CE - 110010324000202100814001SENTENCIA20230905111448

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Título
CE - 110010324000202100814001SENTENCIA20230905111448
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Número único de radicación: 11001032400020210081400

Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA

MARTA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por el DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA1, contra la sentencia de 10 de junio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 13 de junio de 2019, dictado por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta2.

ANTECEDENTES

1.1. La señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , por conducto de apoderado, en

1 En adelante el Distrito de Santa Marta. 2 A través de este fallo se declaró probada la excepción de inexistencia del derecho y se denegaron las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00

Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

Recurso Extraordinario de Revisión

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00

Actor: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

Recurso Extraordinario de Revisión

contra de: i) la decisión de 15 de diciembre de 2017, expedida por la Inspección de Policía de Bastidas , mediante la cual se declaró contraventora del régimen de urbanismo a la señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE 3 , por lo que se ordenó la demolición de la construcción en la zona de antejardín y el tercer nivel del inmueble de su propiedad y se le impuso el pago de un a multa por valor de $100.598.000 y, ii) la Resolución núm. 021 de 15 de febrero de 2018, dictada por la Secretaría de Gobierno del Distrito de Santa Marta, mediante la cual se confirmó en todas sus partes el acto sancionatorio.

1.2. Tramitado el proceso ordinario ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, se profirió sentencia el 13 de junio de 2019, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

1.3. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia de 10 de junio de 2020, por la cual se REVOCÓ el fallo apelado y, en su lugar, se accedió4 a las pretensiones de la demanda.

3 Tal declaratoria porque según el acto acusado la infractora ejecutó una construcción en inmueble

se REVOCÓ el fallo apelado y, en su lugar, se accedió4 a las pretensiones de la demanda.

3 Tal declaratoria porque según el acto acusado la infractora ejecutó una construcción en inmueble de su propiedad que excedió e invadió área del espacio público en 21.32 m 2, según la clasificación ofrecida por el POT como antejardín y además, por haberse construido una tercera planta sin licencia de construcción en un área de 115.4 m2. 4 El fallo en comento, dispuso: “1. Declarar la nulidad del acto administrativo proferido en audiencia de fecha 15 de diciembre de 2017, por medio del cual se declaró contraventora a la señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE, en su condición de propietaria del inmueble ubicado en la Cra. 28 A3

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1.4. El Distrito recurrente mencionó como hechos que anteceden a la sentencia objeto del recurso, los siguientes:

1.4.1. Indicó que mediante la licencia núm. 006 de 26 de febrero de 1983 se autorizó a la sociedad Construcciones El Reposo Ltda ., la construcción de 10 unidades de viviendas unifamiliares de dos plantas, localizadas en la Manzana D, en la que quedó incluido el lote núm. 8, el cual debía conservar por la vía 4 una zona de antejardín de 3 metros, un andén de 1.50 metros y una vía libre de

plantas, localizadas en la Manzana D, en la que quedó incluido el lote núm. 8, el cual debía conservar por la vía 4 una zona de antejardín de 3 metros, un andén de 1.50 metros y una vía libre de 10 metros.

1.4.2. Refirió que la señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE es propietaria de un inmueble localizado en dicho lote, el cual adquirió el 24 de agosto de 2015.

1.4.3. Destacó que , mediante dictamen pericial de 6 de junio de 2015, se rindió avalúo comercial en el que consta que el inmueble adquirido tenía una vetustez d e 32 años , tres pisos, seis

No. 14 A - 31 de esta ciudad, […]; del acto administrativo proferido en audiencia adelantada el día 18 de diciembre de 201 7, por medio del cual se decidió no reponer el acto administrativo sancionatorio proferido en contra de la actora de audiencia de fecha 15 de diciembre de 2017, y se concedió el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria por la demandante; y de la Resolución No. 021 del 15 de febrero de 2018, emanada de la Secretaría de Gobierno Distrital de Santa Marta, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación, proceso de restitución de bienes de uso público EXP. 003-2017, Barrio El Reposo”, que confirmó en todas sus partes la sanción proferida mediante audiencia realizada el día 15 de diciembre de 2017, en contra de la señora actora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE y 2. A título de restablecimiento del derecho, declárese

proferida mediante audiencia realizada el día 15 de diciembre de 2017, en contra de la señora actora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE y 2. A título de restablecimiento del derecho, declárese que la actora, INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE, no debe suma alguna al Distrito de Santa Marta por concepto de la sanción urbanística impuesta en audiencia de fecha 15 de diciembre de 2017, confirmada en reposición en audiencia de fecha 18 del mismo mes y año, y en apelación a través de la Resolución No. 021 de 15 de febrero de 2018, emanada de la Secretaría de Gobierno Distrital de Santa Marta […]”.4

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habitaciones y un área de construcción de 191 m2.

1.4.4. Que los señores YAMAL ACOSTA MORENO y MARÍA DE JESSURUM radicaron el 21 de diciembre de 2016 y ante la Secretaría de Planeación Distrital, solicitud de visita al mencionado predio por la presunta construcción sin licencia y la afectación a las viviendas aledañas.

1.4.5. Aseguró que en el operativo de control y vigilancia que se adelantó el 21 de diciembre de 2016, se consignó lo siguiente:

“[…] Se evidencia una obra en modalidad de ampliación de dos plantas con proyección a tres plantas, con 4 columnas y una escalera metálica en zona de antejardín, presenta un voladizo

“[…] Se evidencia una obra en modalidad de ampliación de dos plantas con proyección a tres plantas, con 4 columnas y una escalera metálica en zona de antejardín, presenta un voladizo de 2,50 m en el antejardín, y se está haciendo un cambio de cubierta en la segunda planta — “Tiene 4 columnas en la segunda planta en zona de antejardín”. Igualmente, expone que la persona que atiende la diligencia no quiso permitir el ingreso ni suscribir el acta, y se citó al propietario a la Secretaría de Planeación Distrital para el 27 de diciembre de 2016. (f. 53). Igualmente, se dispuso la suspensión de obra por presunta infracción urbanística, a través de auto preventivo, suscrito por el señor Secretario de Planeación Distrital de la misma calenda (f. 54) […]”.

1.4.6. Con ocasión de esta visita, la Unidad de Control Urbano de la Secretaría de Planeación conceptuó sobre la necesidad de suspender la obra porque no había tramitado licencia que la avalara.

1.4.7. Que el 27 de diciembre de 20165 funcionarios adscritos a la Secretaría de planeación distrital mediante acta de visita técnica

5 Esta visita se realizó inicialmente el 22 de diciembre de 2016, y se rindió concepto radicado el núm. 00000247, pero según la demandante en el proceso ordinario contenía información errada por cuanto no era la señalada infractora.5

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no era la señalada infractora.5

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núm. 2 acudieron al inmueble querellado y verificaron que la obra continuaba, que el sello impuesto había sido roto y que era evidente la ocupación de la zona de antejardín6.

1.4.8. El Inspector de Policía de Bastidas expidió la Resolución núm. 001 de 17 de febrero de 2017, por la cual ordenó la suspensión de la obra en el inmueble de la actora.

1.4.9. Surtido el trámite administrativo, en específico, la audiencia pública dentro del proceso de restitución de bien de uso público por comportamiento contrario que afecta la integridad urbanística, la querellada, por conducto de su apoderado judicial, formuló petición de aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1801 de 2016 y , en consecuencia, pidió que se tramitara el reconocimiento de la construcción.

1.4.10. Tal petición no se acept ó en atención al concepto del Curador7; y que una vez reanudada la audiencia se le declaró contraventora urbanística, imponiéndole la sanción de demolición de lo construido y pago de una multa de $100.598.000.

6 La accionante alegó que ese ingreso al inmueble se hizo a la fuerza y sin su presencia, además sin mediar orden escrita, levantando un acta y profiriendo actos administrativos de suspensión de obra.

6 La accionante alegó que ese ingreso al inmueble se hizo a la fuerza y sin su presencia, además sin mediar orden escrita, levantando un acta y profiriendo actos administrativos de suspensión de obra. Además, indicó que se encontraba adelantando obras de refacción interna de techos, paredes dentro de su vivienda por consecuencia de la ola invernal, para lo cual inicio actuaciones administrativas de rigor para la consecución de permisos correspondientes, pero posteriormente desistió del trámite por considerar que para realizar dichas reparaciones no necesitaba permiso. 7 En el escrito de este recurso se señaló que: “Mediante oficio del Curador Urbano núm 1, con fecha de 13 de diciembre de 2017, dirigido al señor Inspector de Policía de Bastidas, se expresó que es improcedente el reconocimiento de la edificación, ya que está ocupando presuntamente un espacio público (f. 149). Tal solicitud fue controvertida por el representante de la actora durante la audiencia pública adelantada el 5 de diciembre de 2017”.6

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1.4.11. La anterior decisión fue objeto de los recursos de reposición y, en subsidio , de apelación, siendo resuelto el primero , en audiencia celebrada el 18 de diciembre de 2017; y el segundo, por Resolución 021 de 15 de febrero de 2018, que confirmaron la decisión recurrida.

1.5. Contextualizado el trámite administrativo, el Distrito recurrente

audiencia celebrada el 18 de diciembre de 2017; y el segundo, por Resolución 021 de 15 de febrero de 2018, que confirmaron la decisión recurrida.

1.5. Contextualizado el trámite administrativo, el Distrito recurrente señaló que las decisiones expedidas en dicha sede fueron objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En primera instancia, el juez administrativo denegó las pretensiones de la demanda.

1.6. Aludió al trámite judicial que se adelantó en segunda instancia en razón al recurso de apelación interpu esto por la señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMA NE contra el fallo del a quo , resaltando que luego de que se admitiera el recurso de alzada8 se ordenó correr traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la cual no pudo participar, por cuanto en su condición de autoridad accionada no le fue notificada tal decisión.

1.7. Alegó que el auto de fecha 13 de noviembre de 2019 le fue enviado al correo electrónico: notificacionesalcaldiadistrital@santamartamagdalena.gov.co, cuando correspondía que se hiciera al siguiente:

8 Según auto de 22 de agosto de 2019.7

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notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co.

1.8. Que este error constituyó una violación al debido proceso porque se expidió sentencia de segunda instancia sin que hubiese

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notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co.

1.8. Que este error constituyó una violación al debido proceso porque se expidió sentencia de segunda instancia sin que hubiese enterado de la oportunidad concedida para pronunciarse en la etapa de alegatos, la que calificó de fundamental para la defensa de sus intereses, máxime cuando el fallo proferido accedió a las pretensiones de la demanda.

PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Corresponde a la sentencia de 10 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de l Magdalena, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora CABANA DE CORMANE y que revocó el fallo denegatorio de pretensiones , para en su lugar anular el acto sancionatorio y sus confirmatorios.

El problema jurídico que delimitó el ad quem se circunscribió a examinar si el acto administrativo que declar ó a la señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE contraventora de las normas urbanísticas, estaba o no viciado de nulidad.

La razón que explicó el fallador de segunda instancia para revocar la decisión del a quo, consistió en que halló probada la violación del debido proceso, para lo cual adujo:8

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“[...] La Sala revocará la sentencia recurrida, en atención a que

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“[...] La Sala revocará la sentencia recurrida, en atención a que los actos administrativos acusados incurrieron en infracción de las normas en las que debieron fundarse. Lo anterior, en atención a que el estudio de las actuaciones adelantadas por la demandada evidenciaron que el trámite del proceso abreviado sancionatorio que dio origen a los actos censurados se adhirió a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016; debiendo haberse tramitado bajo la égida del régimen legal anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 239 ejusdem, que dispone que procedimientos como el analizado debían ser adelantados hasta su finalización conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciación [...]”.

Así, concluyó que los actos administrativos acusados incurrieron en infracción de la norma en que debieron fundarse, pues la actuación no podía adelantarse bajo la vigencia de la Ley 1801 de 2016, por lo que dispuso que la citada señora no debía suma alguna al Distrito de Santa Marta. Y en cuanto a los perjuicios solicitados, no accedió a su reconocimiento por no aparecer probados.

EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

EL DISTRITO DE SANTA MARTA , por conducto de apoderado judicial, presentó escrito ante esta Corporación, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del CPACA.

La decisión objeto del recurso, como se anunció, es la sentencia de

judicial, presentó escrito ante esta Corporación, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del CPACA.

La decisión objeto del recurso, como se anunció, es la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 10 de junio de 2020, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 47001333300120180013801.9

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Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, fundada en la ocurrencia del evento previsto en el numeral 6 del artículo 133 del CGP, como causal de nulidad del proceso, esto es, “[…] cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado […]”.

Aludió al concepto del debido proceso y el ejercicio correcto del derecho de defensa, a través, entre otros, de la presentación de los alegatos de conclusión, como instrumento esencial para esgrimir los puntos importantes en el desarrollo del proceso judicial, en razón a que “es la última oportunidad de las partes para ponerle de presente al juez sus consideraciones e incluso elementos que, por algún motivo, no se hayan valorado en el curso de un proceso”.

En relación con las normas sobre notificaciones , transcribió el artículo 2059 del CPACA, en su redacción original y lo invocó como la norma vigente para el momento de los hechos.

En relación con las normas sobre notificaciones , transcribió el artículo 2059 del CPACA, en su redacción original y lo invocó como la norma vigente para el momento de los hechos.

9 “Artículo 205. Además de los casos contemplados en los artículos anteriores, se podrán notificar las providencias a través de medios electrónicos, a quien haya aceptado expresamente este medio de notificación. En este caso, la providencia a ser notificada se remitirá por el secretario a la dirección electrónica registrada y para su envío se deberán utilizar los mecani smos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.”10

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Recurso Extraordinario de Revisión

Con fundamento en la referida disposición aseguró que el Distrito no pudo ejercer, en debida forma, su derecho a la defensa, toda vez que hubo una indebida notificación del auto que corrió traslado para alegar de conclusión, en razón a que la referida comunicación fue enviada a un correo distinto al dispuesto por la entidad para notificaciones judiciales.

Al margen de esta situación , alegó que el fallador de segunda instancia puso de presente una vulneración al or denamiento

fue enviada a un correo distinto al dispuesto por la entidad para notificaciones judiciales.

Al margen de esta situación , alegó que el fallador de segunda instancia puso de presente una vulneración al or denamiento jurídico por parte de la infractora, pero, aun así, prefirió darle prevalencia al derecho procesal al considerar que el proceso debió adelantarse bajo otras reglas.

Finalizó diciendo que r esultó desproporcionado dejar sin efectos una decisión por un eventual e insignificante vicio procedimental, cuando existen protuberantes transgresiones e infracciones al ordenamiento jurídico que son evidentes ; y que, además, fueron establecidas como ciertas en primera y segunda instancia.

TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Mediante proveído de 20 de mayo de 202 2, el Despacho admitió el recurso y ordenó notificar a la señora INÉS CECILIA CABANA DE CORMANE y a la Procuraduría Delegada ante esta Corporación.11

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00

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Recurso Extraordinario de Revisión

4.2. Cumplidas en debida forma las notificaciones 10, el Ministerio Público y la parte demandante , en el proceso ordinario, no se pronunciaron en relación con lo pretendido en el recurso extraordinario.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

extraordinario.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Sección, el artículo 249 del CPACA dispone que conocerá del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos, según la materia.

En este caso, le co rresponde a esta Sala decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, atendiendo a la distribución de los procesos entre las Secciones, prevista en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, Reglamento de la Corporación.

10 Según da cuenta los documentos soporte del envío de los correos electrónicos. Visible en el índice 6 del registro del expediente Digital en el aplicativo SAMAI. Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 612

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00

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Recurso Extraordinario de Revisión

5.2 Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario establecido por el legislador como excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a cosa juzgada11.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

establecido por el legislador como excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a cosa juzgada11.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 que se tramitan bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se prueba que las circunstancias que surgieron con la senten cia se encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador con lo cual procede la información12, tanto para “enmendar los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”13.

11 Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso. 12 El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada. 13 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.13

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00

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Recurso Extraordinario de Revisión

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Recurso Extraordinario de Revisión

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana . La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas . Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y po r ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”14.

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el que se dictó la decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural; es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas 15 que habilitan su procedencia.

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural; es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas 15 que habilitan su procedencia.

14 Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 15 En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundam ento de este recurso, enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de diciembre de 2010. Radicación número: 11001 -03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago Valencia.14

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5.3 De la causal invocada

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 201116, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 201116, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de revisión: [...]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […].”

En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad procesal, en los términos del artículo 133 del CGP , o de una de carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior17.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan así:

1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario y contra la que no procede recurso de apelación.

16 En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto, cuando se haga mención a esta como consecuencia de decisiones ju diciales dictadas en su vigencia ha de entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. 17 Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el

previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-201101639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga Melida Valle de De la Hoz15

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 00814 00

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Recurso Extraordinario de Revisión

2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta, y que, por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron, según el artículo 13418 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la ley o in iudicando.

Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos de artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la sentencia.

En este primer escenario 19 , la jurisprudencia se decantó por

del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos de artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la sentencia.

En este primer escenario 19 , la jurisprudencia se decantó por identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

18 “ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]” 19 El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para

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