CE - 110010324000202300045001AUTOQUERESUEL20230627165245

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Número único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

Actores: LUCAS ARBOLEDA HENAO Y OTRO

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Asunto: Resuelve recurso de súplica

TESIS: SE CONFIRMA EL AUTO SUPLICADO. EL MEDIO DE CONTROL IDÓNEO PARA CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DEL ACTO ACUSADO ES EL DE NULIDAD , POR CUANTO NO SE TRATA DE UN ACTO

ADMINISTRATIVO AUTÓNOMO FUNDADO EN NORMAS DE RANGO

CONSTITUCIONAL. SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA EL

DECRETO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA, DEBIDO A QUE

EL TRÁMITE ORDINARIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUPERA LA

VIGENCIA DEL ACTO ACUSADO . EN PRINCIPIO, SE ADVIERTE LA VULNERACIÓN DE L ARTÍCULO 2.1.2.1.14 DEL DECRETO 1081 DE 2015, EN ARMONÍA CON EL ARTÍCULO 8°, NUMERAL 8, DEL CPACA,

POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO PARA LA

PUBLICACIÓN DEL ACTO ACUSADO, CUYA NATURALEZA ES

REGULATORIA.

AUTO INTERLOCUTORIO

Al no haber obtenido la mayoría el proyecto presentado por el señor

PUBLICACIÓN DEL ACTO ACUSADO, CUYA NATURALEZA ES

REGULATORIA.

AUTO INTERLOCUTORIO

Al no haber obtenido la mayoría el proyecto presentado por el señor consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta Sala procede a decidirNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

Actores: LUCAS ARBOLEDA HENAO Y OTRO

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 los recursos ordinarios de súplica oportunamente interpuestos por la Presidencia de la República, los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Vivienda, Ciudad y Territorio y de Minas y Energía , el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Colombiano de Contratación Estatal y Servicios Públicos -INCOES y los señores Félix Hoyos Lemus y Herminso Pérez Ortiz , contra el auto de 2 de marzo de 2023, proferido por el Consejero ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES, por medio del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto núm. 227 de 16 de febrero de 2023, “Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones ”, expedido por el Presidente de la República, los ministros de Hacienda y Crédito Público; Vivienda, Ciudad y Territorio y de Minas y Energía; y el Director del Departamento Nacional de Planeación.

Presidente de la República, los ministros de Hacienda y Crédito Público; Vivienda, Ciudad y Territorio y de Minas y Energía; y el Director del Departamento Nacional de Planeación.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- LA DEMANDA

Los ciudadanos JULIÁN DAVID SOLORZA MARTÍNEZ y LUCAS ARBOLEDA HENAO, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CódigoNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, presentaron demanda ante esta Corporación, con el fin de que se declare la nulidad, previa suspensión provisional de los efectos del Decreto núm. 227 de 16 de febrero de 2023, “Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones ”, expedido por el Presidente de la República, los ministros de Hacienda y Crédito Público; Vivienda, Ciudad y Territorio y de Minas y Energía; y el Director del Departamento Nacional de Planeación.

I.2.- TRÁMITE PROCESAL

El proceso correspondió por reparto al Consejero de Estado doctor Roberto Augusto Serrato Valdés que, mediante providencias de 2 de

Departamento Nacional de Planeación.

I.2.- TRÁMITE PROCESAL

El proceso correspondió por reparto al Consejero de Estado doctor Roberto Augusto Serrato Valdés que, mediante providencias de 2 de marzo de 2023 , resolvió i) admitir la demanda y notificar al Presidente de la República, a los ministros de Hacienda y Crédito Público, Vivienda, Ciudad y Territorio y de Minas y Energía, al Director del Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ; y ii) decretó de urgencia la medida cautelar solicitada por la parte actora.

Inconformes con tal dec isión, la Presidencia de la República, losNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 ministerios de Hacienda y Crédito Público , Vivienda, Ciudad y Territorio y de Minas y Energía , el Departamento Nacional de Planeación interpusieron recurso de súplica contra el proveído de 2 de marzo de 2023.

Los ciudada nos Félix Hoyos Lemus y Herminso Pérez Ortiz, el Instituto Colombiano de Contratación Estatal y Servicios PúblicosINCOES y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , solicitaron ser tenidos como coadyuvantes de la parte demandada e interpusieron recurso de súplica contra el auto de 2 de marzo de 2023.

INCOES y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , solicitaron ser tenidos como coadyuvantes de la parte demandada e interpusieron recurso de súplica contra el auto de 2 de marzo de 2023.

El señor Juan Sebastián Vidal Vásquez, mediante escrito de 7 de marzo de 2023, visible en el índice 20 del expediente digital, solicitó ser tenido como coadyuvante de la parte demandada y que se aclarara lo resuelto en el auto de 2 de marzo de 2023, por medio del cual se decretó la medida cautelar pedida por la parte actora.

El Consejero sustanciador, mediante proveído de 14 de marzo de 2023, tuvo como coadyuvantes de la parte demandada a los ciudadanos Félix Hoyos Lemus, Herminso Pérez Ortiz, Juan Sebastián Vidal Vásquez, al Instituto Colombiano de Contratación Estatal yNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Servicios Públicos - INCOES y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Igualmente, a través de auto de la misma fecha, ordenó que por Secretaría de la Sección se impartiera el trámite previsto en el artículo 246 del CPACA respecto de los recursos de súplica interpuestos por la parte demandada y sus coadyuvantes y rechazó por improcedente la solicitud de aclaración del proveído de 2 de

artículo 246 del CPACA respecto de los recursos de súplica interpuestos por la parte demandada y sus coadyuvantes y rechazó por improcedente la solicitud de aclaración del proveído de 2 de marzo de 2023, por medio del cual decretó la medida cautelar de urgencia.

Por auto de 19 de mayo de 2023 , la Sala 1 rechazó la recusación formulada en contra de la Consejera ponente de esta decisión2, bajo el argumento de que la solicitud formulada por el coadyuvante de la parte demandada, señor Juan Sebastián Vidal Vásquez, se presentó de manera autónoma, sin que interviniera la parte a la que ayuda, lo que la tornó improcedente, según el marco normativo y los criterios jurisprudenciales allí estudiados.

1 Integrada por los Consejeros de Estado, doctores: Oswaldo Giraldo López (presidente) y Hernando Sánchez Sánchez (ponente). 2 Conforme se registró en esta providencia, la competencia para resolver los recursos de súplica, le correspondió en principio al Despacho del Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, pero al no obtener el proyecto sometido a discusión la mayoría requerida para su aprobación en la Sala de la Sección Primera de esta Corporación se remitió el expediente correspondienteNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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II. FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

II. FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO

Mediante auto de 2 de marzo de 2023 3, el Consejero conductor del proceso decretó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

Como fundamento de la decisión adujo que la solicitud de la medida cautelar recaía en dos cargos: i) expedición irregular del acto administrativo por violación de los artículos 8°, numeral 8, del CPACA y 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 4 y ii) expedición de manera irregular, sin competencia, con falsa motivación y con infracción de las normas superiores en que debía fundarse.

En relación con el primer cargo sostuvo que se configuró el vicio de expedición irregular del acto acusado , pues según el numeral 8 del artículo 8° del CPACA las autoridades deben mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada en el sitio de atención y en la página electrónica, acerca de los proyectos de regulación y la información en que se fundamenten.

3 Registrado en el aplicativo SAMAI en el índice 6. 4 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."Numero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Anotó que el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015 dispone que los proyectos específicos de regulación elaborados para la firma del Presidente de la República deben publicarse, a fin de que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa, a través de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

Señaló q ue de acuerdo con el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, debe entenderse que un “proyecto específico de regulación” se refiere a todos los actos administrativos de carácter general expedidos por las autoridades administrativas5, sin que se restrinja su concepto únicamente a aquellas autoridades que expiden normas de carácter técnico o de regulación económica y social.

En relación con el plazo que debe observarse para el cumplimiento del mencionado requisito de publicidad, mencionó que el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015 establece que debe efectuarse por un lapso mínimo de quince (15) días calendario, sin perjuicio de hacerlo en un lapso inferior, siempre que la entidad que lidera el

5 Citó el concepto expedido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 2291 de 14 de septiembre de 2016, expediente núm. 11001 -03-06-000-2016-00066-00. C.P. Edgar

5 Citó el concepto expedido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 2291 de 14 de septiembre de 2016, expediente núm. 11001 -03-06-000-2016-00066-00. C.P. Edgar González López.Numero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 proyecto de reglamentación lo justifique de manera adecuada.

Agregó que la misma normativa 6 define cuál es el contenido, estructura y anexos que deben incluir las memorias justificativas de los actos administrativos que se someten al principio previo de publicidad, indicando que deber án estar acompañadas de la “[…] Certificación firmada por el servidor público competente de la entidad originadora de la norma, en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos de consulta, publicidad e incorporación en la agenda regulatoria […]”.

Con fundamento en ello, señaló que en el expediente se acreditó que la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República certificó qu e el Proyecto de Decreto , "Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones " y su memoria justificativa, se publicaron en el sitio web de la Presidencia de la República , durante los días 6 a 8 de f ebrero de 2023 , lo que

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones " y su memoria justificativa, se publicaron en el sitio web de la Presidencia de la República , durante los días 6 a 8 de f ebrero de 2023 , lo que evidencia que dicho trámite no se hizo por el período exigido en las normas estudiadas, como tampoco se expusieron las razones por las

6 Artículos 2.1.2.1.624 y 2.1.2.1.725 del Decreto 1081 de 2015.Numero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 cuáles se dio un tratamiento excepcional a la publicidad del proyecto de regulación, que los dejó a disposición de los interesados únicamente por el término de dos (2) días.

Que, también se constat ó a partir de la consulta al sitio web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que no obra la certificación a que se refiere el artículo 2.1.2.1.6. del Decreto 1081 de 2015 , la cual es también objeto del deber de publicación, según lo preceptuado en el artículo 8°, numeral 4, del CPACA.

Concluyó que , con la omisión de publicación del proyecto de regulación, las autoridades demandadas afectaron de manera ostensible e injustificada la posibilidad de que los administrados radicaran sus opiniones, sugerencias o propuestas alternativas respecto del proyecto específico de regulación asociado a un tema de

regulación, las autoridades demandadas afectaron de manera ostensible e injustificada la posibilidad de que los administrados radicaran sus opiniones, sugerencias o propuestas alternativas respecto del proyecto específico de regulación asociado a un tema de significativa importancia colectiva, como lo es el concerniente a la regulación de los servicios públicos domiciliarios.

En lo que concierne al segundo cargo , el proveído impugnado advirtió que del contenido del acto acusado y su comparación con las normas superiores que se estima ron infringidas, era posibleNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 evidenciar la vulneración de los artículos 209 y 211 de la Constitución Política y 9° a 13 de la Ley 489 de 1998.

El Despacho analizó cuáles eran las funciones que el Presidente de la República buscó reasumir a través del acto acusado y encontró que en su artículo 1° se indicó que se trataba de […] las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y demás normas concordantes […]” , frente a lo cual estimó que, en principio, no existió una alteración de las competencias que les fueron asignadas directamente por el legislador a dichas

1994, y demás normas concordantes […]” , frente a lo cual estimó que, en principio, no existió una alteración de las competencias que les fueron asignadas directamente por el legislador a dichas Comisiones de Regulación , dado q ue la disposición demandada se limita a señalar que el Presidente de la República reasume las competencias que le fueron asignadas por el constituyente, en virtud del artículo 370 Superior.

Pese a ello, advirtió que el inciso segundo del citado artículo acusado explícitamente señala que estas comisiones de regulación continuarán con las funciones asociadas a la facultad de seguir «[…] expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición del presente Decreto […]», lo cualNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 se traduce en que tales agencias estatales perd erían cualquier competencia en relación con la regulación general y abstracta de los servicios públicos que se encuentran a su cargo, incluida la facultad de regular el régimen tarifario.

Manifestó que lo anterior se infiere de la lectura de la totalidad del acto acusado, en especial del artículo 3° cuyos literales c) y d) delimitan el propósito principal de la reasunción de funciones del Presidente de la República en materia de los servici os públicos que estaban a cargo de la CREG y de la CRA , y que está orientado , de una parte , a “[…] la c) Pertinencia, oportunidad y calidad que

Presidente de la República en materia de los servici os públicos que estaban a cargo de la CREG y de la CRA , y que está orientado , de una parte , a “[…] la c) Pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria […]”, y, de la otra, a “[…] d) Criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia […]”.

Con fundamento en ello, sostuvo que el propósito principal del acto acusado es la regulación del régimen tarifario de los servicios públicos de energía, gas, y acueducto, alcantarillado y saneamiento básico a cargo de la CREG y la CRA, motivo por el cual le correspondía dilucidar si las funciones de regulación del régimen tarifario de l osNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 servicios públicos domiciliarios en cabeza de la CREG y la CRA responden a una atribución directamente asignada por el legislador, en virtud de los artículos 150, numeral 23, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política o si, por el contrario, fueron delegadas a las comisiones de regulación por parte del Presidente de la República, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 370 idem.

Para resolver la cuestión, indicó que la Constitución Política de 1991

las comisiones de regulación por parte del Presidente de la República, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 370 idem.

Para resolver la cuestión, indicó que la Constitución Política de 1991 fijó como cláusula general de competencia en cabeza del Congreso de la República la expedición de leyes en materia de servicios públicos domiciliarios (artículo 150, numeral 23) y le asignó las funciones de fijar i) las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y ii) el régimen tarifario que comprende los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos (artículo 367).

Explicó que este propósito del constituyente de reservar para la ley la regulación de la temática asociada al régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios, así como la facultad de designar a las autoridades competentes para llevar a cabo la función de regulación tarifaria, se concretó con la expedición de las leyes 142 y 143 deNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 1994, a través de las cuales se asignó dicho rol funcional a las comisiones de regulación.

Resaltó que también la Constitución delegó en cabeza del Presidente de la República funciones en materia de servicios públicos domiciliarios, según se desprende del contenido del artículo 370 Superior, norma que dispone que “ Corresponde al Presidente de la

Resaltó que también la Constitución delegó en cabeza del Presidente de la República funciones en materia de servicios públicos domiciliarios, según se desprende del contenido del artículo 370 Superior, norma que dispone que “ Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.

De lo anterior concluyó, respecto d e la regulación del régimen tarifario de los servicios públicos, que por disposición expresa del texto constitucional está sometida a reserva legal , de ahí que resulte contrario al ordenamiento superior afirmar, como lo sostiene la memoria justificativa de l acto acusado, que las funciones asignadas a las comisiones de regulación en los artículos 73 y 74 de la Ley 142 y 20 y 23 de la Ley 143 sean exclusivamente aquellas conferidas al Presidente de la República en el artículo 370 Superior.

Al respecto, acotó que la función de regulación del régimen tarifarioNumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política; y este, a su vez, asignó dicho componente de

www.consejodeestado.gov.co 14 de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política; y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación, por lo que no se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el Presidente de la República pretenda asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 y 20 y 23 de la Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG y a la CRA.

Seguidamente explicó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado7, los órganos de cierre de la jurisdicción constitucional y contencioso administrativa han entendido que las competencias de regulación en materia de servicios públicos domiciliarios son compartidas entre el Congreso y el Presidente de la República, postura que se encuentra en armonía con lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley 142 y 48 de la Ley 489.

Y, finalmente, indicó que no se cuestiona el hecho de que el Presidente de la República haya reasumido las funciones que en

7 Cita las sentencias C-066 de 1997, C-242 de 1997, C-272 de 1998, C-444 de 1998, C-150 de 2003 y C-041 de 2003 de la Corte Constitucional, y la providencia de 5 de abril de 2021 de la Sección Primera del Consejo de Estado.Numero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

C-041 de 2003 de la Corte Constitucional, y la providencia de 5 de abril de 2021 de la Sección Primera del Consejo de Estado.Numero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 materia de servicios públicos d omiciliarios le asisten, sino que se haya arrogado la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, que le corresponde exclusivamente al Congreso de la República, corporación que, en ejercicio de su libertad de configuración legi slativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación.

Por las razones expuestas, consideró viable decretar de urgencia la medida cautelar solicitada sobre la totalidad del acto acusado, por acreditarse los requisitos de apariencia de buen derecho , en la medida en que se estableció preliminarmente la vulneración manifiesta de las normas invocadas como transgredidas por los actores; as í como ta mbién el perjuicio de mora , debido a la temporalidad de las facultades que se confieren en el acto acusado, todo lo cual resulta proporcional si se atiende a que el trámite que ordinariamente debe impartirse no proporciona la celeridad requerida para garantizar una justicia oportuna y efectiva.

todo lo cual resulta proporcional si se atiende a que el trámite que ordinariamente debe impartirse no proporciona la celeridad requerida para garantizar una justicia oportuna y efectiva.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE SÚPLICANumero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 III.1.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, por conducto de apoderado y de manera oportuna8, interpuso recurso de súplica contra la decisión que decretó la medida cautelar de urgencia. Planteó que el proveído recurrido incurre en tres vicios graves, a saber:

• La improcedencia de la medida cautelar de urgencia : Indicó que ésta constituye una excepción al trámite establecido en el artículo 233 del CPACA y, por lo mismo, requiere que se acredite la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Afirmó que ni de la solicitud formulada por la parte actora ni de los argumentos expuestos en el auto recurrido , se aprecia el cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales para su decreto, en tanto: i) no se probó sumariamente el perjuicio que se pretendía evitar con su declaratoria, ii) tampoco se explicaron las razones para aplicar lo previsto en al artículo 234 del CPACA, lo que desconoció el derecho de defensa y contradicción de la contraparte,

pretendía evitar con su declaratoria, ii) tampoco se explicaron las razones para aplicar lo previsto en al artículo 234 del CPACA, lo que desconoció el derecho de defensa y contradicción de la contraparte, y iii) se acudió a argumentos poco objetivos y premonitorios sobre la ocurrencia del perjuicio irremediable, consistentes en la efectiva y

8 Recurso radicado el 7 de marzo de 2023, visible en el índice 17 del registro en el aplicativo SAMAI.Numero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, los que, en todo caso, no fueron invocados por los demandantes.

Señaló que el auto recurrido interpretó de manera equivocada el acto acusado como de regulación, sin efectuar una ponderación entre el presunto perjuicio irremediable alegado y el cau sado con la suspensión provisional de sus efectos decretada, relacionados con el interés jurídico de los usuarios de los servicios públicos que se verían beneficiados con la reducción de tarifas.

• El desconocimiento de la naturaleza del decreto acusado y la noción de regulación : Sostuvo que el an álisis realizado en la providencia recurrida , condujo a errores de interpretación de las normas que establecen los principios de publicidad y participación ciudadana en la intervención del Estado en la economía con el concepto de acto de regulación.

providencia recurrida , condujo a errores de interpretación de las normas que establecen los principios de publicidad y participación ciudadana en la intervención del Estado en la economía con el concepto de acto de regulación.

Que si bien el auto suplicado calificó el acto acusado como un acto de regulación, omitió precisar su alcance y se limit ó a retomar los argumentos equivocados expuestos por la parte actora y a estimar que “[…] todo lo que hace el Estado puede ser considerado como una forma de regulación […]”.Numero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

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Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Afirmó que el decreto controvertido no es un acto de regulación ni puede calificarse como tal, conforme se estableció en la sentencia C150 de 20039, pues no realizó ningún acto de esa naturaleza ni de intervención jurídica técnica en un sector económico determinado, supuestos respecto de los cuales sí son exigibles las disposiciones en materia de publicidad establecidas en el Decreto 1081 de 2015.

• El desconocimiento de las competencias asignadas por la Constitución Política al Presidente de la República: Indicó que a través de l acto acusado el Presidente reasumió las funciones constitucionales que delegó en las comisiones de regulación, según lo previsto en el artículo 370 de la C onstitución Política, luego, contrario a lo que indicó el auto recurrido, la controversia es de rango

constitucionales que delegó en las comisiones de regulación, según lo previsto en el artículo 370 de la C onstitución Política, luego, contrario a lo que indicó el auto recurrido, la controversia es de rango constitucional y no legal , siendo el medio de control idóneo el de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 del CPACA, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Plena del Consejo de Estado, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 111 idem.

En ese orden, las normas a conciliar son el artículo 367 Superior, que señala que la ley determinará las competencias para fijar las tarifas,

9 Corte Constitucional. Sentencia de 25 de febrero de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.Numero único de radicación: 11001 03 24 000 2023 00045 00

Actores: LUCAS ARBOLEDA HENAO Y OTRO

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 y el artículo 370 idem, que asigna al Presidente la competencia para señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de efic acia de los servicios públicos domi