CE - 110010324000202300027001AUTOQUERESUEL20230810150213

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: NULIDAD Expediente: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandante: PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA , MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, Y

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA

Tema: Decreto 2.113 de 1° de noviembre de 2022 «Por el cual se declara una Situación

de Desastre de Carácter Nacional».

Auto que resuelve medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar elevada por la accionante, quien depreca que se decrete la suspensión provisional de los artículos 1°, 3° -numeral 2° - y 4° -líneas 1.2., 1.3., 2.3. y 3. - del Decreto No. 2113 de 1° de noviembre de 2022 «Por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional»; acto administrativo suscrito por el presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. La ciudadana Paloma Susana Valencia Laserna, actuando en nombre propio y

director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. La ciudadana Paloma Susana Valencia Laserna, actuando en nombre propio y obrando en ejercicio del medio de control de nulidad de que trata el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, presentó demanda en contra del Gobierno Nacional, en la que elevó

las siguientes:

[…] III. PRETENSIONES

1. Que se declare la suspensión provisional del artículo 1 del Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022 “Por el cual se declara una Situación de Desastre

de Carácter Nacional”.

2. Que se declare la suspensión provisional del numeral 2 del artículo 3 del Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022 “Por el cual se declara una Situación

de Desastre de Carácter Nacional”.

3. Que se declare la suspensión provisional de las líneas 1.2, 1.3, 2.3 y toda la línea 3 del artículo 4 del Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022 “Por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional”.Radicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

2

4. Que se declare la nulidad parcial del artículo 1 del Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022 “Por el cual se declara una Situación de Desastre de

Carácter Nacional”

5. Que se declare la nulidad del numeral 2 del artículo 3 del Decreto 2113

noviembre de 2022 “Por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional”

5. Que se declare la nulidad del numeral 2 del artículo 3 del Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022 “Por el cual se declara una Situación de Desastre

de Carácter Nacional”.

6. Que se declare la nulidad de las líneas 1. 2, 1.3, 2.3 y toda la línea 3 del artículo 4 del Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022 “Por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional”. […]. (negrillas fuera del original)

2. La demanda fue inadmitida por auto de 20 de febrero de 2023, por cuanto la parte actora no acreditó el envío de la demanda y sus anexos a las entidades demandadas.

3. Tal proveído fue notificado a la parte demandante, mediante correo electrónico el 21 de febrero de 2023 y por estado electrónico del 23 de febrero de ese mismo año.

Mediante escrito radicado el 24 de febrero de 2023 , y estando dentro de la oportunidad legal, la parte actora aportó escrito de subsanación de la demanda en el que corrigió la omisión antes referida.

4. Por tal r azón, este Despacho, a través de sendos proveídos de 17 de abril de 2023, dispuso admitir la demanda y ordenó correr traslado a las entidades públicas accionadas tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada con esta.

I.2. La solicitud de medida cautelar

5. El extremo demandante solicitó la suspensión provisional de los artículos 1°, 3° -

accionadas tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada con esta.

I.2. La solicitud de medida cautelar

5. El extremo demandante solicitó la suspensión provisional de los artículos 1°, 3° - numeral 2°- y 4° -líneas 1.2., 1.3., 2.3. y 3.- del decreto demandado y, para ello, se remitió a los argumentos expuestos en el libelo demandatorio, razón por la que corresponde a esta Sala Unitaria efectuar un análisis de los cargos de violación que fueron expuestos en la demanda, pero únicamente con el propósito de dilucidar si el acto acusado contraviene las normas invocadas por el libelista y, por consiguiente, si es procedente o no acceder a la cautela deprecada.

Precisado este aspecto, el Despacho encuentra que son dos los argumentos en los que se fundamenta la solicitud de suspensión provisional, a saber: (i) que existe una desviación de poder, en razón a que el Gobierno Nacional utilizó la situación de desastre para financiar e implementar su política social, sin que haya conexión directa entre dicha emergencia y los rubros o acciones dispuestas para superar la misma, y (ii) que existe una falsa motivación -por error de hecho-, en la medida que no está probado que las precipitaciones masivas causadas por el fenómeno natural de «La Niña» se extiendan hasta noviembre de 2023.

6. Tales argumentos encuentran sustento en la presunta vulneración de los artículos 1°, 2°, 6°, 29, 150, y 189 -numeral 11de la Constitución Política, así comoRadicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

artículos 1°, 2°, 6°, 29, 150, y 189 -numeral 11de la Constitución Política, así comoRadicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

3 de los artículos 55 y 61 de la Ley 1523 de 20121 y el Decreto 111 de 19962 -sin hacer alusión específica a ningún artículo de esta disposición-.

7. En relación con el primer argumento de la cautela -la desviación de poder -, argumentó que la Ley 1523 de 2012 es el marco legal para declaratoria de una situación de desastre o de calamidad pública ; norma que, según su criterio, tuvo como propósito único otorgar a las autoridades competentes facultades excepcionales para rehabilitar y reconstruir los bienes materiales que han sido afectados por un fenómeno natural y, por ende, no es procedente utilizar dich a declaratoria como pretexto para implementar políticas sociales que deben ser tramitadas por el conducto regular del Plan Nacional de Desarrollo.

8. Cuestionó que en el numeral 2° del artículo 3° del acto enjuiciado se haya previsto la posibilidad de «[…] transferir recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, madres cabeza de familia y adultos mayores, y la población vulnerable en general […]», por cuanto estima que estos programas sociales se desarrollan en un contexto ajeno a las condiciones ambientales extraordinarias que motivaron la declaratoria de la situación de desastre, a tal punto que la ampliación de su cobertura requiere una discusión presupuestal y operativa independiente que se debe desarrollar en el

ajeno a las condiciones ambientales extraordinarias que motivaron la declaratoria de la situación de desastre, a tal punto que la ampliación de su cobertura requiere una discusión presupuestal y operativa independiente que se debe desarrollar en el contexto institucional respectivo, tal como lo es el Congreso de la República.

9. Asimismo, indicó que el efecto jurídico de esta disposición se traduce en que «[…] los recursos que la Nación presupuesta para la atención de las situaciones de desastre, se terminan destinando para unos rubros totalmente distintos que deberían asignarse de manera ordinaria en desarrollo de la discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso, lo cual representa una clara contradicción a la diáfana intención del legislador en la materia […]».

10. Agregó que la transferencia de recursos que pretende realizar el Gobierno Nacional a través de este decreto «[…] comporta una manifiesta violación al Estatuto Orgánico del Presupuesto, toda vez que se triangula el dinero de tal forma que se incrementa el presupuesto de las entidades que tienen a cargo la ejecución de los programas sociales descritos, sin que tal adición presupuestal haya sido discutida por las comisiones económicas ni l as plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, con lo cual el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres termina fungiendo como un comodín que el Gobierno utiliza para efectuar traslados presupuestales sin que exista la respectiva autorización legal […]».

11. Resaltó que cualquier afectación natural generara consecuencias de índole social y económico, pero ello no se traduce en que la Ley 1523 haya habilitado de manera

1 «Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

y económico, pero ello no se traduce en que la Ley 1523 haya habilitado de manera

1 «Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones».

2 «Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman e l estatuto orgánico del presupuesto».Radicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

4 indeterminada al primer mandatario para extender el alcance de la declaratori a de emergencia, a tal punto de buscar materializar el plan de gobierno a través de este mecanismo legal, desconociendo, entre otros fundamentos normativos, la natural discusión que se debe a todos los proyectos de inversión social en el plan de desarrollo, el cual debe ser aprobado por el Congreso de la República.

12. Afirmó que el Gobierno Nacional desarrolló un plan de acción que no guarda relación con las inundaciones que originaron la declaratoria de desastre , puesto que, en su criterio, «[…] nada tiene que ver la adquisición y comercialización de alimentos, línea 3.3, o la red vial comunitaria para la producción y soberanía alimentaria, línea 3.5, con rehabilitar las condiciones que se vieron afectadas por el incremento en las precipitaciones desde el segundo semestre del 2022 […]».

13. Concluyó este argumento manifestando que , comoquiera que en el plan de acción decretado para superar la crisis originada por el fenómeno natural de «La Niña» se establecieron políticas públicas para la superación de la crisis alimentaria,

13. Concluyó este argumento manifestando que , comoquiera que en el plan de acción decretado para superar la crisis originada por el fenómeno natural de «La Niña» se establecieron políticas públicas para la superación de la crisis alimentaria, era claro que la Unidad Nacional para la de Gestión del Riesgo de Desastresencargada de ejecutar dicha política pública - se convertirá en el planeador de la política alimentaria, pasando así por encima de la asignación de competencias que el Congreso de la República ha establecido , y desnaturalizando por completo la intención que tuvo el legislador al momento de establecer el marco especial de gestión del riesgo, lo cual representa una clara desviación de poder.

14. Pasando al segundo argumento de la medida cautelar -la falsa motivación -, expuso que el Gobierno Nacional, para decretar la situación de desastre nacional, tuvo en cuenta la información que hasta el 1° de noviembre le suministró el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -en adelante IDEAMrespecto de las condiciones meteorológicas que se venían desarrollando en el país, en especial, las relacionadas con el fenómeno natural de «La Niña», el cual inició el 1° de agosto de 2021, de acuerdo al Boletín de Predicción Climática No. 320 de 2021.

15. Destacó que el IDEAM en el Boletín de Predicción Climática No. 171 de 14 de octubre de 2022 certificó que «las condiciones del fenómeno de La Niña continuarán durante diciembre – febrero de 2022 con un 75% de probabilidad, y disminuirán a un 54% durante febrero – abril de 2023», al igual que estableció que durante la

durante diciembre – febrero de 2022 con un 75% de probabilidad, y disminuirán a un 54% durante febrero – abril de 2023», al igual que estableció que durante la temporada de huracanes de junio a noviembre de 2022 se predecía que esta fuera un 65% superior a lo normal, razón por la que no se explica el motivo por el cual la declaratoria del desastre se extendió hasta el mes de noviembre de 2023 , cuando la entidad competente certificó que el fenómeno natural de «La Niña» iría únicamente hasta febrero del presente año.

16. En ese orden de ideas, aseguró que : «[…] es fácticamente imposible que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de fundamentar la declaratoria de emergencia por un periodo de tiempo tan extenso que no guarda relación con el seguimiento técnico que realiza la entidad especializada en temas ambientalesRadicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

5 […]», de allí que considera que el acto enjuiciado se sustentó en un hecho que no estaba plenamente acreditado, como lo es que el fenómeno natural de «La Niña» se extendería hasta noviembre del 2023.

17. Concluyó afirmando que existe una falsa motivación por error de hecho, toda vez que el ejecutivo nacional declaró una situación de desastre natural de carácter nacional por un término de 12 meses -es decir hasta el mes de noviembre de 2023-, cuando la realidad fáctica indica que el fenómeno natural que dio lugar a la referida emergencia solo permanecería hasta el primer trimestre del año 2023.

I.3. Traslados de la suspensión provisional

la realidad fáctica indica que el fenómeno natural que dio lugar a la referida emergencia solo permanecería hasta el primer trimestre del año 2023.

I.3. Traslados de la suspensión provisional

I.3.1. Presidente de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

18. La apoderada judicial del Presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -en un mismo escrito - se opuso a la prosperidad de la medida cautelar deprecada, con fundamento en que , según su criterio, nada es más lejano a la realidad que pensar que los planes específicos para la recuperación posterior a la situación de desastre de que trata la Ley 1523 de 2012 deben circunscribirse únicamente a rehabilitar y reconstruir las áreas afectadas por un determinado fenómeno natural.

19. Lo anterior, comoquiera que la misma ley, en sus objetivos específicos, expresamente determinó que la gestión del riesgo de desastres es, ante todo, un proceso social que impone desarrollar, instrumentos de planificación para todos los subprocesos: desde el conocimiento del riesgo, hasta la atención del desastre, pasando por la reducción del riesgo a través de intervenciones, prospectiva o correctiva o la disminución de las condiciones de vulnerabilidad de los bienes jurídicos expuestos al riesgo de un desastre.

20. En ese sentido, precisó que una vez se materializa un fenómeno natural de alto impacto en la sociedad como, por ejemplo, el fenómeno de «La Niña», surgen unas obligaciones del Estado y de la sociedad en general, derivadas del principio de solidaridad. Tales obligaciones se encuentran encaminadas a la protección de

impacto en la sociedad como, por ejemplo, el fenómeno de «La Niña», surgen unas obligaciones del Estado y de la sociedad en general, derivadas del principio de solidaridad. Tales obligaciones se encuentran encaminadas a la protección de distintos b ienes o derechos de la comunidad afectada, como : la vida, los bienes privados y públicos, medios de subsistencia, y servicios públicos, así como aquellas acciones que propenden por la superación de la vulnerabilidad de la población.

21. Frente a este último punto, hizo referencia al numeral 1° del artículo 4° de la Ley 1523 de 2012, norma según la cual, en tratándose de la afectación por fenómenos naturales hidrometereológicos -como «La Niña» -, «[…] corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad […]».Radicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

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22. De igual modo, destacó que los numerales 8° , 20 y 24 del mismo artículo 4, así como el literal d) del subnumeral 2.3 del artículo 6° de la Ley 1523, establecen que la respuesta del Estado para la superación de un desastre natural no se ciñe exclusivamente a la recuperación o rehabilitación de los bienes o servicios afectados con determinado fenómeno natural, sino también a la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población.

23. Por tales argumentos, no comparte la afirmación de la libelista asociada a que, por incluirse acciones o destinar presupuestos encaminados a la superación de la

condiciones de vulnerabilidad de la población.

23. Por tales argumentos, no comparte la afirmación de la libelista asociada a que, por incluirse acciones o destinar presupuestos encaminados a la superación de la vulnerabilidad de la población afectada con el fenómeno natural de «La Niña» , exista una desviación de poder, en la medida que la misma Ley 1523 estableció que ello era procedente para la superación de los daños sociales y económicos que se derivan de una situación de desastre.

24. De otro lado, controvirtió el argumento de la falsa motivación, toda vez que , de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 15 23, el Presidente de la República se encuentra habilitado para declarar una situación de desastre de carácter nacional hasta por un plazo de 12 meses , el cual es prorrogable hasta por un periodo igual de 12 meses. Lo anterior significa que la decisión adoptada en el acto acusado encuentra sustento legal.

25. A su vez, reprochó que pretenda darse a entender que el plazo de 12 meses para la declaratoria de la emergencia solo es procedente si el fenómeno natural que da lugar a dicho desastre dura este plazo, puesto que:

[…] la atención del desastre no se contrae, ni se limita al periodo de ocurrencia del fenómeno de "La Niña". De la misma forma como tampoco el desastre producido por el paso de un huracán o la ocurrencia de un sismo, puede atenderse durante la ocurrencia del evento propiamente dicho que puede ser desde unos pocos segundos (sismo) hasta algunas horas (huracán), tampoco puede pedirse que la atención del desastre derivado de fenómenos

atenderse durante la ocurrencia del evento propiamente dicho que puede ser desde unos pocos segundos (sismo) hasta algunas horas (huracán), tampoco puede pedirse que la atención del desastre derivado de fenómenos hidrometeorológicos que favorecen las inundaciones, las avenidas torrenciales, las remociones en masa tenga lugar en el mismo periodo. Por esa razón, es un profundo dislate deducir que el término de la declaratoria de desastre (12 meses) debe coincidir con el pronóstico de duración del fenómeno de la niña. En consecuencia, la causal de falsa motivación que aduce la deman dante no tiene ninguna suerte de asidero jurídico ni técnico […].

26. Finalmente, aseveró que la medida cautelar de suspensión provisional debía ser denegada, dado que no se cumplían los presupuestos de que trata el artículo 231 del CPACA.

I.3.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

27. El apoderado judicial del citado ministerio se opuso a la prosperidad de la medida, en primer lugar, por cuanto estima que, de decretarse la medida cautelar solicitada, implicaría desatender la grave situación que afronta la población que se ha visto afectada por el fenómeno natural de «La Niña», tal como es sería al quitarles la «[…]Radicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

7 ampliación de cobertura en el Programa de Alimentación Escolar, madres cabeza de familia y adultos mayores, y la población vulnerable en general, según lo determine el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo […]».

7 ampliación de cobertura en el Programa de Alimentación Escolar, madres cabeza de familia y adultos mayores, y la población vulnerable en general, según lo determine el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo […]».

28. En consonancia con lo anterior, afirmó que : «[…] suspender la vigencia de las normas implica avalar una interpretación política de las mismas que privilegia el interés par ticular de una visión política sobre el contenido literal de las normas y perjudicaría de manera irremediable a los damnificados por el desastre, quienes no podría recibir las ayudas previstas. En ese sentido conviene tener en cuenta, que al contrario de l o que sostiene la parte demandante, las normas demandadas dirigen las ayudas y los recursos exclusivamente para los damnificados por la emergencia. De manera que de las normas demandas no se desprende que el Gobierno Nacional pretenda utilizar la declaratoria de desastre para financiar e implementar su política social, sin que haya conexidad directa con la emergencia […]» (negrillas fuera del texto).

29. En síntesis, la citada cartera ministerial considera que las políticas públicas definidas en el decreto acusado se circunscriben a la superación de la situación de desastre nacional definida en el mismo y, por consiguiente, existe conexidad plena entre las mediadas adoptadas y la situación de desastre declarada.

I.3.3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

30. El apoderado judicial de esta cartera solicitó denegar la cautela deprecada por la accionante, en razón a que las normas demandadas se enfocan en la exigencia establecida en cabeza del Estado de llevar a cabo las acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción necesarias para la superación de la declaratoria de

accionante, en razón a que las normas demandadas se enfocan en la exigencia establecida en cabeza del Estado de llevar a cabo las acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción necesarias para la superación de la declaratoria de desastre.

31. Al respecto, señaló que no es lógico pensar que los recursos destinados p ara atender la emergencia s olo pueden estar destinados a las reconstrucciones de edificaciones, ya que la emergencia natural puede afectar distintos bienes jurídicos de las personas que eventualmente resulten afectadas, tal y como lo es su vivienda, su educación o su alimentación, en los términos del artículo 59 de la Ley 1523.

32. Como sustento de la anterior premisa, indicó lo siguiente:

[…] Contrario a lo indicado por la demandante, el Decreto 2113 de 2022, guarda un pleno acatamiento respecto del ordenamiento jurídico superior, razón por la que de ninguna manera se podría concluir de forma alguna que dicho cuerpo normativo contiene una clara contradicción con normas de superior nivel jerárquico, de hecho, el mismo, pese a lo indicado en la demanda, se profiere en pro de garantizar la igualdad entre personas y en procura de que reciban la misma protección y trato de las autoridades en consonancia con lo indicado por el artículo 13 superior. En igual sentido, el precitado Decreto se profirió en procur a de la protección especial de losRadicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

8 menores de acuerdo con el artículo 44 de la constitución y de las personas de la tercera edad de acuerdo con lo establecido por el artículo 46 ibidem.

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

8 menores de acuerdo con el artículo 44 de la constitución y de las personas de la tercera edad de acuerdo con lo establecido por el artículo 46 ibidem.

En el mismo orden de ideas, se evidencia con meridiana claridad que el Decreto demandado, se profirió bajo los preceptos normativos establecidos para tal fin, ya que es una atribución dada al Presidente de la República de acuerdo con lo indicado por el artículo 56 de la Ley 1523 de 2012 donde existió previa recomendación d el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.

En consonancia con lo anteriormente indicado, resulta claro también que lo establecido en el artículo 80 de la Ley 1523 de 2012, permite, en el contexto de la declaratoria de situación de desastre, que el Fondo Nacional de Riesgo de Desastres pueda transferir recursos de sus cuentas o subcuentas a entidades públicas, del orden nacional o territorial y entidades privadas cuyo objeto social tenga relación directa con las actividades que se requieran para aten der la calamidad o desastre , para ser administrados por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que no se evidencia que el decreto demandado contraríe disposición legal alguna con lo establecido en su artículo 3°.

Así mismo, la norma no indica que la distribución de recursos se pueda hacer de manera indeterminada o incierta, de acuerdo con lo indicado por el artículo 61 de la Ley 1523 de 2013, ya que debe existir un plan específico para la recuperación, respecto del cual el Gobierno Nacional impartió lineamientos en cuanto a su énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria,

el artículo 61 de la Ley 1523 de 2013, ya que debe existir un plan específico para la recuperación, respecto del cual el Gobierno Nacional impartió lineamientos en cuanto a su énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria, aplicando el enfoque diferencial y con perspectiva de género, teniendo en cuenta las diferentes realidades y dinám icas territoriales y culturales, los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales, y demás a que haya lugar en los lugares afectados por la emergencia, ya que mal se haría en pensar que el desastre ocasionado hasta ahora por la situación climática d el país solo afecta estructuralmente edificaciones como se pretende sea visto por la demandante, ya que adicional a ello, el desastre natural puede afectar el contexto mismo de las poblaciones que se han visto afectadas y las que eventualmente puedan serlo, para lo cual, el Gobierno nacional debe propender también por su rehabilitación y recuperación.

Por tal razón el gobierno nacional, en pleno acatamiento de la normatividad vigente, dio los lineamientos del plan de acción específico teniendo en cuenta lo siguientes aspectos; respuesta humanitaria, recuperación temprana, adaptación y recuperación para el buen vivir, y el específico para las poblaciones que ya se han visto afectadas en el Cauca, Nariño y Putumayo sin desbordar de forma alguna los parámetro s constitucionales y legales establecidos para tal efecto […] (negrillas fuera del texto).

33. En lo que atañe al segundo argumento de la suspensión provisional, destacó que el artículo 1° del Decreto 2113 de 2022 se profirió en desarrollo de las facultades concedidas al presidente de la República en la misma Ley 1523 de 2012, ley donde

el artículo 1° del Decreto 2113 de 2022 se profirió en desarrollo de las facultades concedidas al presidente de la República en la misma Ley 1523 de 2012, ley donde por obvias razones no se establece el plazo máximo de dicha declaratoria dado a que obedece a factores externos que no pueden ser delimitados ciertamente por autoridad alguna t al y como lo es la vigencia y consecuencias de un fenómeno climatológico como el «fenómeno de la niña».Radicación: 11001-03-24-000-2023-00027-00

Demandantes: Paloma Susana Valencia Laserna

Demandado: Gobierno Nacional

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I.3.3. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -tercera interesada34. El apoderado judicial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Desastres -en adelante UNGRD - reiteró lo señalado por las demandadas en cuanto a que la atención de los desastres no se concreta en la reconstrucción y rehabilitación de las zonas físicas o bienes afectados, sino que, en mayor medida, en la superación del componente de vulnerabilidad de la población afectada con el fenómeno natural.

35. Sobre el particular, indicó que de acuerdo con el artículo 366 Constitucional y 41 del Decreto 111 de 1996 «Estatuto Orgánico del Presupuesto», los recursos destinados para la superación y gestión del riesgo deben propender, en primer lugar, al gasto público y a la satisfacción del interés general.

36. Asimismo, precisó que:

«[…] el desastre es la interacción de estas dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Por su parte, el riesgo no es más que una probabilidad que estas

36. Asimismo, precisó que:

«[…] el desastre es la interacción de estas dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Por su parte, el riesgo no es más que una probabilidad que estas dos variables confluyan y, en consecuencia, causen daños. El riesgo de desastre, entonces, como lo d efine también la Ley 1523 son los daños o pérdidas potenciales. Cuando una comunidad resulta damnificada con ocasión de un desastre es un deber de las autoridades y de todas las personas, en virtud del principio de solidaridad, concurrir para brindar, en primer término asistencia humanitaria (…)

Pero la acción del Estado no se reduce sólo a brindar asistencia humanitaria. Se debe dirigir, ante todo, a que se reduzcan los factores que condicionan las variables de amenaza y vulnerabilidad para que el daño no se produzca. Todas estas actividades son entonces, la gestión del riesgo de desastres. Una adecuada gestión del riesgo de desastres, en consecuencia, empieza por el conocimiento de los riesgos, pasa por la reducción del riesgo a través de intervenciones correctiva o prospectivas y cuando, el riesgo se ha materializado, termina en una adecuada y oportuna atención a los damnificados, p