CE - 110010324000202200348001AUTOQUERECHAZRESUELVE20230804130531

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Título
CE - 110010324000202200348001AUTOQUERECHAZRESUELVE20230804130531
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA

Asunto: Rechaza demanda.

AUTO INTERLOCUTORIO

El ciudadano SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA, actuando a través de apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulida d y restablecimiento del derecho , previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 198 de 9 de septiembre de 2021, “Por la cual se levanta la suspensión de la orden de extradición y se ordena una entrega”, expedida por el

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.

Llegada la oportunidad procesal de resolver sobre la admisión de la demanda, el Despacho observa que la Resolución demandada noNúmero único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA 2 constituye un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, pues se limita a dar estricto cumplimiento o ejecutar una orden administrativa previamente impartida.

En efecto, se observa que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL

2 constituye un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, pues se limita a dar estricto cumplimiento o ejecutar una orden administrativa previamente impartida.

En efecto, se observa que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, mediante las resoluciones ejecutivas núms. 126 de 17 de mayo de 2016, “Por la cual se decide sobre una solicitud de extradición” y 322 de 21 de noviembre de 2016 , “Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva núm. 126 de l 17 de mayo de 2016 ”, concedió la extradición del señor SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA , requerida por las autoridades de los Estados Unidos de América con ocasión de las acusaciones que le fueron dictadas en los Distritos de Florida y de Texas, por los delitos federales de narcotráfico.

Inconforme con dichas decisiones, e l señor SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA promovió acción de tutela contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA , el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ , por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a laNúmero único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA 3 libertad y de petición, con fundamento en que, en su condición de miembro de las FARC -EP, era beneficiario de lo establecido en el punto 3.2.2.4. del Acuerdo Final , relacionado con la garantía de no

3 libertad y de petición, con fundamento en que, en su condición de miembro de las FARC -EP, era beneficiario de lo establecido en el punto 3.2.2.4. del Acuerdo Final , relacionado con la garantía de no extradición, lo cual no se tuvo en cuenta.

De dicha tutela conoció e l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., bajo el radicado núm. 2016 -02792-00 TI , que, mediante sentencia de 27 de enero 2017, amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: CONCEDER la tutela instaurada por SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA contra la PRESINDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y la OFICINA DEL ALTO COMISIONADP PARA LA PAZ por violación al debido proceso.

Consecuencia de lo anterior, se ordena a la Presidencia de la República de Colombia representada por […], al Ministro de justicia y del Derecho en cabeza de […] y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dirigida por […] o quienes hagan sus veces, que de manera conjunta dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, suspendan la orden de extradición contenida en las Resoluci ones Eje cutivas núms. 126 del 17 de mayo de 2016 y 322 del 21 de noviembre de esa anualidad, que ratifica la anterior, expedidas por la segunda entidad mencionada, hasta tanto se adelante el procedimiento contemplado en el numeral 3.2.2.4 del Acuerdo Final de Paz celebrado el 24 de noviembre de

anualidad, que ratifica la anterior, expedidas por la segunda entidad mencionada, hasta tanto se adelante el procedimiento contemplado en el numeral 3.2.2.4 del Acuerdo Final de Paz celebrado el 24 de noviembre de 2016 y se determine: (i) si el convocante hace o no parte de las FARC -EP y dependiendo de la conclusión a que lleguen las partes; (ii) si se le puede aplicar o no el Acuerdo de Paz, para finalmente, (iii) establecer si procede o no la extradición de Segundo Alberto Villota Segura […]”.Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA

4 En cumplimiento de lo anterior, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO expidió la Resolución Ejecutiva núm. 029 del 20 de enero de 2017, “Por la cual se cumple una orden judicial ”, en el sent ido de ordenar la suspensión de la entrega del señor SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA al Gobierno de los Estados Unidos de América “[…] hasta tanto se adelante el procedimiento contemplado en el numeral 3.2.2.4 del Acuerdo Final de Paz celebrado el 2 4 de noviembre de 2016 y se determine (i) si el convocante hace o no parte de las FARC -EP y dependiendo de la conclusión a que lleguen las partes: (ii) si se le puede aplicar o no el Acuerdo de Paz, para finalmente (iii) establecer si procede o no la extracción del señor […]”.

La Jurisdicción Especial para la Paz, por intermedio de las Secciones de Revisión y de Apelación del Tribunal para la Paz , profirió los

el Acuerdo de Paz, para finalmente (iii) establecer si procede o no la extracción del señor […]”.

La Jurisdicción Especial para la Paz, por intermedio de las Secciones de Revisión y de Apelación del Tribunal para la Paz , profirió los autos núms. SRT-AE-046/2019 de 11 de diciembre de 2019, SRTAE-007/2020 de 6 de febrero de 2020 y TP-SA 567 de 3 de junio de 2020, respectivamente, mediante los cuales determinó que el señor SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA no era integrante de las FARC-EP ni destinatario de la garantía de no extradición por no acreditar el factor personal de competencia.Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA

5 Conforme con lo anterior, para el Despacho es evidente que cumplida la orden judicial impuesta por el juez constitucional de determinar la procedencia de aplicar al actor la garantía de no extradición con fundamento en el Acuerdo de Paz, el MINISTERIO DE JUSTI CIA Y DEL DERECHO a través del acto administrativo demandado, procedió a dar cumplimiento a la orden de entrega del señor SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA dispuesta en las resoluciones ejecutivas núms. 126 de 17 de mayo y 322 de 21 de noviembre de 2016, que concedieron su extradición, conforme se observa:

“[…] 1. Que mediante Resolución Ejecutiva núm. 126 del 17 de mayo de 2016, el Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano SEGUNDO ALBERTO

conforme se observa:

“[…] 1. Que mediante Resolución Ejecutiva núm. 126 del 17 de mayo de 2016, el Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía núm. […], para que comparezca a juicio ante las autoridades de Estado Unidos de América con ocasión de las dos acusaciones que le fueron dictadas en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América, una en el Distrito Sur de Florida y la otra en el Distrito Este de Texas, por delitos federales de narcotráfico, tal como se indica a continuación: […]

2. Que el Gobierno Nacional, mediante Resolución Ejecutiva núm. 322 del 21 de noviembre de 2016, resolvió el recurso de reposición interpuestos por el defensor del ciudadano SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA confirmando lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva núm. 126 del 17 de mayo de 2016.

3. Que la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante comunic ación OFI16-0034925-OAI1100 del 22 de diciembre de 2016, remitió al Fiscal General de la Nación, copia de las Resoluciones Ejecutivas núms. 126 del 17 de mayo de 2016 y 322 del 21 de noviembre de 2016 , así como las garantías ofrecidas por el país requiren te a tra vés de laNúmero único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA

6 Nota Verbal núm. 2433 del 20 de diciembre de 2016 1, sobre el

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA

6 Nota Verbal núm. 2433 del 20 de diciembre de 2016 1, sobre el cumplimiento de lo condicionamientos impuestos por el Gobierno Nacional, con el fin de que se dejara a disposición del país requirente al señor SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA y se materializara su entrega.

4. Que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá D.C: , mediante fallo proferido el 16 de enero de 2017, dentro de la acción de tutela radicada bajo en número 2016 02792 00 TI, concedió la tutela i nstaurada por el ciudadano SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y ordenó que se suspendiera la orden de extradición de este ciudadano conten ida en l as Resoluciones Ejecutivas núms. 126 del 17 de mayo de 2016 y 322 del 21 de noviembre de 2016, hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz constatara si le era aplicable a este ciudadano la garantía de no extradición.

En el numeral primer del mencionado fallo, el H. Tribuna ordenó:

‘… a la Presidencia de la República de Colombia representada por […], al Ministro de justicia y del Derecho en cabeza de […] y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dirigida por […] o quienes hagan sus v eces, qu e de manera conjunta dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, suspendan la orden de

Oficina del Alto Comisionado para la Paz dirigida por […] o quienes hagan sus v eces, qu e de manera conjunta dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, suspendan la orden de extradición contenida en las Resoluciones Ejecutivas núms. 126 del 17 de mayo de 2016 y 322 del 21 de noviembre de esa anualidad, que ratifica la anterior, expedidas por la segunda entidad mencionada, hasta tanto se adelante el procedim iento contemplado en el numeral 3.2.2.4 del Acuerdo Final de Paz celebrado el 24 de noviembre de 2016 y se determine: (i) si el convocante hace o no parte de las FARC -EP y dependiendo de la conclusión a que lleguen las partes; (ii) si se le puede aplicar o no el Acuerdo de Paz, para finalmente, (iii) establecer si procede o no la extradición de Segundo Alberto Villota Segura…’.

5. Que el Gobierno Nacional acató la orden judicial proferida por la

Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el fallo proferido el 16 de enero de 2017, para lo cual , mediante Resolución Ejecutiva núm. 029 del 20 de enero de 2017 , ordenó suspender la entrega del ciudadano SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía núm. […], al Gobierno de los Estados Unidos hasta tanto se adelantara el procedimiento contemplado en el numeral .3.2. 2.4 del Acuerdo Final de Paz celebrado el 24 de noviembre de 2016 y se

1 Remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho por el Ministerio de Relaciones Ex teriores, mediante

procedimiento contemplado en el numeral .3.2. 2.4 del Acuerdo Final de Paz celebrado el 24 de noviembre de 2016 y se

1 Remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho por el Ministerio de Relaciones Ex teriores, mediante comunicación DIAJI núm.3076 del 20 de diciembre de 2016.Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA 7 determine i) si el convocante hace o no parte de las FARC -EP y dependiendo de la conclusión a que lleguen las partes; (ii) si se le puede aplicar o no el Acuerdo de Paz, para finalmente , (iii) establecer si procede o no la extradición de Segundo Alberto Villota

Segura…’.

6. Que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, mediante auto SRT -AE-046/2019 del 11 de diciembre de 2019, decidió NO AVOCAR conocimiento de la solicitud de aplicación de garantía de la no extradición del ciudadano SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA, teniendo en cuenta que para este caso no se acreditó el factor personal de competencia.

El defensor del señor VILLOTA SEGURA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada decisión.

Mediante auto SRT-AE-007/2020 del 6 de febrero de 2020, la Sección de Revisión decidió no reponer el auto SRT-AE046/2019 del 11 de diciembre de 2019 y concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelació n ante la Sección de Apelación del Tribunal de Paz.

046/2019 del 11 de diciembre de 2019 y concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelació n ante la Sección de Apelación del Tribunal de Paz.

7. Como respuesta al requ erimiento que hiciera el Ministerio de Justicia y del Derecho 2, la Secretaría Judicial de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante oficio TPSA 2043-2021 del 26 de agosto de 2021 3, puso en conocimiento del Ministerio de Justicia y del Derecho que la Sección de Apelación mediante auto TP -SA 567 del 3 de junio de 2020, confirmó lo decidido por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz mediante auto SRT-AE-046 del 11 de diciembre de 2019, en el sentido de no avocar conocimiento de la solicitud de garantía de no extradición presentada por el señor SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA al encontrar que este ciudadano, como lo pudo constatar la Sección de R evisión del Tribunal para la Paz no acreditó el factor personal de competencia para ser destinatario de la mencionada garantía.

Así lo precisó la H Corporación en el auto que resolvió el recurso de apelación:

’21. El señor VILLOTA SEGURA no demostró hab er sido integrante de las FARC -EP. En primer lugar, no cuenta con la acreditación de la OACP y tampoco aportó certificado de desmovilización CODA. La OACP, como se expuso en los

2 A través de Oficio MJD -OFI20-0033218-DAI-1100 del 5 de octubre de 2020, reiterado mediante oficio MJD-OFI21-0017410 del 18 de mayo de 2021.

2 A través de Oficio MJD -OFI20-0033218-DAI-1100 del 5 de octubre de 2020, reiterado mediante oficio MJD-OFI21-0017410 del 18 de mayo de 2021. 3 Recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de correo electrónico dl 26 de agosto de 2021.Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA 8 antecedentes de esta providencia, excluyó al interesado de la lista de las FAR C-EP. La Sala ha establecido que las decisiones de exclusión de los listados de la guerrilla, proferidos por la OACP antes de la entrada en funcionamiento de esta Jurisdicción, son válidas y, en tanto gozan de presunción de legalidad, no pueden ser descono cidas po r la JEP 4. De acuerdo con la Corte Constitucional “hasta la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de sus salas y secciones5, es decir hasta el 15 de enero de

2018. Así pues, La exclusión del señor VILLOTA SEGURA de los listados de las FARC EP, efectuada por la OACP el 22 de septiembre de 2017, tiene plenos efectos jurídicos hasta que la autoridad competente determine lo contrario.

22. El recurrente pretende que esta Jurisdicción haga caso omiso de la decisión de la OACP, porque a su j uicio, el acto administrativo que excluyó a su representado es nulo, en razón de que fue proferido sin competencia y con base en una falsa motivación. Su argumento es propio de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que debe ser decidida por la Jurisdicción Contencioso

que excluyó a su representado es nulo, en razón de que fue proferido sin competencia y con base en una falsa motivación. Su argumento es propio de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que debe ser decidida por la Jurisdicción Contencioso Administrativa6. Esta Sección no es competente para pronunciarse sobre los presuntos vicios de nulidad que el recurrente endilga a los actos administrativos expedido por la OACP 7. Por ello sus planteamientos a este respecto no son de recibo para la SA (sic).

23. En segundo lugar, no existen providencias judiciales ni piezas procesales, por hechos delictivos acaecidos antes del 1 de diciembre de 2016, que indiquen, o de las que se pueda inferir, que el señor VILLOTA SEGURA fue in vestigado, procesado o condenado por ser miembro de las FARC EP. El sometimiento a la JEP y la sanción del 25 de junio de 2018, proferida por la Junta Directiva del Resguardo Indígena La Cilia o La Calera, fueron anulados por la Asamblea Comunitaria, máxim a autoridad del pueblo indígena 8. El allanamiento por cargos por el delito de rebelión en audiencia de imputación fue improbado por el juez de conocimiento que verificó el allanamiento (artículo 293, Ley 906de 2004). Toda vez que las decisiones judiciales invalidadas por las autoridades competentes, estas carecen de valor probatorio para demostrar la condición de integrante de la extinta guerrilla.

4 Auto TS-SA 230 (párr.29) de 2019. 5 Corte Constitucional, sentencia C -080 de2018. Análisis del artículo 63 sobre competencia personal

integrante de la extinta guerrilla.

4 Auto TS-SA 230 (párr.29) de 2019. 5 Corte Constitucional, sentencia C -080 de2018. Análisis del artículo 63 sobre competencia personal de la Ley 1957 de 2019. 6 De hecho, el s olicitante demandó ante el Consejo de Estado la nulidad de los actos administrativos expedidos por la OACP. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante auto del 18 de noviembre de 2019, rechazó la demanda presentada por no cump lir con los requisitos exigidos y no corregir la demanda de ntro del término concedido para ello. Ver http://servicio.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?numero=10010324000201800165 00 (consultado 27/05/2019). 7 Ver entre otros, autos TP-SA 361 (párr.14), 393 (párr.17) de 2019 y 528 (párr.19-20) de 2020. 8 La Asamblea Comunitaria resolvió declarar la ANULACIÓN del ACTA DE SANCIÓN DEL SE ÑOR SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018, por no cumplir con los usos y costumbres, no con la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor y Derecho Propio y decretar la INVALIDEZ del proceso de sometimiento del señor SEGUNDO ALBERTO VI LLOTA SEGURA a la Jurisdicción Especial Indígena con fecha 07 de febrero de 2018 […]. Cfr. Radicado Orfeo 120191510565512_00001 y 120191510558712_00001. .Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

120191510565512_00001 y 120191510558712_00001. .Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA

9

23.1. El argumento del recurrente, según el cual las decisiones tomadas por la JEI violaron el derecho de su representado al debido proceso, es desatinado para revocar la decisión apelada. La JEP no es la autoridad competente para controvertir las decisiones adoptadas por la JEI por presunta violación de derechos fundamentales. El recurso contra el auto de la SR de no av ocar conocimiento de la solicitud de GNE del señor VILLOTA SEGURA no es la oportunidad procesal, ni el mecanismo, ni la autoridad ante la cual se debe impugnar una decisión de la JEI. La evidente falta de competencia de la JEP para pronunciarse sob re el pa rticular hace inapropiado el planteamiento del apoderado para cuestionar la decisión de al SR. La SA coincide en los esencial con la respuesta sobre este punto ofrecida por la SR al momento de resolver la reposición.

23.2. El apelante también cues tionó la s decisiones de los jueces que no validaron el allanamiento a cargos por el delito de rebelión del señor VILLOTA SEGURA. En el recurso y otros escritos (ver supra párr. 9.9.), planteó que la Fiscalía hizo incurrir en error a las autoridades penales ordinarias y presionó a otros particulares par aceptar delitos que no cometieron. En su opinión, esas decisiones no tienen efectos jurídicos frente a sus apadrinado, por cuanto éste no ha sido vencido en juicio. Al respecto es necesario subrayar que

aceptar delitos que no cometieron. En su opinión, esas decisiones no tienen efectos jurídicos frente a sus apadrinado, por cuanto éste no ha sido vencido en juicio. Al respecto es necesario subrayar que la JEP no es el escenario para cuestionar decisiones proferidas por autoridades penales ordinarias en cumplimiento de los procedimientos legales. El recurrente no puede pretender que los jueces transicionales desconozcan las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas. Tampoco es objeto de esta jurisdicción supervisar, controlar o enjuiciar las actuaciones que la Fiscalía realiza en el marco de la función constitucional de investigar y acusar delitos de los que tenga conocimiento. Las afirmaciones del recurrente deben ventilarse ante los organismos competentes y no ante la JEP.

23.3. En el expediente reposan sendas decisiones judiciales que no han sido desvirtuadas las autoridades competentes. los jueces penales condenaron al señor Nelson Narváez Campo por f raude procesal, tráfico de influencias de particular, cohecho por dar y ofrecer y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El condenado admitió que pagó para que se confeccionaran elementos materiales de prueba que permiti eran imputar el delito de rebelión a VILLOTA SEGURA (ver supra párr. 5)9. La imputación se llevó a cabo y el interesado aceptó los cargo. Luego, en audiencia de verificación de allanamiento, un juez penal de conocimiento no avaló la aceptación del delito d e rebeli ón del señor VILLOTA SEGURA. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia y adquirió plena firmeza jurídica. Las providencias

de conocimiento no avaló la aceptación del delito d e rebeli ón del señor VILLOTA SEGURA. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia y adquirió plena firmeza jurídica. Las providencias judiciales que permiten probar la pertenencia del solicitante a las

9 Cabe anotar que el señor Narváez Campos solicitó ante la JEP beneficios transicionales como tercero civil por los hechos de la condena. La SA tuvo oportuni dad de revisar su caso y rechazar la solicitud de sometimiento, por ausencia del factor material de competencia. Cfr. Auto TP -SA 411 (párr. 26 y 27) 2020.Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA 10 filas de la ex guerrilla de las FARC -EP fueron revocadas, se reitera, por las autoridades competentes. La JEP no puede hacer caso omiso de tales decisiones solo porque el interesado está en desacuerdo con ellas.

24. En tercer lugar, y con base en lo anterior, tampoco está acreditado el segundo supuesto contemplado en el artículo transitorio 19 constitucional, referido a la acusación de ser parte de la organización de las FARC -EP. La sanción impuesta por la JEI fue anulada. Conforme con los procedimientos propios de esa jurisdicción especial, y el allanamiento a cargo ante la JPO por el delito de rebelión fue improbado . Esas acusaciones serian funcionales para demostrar este supuesto, pero no están en firme. Por el contrario, fueron desvirtuadas y desvaloradas por las autoridades competentes (ver supra 6 y 9.11.2 .). en consecuencia, perdieron

demostrar este supuesto, pero no están en firme. Por el contrario, fueron desvirtuadas y desvaloradas por las autoridades competentes (ver supra 6 y 9.11.2 .). en consecuencia, perdieron fuerza probatoria para acreditar el segundo supuesto normativo10. (…)

27. Finalmente, el apoderado, de forma extemporánea en el recurso de apelación, alegó que su representado es hermano del señor Arcediano Segura, mi embro de las FARC-EP, acreditado por la OACP. Sin embargo, el apelante no aportó prueba alguna de su dicho. Ni los registros civiles que demostraran la relación de parentesco ni ninguna otra información sobre la supuesta membrecía del señor Arcediano Segura a la desmovilizada guerrilla.

En el expediente contentivo del trámite de la GNE solo aparece registrado como hermano del interesado, el señor Aldemar Villota Segura, quien fue relacionado tanto en el acto de sanción anulada por la JEI 11, como en las acusa ciones formales de las autoridades de los Estado s Unidos. En primer lugar, la alegación es extemporánea. En segundo término, no existe sobre el particular ningún elemento de prueba que permita establecer la relación de consanguinidad ni la existencia del s eñor Arc ediano Segura, ni la supuesta pertenencia de éste a las FARC -EP. En tercer punto, el interesado tampoco demostró que su solicitud de extradición obedece a hechos o conductas relacionadas con la presunta

10 La mera anulación, en el caso de la JEI, y la no aprobación, en el caso de la JPO, sin suficientes para descartar que esas piezas procesales permiten acreditar el factor personal de competencia por la

10 La mera anulación, en el caso de la JEI, y la no aprobación, en el caso de la JPO, sin suficientes para descartar que esas piezas procesales permiten acreditar el factor personal de competencia por la vía de la segunda hipótesis del artículo transitorio 19 constitucional (acusación de hacer part e de las FARC-EP). El artículo 293 (L906/04) prevé que la a ceptación de cargos en audiencia de imputación o el preacuerdo con la Fiscalía debe entenderse como el equivalente a la acusación. La jurisprudencia de la SA ha indicado, como ya se dijo, que para demostrar esta hipótesis se requiere la existencia de una a cusación formal (acto completo compuesto por el escrito de acusación de la Fiscalía y la realización de la audiencia de formulación de acusación ante un juez penal de conocimiento) emanada por las autoridades competentes. En ese evento, el hecho simple que las acusaciones hayan sido improbadas o anuladas elimina la posibilidad de acreditar el factor personal de competencia, mediante el segundo supuesto normativo del artículo transitorio 19 constituc ional. No sucede lo mismo con el primer supuesto normativo. En ese caso, se hace necesario resaltar que a anulación o no aprobación se deben a razones sustantivas que desdicen de la condición de integrante de las FARC -EP, como se indicó en supra párr. 23. 11 En los documentos allegados por la Junta Directiva del Re sguardo Indígena La Cilia o La Calera aparece registrado “Arceliano Villota” como padre del interesado. No hay coincidencia entre los nombres ni los apellidos. Fr. Radicado Orfeo 20181510229912.Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

aparece registrado “Arceliano Villota” como padre del interesado. No hay coincidencia entre los nombres ni los apellidos. Fr. Radicado Orfeo 20181510229912.Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00348-00

Actor: SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA 11 pertenencia de su hermano a las FARC -EP. Por consiguiente, el planteamiento del apelante no está llamado a prosperar.

(…)

32. En el presente caso, las reuniones realizadas ente la JEI y la JEP podían prescindir de la intervención del interesado. En la medida que estuvieron encaminadas a recaudar doc umentos e información, no se afectó ningún de los derechos fundamentales del señor VILLOTA SEGURA. Luego, la ausencia del apoderado del solicitante en los encuentros interjurisdiccionales no genera ningún vicio que aqueje la decisión de primera instancia. Por esta s razones, el reparo planteado por el recurrente, porque no había sido convocado a las reuniones entre la JEI y la PEP, no está llamado a prosperar.

(…)

34. El reproche del recurrente se debe a que los resultados de las pruebas no favorecieron las pretensiones de su representado. De otro modo no se podría explicar que, al mismo tiempo que cuestiona la actividad probatoria de la SR, el apelante reclama mayor amplitud y despliegue para valorar los informes y las entrevistas que aportó como fundamento de sus solicitudes. Como se advirtió antes, esos elementos no son idóneos para acreditar el factor personal de competencia. Por ello, la SR hizo bien al no valorarlos como prueba de la condición de miembro de las FARC-EO

se advirtió antes, esos elementos no son idóneos para acreditar el factor personal de competencia. Por ello, la SR hizo bien al no valorarlos como prueba de la condición de miembro de las FARC-EO DEL SEÑOR Villota segura.

35. Por las raz ones anteriores , esta Sección confirmará la decisión de la SS -SR de no avocar conocimiento de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición presentada por el señor SEGUNDO ALBERTO VILLOTA

SEGURA’.

5. Como puede observarse, al haberse verificado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz (autos SRT -AE-046/2019 del 11 de diciembre de 2019 y SRT -AE-007/2020 del 6 de febrero de 2020) y la Sección de Apelación del Trib unal para la Paz (auto TPSA 567 del 3 de junio de 2020), que el ciudadano colombiano SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA no acreditó el factor personal de competencia para ser destinatario de la garantía de no extradición, le corresponde al Gobierno Nacional, al cumplirse la condición que en su momento impidió materializar la extradición concedida mediante Resoluciones Ejecutivas núms. 126 del 17 de mayo de 2016 y 322 del 21 de noviembre de 2016, le vantar la suspensión que pesa sobre la orden de entrega en extr adición a los Estados Unidos de América del mencionado ciudadano, que había sido dispuesta mediante Resolución Ejecutiva núm. 029 del 20 de enero de 2017, en cumplimiento de la orden judicial antes detallada, dentro de la

orden de entrega en extr adición a los Estados Unidos de América del mencionado ciudadano, que había sido dispuesta mediante Resolución Ejecutiva núm. 029 del 20 de enero de 2017, en cumplimiento de la orden judicial antes detallada, dentro de la a

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