CE - 110010324000202100162001AUTOQUERESUEL20230725115837

Expediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad Radicación: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado) Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros Demandado: Nación – Presidencia de la República y Ministerio de Justicia y del Derecho

Auto resuelve medida cautelar

Corresponde al Despacho resolver las solicitudes de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”, expedido por el Presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

1. Antecedentes

Los ciudadanos Félix Hoyos Lemus 1; David Ricardo Racero Mayorca 2; Juan Camilo Monsalve García, Paula Andrea Carvajal Mejía, Esteban

Justicia y del Derecho.

1. Antecedentes

Los ciudadanos Félix Hoyos Lemus 1; David Ricardo Racero Mayorca 2; Juan Camilo Monsalve García, Paula Andrea Carvajal Mejía, Esteban Hoyos Ceballos, Carolina Moreno Velásquez, Rodrigo Uprimny Yepes, Mauricio Albarracín Caballero, Maryluz Barragán González y Sergio Pulido Jiménez3; Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón, David Fernando Cruz y Juan Carlos Ospina Rendón 4; Camilo Cuellar Conde y Jonatán Gómez Fajardo 5; Juan Manuel López Molina 6; Edier Esteban Manco Pineda7; Fabian Díaz Plata8; Luvi Katherine Miranda Peña9; Manuel Andre Romero Valverde 10; Bernardita Pérez Restrepo y Juan David Ramírez Echeverri11; Juan Andrés Barros, Luis Andrés Bernal, Doris Isabel Dávila, Carlos Alfonzo Guette, Damaris José Villar Navarro, Ada Luz Moncada Espinoza, Mayerly Andrea Mendoza Patiño, Yessica Fonseca Bonfante, Lady Johana Pérez Altamar, María Celeste Montenegro, Bryan

1 Exp. 2021-00162-00 2 Exp. 2021-00161-00 3 Exp. 2021-00365-00 4 Exp. 2022-00115-00 5 Exp. 2021-00194-00 6 Exp. 2021-00164-00 7 Exp. 2021-00165-00 8 Exp. 2021-00193-00 9 Exp. 2021-00182-00 10 Exp. 2021-00195-00

6 Exp. 2021-00164-00 7 Exp. 2021-00165-00 8 Exp. 2021-00193-00 9 Exp. 2021-00182-00 10 Exp. 2021-00195-00 11 Exp. 2021-00196-00Expediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

2 David Tovar Romo e Isaid David Orozco12; Olga Lucía Naizir García, Diana Carolina Bernal Ibánez, Arnobi de Jesús Zapata Martínez, Leider Valencia Tumbo, Rosa María Mateus Parra, Juan David Romero Preciado, José William Orozco Valencia, Juan Pablo Salazar Rivera, Luis Alberto Canas, Cristóbal G uamanga, Eduar Arturo Hoyos, Jonathan Enrique Centeno Muñoz, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Euner Muñoz Santacruz, Luis Helmer Fernández Noscue, Edgardo Muñoz Santacruz y Florentino Quiguanas Chate; y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals BordaColectivo OFB, la Corporación Viso Mutop, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense -REDHPANA, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR13, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Adm inistrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentaron demanda en contra del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, “Por el cual se modifican

los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela” , expedido por el Presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Mediante providencias de 15 y 26 de julio; 20 de agosto; 29 de octubre y 3 de diciembre de 2021; 17 de agosto de 2022 y 13 de marzo de 2023, se admitieron las demandas formuladas en contra del Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

Por medio de autos de 15 de julio de 2021, 24 de mayo de 2022 y 13 de marzo de 2023 se acumularon los procesos con radicados números 202100194-00, 2021 -00164-00, 2021 -00165-00, 2021 -00182-00, 202100193-00, 2021 -00195-00, 2021 -00196-00, 2021 -00223-00 y 202100296-00, 2021 -00161-00, 2021 -00365-00 y 2021 -00115-00 al expediente número 2022-00162-00.

A través de proveído 27 de abril de 2023 se negó la solicitud de citar a audiencia, previo a resolver la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo demandado , solicitada por los demandantes Camilo Cuellar Conde y Jonatán Gómez Fajardo14.

2. Acto demandado

El acto demandado y respecto del cual se solicita la suspensión

del acto administrativo demandado , solicitada por los demandantes Camilo Cuellar Conde y Jonatán Gómez Fajardo14.

2. Acto demandado

El acto demandado y respecto del cual se solicita la suspensión provisional de sus efectos jurídicos es el Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que establece los siguiente:

“DECRETO NÚMERO 333 DE 2021 6 ABR 2021

12 Exp. 2021-00296-00 13 Exp. 2021-00223-00 14 Ind. No. 65 del expediente electrónico.Expediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

3 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 228 de la Constitución Política prevé que el funcionamiento de la administración de justicia será desconcentrado y autónomo. En concordancia con ello, el artículo 50 de la Ley 270 de 1996 consagra que "Con el objeto de desean centrar el fun cionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para

concordancia con ello, el artículo 50 de la Ley 270 de 1996 consagra que "Con el objeto de desean centrar el fun cionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales o distritos judiciales administrativos y éstos en circuitos [...].

Que la Corte Constitucional en sentencia C-833 del 11 de octubre de 2006 señaló que: "Una de las características sustanciales de un Estado unitario como el colombiano, sobre la base de la centralización política, es la unidad de las leyes y de la función jud icial en todo el territorio del mismo, cuya creación y ejercicio, respectivamente, están a cargo de la Nación o poder central. El/o explica que el Art. 228 de la Constitución establezca que el funcionamiento de la administración de justicia será desconcentrado, esto es, que la misma operará mediante la atribución de dicha función, mediante leyes y reglamentos, a órganos de orden nacional situados en diversos lugares del territorio del Estado, con un campo de acción circunscrito y en todo caso de menor amplitud que aquel."

Que el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé que "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por qu ien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública."

Que mediante Decreto 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela, y

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública."

Que mediante Decreto 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela, y el artículo 10 consagra que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales están legitimados para ejercer la acción de tutela. De acuerdo con los artículos 46 y 47 ibidem, el Defen sor del Pueblo puede “[...] interponer acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión. ", y será considerado parte en el proceso.

Que los personeros municipales por delegación expresa del Defensor del Pueblo, pueden interponer acciones de tutela o representarlo en las que interponga directamente.

Que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que "Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los juecesExpediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

4 o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud."

Que la honorable Corte Constitucional, en Auto 044 del 28 de septiembre de 1995 interpretó que la expresión "a prevención" se refiere a "[…] que un juez conoce de una causa con exclusión de otros que eran igualmente competentes, por habérseles anticipado en el conocimiento de ella."

Que el artículo 1 del Decreto 1382 del 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 estableció las reglas de reparto de la acción de tutela. Estos

competentes, por habérseles anticipado en el conocimiento de ella."

Que el artículo 1 del Decreto 1382 del 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 estableció las reglas de reparto de la acción de tutela. Estos Decretos fueron compilados en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Que el honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha 18 de julio de 2002, decidió una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto .1382 de 2000 y argumentó que "[...] el Presidente de la República, mediante el Decreto 1382 de· 2000, ejerció la potestad reglamentaria respecto de una norma con fuerza de ley, es decir, dentro del ámbito de la competencia que le asigna el artículo 189-11 de la Constitución."

Que asimismo, el honorable Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de 2002 determinó que las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2 000 son necesarias para "[...] lograr la desconcentración de la Administración de Justicia, imperativo constitucional y legal que se extiende a la acción de tutela y que resultaría imposible si llegaran a reunirse en un mismo órgano judicial innumerables solicitudes de amparo, como ocurriría, por ejemplo, en un tribunal superior, ante el empeño de los solicitantes por contar con una sentencia de segundo. grado dictada por la Corte Suprema de Justicia. En ésta situación y en otras similares, se frustraría el principio de desconcentración de la Administración de Justicia a pretexto de una facultad ilimitada para escoger al Juez, que desde luego

por la Corte Suprema de Justicia. En ésta situación y en otras similares, se frustraría el principio de desconcentración de la Administración de Justicia a pretexto de una facultad ilimitada para escoger al Juez, que desde luego ni la Constitución ni las leyes establecen. En segundo término, porque el reglamento respeta la competencia «prevenci ón» al facultar a los solicitantes para ocurrir ante jueces o tribunales de cualquier especialidad. Así mismo, garantiza el derecho a reclamar la protección en todo lugar, porque ningún Juez podrá rechazar la solicitud aduciendo no ser competente, sino que tendrá que enviarla a quien lo sea."

Que en este sentido, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo adujo en la misma sentencia, que "[...] ni la Constitución ni la ley pueden interpretarse en el sentido de disponer que la solicitud de tutela sea resuelta por el Despacho que elija el reclamante, sin atender en absoluto al principio de desconcentración proclamado en el artículo 228 de la Carta, ni a la «proporcionalidad de cargas de trabajo» que según el inciso segundo del artículo 50 de la Ley Estatutaria resulta imprescindible para la cumplida administración de justicia".

Que igualmente, la honorable Corte Constitucional mediante Auto 124 del 25 de marzo de 2009, providencia hito en asuntos de reparto y de competencia de la acción de tutela, enfa tizó que "[...] las únicas normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra

la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación. Mientras que el decreto reglamentario 1382 de 2000 contiene reglas de simple reparto."Expediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

5

Que en la precitada providencia, la honorable Sala Plena de la Corte Constitucional estableció las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente. La aut oridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible, (ii) la equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso, (iii) los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son los que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Estos conflictos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales in volucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional, (iv) ninguna discusión por la

Decreto 2591 de 1991. Estos conflictos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales in volucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional, (iv) ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

Que la referida providencia señalo que, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente. Lo anterior, sin perjuicio de que la Corte Constitucional o el superior funcional al que sea enviado el supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución cap richosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo.

Que asuntos como: (i) las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las relacionadas con la seguridad nacional, (ii) las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, (iN) las acciones de tutela presentada s por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a la rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para

tutela presentada s por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a la rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitación o autorización de funcionamiento, con fundamento en los artículos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, deben ser debatidos por órganos judiciales que refuercen la d esconcentración de la administración de justicia, preserven la jerarquía funcional, y garanticen la unificación jurisprudencial y el interés general.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República simboliza la unidad nacional, y, en tal condición, actúa "como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa", cumpliendo las funciones previstas en tales mandatos.

Que en atención a las funciones que le corresponde cumplir como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (C.P. artoExpediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

6 189), y dadas las implicaciones que ellas tienen a nivel interno -para la sociedad y el paísy también en el orden internacional, se justifica que las decisiones que adopte, en caso de que las mismas sean objeto de la acción de tutela, sólo sean revisadas por los máximos tribunales.

Que lo anterior no solo busca proteger la seguridad jurídica, sino garantizar la satisfacción del interés general mediante el control judicial de las

de tutela, sólo sean revisadas por los máximos tribunales.

Que lo anterior no solo busca proteger la seguridad jurídica, sino garantizar la satisfacción del interés general mediante el control judicial de las decisiones que se adoptan en representación y en beneficio de la colectividad, protegiendo los intereses de los accionantes y accionados.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decr eto 1069 de

2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual

quedará así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimien to en primera instancia, a los Jueces Municipales.

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circui to o con igual categoría.

3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor

organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circui to o con igual categoría.

3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la República, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral, así como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitación o autorización de funcionamiento, con fundamento en los artículos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, serán repartidas, a los Tri bunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos.

4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen. Para el caso de los Fis cales que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a prevención, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Para el caso de los Procuradores que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes,Expediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

7 conocerán en primera insta ncia y a prevención, los Tribunales Administrativos.

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

7 conocerán en primera insta ncia y a prevención, los Tribunales Administrativos.

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.

6. Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales

Superiores de Distrito Judicial.

7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimien to en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de a cciones de tutela

empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de a cciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

9. Las acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje serán repartidas, para su conocimiento en primer a instancia, a la autoridad judicial que conoce del recurso de anulación.

10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente artículo.

12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, p olíticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos,Expediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos,Expediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

8 serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado.

PARÁGRAFO 1. Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, este deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comu nicación a los interesados.

PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.

PARÁGRAFO 3. Las reglas de repartos previstas en este artícul o no restringen el acceso a la administración de justicia. Las personas pueden interponer la acción de tutela ante cualquier juzgado, el cual tendrá la obligación de remitir el caso a la corporación judicial que corresponda.

También se podrá solicitar la asistencia del Defensor del Pueblo o de los personeros municipales para interponer la acción de tutela.

El Defensor del Pueblo o los personeros municipales, en el marco de sus competencias, deberán presentar la acción de tutela a la corporación judicial que corresponda el caso, de conformidad con las reglas de reparto previstas en el presente decreto.

ARTÍCULO 2. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de

judicial que corresponda el caso, de conformidad con las reglas de reparto previstas en el presente decreto.

ARTÍCULO 2. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de

2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, el

cual quedara así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.4. Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, secciones o subsecciones conformadas para tal fin. Así mismo determinará la conformación de salas de decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporación, a las que se refiere el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1 del presente decreto.

PARÁGRAFO 1. Estos reglamentos internos deberán prever los asuntos relacionados en los numerales 8 y 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015."

ARTÍCULO 3. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, el cual

quedara así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.5. Transitoriedad. Las reglas contenidas en el presente Decreto sólo se aplicarán a las solicitudes de tutela que se

quedara así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.5. Transitoriedad. Las reglas contenidas en el presente Decreto sólo se aplicarán a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 6 de abril de 2021. Las solicitudes de tutela presentadas con anterioridad a esta fecha serán resueltas por el juez a quien hubieren sido repartidas, así como la impugnación de sus fallos."Expediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (Acumulado)

Demandante: Félix Hoyos Lemus y otros

9 ARTÍCULO 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C.

El Ministro de Justicia y del Derecho”

3. Solicitudes de medida cautelar

3.1. Exp. 2021-00161-00 David Ricardo Racero

Como fundamento de la solicitud de suspensión provisional, la parte actora sostiene que el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 , modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 , desconoce los artículos 86, 150 -1, 152, 228 y 229 de la Constitución Política; 1 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y 50 de la Ley 270 de 1996, así como que el acto censurado fue expedido con falsa motivación y

Política; 1 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y 50 de la Ley 270 de 1996, así como que el acto censurado fue expedido con falsa motivación y desviación de poder.

Estima que se desconoce el artículo 86 d e la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 , que otorgan competencia para conocer de la acción de tutela a todos los jueces de la República a prevención, ya que el acto demandado modifica las reglas de competencia al sustraer de ésta a la mayoría de los jueces de la República. Afirma que , so pretexto de modificación de reglas de simple reparto, se están adicionando aspectos nuevos en materia de competencias de la acción de tutela, ya que el Decreto 2591 de 1991 en ningún momento autoriza la concentración de competencias para ciertos asuntos en un solo tribunal, y por tratarse de un Decreto-Ley que regula procedimiento para la protección de derechos fundamentales, la modificación debe hacerse a través del Congreso de la República directamente.

Asegura que se vulnera el numeral 1 del artículo 150 y 152 constitucional, en razón a que es competencia del Congreso de la República la regulación por medio de las leyes estatutarias de los derechos fundamentales y de los procedimientos y recursos para su protección.

Afirma que, en sentencia de 18 de julio de 20 02, se indicó que, aunque el presidente está facultado para regular aspectos de reparto del Decreto 2591 de 1991 por ser un decreto con fuerza de ley, está prohibida la concentración de competencias sobre cualquier asunto en un solo tribunal, ya que hacerlo s e vulnera el principio de desconcentración previsto en el artículo 228 constitucional. Indica que los mismos

concentración de competencias sobre cualquier asunto en un solo tribunal, ya que hacerlo s e vulnera el principio de desconcentración previsto en el artículo 228 constitucional. Indica que los mismos argumentos expuestos en esa providencia son aplicables al casoExpediente: 11001-03-24-000-2021-00162-00 (A