CE - 110010324000202000387001SENTENCIA20230413164837

Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

Demandada: Universidad de Córdoba Rad: 11001-03-24-000-2020-00387-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD SIMPLE Radicación: 11001-03-24-000-2020-00387-00

Demandantes: RAFAEL RICARDO COGOLLO PITALÚA , EVERALDO

JOAQUÍN MONTES, PIERRE AUGUSTO PEÑA SALGADO

Y OMAR ANDRÉS PÉREZ SIERRA

Demandado: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Tema: Autonomía universitaria, alcance de la facultad de modificar los estatutos generales

SENTENCIA - ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de simple nulidad, promovido por los señore s Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa , Everaldo Joaquín Montes, Pierre Augusto Peña Salgado y Omar Andrés Pérez Sierra, con el fin de obtener la nulidad total del Acuerdo 106 de 2017 y parcial del Acuerdo 270 de 2017 (artículos 29 – parágrafo transitorio – y 41 – primer inciso y parágrafo transitorio), proferidos por el Consejo Superior de la Universidad de

Acuerdo 270 de 2017 (artículos 29 – parágrafo transitorio – y 41 – primer inciso y parágrafo transitorio), proferidos por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, que extendieron los períodos del cargo de rector y de los representantes del citado cuerpo colegiado.

Se precisa que la ponencia inicial realizada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra tuvo consenso en lo referente a los antecedentes y lo resuelto en los capítulos 3.4.1 y 3.4.21, por lo que se mantendrá tal estudio.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Los señores Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa, Everaldo Joaquín Montes, Pierre Augusto Peña Salgado y Omar Andrés Pérez Sierra , en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, presentaron demanda

1 En este cargo lo referente a la prórroga del rector.Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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en contra de los siguientes actos administrativos de carácter general: (i) Acuerdo 106 del 7 de junio de 2017, expedido por el Consejo Superior Universitario2; (ii) Acuerdo 270 de 12 de diciembre de 2017 3, expedido por el referido colegiado (artículos 29 – parágrafo transitorio –, 41 – primer inciso y parágrafo transitorio);

Acuerdo 270 de 12 de diciembre de 2017 3, expedido por el referido colegiado (artículos 29 – parágrafo transitorio –, 41 – primer inciso y parágrafo transitorio);

El Acuerdo 106 de 7 de junio de 2017 es del siguiente tenor:

A su turno, el Acuerdo 270 de 12 de diciembre de 2017, en específico, los artículos 29 –parágrafo transitorio– y 41 –primer inciso y parágrafo transitorio-, fueron redactados de la siguiente forma:

«29. Los representantes ante el Consejo Superior Universitario de las Directivas Académicas, de los docentes, de los estudiantes, de los egresados, del sector productivo y de los exrectores serán elegidos para un periodo de cuatro (4) años.

PARÁGRAFO TRANSITO RIO. El periodo contemplado en el artículo precedente, cobijara a los actuales miembros del Consejo Superior Universitario. (…)

2 Por el cual se modifica el artículo 38 del Acuerdo 0021 de 24 de junio de 1994, estatuto general de la Universidad de Córdoba y el artículo 1º del Acuerdo 017 de 23 de mayo de 2012, por el cual se modifica el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales de la citada universidad. 3 Por medio del cual se adopta el estatuto general de la Universidad de Córdoba.Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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41 Representante Legal. El rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de Córdoba y su representante legal; quien será designado por el Consejo Superior Universitario, ante el cual, toma posesión por un periodo de cinco (5) años. El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional o cualquier otro cargo público o privado.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El periodo contenido en el artículo anterior, cobija el presente periodo rectoral, el cual finalizará el 18 de diciembre de 2020.»

1.1 Hechos

El Consejo Superior de la Universidad de Córdoba expidió el Acuerdo 0021 del 24 de junio de 1994, mediante el cual adoptó su estatuto general y en el artículo 384 estableció que el período del rector de dicha institución sería de tres (3) años.

El citado cuerpo colegiado designó como rector de ese ente autónomo al señor Jairo Miguel Torres Oviedo, a través del Acuerdo 118 del 18 de diciembre de 2015, para un periodo de 3 años contados a partir del 19 de diciembre de 2015 , de tal suerte que debía ejercer el cargo hasta el 19 de diciembre de 2018.

El Consejo Superior, mediante Acuerdo 106 del 7 de junio de 2017 5, modificó el período del rector a cuatro (4) años; a su vez, dispuso que esta nueva previsión cobijaría el término rectoral que cursaba el señor Torres Oviedo, el cual se

período del rector a cuatro (4) años; a su vez, dispuso que esta nueva previsión cobijaría el término rectoral que cursaba el señor Torres Oviedo, el cual se ampliaría hasta el 18 de diciembre 2019.

Posteriormente, el citado órgano, mediante Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017, adoptó u n nuevo estatuto general del ente universitario , y entre sus aspectos novedosos, consagró:

4 Artículo 38. El Rector de la Universidad de Córdoba será designado para un período de tres (3) años, contados a parti r de la fecha de su posesión y podrá ser removido por las causales establecidas en la Ley y en estos Estatutos. Se posesionará ante el Consejo Superior Universitario, en reunión de este organismo convocada para tal fin. 5 Artículo 1º. Modifíquese el artículo 38 del Acuerdo 0021 de 1994. Estatuto General de la Universidad de Córdoba el cual quedará así: “Artículo 38: El Rector de la Universidad de Córdoba será designado para un periodo de cuatro (4) años, contados a partir d e la fecha de su posesión y podrá ser removido por las causales establecidas en la Ley y en estos Estatutos. Se posesionará ante el Consejo Superior Universitario, en reunión de este organismo convocada para tal fin. // Parágrafo: Podrá haber reelección por un periodo rectoral; en todo caso se prohíbe la reelección por más de un periodo adicional, al periodo inicial”. Artículo segundo. “La decisión anterior cobija el presente periodo rectoral el cual finalizará el 18 de diciembre de 2019”.

adicional, al periodo inicial”. Artículo segundo. “La decisión anterior cobija el presente periodo rectoral el cual finalizará el 18 de diciembre de 2019”. Artículo tercero. “Modifíquese el artículo 1º del Acuerdo 017 de 2012, en el que se establece la naturaleza del cargo del rector, el cual quedará así: Naturaleza del empleo: funcionario público de período fijo por cuatro (4) años. Reelegible hasta por un período adicional”. Artículo cuarto. “El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el artículo 38 del acuerdo número 0021 del 24 de junio de 1994 Estatuto General de la Universidad de Córdoba y el artículo 1 del Acuerdo 017 del 23 de mayo de 2012 que modificó el Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales de la Universidad de Córdoba y las demás disposiciones que le sean contrarias.”Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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1. El período del cargo de rector en (5) años (inciso único del artículo 41), ii) Que el anterior plazo cobijaba el ciclo rectoral que cursaba el señor Torres Oviedo , por lo que su permanencia en el cargo se amplió nuevamente por un (1) año; en este orden, ostentaría dicho empleo por un lapso de (5) años que culminarían el 18 de diciembre de 2020

(parágrafo transitorio del artículo 41).

nuevamente por un (1) año; en este orden, ostentaría dicho empleo por un lapso de (5) años que culminarían el 18 de diciembre de 2020 (parágrafo transitorio del artículo 41). iii) Amplió el período de los miembros del Consejo Superior a 4 años y en su parágrafo transitorio dispuso que la modificación se aplicaría a quienes integraban en ese momento tal cuerpo colegiado (Artículo 29 del Acuerdo 270 de 2017).

La parte actora afirmó que vencidos los tres (3) años del mandato del señor Jairo Miguel Torres Oviedo, el Consejo Universitario no adelantó el procedimiento administrativo para una nueva designación ni en forma ordinaria, ni por encargo.

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

Los demandantes aducen que se violaron los artículos 1, 2, 6, 29, 40 (numerales 1 y 2), 58 (inciso 1), 69 (inciso 1), 121, 122 (inciso 2) y 209 de la Constitución Política; 1, 3 (numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) , de la Ley 1437 de 2011, (artículo 35, numeral 5), así como los principios de participación, irretroactividad de los actos administrativos, legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima, primacía del interés general, moralidad, proporcionalidad, responsabilidad y principio democrático6.

Advirtieron las anteriores infracciones normativas, por cuanto consideran que, a través de las prórrogas establecidas en los acuerdos demandados, los períodos para los cuales fueron elegidos el rector y los miembros del Consejo Superior

democrático6.

Advirtieron las anteriores infracciones normativas, por cuanto consideran que, a través de las prórrogas establecidas en los acuerdos demandados, los períodos para los cuales fueron elegidos el rector y los miembros del Consejo Superior Universitario, se ampliaron “irregularmente (…) a través de un acto general” , es decir con un acto abstracto, general e impersonal, beneficiaron a quienes en ese momento ocupaban los cargos, haciendo a la medida la prórroga de los citados funcionarios.

Los demandantes cuestionan que se haya adoptado un acto de naturaleza electoral, dando apariencia de acto general. En concreto, en la demanda se aduce que: «Un Estatuto no es un acto electoral, por ello prolongación del periodo específico de un funcionario electo, no puede hacerse por medio del Estatuto. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba, en principio seria

6 Si bien se hicieron precisiones sobre el alcance de estos postulados constitucionales el argumento definitorio en el que giró los cargos de la demanda se cimentó en que, a través de un acto administrativo general, se afectó el derecho de la colectividad a participar una vez terminado el inicial periodo del rectorDemandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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competente para ampliar el periodo rectoral en ejercicio de la autonomía universitaria, empero, tal prolongación debió estar conforme a un debido proceso

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competente para ampliar el periodo rectoral en ejercicio de la autonomía universitaria, empero, tal prolongación debió estar conforme a un debido proceso administrativo.»

De otro lado, adujeron que los citados actos administrativos fueron expedidos con desviación de poder , en razón a que los artículos 2 del Acuerdo 106 y 41 (parágrafo transitorio) del Acuerdo 270 “alteraron súbitamente el periodo rectoral” sin que existieran razones realmente objetivas para hacerlo, con lo que de contera, se desconoció el principio de confianza legítima de los docentes (aspirantes o no) y demás estamentos de la Universidad de Córdoba, de ahí que se transgredieran los derechos legítimos sobre la materia, lo anterior en apoyo de jurisprudencia constitucional7.

Insistieron en que se persiguieron fines diferentes a la ampliación impersonal del período rectoral y de los consejeros con lo cual consiguieron la “ prolongación dolosa” de dichos términos, acción que no se tradujo en el interés general de la comunidad académica, sino que persiguió objetivos extraños a los señalados en los estatutos, normas legales y supralegales, para favorecer a un tercero por motivos personales , con lo cual hubo un ejerc icio excesivo del derecho a la autonomía universitaria, que contraviene el principio de proporcionalidad.

Como razonamiento adicional, resaltaron la jurisprudencia del Consejo de Estado8, para decir que las decisiones administrativas no deben buscar un fin distinto al “señalado en la ley, es decir, separarse del interés general, el cual debe lograr la mejor prestación del servicio público y la buena marcha de la

Estado8, para decir que las decisiones administrativas no deben buscar un fin distinto al “señalado en la ley, es decir, separarse del interés general, el cual debe lograr la mejor prestación del servicio público y la buena marcha de la administración”.

Finalmente, afirmaron que con las actuaciones censuradas se desconoció el derecho de audiencia y defensa, toda vez que se cobijó el cargo de rector a través de un estatuto general, coartando las expectativas de aquellos interesados, como los accionantes que, por reunir el lleno de los requisitos legales, podían ser designados para dich a dignidad en el per íodo inmediatamente siguiente al del rector en curso, 2018-2021.

2. Admisión de la demanda

7 Corte Constitucional, sentencia T-1341 de 2001 magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, C –1189 de 2005 magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Referenciaron: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. sentencia d e 4 de septiembre de 1997. Expediente Número 10004. consejero ponente: Silvio Escudero C., Consejo de Estado, sentencia del 25 de noviembre de 1971, Consejo de Estado sentencia del 30 de julio de 1959.Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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El 26 de septiembre de 20229, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó las notificaciones al extremo pasivo del litigio10.

3. Solicitud de suspensión provisional

El 17 de noviembre de 2022 11, la Sala negó12 la medida cautelar de suspensión provisional que se pidió en escrito aparte , entre otros aspectos, porque en esa solicitud no se precisó el concepto de violación ni las disposiciones infringidas con los actos administrativos demandados.

4. Contestación de la demanda

La Universidad de Córdoba, por medio de apoderada judicial, dentro de la oportunidad procesal prevista13, se opuso a las pretensiones de la demanda de nulidad, así como a los cargos planteados. En síntesis, dijo que:

1. Las normas demandadas fueron expedidas dentro del ámbito de las competencias y facultades del Consejo Superior, por lo cual no se infringió norma constitucional o legal.

1. En la actualidad solo se encuentra produciendo efectos jurídicos el inciso 1 del artículo 41 del Acuerdo 270 de 2017, esto es, el periodo de 5 años para el rector.

1. Los artículos 69 constitucional , 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 autorizan al Consejo S uperior a m odificar el per íodo del rector, lo cual salvaguarda la autonomía universitaria a través de la competencia para designar autoridades académicas y administrativas.

Consejo S uperior a m odificar el per íodo del rector, lo cual salvaguarda la autonomía universitaria a través de la competencia para designar autoridades académicas y administrativas.

1. La Corte Constitucional14 en su jurisprudencia precisó que los miembros del Consejo Superior sí pueden regular los períodos de duración de sus integrantes, y no hay prohibición para que estos se amplíen en forma inmediata, ya que los estatutos autorizan el ejercicio de dicha compe tencia, lo cual , también tiene sustento en la jurisprudencia del Consejo de Estado15.

9 Índice SAMAI número 15. 10 Mediante oficios 7806, 7807, 7808, 7809 del 5 de octubre de 2022 se realizaron las notificaciones. 11 Medida cautelar adjunta a la demanda anotación 16 del 26 de septiembre de 2022. 12 Índice SAMAI número 31. 13 Índice SAMAI número 32. 14 Citó a lo largo de su escrito, entre otras, las Sentencias T 756 de 2007, SU 115 de 2019, T 441 de 2000. 15 Citó entre otras las Sentencias del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo radicados: 11001-03-24000-2014-00276-00. Radicado: 11001-03-28-000-2012-00012-00 y Radicación: 25000-23-27-000-2009-00056-01.Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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Indicó que los principios de seguridad jurídica y confianza legítima no son absolutos, lo cual armonizado con la autonomía universitaria, permite concluir que las modificaciones a los estatutos pueden incluir la reelección del rector por un período determinado con el fin de concretar la buena gestión administrativa.

1. La alteración de situaciones jurídicas consolidadas alegadas por el demandante no tienen asidero, habida cuenta que, cuando el Consejo Superior Universitario realizó las respectivas modificaciones y expidió la norma estatutaria, el período del cargo ejerc ido por el rector no había finalizado, luego era válido extenderlo sin transgredir el ordenamiento jurídico.

1. Los actos demandados no se encuentran produciendo efectos jurídicos, toda vez que, el periodo del rector se previó inicialmente en (3) años que finalizaban el 19 de diciembre de 2018; posteriormente ampliado por un (1) año más a través del Acuerdo 106 del 07 de junio de 2017 y, finalmente, aumentado de nuevo por el Acuerdo 270 de 2017, en otro año, con lo se tiene que dicho cargo fue ejercido hasta el año 2020.

1. Si bien estos periodos se extendieron, tales circunstancias tampoco se encuentran vigentes para los miembros del Consejo Superior Universitario, habida cuenta de que todos los actuales integrantes tienen nuevas designaciones.

1. Si bien estos periodos se extendieron, tales circunstancias tampoco se encuentran vigentes para los miembros del Consejo Superior Universitario, habida cuenta de que todos los actuales integrantes tienen nuevas designaciones.

1. No hay prohibición normativa que impida realizar las reformas a los estatutos como tampoco a que se extienda el período a quienes se encuentran en ejercicio al momento de la expedición de dichas normas. Además, en el Acta 029 del Consejo Superior, fechada el 12 de diciembre de 2017 -que contiene la sesión en la cual se expidió el Acuerdo 270 de 2017 (páginas 8, 9, y 10)- se demuestra que, los miembros en cada uno de sus cargos no participaron en la votación de esa modificación, ni aprobaron su extensión.

1. La Corte Constitucional, en sentencia SU -115 de 2019, precisó que el rector sí puede participar en las reformas estatutarias, entre esas, la reelección, por lo que tal precedente es aplicable al caso concreto.

1. Finalmente, solicitó declarar probadas las excepciones de legalidad del parágrafo transitorio del artículo 29 del Acuerdo 270 de 2017, del primer inciso del artículo 41 y del parágrafo transitorio, así como el Acuerdo 106 del 07 de junio de 2017, por cuanto, las prerrogativas legales habilitaron al Consejo Superior a expedir o modificar los estatutos.Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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5. Trámite procesal posterior16

Una vez vencido el término de contestación de la demanda, se profirió el auto de 19 de enero de 2023, que dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada; se pronunció sobre las pruebas solicitadas y se decretaron unas de oficio ; fijó el litigio en l os términos que se precisarán más adelante y corrió traslado para alegar por escrito.

Particularmente, en punto a las pruebas decretadas al amparo del poder oficioso, se resalta que las mismas fueron allegadas mediante memorial17 radicado por la parte pasiva, así:

«1. Plan de gobierno Institucional 2015 -2018 de la Universidad de Córdoba.

2. Acta N°023 de 2017, emanada del Consejo Superior, en la cual se surtió el primer debate al proyecto de acuerdo de Estatuto General de la

Universidad.

3. Respecto de la tercera solicitud, se indica, que revisados los documentos que reposan en la Secretaría General correspondientes al trámite de aprobación del Estatuto General de la Universidad, se halló una constancia de fecha 06 de diciembre de 2017, suscrita por el entonces secretario general, la cual hace alusión al control de legalidad del proyecto contentivo del Estatuto General.

4. Constancia de publicación del Acuerdo N°270 de 2017 - Estatuto

secretario general, la cual hace alusión al control de legalidad del proyecto contentivo del Estatuto General.

4. Constancia de publicación del Acuerdo N°270 de 2017 - Estatuto General de la Universidad y del Acuerdo N°106 de 2017.

5. Acta N°004 de 2017, emanada del Consejo Superior, y en la cual se surtió la posesión del representante de los egresados ante el Consejo Superior. S e hace la salvedad, que, para la época de los hechos, aprobación del Acuerdo N°106 de 2017 y Acuerdo N°270 de 2017, la representación de los exrectores ante el Consejo Superior, se encontraba vacante.»

6. Alegatos de conclusión

6.1. Universidad de Córdoba18

16 Índice SAMAI número 40. 17 Índice SAMAI número 46. 18 Índice SAMAI número 49.Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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Indicó que está demostrado que las norma s demandadas fueron expedidas dentro del ámbito de competencias y facultades del Consejo Superior Universitario, no existe infracción de disposición alguna y además, no se encuentran produciendo efectos jurídicos, excepto el inciso primero del artículo 41 del Acuerdo No. 270 de 2017, que señala que el rector toma posesión por un

Universitario, no existe infracción de disposición alguna y además, no se encuentran produciendo efectos jurídicos, excepto el inciso primero del artículo 41 del Acuerdo No. 270 de 2017, que señala que el rector toma posesión por un periodo de 5 años, disposición que contrario a lo aludido en la demanda, se ha materializado en m últiples beneficios para la institución que impactan directamente.

6.2. Parte actora19

Adujo que con base en el material probatorio sí se demuestra la desviación de poder, toda vez que, con la expedición de los actos demandados no hubo ningún interés general frente a la comunidad académica . Es más, frente al Plan de Gobierno Institucional aportado, no se observa que dicho documento haya propuesto la implementación de nuevos estatuto s y frente a los demás escritos, insistió en que son falaces y desdicen del procedimiento que debía surtirse para su debida aprobación.

6.3. Concepto del Ministerio Público

En el término otorgado, no se recibió informe de la vista fiscal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir sobre la demanda del caso concreto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 concordante con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 – Reglamento interno de la corporación.

2. Cuestión Previa

De forma antelada a l estudio del caso concreto, la Sala debe abordar á ciertos aspectos procesales que deben ser objeto de pronunciamiento en los siguientes términos:

2. Cuestión Previa

De forma antelada a l estudio del caso concreto, la Sala debe abordar á ciertos aspectos procesales que deben ser objeto de pronunciamiento en los siguientes términos:

19 Índice SAMAI número 52.Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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3.1 Se observa que fueron presentados el siguiente argumento por parte del demandante en los alegatos de conclusión , «v) Actas de posesión de los representantes que para la época representaban a: - Ex rectores y Egresados -.

(…) LA SECRETARIA GENERAL EMITIÓ CONCEPTO JURÍDICO, SITUACIÓN

QUE COMO SE ADVIRTIÓ ANTERIORMENTE, NO SE APORTÓ EN LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO, ES DECIR, NO SURTIÓ LOS TRES (3) DEBATES PARA SU APROBACIÓN». (Aparte resaltado por la Sala)

Al respecto , debe decirse que tal razonamiento tendiente a demostrar una irregularidad en punto al número de debates que precedieron la expedición de los a ctos acusados, no fue propuesto en la demanda , comoquiera que de la estructura del libelo, se advierte que los argumentos axiales fueron la presunta «postergación irregular del período de rector y consejeros». En este orden, dado el carácter novísimo del cargo planteado en los alegatos de conclusión, no es posible ahondar en su vocación de prosperidad.

«postergación irregular del período de rector y consejeros». En este orden, dado el carácter novísimo del cargo planteado en los alegatos de conclusión, no es posible ahondar en su vocación de prosperidad.

En este punto, la Sala recuerda que uno de entre varios fundamentos del debido proceso es el respeto por el principio de congruencia , conforme al cual, la decisión de fondo que se adopte debe ser concordante con lo pedido en la demanda y con base en los fundamentos que delimitaron la controversia. En efecto, los argumentos del demandante y una interpretación de la demanda en su conjunto, imponen a la Sala centrarse en el aspecto relativo a si los períodos del rector y consejeros, cuya ampliación y prórroga automática se censura n, vulneraron normas superiores, afectaron el derecho de audiencia y defensa o fueron expedidos con desviación de poder.

Así pues, es claro que las normas violadas y el concepto de violación que se desarrolló en la demanda, constituye el marco dentro del cual el juez en su sentencia debe pronunciarse para decidir la controversia, de manera que respete el citado principio de congruencia, pue s, se reitera, el juez no puede resolver cuestiones no planteadas en el libelo.

En definitiva, tal como lo ha dicho la Sección Quinta 20, el respeto de tal principio garantiza lo estatuido en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia – y 280 y 281 del Código General del Proceso, en virtud de los cuales las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales y comprender todos los extremos de la Litis.

virtud de los cuales las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales y comprender todos los extremos de la Litis.

20 Consejo de Estado, Sección Quinta C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación 15001-23-33-000-2020-01662-03 (ppal.) del 17 de marzo de 2022.Demandantes: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa y otros

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3.2 De otro lad o, la Sala encuentra que no debe hacerse un pronunciamiento frente a las pretensiones dirigidas contra e l Acuerdo 106 de 7 de junio de 2017 relativas al período del rector y a la decisión de cobijarlo automáticamente las cuales son del siguiente tenor:

«El rector de la Universidad de Córdoba será designado para un período de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su posesión y podrá ser removido por las causales establecidas en la Ley y en estos Estatutos. Se posesionará ante el Consejo Superior Universitario, en reunión de este organismo convocada para tal fin.» «La decisión anterior cobija el presente período rectoral el cual finalizará el 18 de diciembre de 2019.»

Lo anterior de acuerdo a los siguientes razonamientos:

Debe recordarse que el ordenamiento jurídico colombiano entiende por acto administrativo21 toda declaración unilateral proferida en ejercicio de una función

el 18 de diciembre de 2019.»

Lo anterior de acuerdo a los siguientes razonamientos:

Debe recordarse que el ordenamiento jurídico colombiano entiende por acto administrativo21 toda declaración unilateral proferida en ejercicio de una función administrativa en la que el Constituyente o el Legislador ha asignado su control a la jurisdicción contenciosa, acto que debe producir efectos jurídicos directos o definitivos, generales o particulares22, sobre un determinado asunto.

Partiendo del anterior derrotero, se impone recordar que el entonces rector fue designado para ejercer ese cargo desde el 19 de diciembre de 2015 hasta el 19 de diciembre de 2018; pese a esto, el Acuerdo 106 de 7 de junio de 2017, dispuso que dicho período se ampliaría hasta el 18 de diciembr e de 2019. Sin embargo, para ese mismo año 2017 y sin que se hubiere agotado ni siquiera el plazo inicial para el que había sido elegido –que fenecía el citado 19 de