CE - 110010324000202200073001AUTOQUERESUEL20230627111341

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

Demandante: ROD JAMES CRATE Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Tema: Niega medida cautelar de suspensión provisional por ausencia de carga argumentativa y probatoria. Incumplimiento de los requisitos de apariencia de buen derecho y perjuicio de la mora.

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional del acto administrativo de 30 de abril de 2020, por medio del cual el Ministerio de Relacio nes Exteriores le negó al demandante la expedición de la Visa Tipo M para migrante empresario.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Rod James Crate, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo - CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a

obtener las siguientes declaratorias y condenas:

«[…] 2.1. Se declare que es deb er d el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – CANCILLERÍA, solicitar información e indagar sobre de (sic) las razones por las cuales solicita el visado los (sic) migrantes extranjeros,

«[…] 2.1. Se declare que es deb er d el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – CANCILLERÍA, solicitar información e indagar sobre de (sic) las razones por las cuales solicita el visado los (sic) migrantes extranjeros, para garantizar un DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.

2.2. Se declare que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – CANCILLERÍA, no solicitó información sobre de (sic) las razones de salud que motivaron a mi representado a solicitar el visado Tipo “M” para migrante empresario, socio o propietario, estando en deber de hacerlo para garantizarle el respectivo DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.

2.3. Se declare que el acto administrativo emitido por LA NACIÓNMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – CANCILLERÍA, vulnera los derechos constitucionales de carácter fundamental a LA SALUD, LA

SEGURIDAD SOCIAL, LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, EL DEBIDO

PROCESO del señor ROD JAMES CRATE.

2.4. Se declare que señor (sic) ROD JAMES CRATE , cumple con todos los requisitos establecidos en la Resolución externa 6045 del 2 de agosto de 20172

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Demandante: Rod James Crate

demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores

del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la concesión de la Visa Tipo M para migrante empresario, socio o propietario.

2.5. Se declare LA NULIDAD del acto administrativo de fecha 30 de abril de

del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la concesión de la Visa Tipo M para migrante empresario, socio o propietario.

2.5. Se declare LA NULIDAD del acto administrativo de fecha 30 de abril de 2020, que negó la Visa Tipo M para migrante empresario, socio o pro pietario, del señor ROD JAMES CRATE.

2.6. Se le ORDENE a LA NACIÓN - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – CANCILLERÍA, que a TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO conceda la visa Tipo M para migrante empresario, socio o propietario a el señor ROD JAMES CRATE […]».

2. Mediante auto de 9 de septiembre de 202 21, el Despacho admitió la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

I.2. Solicitud de medida cautelar

3. La parte actora , en cuaderno separado, solicitó como medi da c autelar lo siguiente: «[…] 2.1. Se decrete la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo de fecha 30 de abril de 2020 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería. 2.2. Se decreten también (sic) o las demás medida s cautelares que se consideren necesarias para proteger los derechos fundamentales de mi prohijado y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]».

4. Frente a lo anterior, afirmó que la negativa en la concesión de la Visa Tipo M «[…] augura no solo un eventual detrimento patrimonial a mi defendido, por la inversión extranjera directa realizada, sino que también, se estiman violados los

4. Frente a lo anterior, afirmó que la negativa en la concesión de la Visa Tipo M «[…] augura no solo un eventual detrimento patrimonial a mi defendido, por la inversión extranjera directa realizada, sino que también, se estiman violados los derechos fundamentales a LA SEGURIDAD SOCIAL, LA SALUD, en conexidad a EL DERECHO A LA VIDA EN C ONDICIONES DIGNAS, y el Derecho al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, consagrados en los artículos 48, 49, 11 y 29 de la

Constitución Política […]».

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

5. De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado2 a la entidad demandada, para que se pro nunciara sobre la misma, en el término de cinco días (5) días , de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

II.1. El apoderado judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores , mediante escrito de 26 de septiembre de 2022, se opuso a la petición cautelar con sustento en las siguientes razones:

1 Índice 13 del expediente digital del aplicativo Samai. 2 Mediante auto de 12 de septiembre de 2022. Índice 15 aplicativo Samai. Notificado el 20 de septiembre.3

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

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demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores

6. Indicó que el demandante interpuso una acción de tutela por los mismos hechos, la cual fue negada por improcedente por el Juzgado Quince de Familia de

demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores

6. Indicó que el demandante interpuso una acción de tutela por los mismos hechos, la cual fue negada por improcedente por el Juzgado Quince de Familia de Bogotá dentro del proceso con número de radicado 1100131100152000032600, sin indicar la fecha de la providencia. Afirma , además, que tal decisión no fue

impugnada y citó el siguiente aparte del fallo:

«[…] Considera el despacho, que el otorgamiento o l a renovación de visas para los extranjeros que ingresan al país, constituye una facultad discrecional del Estado que desarrolla el principio de la soberanía, y en virtud de ello el hecho de que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Relacione s Exteriores, haya negado la expedición de la visa M al peticionario, no constituye una actuación arbitraria, pues no puede pretender el actor reemplazar a la autoridad encargada de emitir la Visa solicitada, y asumir por fuera de ese ámbito una postura qu e pa se por alto el cumplimien to de los requisitos que debe valorar la entidad visora (sic), porque desconocería las reglas que la misma ley ha impuesto para tales trámites […]».

7. Finalmente, puso de prese nte la «[…] falta de técnica jurídica en relación a la solicitud, ya que no se l imita a la demostración de principios de rango constitucional, sino además reitera los fundamentos facticos y jurídicos de la acción, forzando no solo a un pronunciamiento de fondo al operador judicial en una etapa distinta a la sentencia sino además a pre sentar por parte de la demandada la defensa en una etapa procesal no idónea para tal fin, omitiendo la

acción, forzando no solo a un pronunciamiento de fondo al operador judicial en una etapa distinta a la sentencia sino además a pre sentar por parte de la demandada la defensa en una etapa procesal no idónea para tal fin, omitiendo la valoración del acervo probatorio y los alegatos de conclusión respecto a lo demostrado dentro del desarrollo del proceso, raz ón p or la cual en respeto al debido proceso del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá agotarse las distintas etapas procesales designadas para tal fin, garantizando a las partes el derecho a la defensa y contradicción tanto en la contestación de la demanda como del análisis de los medios probatorios y del precedente jurisprudencial aplicable al caso en concreto […]».

III. CONSIDERACIONES

8. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) d eterminar si el demandante c umplió con la carga argumentativa mínima requerida para efectuar el juicio de legalidad en esta etapa inicial del proceso.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

9. Uno de los motivos que inspirar on l a expedición del nuevo d el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régime n de medidas4

1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régime n de medidas4

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

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cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para “ proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

10. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos p romovidos ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

11. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consoli de u na afectación a un derec ho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la p retensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.3

demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.3

12. Los artículos 231 a 233 del menci onado estatuto procesal dete rminan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

19. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que « podrá decretar las que considere necesar ias»4. No obstante lo anteri or, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad , si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual pa ra que la medida sea procedente el demandante debe presentar « documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses , que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla» (negrillas fuera del texto).

20. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm.

2014-03799, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

«[…] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los

3 Artículo 230 del CPACA 4 Artículo 229 del CPACA5

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cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora . El primero, o apa riencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exi ge la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho […]»5 (negrillas fuera del texto).

21. Por su parte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015

(Expediente núm. 2015 -00022, Consejero Ponente: Jaime O rlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

«[…] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan

debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justic ia, razón por la cual es dab le entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni i uris y el periculum in mora , debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad […]»6 (negrillas fuera del texto)

22. Así las cosas, en e l examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderación de intereses.

5 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expedient e nú m. 2014 -03799, consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez. 6 Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó: « Se ha sostenido en anteriores

Lisset Ibarra Vélez. 6 Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó: « Se ha sostenido en anteriores ocasiones: (…) Allí donde el Juez Administrativo no esté gobernado por regla s, l o más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de opt imización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten pote nciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial. Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporc ionalidad’ // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito co nlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimaci ón de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectad o (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco

se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administración pública ( necesidad) y, por último, es necesario i ii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos».6

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

Demandante: Rod James Crate

demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

23. En el marco de las di versas medidas cautelares contempladas en el nuevo proceso contencioso administrativo 7, se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constituci ón P olítica y desarrollada e n los artículos 231 8 y siguientes del

CPACA.

24. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surti endo efectos, mientras se de cide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Lo anterior significa que su finalidad está dirigida a « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo sur ta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».9

transitoriamente, que el acto administrativo sur ta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».9

25. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de s uspensión provisional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora , o perjuicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandant e demuestre que el acto

7 El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “ vulnerante o amenazante ”, cuando fuere posible (numeral 1); suspe nder un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes de l pr oceso obligaciones de hacer o no hacer. 8 «[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones

hacer o no hacer. 8 «[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, c uando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la sol icitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la i ndemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, inf ormaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juic io de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]». 9 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.7

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

Demandante: Rod James Crate

serían nugatorios […]». 9 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.7

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

Demandante: Rod James Crate

demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores

acusado es contrario a las normas superiores invocadas 10. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202111, explicó lo siguiente:

«[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto ad ministrativo (art. 231 del CPACA), el perju icio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el or denamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CP ACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […] »12. (negrillas fuera del texto)

III.3. Del caso concreto

26. En el asunto sub examine, la parte actora solicit a la suspensión provisional de l acto administrativo de 30 de abril de 2020, por medio del cual el Ministerio de

fuera del texto)

III.3. Del caso concreto

26. En el asunto sub examine, la parte actora solicit a la suspensión provisional de l acto administrativo de 30 de abril de 2020, por medio del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores le informa que le fu e negada la Visa Tipo M solicitada como migrante e mpresario, tras considerar que es e acto administrativo transgrede lo dispuesto en los artículos 11, 29, 48 y 49 de la Constitución Política.

27. Literalmente, el memorial de la petición cautelar -que consta d e un folio y vueltoseñaló lo siguiente:

«[…] I. FUNDAMENTOS DE LA PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA

CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO

ADMINISTRATIVO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020

El día 30 de abril de 2020, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – CANCILLERIA, le informa a mi poderdante que su visa fue NEGADA, sin argumentar alguna causal legal, que configurará una razón evidente, lógica y justa por la cual negaban la Visa Tipo “M” MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – CANCILLERÍA, pasa por alto q ue mi poderdante cumple completamente con los requisitos establecidos en la resolución externa 6045 del 2 de agosto de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la concesión del visado tipo M solicitado y como consecuencia se augura no solo un eve ntual detrimento patrimonial a mi defendido, por la inversión extranjera directa realizada, sino que también, se estiman violados los

concesión del visado tipo M solicitado y como consecuencia se augura no solo un eve ntual detrimento patrimonial a mi defendido, por la inversión extranjera directa realizada, sino que también, se estiman violados los

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente con núm. único de radicación: 11001032400020160029500. 11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de r adicación 54001 -23-33-0002018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López. 12 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

Demandante: Rod James Crate

demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores

derechos fundamentales a LA SEGURIDAD SOCIAL, LA SALUD , en conexidad a EL DERECHO A L A VIDA EN CONDICIONES DIGNAS , y el Derecho al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO , consagrados en los artículos 48, 49, 11 y 29 de la Constitución Política.

conexidad a EL DERECHO A L A VIDA EN CONDICIONES DIGNAS , y el Derecho al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO , consagrados en los artículos 48, 49, 11 y 29 de la Constitución Política.

Si bien es cierto el DERECHO A LA SALUD y la SEGURIDAD SOCIAL tiene un carácter prestacional, los cuale s ad quieren la connotación de un DERECHO FUNDAMENTAL EN CONEXIDAD al DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS , y aquel puede llegar a ser efectivamente protegido cuando la inescindibilidad entre el derecho a la SEGURIDAD SOCIAL, a LA SALUD y el DERECHO A LA VIDA hagan necesario garantizar el derecho a la vida a través de la recuperación y la protección del ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL y el acceso a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD , a fin de asegurar el amparo de los derechos fundamentales del Señor ROD JA MES CRATE, la Constitución Política establece los derechos irrenunciables a la Seguridad Social, la Salud y el acceso a los servicios de salud en los artículos 48 y 49 el Estatuto Superior, los cuales son derechos y servicios públicos de carácter obligator io, por lo que su prestación se encue ntra sujeta a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, a los cuales no puede acceder mi poderdante debido a que se encuentra en condición de migrante irregular en el territorio colombiano.

Sentadas l as r azones y motivos que fundan la so licitud de suspensión provisional del acto administrativo proferido 30 abril de 2020, solicito comedidamente accedan a las siguientes:

II. PETICIONES

Sentadas l as r azones y motivos que fundan la so licitud de suspensión provisional del acto administrativo proferido 30 abril de 2020, solicito comedidamente accedan a las siguientes:

II. PETICIONES

2.1. Se decrete la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo de fecha 30 de abril d e 2020 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería.

2.2. Se decreten también (sic) o las demás medidas cautelares que se consideren necesarias para proteger los derechos fundamentales de mi prohijado y garantizar, provisionalmente, e l objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]».

28. Como puede observarse , la parte actora solicitó la suspensión de l acto administrativo de 30 de abril de 2020, porque presuntamente vulnera sus derechos fundamentales «consagrados en los artículos 48, 49, 11 y 29 de la Constitución Política»; sin embargo, en ningún momento el accionante se remitió a las razones propuestas en la demanda para efectos de sustentar la cautela y tampoco explicó cuáles son las razones fácticas o jurídicas por las que resulta la trans gresión del ordenamiento superior.

29. En ese contexto, el Despacho advierte el incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 229 y 231 del CPACA, toda vez que la parte actora no contrastó las n ormas superiores invocadas como violadas con el ac to administrativo demandado con el fin de sustentar la solicitud de medida cautelar.

30. En el anterior contexto, este Despacho ha destacado que:9

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

administrativo demandado con el fin de sustentar la solicitud de medida cautelar.

30. En el anterior contexto, este Despacho ha destacado que:9

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00073-00

Demandante: Rod James Crate

demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores

«[…] los asuntos sometidos a conocimiento de esta jurisdicción se rigen por la “rogatio” o rogación13, lo que se traduce en que la parte actora en el escenario del proceso contencioso administrativo debe cumplir con la carga de orientar el ámbito de acción dentro del cual considera que el juez debe pronunciarse y sustentar adecuadamente la solicitud de suspensión provisional14 […]»15.

31. Tal principio emana de lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 ,

norma del siguiente tenor:

«[…] En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el J