CE - 110010324000202200179001AUTOQUEADMITE20220325102919

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-24-000-2022-00179-00

Demandante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA Tercero: DEYANIRA MENESES GARCÍA Tema: Nulidad títulos profesionales

Auto que admite demanda1 La Universidad del Cauca , actuando a través de apoderad a judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, en la que elevó las siguientes pretensiones:

[…] 4.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución N.º. R840 de fecha 27 de septiembre de 2016, en concreto el aparte que confiere a la señora DEYANIRA MENESES GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía N.º 25279080, expedida en Popayán - Cauca, el título de

CONTADORA PÚBLICA.

4.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado N.º 42 del 07 de octubre de 2016018534 y Dip loma N.º. 1259 -16 de fecha de 07 de octubre de 2016, actos administrativos con los cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su Resolución N.º R - 840 de fecha 27 de septiembre de 2016 y otorga el título de CONTADORA

administrativos con los cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su Resolución N.º R - 840 de fecha 27 de septiembre de 2016 y otorga el título de CONTADORA PÚBLICA a la señora DEYANIRA MENESES GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía N.º 25279080, expedida en Popayán (C).

4.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la cancelación de la Tarjeta y/o Matrícula Profesional de CONTADORA PÚBLICA numero T -235027, otorgada por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (JCC) a la señora DEYANIRA MENESES GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía N.º 25279080, expedida en Popayán - Cauca […].

Ahora bien, en relació n con las preten siones en las cuales las entidades demandan sus propios actos, esta Sección , recientemente y mediante providencia de 13 de junio de 20192, señaló lo siguiente:

[…] La jurisprudencia de la Corporación3 ha precisado que la acción de lesividad equivale a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

1 Expediente asignado por reparto el 11 de marzo de 2022. 2 Consejo de Estado, Sección Primera, 13 de j unio de 2019, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, Expediente:

25000232700020110023101. Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN2

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Demandante: Universidad del Cauca

que ejercen los particulares , en tanto permite que la administración

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que ejercen los particulares , en tanto permite que la administración cuestione la legalidad del acto administrativo concreto y, tiene, entre otras características, que a t ravés de ella, la ad ministración, co mparece al proceso en calidad de demandante y de demandada , buscando obtener la nulidad de un acto administrativo expedido por esta , invocando una o varias de las causales de nulidad previs tas en el artículo 84 del CCA. En consecuencia, con fundamento en l a naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido afirmar que su prosperidad no depende de la inobservancia del principio de buena fe, pues la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado está suped itada a la prueba de alguna de las referidas causales de nulidad […]. (destacado por el Despacho)

En el mismo sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 11 de abril de 2019, con ponencia del doctor Oswaldo Giraldo López4, precisó:

[…] la actuación del juez cuando la administración demanda sus propios actos se encuentra supeditada a la inexistencia de controles propios de la Administración; lo que puesto en contexto se traduce en la posibilidad de qu e un acto particular y concre to sea atacado por la entidad que lo e xpide a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, precisamente porque en tales eventos, si no cuenta con el consentimiento del particular afectado, no puede pro ceder a su revocación […]. (resalta el Despacho)

Sin embargo, este Despacho pone de relieve que el artículo 137 del CPACA,

precisamente porque en tales eventos, si no cuenta con el consentimiento del particular afectado, no puede pro ceder a su revocación […]. (resalta el Despacho)

Sin embargo, este Despacho pone de relieve que el artículo 137 del CPACA, prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos adminis trativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o med iante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulida d de actos administrativos d e contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

3 Consejo de Estado, Sec ción Quinta, 5 de abril de 2018, Con sejera P onente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Expediente: 25000232400020110018201. Reitera Sentencia de 8 de mayo de 2008. 4 Consejo de Estado, Sección Primera, 11 de abril de 2019, Consejer o Ponente: Oswaldo Girald o López, Expediente:

11001032400020190009100. Actor: Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC3

4 Consejo de Estado, Sección Primera, 11 de abril de 2019, Consejer o Ponente: Oswaldo Girald o López, Expediente:

11001032400020190009100. Actor: Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC3

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2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se pers igue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente […]». (resalta el Despacho)

Significa lo anterior que excepcionalmente se puede pedir la nulid ad de un acto administrativo que tenga efectos parti culares siempre que se enmarque dentro de las causales previstas en esta norma.

Sobre este asunto, vale la pena recordar lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en providencia del 8 de marzo de 2 0055, cuando precisó lo siguiente:

[…] Puede d ecirse que desd e el punto de vista de su contenido los actos acusados tienen carácter particular, por cuanto, a través de los mismos, como ya se vio, se adoptan disposiciones en relación con la voluntad del Fundador y los estatutos de l a “Fundación San Jua n de Dios”, es decir, que tales actos estarían creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas que atañen directamente a la referida Fundación.

los estatutos de l a “Fundación San Jua n de Dios”, es decir, que tales actos estarían creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas que atañen directamente a la referida Fundación.

Empero, su juzgamiento es viable a la luz de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., por cuanto, de un lado, no observa la Sala que en caso de prosperar las pretensiones de la demanda pudiera derivarse restablecimiento de derecho alguno para los demandantes o para persona diferente y, de otro lado, los estableci mientos involucrados en t ales actos, se hallan afectos a la prestación de servicios de salud, con una innegable tradición histórica, cultural y social, lo que imprime mayor trascendencia al tema, frente al cual es evidente la existencia de un interés general en su definición, lo que permite señalar que le asiste interés a la comunidad respecto de la acción aquí planteada, promovida en defensa de la legalidad6.

Sobre este punto es oportuno traer a colación lo expresado en las sentencias de la Sección Primera de 26 de octubre de 1995 (Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez) y de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 29 de octubre de 1996 (Consejero ponente doctor Daniel Suárez Hernández), prohijadas en la sentencia de 4 de marzo de 2 003 (Expediente 1999-05683,

5 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. No. 11001-03-24-000-2001-0014501(IJ), M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 6 Cabe destacar que mediante Ley 735 de 27 de febrero de 2002, artíc ulo 1°, publicada en el Diario Oficial núm. 44.726 de 1° de marzo de 2002, se declararon monumentos nacionales al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil ubicados en la ciudad de Bogotá en reconocim iento a los señalados servicios al puebl o colombiano durante las distintas etapas de la historia de Colombia. Dicha norma también declaró como patrimonio cultural de la Nación a la Fundación San Juan de Dios y al Institu to Inmunológico Nacional por su vali osa contribución a la protección de la s alud del pueblo y a su extraordinario científico.4

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Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola) 7, en cuanto a que no obstante que se esté en presencia de actos creadores de situaciones jurídicas individuales, es procedente controvertir su legal idad por vía de la acción de simple nulidad “cuando esa situación conlleve un interés para la comunidad en general de tal naturaleza e importancia que desborde el simple interés de la legalidad en abstracto, por afectar de manera grave y evidente el orden público, social o económi co...” o “...cuando se en cuentre de por medio un interés colectivo o comunitario...con incidencia trascendental ...e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y

orden público, social o económi co...” o “...cuando se en cuentre de por medio un interés colectivo o comunitario...con incidencia trascendental ...e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos...” . […]. (r esaltado del texto original)

En este contex to, puede decirse que, desde el punto de vista de su contenido, tanto la resolución a través de la cual la institución educativa confiere los títulos académicos, como el acta de grado y el diploma, son actos que tienen efectos de carácter particular, por cu anto a través de l os mismos se crea una situación jurídica para quien obtuvo el título de profesional.

Ahora bien, aunque la regla general es que los actos administrativos de contenido particular deban ser demandados a través del medio de control de nulid ad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que, como acontece en el presente asunto, excepcionalmente, estos pueden ser cuestionados en ejercicio del medio de control de nulidad cuando con ocasión de su s efe ctos se produzcan consecuencias jurídicas que trasciendan el orden público y social.

Sobre el particular es importante destacar que en los actos administrativos demandados se otorgó el título profesional de contador a una persona; profesión que, de acuerdo con la jurispr udencia de la Corte Const itucional8, implica u na función social que requiere de formación especializada, para lo cual señaló que:

[…] La Contaduría Pública es una profesión regulada, en el ordenamiento jurídico colombiano, por la Ley 43 de 1990. De conformidad con el artículo primero de dicho estatut o, un contador público es una persona natural

[…] La Contaduría Pública es una profesión regulada, en el ordenamiento jurídico colombiano, por la Ley 43 de 1990. De conformidad con el artículo primero de dicho estatut o, un contador público es una persona natural facultada para “dar fe pública de hechos pr opios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general”. (…) La conci encia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la contaduría pública implica una función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones

7 En esta última providencia el Consejo de Estado se pronunció en torno a la Sentencia C -426 de 29 de mayo de 2002 que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 84 del C.C.A. en los siguientes términos: “...“Declarar EXEQUIBLE el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, siempre y cuando se enti enda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los términos de la parte motiva de esta Sentencia”...”. 8 Corte Constitucional, Sentencia C -645 de 13 de agosto de 20 02. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

Expediente: D-3888.5

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00179-00

Demandante: Universidad del Cauca

económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí […]

Expediente: D-3888.5

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00179-00

Demandante: Universidad del Cauca

económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí […] (negrillas fuera de texto original).

Lo anterior permite inferir que el ejercicio profesional de la contaduría es un asunto de interés relevante para la comunidad en ge neral, ya que las actividades desarrolladas por los profesionales en dicha especialidad tienen especial trascendencia en el país y, por tanto, resulta posible estudiar la legalidad del acto administrativo acusado a través del procedimiento prev isto en el n umeral 3° del artículo 137 del CPACA.

Así las cosas, y por ajustarse a lo previsto en los artículos 162 a 166 del CPACA, se admite la demanda de nulidad presentada por la Universidad del Cauca en contra del: i) artículo 1° (parcial) de la Reso lución No. R -840 de f echa 27 de septiembre de 2016; ii) Acta de Grado No. 42 de fecha 7 de octubre de 2016018534, y iii) Diploma No. 1259-16 de fecha 7 de octubre de 2016, mediante los cuales la Universidad del Cauca otorgó el título de contadora pública a la señora Deyanira Meneses García.

En consecuencia, se dispone:

a) NOTIFÍQUESE la presente providencia por estado y electrónicamente a la parte actora en la forma indicada en el artículo 201 del CPACA.

b) NOTIFÍQUESE personalmente a la señora Deyanira Meneses García, tercero con inter és d irecto en las resultas del proceso9, en la forma prevista en el

parte actora en la forma indicada en el artículo 201 del CPACA.

b) NOTIFÍQUESE personalmente a la señora Deyanira Meneses García, tercero con inter és d irecto en las resultas del proceso9, en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

c) NOTIFÍQUESE personalmente al Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado , confo rme lo dispon e el art ículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

d) COMUNÍQUESE al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , la existencia del presente proceso y remítase copia electrónica del presente auto admisori o, en co njunto con la demanda y sus ane xos, conforme lo dispone el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

e) REMÍTASE copa de la demanda y sus anexos, así como del presente auto admisorio, a través de correo electrónico a la entidad demandada, al tercero interesado y al Ministerio Público.

9 Folio 14 del PDF de la demanda contenida en el índice No. 2 del expediente digital.6

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00179-00

Demandante: Universidad del Cauca

f) De conformidad con el artículo 172 del CPACA, córrase traslado de la demanda por el término de treinta (30) días para que la parte demandada, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones,

demanda por el término de treinta (30) días para que la parte demandada, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y, si es del caso, presentar demanda de reconvención. El plazo correrá de conformidad con lo p revisto en los artículos 199 y 200 del CPACA modific ados por los artículos 48 y 49 de la Ley 2080 de 2021.

g) Dentro de dicho término, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA, exhórtese a la entidad demandada para que allegue los antecedentes admini strativos correspondientes a los actos administrativos acusados.

h) INFÓRMESE a la comunidad de la existencia del proceso de la referencia, por medio de publicación en la página web del Consejo de Estado , por considerar que este asunto puede se r de especial interés, co nforme lo dispuesto el artículo 171 numeral 5º del CPACA.

1. TÉNGASE como parte demandante a la Universidad del Cauca, y a la doctora Tatiana Andrea Medina Muñoz, como su apoderada judicial, conforme al poder que obra en el expediente.

j) TÉNGASE como terc ero con interés directo en las resultas del proceso a l señor Deyanira Meneses García.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Consejero Ponente en la Sede

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Consejero Ponente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. E n consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la Ley.

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