CE - 110010324000202300233001AUTOQUERESUEL20231116111248

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Radicado: 11001 03 24 000 2023 00233 00

Demandante: Empresas Públicas de Medellín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2023 00233 00

Actor: Empresas Públicas de Medellín Demandados: CC Mall Puerto Bulevar Tesis: No debe avocarse conocimiento para unificar la jurisprudencia respecto de la consecuencia que debe adoptar el Juez en los casos en los que se declare probada la excepción de inepta demanda al existir una proposición jurídica incompleta consistente en que no se impugna el acto definitivo y ese yerro no fue advertido al momento de la admisión del libelo introductorio, si las providencias que fueron enunciadas en la petición de unificación tienen fundamentos de hecho y derecho diferentes a los del presente asunto.

AUTO QUE NO AVOCA CONOCIMIENTO

Corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resolver si avoca conocimiento del presente asunto, para unificar jurisprudencia respecto de las consecuencias de la declaratoria como probada de la excepción de inepta demanda al existir una proposición jurídica incompleta, cuando ese yerro del libelo introductorio no fue advertido por el Juez al momento de su admisión.

consecuencias de la declaratoria como probada de la excepción de inepta demanda al existir una proposición jurídica incompleta, cuando ese yerro del libelo introductorio no fue advertido por el Juez al momento de su admisión.

I. ANTECEDENTES

1.1. A través de Resolución No. 20178300008495 del 1 de marzo de 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) impuso una multa a Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P . por haberse configurado los efectos del silencio administrativo respecto de la reclamación presentada por el Centro Comercial Mall Puerto Bulevar. En contra de la precitada decisión la actora impetró recurso de reposición que fue resuelto de manera desfavorable a sus pretensiones en la Resolución No. SSPD – 20178300032685 del 12 de mayo de 2017.2

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1.2. El 13 de diciembre de 2017, la entonces Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P., hoy Empresas Públicas de Medellín (en adelante EPM) instauró demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), pretendiendo la declaratoria de nulidad de la Resolución No. SSPD – 20178300032685 del 12 de

ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), pretendiendo la declaratoria de nulidad de la Resolución No. SSPD – 20178300032685 del 12 de mayo de 2017, “ Por la cual se decide un recurso de reposición ”, emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1.3. La demanda correspondió al Juzgado 9 Administrativo Oral de Medellín que, en auto del 29 de enero de 2008, dispuso su admisión y ordenó el trámite de rigor1.

1.4. En escrito del 9 de agosto de 2018 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contestó y propuso la excepción de inepta demanda, bajo el argumento que únicamente se impugnó el acto que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora dentro del trámite administrativo y no la decisión definitiva por la cual se le impuso una multa a esa empresa, esto es, la Resolución No. 20178300008495 del 1 de marzo de 2017.

1.5. En auto del 4 de mayo de 2021 el Juzgado 9 Administrativo de Medellín resolvió declarar probada la excepción de inepta demanda por las siguientes razones:

Tras aludir a los artículos 162 y 163 del CPACA, indicó que, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, debe impugnarse el acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad de la administración que crea la respectiva situación jurídica, junto a los demás actos que en la misma actuación administrativa formen “una identidad jurídica con aquel, dada la identidad y la unidad de su contenido

contiene la manifestación de voluntad de la administración que crea la respectiva situación jurídica, junto a los demás actos que en la misma actuación administrativa formen “una identidad jurídica con aquel, dada la identidad y la unidad de su contenido y sus efectos jurídicos”2

En consecuencia, observó que las Resoluciones No. SSPD 20178300008495 del 1 de marzo de 2017 y 20178300032685 del 12 de mayo de ese año, debieron impugnarse conjuntamente, pues en dichos actos la SSPD resolvió una investigación administrativa por la configuración del silencio administrativo positivo.

1 Visible a folio 54 del Cuaderno del Tribunal. 2 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI.3

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Dijo que resultaba imposible pronunciarse exclusivamente respecto de la Resolución que confirmó , en sede de recurso de reposición, la decisión de imponer la correspondiente multa a la demandada y conceder al tercero interesado los efectos del silencio administrativo positivo. Por ende, expuso que en la demanda no se integró en forma debida la proposición jurídica y en consecuencia declaró probada la excepción de inepta demanda y dio por terminado el proceso.

1.6. En contra la precitada decisión, la EPM interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

excepción de inepta demanda y dio por terminado el proceso.

1.6. En contra la precitada decisión, la EPM interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

1.7. A través de auto del 2 de julio de 2021, el anotado Juzgado confirmó la providencia del 4 de junio de ese año y concedió la alzada.

II. DE LA SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

En proveído del 5 de noviembre de 2021, la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó la emisión de un auto de unificación respecto de la decisión a tomar en los casos en los que se encuentre probada la excepción de inepta demanda, cuando el defecto no fue advertido en la etapa de admisión ni se ordenó su corrección, esto es, si se debe dar por terminado el proceso o si se deben adoptar las medidas de saneamiento para que el demandante corrija su yerro.

Dicha solicitud fue sustentada con las siguientes razones:

“Previo a pronunciarse sobre el recurso de apelación concedido contra la providencia del cuatro (4) de mayo de 2021 que resolvió la excepciones y ordenó la terminación del proceso; proferida por el Juzgado Noveno (9) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, se procederá de conformidad con el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021 a solicitar a la H. Sala Plena del Consejo de Estado que emita auto de unificación en relación a los casos en los cuales el p roceso se encuentra en etapa de resolución de excepciones previas y se encuentra probada la excepción de inepta demanda,

a la H. Sala Plena del Consejo de Estado que emita auto de unificación en relación a los casos en los cuales el p roceso se encuentra en etapa de resolución de excepciones previas y se encuentra probada la excepción de inepta demanda, cuando, el defecto no fue advertido en la etapa de admisión ni se ordenó su corrección, si la decisión a adoptar es la de dar por terminado el proceso o si bien, por el contrario, es adoptar las medidas de saneamiento para que el demandante pueda corregir el yerro.

Lo anterior, debido a que se han encontrado en distintas interpretaciones, así como en los autos del dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021) proferido por la Sección Primera, Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés en el expediente 11001-03-24-000-2015-00059-00 y del diecinueve (19) de mayo de4

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dos mil dieciséis (2016) Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso en el radicado 13001-23-33-000-2013-00494-01, en los cuales se ordenó la terminación del proceso.

Por el contrario, en el auto del once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) proferido en el proceso con radicado 47001 -23-33-000-2014-00221-01(2907-15) por la Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente Gabriel Valbuena

proferido en el proceso con radicado 47001 -23-33-000-2014-00221-01(2907-15) por la Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández se consideró tomar medidas de saneamiento para corregir el yerro.”3

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver la solicitud de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 111 y el artículo 271 del CPACA, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 080 de 2019.

3.2. Del mecanismo para la unificación de jurisprudencia

El artículo 271 del CPACA es del siguiente tenor:

“Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por so licitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales

Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por so licitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, seg ún el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales

3 Ibídem.5

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a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación

Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica trascendencia económica o social o la necesidad de Unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su al cance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

Parágrafo. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Pl ena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen

asumidos de oficio por la Sala Pl ena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.”

De la lectura de la norma se advierte lo siguiente:

• La legitimación para adelantar este procedimiento recae sobre las partes, sobre el juez (de oficio), a petición del Ministerio Público , por remisión de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado o por los Tribunales o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (siempre que esta haya intervenido en el proceso), según el caso.

• La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene la competencia para proferir sentencias y autos de unificación jurisprudenciales respecto6

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de asuntos que provengan de las secciones y de aquellas decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones de la Corporación.

• Dicha facultad de unificar jurisprudencia por parte de esta Corporación se

unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones de la Corporación.

• Dicha facultad de unificar jurisprudencia por parte de esta Corporación se fundamenta en la necesidad de garantizar los principios de seguridad jurídica, igualdad y coherencia del ordenamiento jurídico en aquellos eventos en los que la indeterminación del conte nido de las normas jurídicas implica un riesgo para la aplicación uniforme en casos que son similares desde el punto de vista fáctico y jurídico4

3.3. Caso en concreto

Así, corresponde a la Sala Plena determinar si debe avocar conocimiento para unificar la jurisprudencia respecto de la consecuencia que debe adoptar el Juez en los casos en los que se declare probada la excepción de inepta demanda al existir una proposición jurídica incompleta , consistente en que no se impugna el acto definitivo y ese yerro no fue advertido al momento de la admisión del libelo introductorio.

3.3.1. A efectos de resolver dicho interrogante, es menester precisa r que las proposiciones jurídicas incompletas son deficiencias presentes en la demanda que impiden al Juez tomar una decisión de fondo , ya que le imposibilitan plantear la controversia o la formulación de algún problema jurídico.

Además, esos yerros implican que se afecte el derecho al debido proceso y de contradicción del extremo pasivo de la litis, pues, ante la ruptura entre las pretensiones y la causa petendi o el medio de control empleado, se cercena la posibilidad que éste conozca con certeza cuál es el marco sobre el que debe estructurar la defensa de legalidad del acto administrativo enjuiciado.

y la causa petendi o el medio de control empleado, se cercena la posibilidad que éste conozca con certeza cuál es el marco sobre el que debe estructurar la defensa de legalidad del acto administrativo enjuiciado.

Ahora, en el presente asunto, el Juzgado 9 Administrativo Oral de Medellín declaró probada la excepción de inepta demanda toda vez que EPM no demandó el acto definitivo (Resolución No. 20178300008495 del 1 de marzo de 2017) por el cual la

4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 31 de mayo de 2022.

Proceso radicado número: 54001 2333 000 2021 00195 03. Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate7

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SSPD le impuso una multa al configurarse el silencio administrativo positivo tras no resolver una petición instaurada por el Centro Comercial Mall Puerto Bulevar. En lugar de ello, la aquí demandante se limitó a impugnar judicialmente el acto que resolvió el recurso de reposición (Resolución No. SSPD – 20178300032685 del 12 de mayo de 2017) en contra de la primera decisión en cita.

Así, para esa autoridad judicial existió una proposición jurídica incompleta que le impedía descender al fond o del asunto y, por ende, declaró terminado el proceso al

1. en contra de la primera decisión en cita.

Así, para esa autoridad judicial existió una proposición jurídica incompleta que le impedía descender al fond o del asunto y, por ende, declaró terminado el proceso al prosperar la excepción de inepta demanda, pues fue del criterio que se impugnó un acto administrativo que no era autónomo y cuya validez y contenido dependía inescindiblemente de la decisión definitiva que no fue objeto de control.

3.3.1.1. Precisada la falencia que dio lugar a la prosperidad del anotado medio exceptivo, es pertinente aludir a los proveídos invocados por el Tribunal, con miras a establecer si allí se ventilaron situaciones de hecho y de derecho similares a las que se discuten en esta sede. En caso de que ello sea afirmativo, tendrá que verificarse si la razón que dio lugar a la declaratoria de inepta demanda por proposición jurídica que se adoptó en esos casos fue distinta para cada uno de ellos:

A) En cuanto al auto adoptado en audiencia el 2 de julio de 2021, emitido por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado 11001 03 24 000 2015 00059 00, con ponencia del Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, se observa que en esa ocasión la Sección Primera declaró probada la excepción de inepta demanda y decidió dar por terminado el proceso, debido a que el demandante no especificó la causal de nulidad bajo la cual impugnaba el acto en cuestión; tampoco indicó las normas que consideraba infringidas ni desarrolló el concepto de violación correspondiente , circunstancia que se tradujo en un

demandante no especificó la causal de nulidad bajo la cual impugnaba el acto en cuestión; tampoco indicó las normas que consideraba infringidas ni desarrolló el concepto de violación correspondiente , circunstancia que se tradujo en un desconocimiento del requisito dispuesto en el numeral 4º del CPACA; veamos:

“Así pues, para el Despacho la demanda no se encuentra en debida forma, toda vez que no cumple con el requisito contemplado en el numeral 4° del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, esto es, no se precisó la causal de nulidad que presuntamente vicia la lega lidad del acto administrativo acusado, los normas violadas y, mucho menos, se desarrolló el concepto de violación respecto de los vicios que afectan la validez del mismo, en la medida en que el actor se limitó a8

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señalar que el medio de control presentado es el adecuado controvertir la legalidad del acto acusado.”5

En efecto, en el anotado proveído emitido por el entonces Consejero Serrato Valdés, se discutió la prosperidad de la excepción de inepta demanda , si el concepto de violación de la demanda carece de forma absoluta de la carga argumentativa que asiste a la parte actora y tampoco se invocan las normas que se consideran infringidas. En contraste, como se vio en el numeral 3.1.1. de este proveído, el

asiste a la parte actora y tampoco se invocan las normas que se consideran infringidas. En contraste, como se vio en el numeral 3.1.1. de este proveído, el Juzgado 9 Administrativo Oral de Medellín declaró la existencia de dicho medio exceptivo, porque no se demandaron la totalidad de actos administrativos que constituían una unidad jurídica lo que impedía el examen de fondo de la controversia.

Siendo ello así, esa providencia no podrá ser un parámetro que permita la unificación del criterio que invoca el Tribunal de Administrativo de Antioquia, pues no supone el mismo defecto en el libelo introductorio, es decir, ventila supuestos fácticos disímiles.

B) De otro lado, el caso que fue estudiado en el auto del 11 de marzo de 2021, emitido dentro del proceso con radicado 47001 23 33 000 2014 00221 01, con ponencia del Consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, cuenta con los siguientes hechos relevantes:

• El señor Manzur Molina Rodríguez expresó que, desde el 3 de marzo de 2003, fue vinculado de manera verbal y directa al Hospital Local Zona Bananera. Luego, mediante contrato de prestación de servicios a partir del 1 de octubre de ese año.

Finalmente, a través de diferentes cooperativas de trabajo desde el 2 de noviembre de 2005 hasta el 28 de enero de 2011.

• Una vez retirado del servicio, el 26 de marzo de 2012, instauró un primer derecho de petición ante ese hospital con el fin de que se reconociera que existió una verdadera relación laboral durante el tiempo en el que prestó servicios a esa entidad.

En consecuencia, pidió que se le pagaran tanto las prestaciones legales y extralegales

derecho de petición ante ese hospital con el fin de que se reconociera que existió una verdadera relación laboral durante el tiempo en el que prestó servicios a esa entidad. En consecuencia, pidió que se le pagaran tanto las prestaciones legales y extralegales devengadas como los aportes de seguridad social. Sin embargo, dicho centro hospitalario negó esa solicitud en oficio del 17 de julio de 2012.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto adoptado en audiencia calendada el 2 de julio de 2021. Proceso radicado número: 11001 03 24 000 2015 00059 00.

Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.9

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• Posteriormente, el 25 de marzo de 2014, el allí demandante envió al aludido hospital un nuevo derecho de petición solicitando el reconocimiento y pago de los sueldos y prestaciones sociales causados durante la relación laboral. Sin embargo, mediante oficio del 27 de marzo de 2014, la citada entidad, respondió negando la existencia de un vínculo laboral.

• Inconforme con ello, el señor Molina Rodríguez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del citado oficio del 27 de marzo de 2014, que correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en auto del 2 1 de mayo de 2015, adoptado en audiencia inicial, declaró de oficio la

y restablecimiento del derecho en contra del citado oficio del 27 de marzo de 2014, que correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en auto del 2 1 de mayo de 2015, adoptado en audiencia inicial, declaró de oficio la excepción de inepta demanda, pues, a su juicio, el actor también debió impugnar el Oficio del 17 de julio de 2012, de modo que existía una proposición jurídica incompleta.

• En contra de esa decisión, el accionante interpuso recurso de apelación que correspondió a la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que, con ponencia del Consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, consideró que ambos actos administrativos eran autónomos, lo que impedía que se configurara una proposición jurídica incompleta y, por ende, no prosperaba la excepción de inepta demanda.

A pesar de esto, advirtió que, si el Juez consideraba que estos actos debían ser demandados conjuntamente, dicha situación deb ió haber sido señalada en la etapa de admisión de la demanda, sin que así se hiciera. En consecuencia, expuso que se debían aplicar los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, economía procesal y efectividad de los derechos y, por lo tanto, ordenó al Tribunal continuar con el proceso, adoptando las medidas necesarias en la etapa de saneamiento de la audienci a inicial, con miras a permitir que el Oficio del 17 de julio de 2012 también fuera sometido a control de legalidad.

En esa decisión se dijo:

“Al respecto, el a quo consideró de oficio la excepción de inepta demanda, por

de 2012 también fuera sometido a control de legalidad.

En esa decisión se dijo:

“Al respecto, el a quo consideró de oficio la excepción de inepta demanda, por encontrar configurada la proposición jurídica incompleta, debido a que no fue cuestionado el Oficio de 17 de julio de 2012, dada la identidad, unidad de contenido y efectos jurídicos del asunto en particular.10

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Pues bien, la sección segunda sostuvo en sentencia de unificación de 25 de agosto de 20166, que en controversias relacionadas con el contrato realidad, debe abarcarse el estudio de las cotizaciones al sistema de aportes a la seguridad social por cuanto inciden en el derecho pensional de una persona y dada la naturaleza periódica de la prestació n, aquellos se encuentran exentos del fenómeno prescriptivo y de la caducidad.

De esta manera, es oportuno precisar que el actor podía intentar una nueva petición ante la administración, como en efecto lo hizo con la solicitud presentada el 25 de marzo del año 2014, que dio origen al acto que hoy es objeto de juicio, teniendo en cuenta que en la reclamación se encontraban incluidas pretensiones relacionadas con prestaciones periódicas como son los aportes a la seguridad social en pensión.

En consecuencia, la Sala no comparte el argumento expuesto por la primera instancia en el sentido de que se está ante una proposición jurídica incompleta,

relacionadas con prestaciones periódicas como son los aportes a la seguridad social en pensión.

En consecuencia, la Sala no comparte el argumento expuesto por la primera instancia en el sentido de que se está ante una proposición jurídica incompleta, toda vez que se trata de actos administrativos autónomos que bien pueden ser demandados por separado, o en conjunto, solo que en un caso hipotético de anulación por parte del juez, el restablecimiento del derecho variaría respecto a la fecha de aplicación de la prescripción; no obstante lo anterior, para este caso en concreto, si el a quo consideraba que de bían demandarse los dos actos administrativos, esta situación pudo ser corregida y subsanada desde la etapa preliminar en que se hizo el examen de la admisión de la demanda, en virtud de las facultades conferidas al juez en el artículo 427 del Código General del Proceso, puesto que el oficio del año 2012 fue relacionado en el acápite de pruebas y, además, fue aportado al plenario.

Así las cosas, en garantía de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el principio de economía y la efectividad de los derechos en este caso concreto y particular, se deberá continuar el proceso y adoptar las medidas necesarias establecidas por la ley, para que en la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, se tenga que el Oficio de 17 de julio de 2012, también es objeto de control de legalidad en este asunto, a fin de que pueda ser definido el fondo de la controversia planteada a través de este medio de control, sin que, con ello, resulten afectados los derechos al debido proceso de contradicción y defensa de la e.s.e Hospital Local Zona Bananera.

fondo de la controversia planteada a través de este medio de control, sin que, con ello, resulten afectados los derechos al debido proceso de contradicción y defensa de la e.s.e Hospital Local Zona Bananera.

Conclusión: como lo que se discute involucra prestaciones periódicas y que la situación que se conoce en esta instancia pudo haber sido advertida de manera previa a la realización de la audiencia inicial, en virtud de las facultades que confiere el numeral 5 del artículo 42 del Código General del Proceso, debe garantizarse el derecho sustancial sobre el procesal para que continúe el proceso”8 (Subrayas de la Sala).

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación dentro