , únicamente, con la acreditación de certificaciones académicas, expedidas por una institución de educación superior , además que desconoce la prohibición de exigir requisitos adicionales para el ejercicio de las profesiones en el área de la salud.

2.5. Señaló que la parte demandada extralimitó sus competencias dado que la exigencia de un título de especialista al personal que presta los servicios de consulta externa especializada en medicina alternativa y homeopatía, constituye el requerimiento de un título de idoneidad, r equisito que por mandato expreso de la Constitución Política únicamente puede ser establecido por el legislador.

5 “[…] Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la medicina y cirugía […]” 6 “[…] Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud […]”3

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Providencia objeto del recurso de súplica y sus fundamentos

3. La Consejera Ponente , mediante auto de 25 de febrero de 20227, decretó la suspensión provisional de los efectos de la expresión “[…] de especialista […]”, prevista en el numeral 1.2 de l acápite “[…] 11.2.2 SERVICIO DE CONSULTA

suspensión provisional de los efectos de la expresión “[…] de especialista […]”, prevista en el numeral 1.2 de l acápite “[…] 11.2.2 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA […]” del anexo técnico denominado “[…] manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud […]” de la Resolución núm. 3100 de 25 de noviembre de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y protección Social.

4. Fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:

“[…] De la lectura de las disposiciones acusadas y su confrontación con las normas superiores invocadas como transgredidas, el Despacho advierte, en un juicio a priori propio de la cautela que se estudia, que existe una contradicción entre lo dispuesto por el Ministerio en relación con el “estándar de talento humano” establecido para la medicina alternativa y complementaria en la resolución acusada y lo previsto por el legislador como presupuesto para el ejercicio de las medicinas y las terapias alternativas y complementarias.

En efecto, los artículos invocados como vulnerados expresamente establecen una autorización de manera general a todos los profesionales de la salud para ejercer la medicina y las terapias alternativas, sin que dichas prácticas se restrinjan únicamente a los profesionales que tengan título de especialista.

[…]

[…] en aras de salvaguardar los intereses superiores de los usuarios del sistema de salud y su derecho fundamental a la salud, el Ministerio, en ejercicio de las facultades regulatorias que le otorga la Ley, así como de sus competencias para expedir la reglamentación necesaria para dar aplicación al Sistema Obligatorio de Garantía de

salud y su derecho fundamental a la salud, el Ministerio, en ejercicio de las facultades regulatorias que le otorga la Ley, así como de sus competencias para expedir la reglamentación necesaria para dar aplicación al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud, está facultado para exigir la acreditación de una determinada competencia profesional por parte de los recursos humanos de una institución prestadora de estos servicios como condición para su habilitación institucional; sin embargo, ello no faculta a dicho Ministerio para crear requisitos como lo es la exigencia de la titulación de especialista como condición para desempeñar la medicina alternativa.

[…] la Sala Unitaria encuentra que no resulta legítimo que el Ministerio fije un estándar que impone como única opción, para el ejercicio de la medicina alte rnativa y los procedimientos de las terapias alternativas y complementarias, la obtención del diploma o de cualquier otro título de especialista que no fue exigido por la Ley, dado que, para el efecto, únicamente establece la exigencia de acreditar la cali dad de profesional autorizado para ejercer una profesión del área de la salud a través del correspondiente título o certificado académico, expedido por una institución de educación superior.

Significa lo precedente que la regulación frente al personal autorizado para ejercer la medicina alternativa y las terapias alternativas y complementarias, es de competencia exclusiva del legislador; por lo tanto, se advierte una extralimitación del ejercicio de la potestad reglamentaria, lo cual hace procedente la suspensión provisional deprecada. […]”.

7 Cfr. Índice núm. 61 del aplicativo web “SAMAI”.4

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

[…]”.

7 Cfr. Índice núm. 61 del aplicativo web “SAMAI”.4

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recurso de súplica y sus fundamentos

5. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante escrito de 10 de marzo de 2022 recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, interpuso recurso de reposición y, en subsidio de súplica, contra el auto de 25 de febrero de

2022, bajo los siguientes argumentos:

5.1. Argumentó que la medida cautelar decretada genera las siguientes consecuencias: i) la habilitación de los servicios de medicina alternativa y terapias alternativas y complementarias con profesionales no especializados, lo que sería contrario a las normas que regulan el ejercicio de las competencias de los especialistas; y ii) se estarían ofertando servicios a pacientes con profesionales no especializados, lo cual llevaría a confusión o engaño a los usuarios.

5.2. Indicó que el objetivo fue regular, dentro del estándar de talento humano del servicio de consulta externa especializada, las condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, entendiendo que, el estándar de talento humano en el Servicio de Consulta Externa Especializada debe ser diferente al del Servicio de Consulta Externa General.

5.3. Señaló que el Sistema Único de Habilitación, en el cual se efectúa el registro

Especializada debe ser diferente al del Servicio de Consulta Externa General.

5.3. Señaló que el Sistema Único de Habilitación, en el cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren habilitados, que prevé los servicios de salud en concordancia con la oferta académica legalmente reconocida en Colombia, es decir, tanto para pregrado como para especialidades, por lo que los profesionales de la salud que ostentan título de pregrado pueden habilitar el Servicio de Consulta Externa General con el título que les fue otorgado, pero no el de Consulta Externa Especializada, porque no acreditan un título de especialista.

5.4. Indicó finalmente que, dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calida d en Salud, la habilitación es uno de los componentes que lo integran, corresponde a la parte demandada expedir la reglamentación necesaria para la aplicación del mismo.

5.5. En este sentido solicitó que se revoque la decisión adoptada y en su lugar, deniegue la medida cautelar de suspensión provisional.5

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Traslado del recurso de reposición y, en subsidio, de súplica

6. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación corrió el traslado del recurso de reposición, y en subsidio de súplica, mediante aviso que fijó el 14 de marzo de 20228.

6. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación corrió el traslado del recurso de reposición, y en subsidio de súplica, mediante aviso que fijó el 14 de marzo de 20228.

7. La parte demandante, mediante escrito de 17 de marzo de 2022, recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, solicitó mantener el decreto de la medida cautelar, en atención a que, la expresión objeto de la presente demanda desconoce normas superiores, en tanto pretende exigir un título de especialista para el ejercicio de la medicina alternativa, que no está previsto en la Ley y que, por lo tanto, constituye una extralimitación de las competencias de la entidad.

8. Adujo que no le asiste razón a la parte demandada al indicar que el servicio de Consulta Externa Especializada exige que sean habilitados únicamente profesionales que cuenten con títulos de especialistas, puesto que una regulac ión de habilitación de servicios emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social no es la vía para establecer o definir títulos de idoneidad distintos a los requeridos por el legislador.

Auto de 27 de mayo de 2022

9. La Consejera Ponente, mediante auto de 27 de mayo 2022, resolvió:

“[…] Primero: NO REPONER la providencia de 25 de febrero de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto.

Segundo: Remítase el expediente al Despacho que sigue en turno, con el fin de tramitar el recurso ordinario de súplica interpuesto por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL contra la providencia de 25 de febrero de 2022. […]”.

Segundo: Remítase el expediente al Despacho que sigue en turno, con el fin de tramitar el recurso ordinario de súplica interpuesto por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL contra la providencia de 25 de febrero de 2022. […]”.

10. Fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:

“[…] la medida cautelar decretada se sustentó en la contradicción advertida entre el contenido del acto acusado (parcial) y lo preceptuado en los artículos artículos (sic) 18 y 19 de la Ley 1164 […].

[…] que los artículos invocados como vulnerados en la solicitud de la medida cautelar expresamente autorizaron a los profesionales de la salud para ejercer la medicina y las terapias alternativas, sin restringir dichas prácticas únicamente a quienes cuenten con título de especialista, por lo que resultaba procedente la suspensión de los efectos de la expresión “de especialista”, prevista en el numeral 1.2 del acápite 11.2.2. de la Resolución núm. 3100 de 2019.

8 Cfr. Índice núm. 72 del aplicativo web “SAMAI”.6

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[…]

[…] es preciso mencionar que, a voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los e fectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, presupuesto que

[…] es preciso mencionar que, a voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los e fectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, presupuesto que quedó acreditado en el proceso y que dio lugar a acceder a la medida solicitada por la parte actora; por consiguiente los razonamientos en torno a posibles “efectos” que pueda generar la medida decretada no son objeto de análisis en el juicio de legalidad que dicta la citada norma y de ahí que no tengan la virtualidad de enervar dicha medida.

[…]

[…] es importante mencionar que no se discute que las competencias propias de las profesiones y ocupaciones, según los títulos o certificados respectivos obtenidos legalmente, deben ser respetadas por los prestadores del servicio de salud y, en esa medida, no pue den ofrecerse o habilitarse como servicios especializados aquellos procedimientos que no respondan a una (sic) área de especialización de la salud. […]”.

II. CONSIDERACIONES

11. La Sala abordará el estudio de las consideraciones, en las siguientes partes: i) la competencia; ii) procedencia y oportunidad del recurso de súplica; iii) el problema jurídico; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia

12. Vistos los artículos 125 9, sobre expedición de providencias, y 24610, sobre el recurso de súplica, de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 11: esta Sala es

Competencia

12. Vistos los artículos 125 9, sobre expedición de providencias, y 24610, sobre el recurso de súplica, de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 11: esta Sala es competente para resolver el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 25 de febrero de 202 2, con exclusión de la Consejera que profirió el auto objeto del recurso.

Procedencia y oportunidad del recurso de súplica

13. Vistos los artículos 24312, sobre apelación, en especial el numeral 5.º; 24413, sobre el trámite del recurso de apelación contra autos, y 24614, sobre súplica, de la Ley 1437, y atendiendo a que: i) por medio del auto objeto de recurso se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la expresión “[…] de

9 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”. 10 Modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. 11 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”. 12 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080. 13 Modificado por el artículo 64 de la Ley 2080. 14 Modificado por el artículo 66 de la Ley 2080.7

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

13 Modificado por el artículo 64 de la Ley 2080. 14 Modificado por el artículo 66 de la Ley 2080.7

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co especialista […]”, prevista en el numeral 1.2 de l acápite “[…] 11.2.2 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA […]” del anexo técnico denominado “[…] manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud […]” de la Resolución núm. 3100 de 25 de noviembre de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y protección Social; y ii) la parte demandada interpuso el recurso de reposición, y en subsidio de súplica, dentro del término legal15: esta Sala considera que el recurso de súplica es procedente.

14. Agotado el procedimiento previsto en la Ley 1437 para el recurso de súplica, la Sala procederá a examinar l os argumentos expuestos por la parte demandada en el recurso interpuesto contra el auto de 25 de febrero de 2022.

15. De conformidad con los artículos 32016 y 32817 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, frente al problema jurídico planteado infra.

Problema jurídico

16. Le corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el auto recurrido y el

cuales se contrae dicho recurso, frente al problema jurídico planteado infra.

Problema jurídico

16. Le corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el auto recurrido y el recurso de súplica interpuesto por la parte demandada, si se reunían los requisitos de ley para decretar la suspensión provisional de los efectos de la expresión “[…] de especialista […]”, prevista en el numeral 1.2 del acápite “[…] 11.2.2 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA […]”, del anexo técnico denominado “[…] manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud […]” de la Resolución núm. 3100 de 25 de noviembre de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social ; porque de la confrontación del acto administrativo acusado parcialmente con lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 1164 de 200719 se vislumbra una vulneración; y en ese sentido establecer, si se confirma, modifica o revoca el auto de 25 de febrero de 2022.

15 Cfr. Índice 68 de la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. Documento ”RECURSO (.pdf)NroActua 68” 16 “[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por obje to que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”.

para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”. 17 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. […]”. 18 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 19 “[…] Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud […]”.8

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

17. Vistos los artículos: i) 229 de la Ley 1437, sobre la procedencia de las medidas cautelares; ii) 230 ibidem, referente al contenido y el alcance de las medidas

suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

17. Vistos los artículos: i) 229 de la Ley 1437, sobre la procedencia de las medidas cautelares; ii) 230 ibidem, referente al contenido y el alcance de las medidas cautelares; y iii) 231 ibidem, que regula los requisitos para decretar las medidas cautelares.

18. Esta Sala considera que, atendiendo lo previsto en la Ley 1437, para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando esta se fundamente en la violación de las disposiciones superiores que se invoquen, bien sea en la demanda o en escrito separado, necesariamente se le impone al juez un deber de análisis de las normas, en confrontación directa con el acto demandado o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

19. Con el fin de verificar los requisitos establecidos para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, esta Sala en providencia de 26 de junio de 2020 20 consideró que el legislador dividió el artículo 231 de la Ley 1437 en tres partes: la primera, hace referencia a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad; la segunda, a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión p rovisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y la tercera, se refiere a los requisitos para decretar otros tipos de medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los e fectos de un acto

acto administrativo, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y la tercera, se refiere a los requisitos para decretar otros tipos de medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los e fectos de un acto administrativo, como lo son las de carácter preventivo, conservativo y anticipativo.

20. La Sala, en la providencia citada supra, indicó que cuando se trata de medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y se acredita que el acto acusado contraviene el ordenamiento jurídico superior, de manera implícita se reúnen los requisitos de periculum in mora y fumus boni iuris porque en un Estado Social de Derecho estos elementos siempre concurren cuando se trata de la transgresión del ordenamiento jurídico por las autoridades públicas21.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hern ando Sánchez Sánchez; expediente con núm. único de radicación: 110010324000201600295-00. 21 Sobre el particular también se puede ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Expediente con núm. Único de radicación: 110010324000201600295. C.P. Dr. Hernando Sanchez Sanchez.9

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto

Sobre la habilitación de los profesionales con título de especialista en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto

Sobre la habilitación de los profesionales con título de especialista en el Servicio de Consulta Externa Especializada

21. La parte demandada indicó que el numeral 11.2.2 que regula el servicio de consulta externa especializada, tiene como finalidad: “[…] garantizar que el Servicio de Consulta Externa Especializada, sea habilitado con profesionales con título de especialista. Para el caso concreto, habilitar en el Servicio de Consulta Externa Especializada, los profesionales de la salud con título de especialista en medicina alternativa y terapias alternativas y complementarias, toda vez que, se reitera, este servicio es exclusivo para quienes acreditan título de especialista. […]”. (Destacado del texto original)

22. La Sala observa que el artículo 231 de la Ley 1437, sobre requisitos para decretar las medidas cautelares, señala que, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se reali ce en escrito separado; lo anterior, cuando la violación surja del análisis del acto o actos acusados y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

23. Esta Sección22, en providencia de 11 de marzo de 2014 sostuvo que, para que la medida cautelar sea procedente, la parte demandante debe presentar unos argumentos que permitan tener los elementos suficientes para realizar una

valoración adecuada. Para el efecto consideró:

la medida cautelar sea procedente, la parte demandante debe presentar unos argumentos que permitan tener los elementos suficientes para realizar una valoración adecuada. Para el efecto consideró:

“[…] La jurisprudencia ya ha ido señalando que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o “prejuzgamiento” de la causa […]. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el juez ten ga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia. […]”. (Destacado de la Sala).

24. En el sub lite la parte demandante solicitó la suspensión de los efectos jurídicos de la expresión “[…] con título de especialista en el ámbito de su disciplina […]” contenida en el numeral 1.2 del acápite “[…] 11.2.2 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA […]” del anexo técnico denominado “[…] manual de

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 11 de marzo de 2014, número único de radicación 1100103240002013-0503-00, MP Guillermo Vargas Ayala.10

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

número único de radicación 1100103240002013-0503-00, MP Guillermo Vargas Ayala.10

Núm. único de radicación: 11001032400020200028100

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud […]” de la Resolución núm. 3100 de 2019, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a que, a su juicio, vi ola lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 1164 de 2007.

25. Los artículos indicados disponen:

“[…] Artículo 18. Requisitos para el ejercicio de las profesiones y ocupaciones del área de la salud. Las profesiones y ocupaciones del área de la salud se entienden reguladas a partir de la presente ley, por tanto, el ejercicio de las mismas requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Acreditar una de las siguientes condiciones académicas:

a) Título otorgado por una institución de educaci ón superior legalmente reconocida, para el personal en salud con formación en educación superior (técnico, tecnólogo, profesional, especialización, magíster, doctorado), en los términos señalados en la Ley 30 de 1992, o la norma que la modifique, adiciona o sustituya;

b) Certificado otorgado por