CE - 110010325000201200885001AUTOQUERESUELAVOCAPARA20220418111638

Radicado: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

Demandante: María Helena Jiménez Vargas

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

Demandante: MARÍA HELENA JIMÉNEZ VARGAS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Temas: Se avoca conocimiento para proferir sentencia de unificación.

Restablecimiento del derecho en procesos donde se solicita la nulidad de actos administrativos sancionatorios.

AUTO QUE AVOCA Decreto 01 de 1984 Interlocutorio E-008-2022

ASUNTO

1. La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, como tribunal supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo1, con fundamento en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 14 numeral 2 del Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019)2, estudia si es procedente avoc ar el conocimiento del proceso de la referencia, con la finalidad de proferir sentencia de unificación jurisprudencial3.

ANTECEDENTES

La demanda4

2. La señora María Helena Jiménez Vargas , a través de apoderado y en ejercicio

referencia, con la finalidad de proferir sentencia de unificación jurisprudencial3.

ANTECEDENTES

La demanda4

2. La señora María Helena Jiménez Vargas , a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó a la Superintendencia de sociedades.

1 Numeral 1 del artículo 237 de la Constitución Política. 2 «ARTÍCULO 14. OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU ESPECIALIDAD. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá competencia para: […]

2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con los asuntos que provengan de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos.

Las Secciones podrán asumir conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por petición del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos. […]» 3 Se precisa que en Sala de Subsección A del 3 de febrero de 2022 , los consejeros que la integran aprobaron que el asunto de la referencia sea llevado a discusión ante la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para unificación. 4 Demanda en los folios 598 a 605 del expediente y escrito de adición en los folios 619 a 621 ibidem. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 21 de julio de 2005 (ff.

4 Demanda en los folios 598 a 605 del expediente y escrito de adición en los folios 619 a 621 ibidem. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 21 de julio de 2005 (ff. 612-613), la adición el 9 de noviembre del mismo año (f.629). El 31 de julio de 2006, con la entrada de funcionamiento de los juzgados administrativos, se dispuso su remisión al juez administrativo del circuito de Cali – reparto (f. 633). No obstante, a través de la decisión del 20 de junio de 2012, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cali declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto que avocó el conocimiento y ordenó remitir por competencia al Consejo de Estado (ff. 804-809). En consecuencia, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante providencia del 28 de febrero de 2013, admitió la demanda (ff. 813 a 814).Radicado: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

Demandante: María Helena Jiménez Vargas

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Pretensiones

3. Conforme al texto de la demanda y su escrito de adición se formularon las

siguientes pretensiones:

De nulidad:

• Se declare la nulidad del acto administrativo de primera instancia 555-012 del 7 de diciembre de 2004, proferido por el jefe del Grupo de Control Disciplinario de la Superintendencia de Sociedades, mediante el cual se sancionó disciplinariamente a la demandante con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años.

de la Superintendencia de Sociedades, mediante el cual se sancionó disciplinariamente a la demandante con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años.

• Se declare la nulidad del auto n.° 100 -010 del 20 de diciembre de 2004, proferido por el superintendente de sociedades, por el que se confirmó la decisión anterior.

De restablecimiento del derecho:

• Se ordene reintegrar a la señora María Helena Jiménez Vargas al cargo que desempeñaba o a otro de similar o superior categoría , sin solución de continuidad para todos los efectos laborales y prestacionales.

• Ordenar el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta que se haga efectivo el reintegro.

• Se condene a la demandada a reconocer y pagar a la demandante las prestaciones sociales que se hayan causado por motivo de su retiro, a las cuales tenía derecho porque venía gozando de ellas o porque dentro del período de su retiro fueron concedidas o creadas.

• Ordenar el pago de los aportes que no se hayan realizado durante el período de su retiro a la entidad de seguros sociales.

De reparación de perjuicios:

• Ordenar el reconocimiento y pago a la solicitante de la suma de mil quinientos (1500) gramos oro, por concepto del daño psicológico causado por el retiro.

• Que se ordene pagar el daño material ocasionado, pues desde el momento de su retiro la peticionaria ha tenido que soportar el pago de obligaciones atrasadas con ocasión de la desvinculación.

Otras:

• Ordenar el reconocimiento y pago de la «indemnización salarial moratoria», la

su retiro la peticionaria ha tenido que soportar el pago de obligaciones atrasadas con ocasión de la desvinculación.

Otras:

• Ordenar el reconocimiento y pago de la «indemnización salarial moratoria», la corrección monetaria y el índice de devaluación.

Fundamentos fácticos relevantes

4. La señora María Helena Jiménez Vargas laboró en la Superintendencia de Sociedades por 26 años5.

5 Según el formato único de hoja vida que obra en folio 118 del cuaderno 4, la señora María Helena Jiménez Vargas laboró para la Superintendencia de Sociedades desde el 15 de marzo de 1978.Radicado: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

Demandante: María Helena Jiménez Vargas

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5. Por medio de Resolución 002247 del 10 de julio de 1986 6 del Departamento

Administrativo del Servicio Civil la demandante fue inscrita en el escalafón de carrera administrativa. El 22 de mayo de 1997 se actualizó la inscripción en el empleo de secretaria ejecutiva 504017 de la Superintendencia de Sociedades7.

6. Mediante memorando n.° 165-202 del 18 de noviembre de 2004, el coordinador del Grupo de Planeación de la Superintendencia de Sociedades puso en conocimiento del jefe del Grupo de Control Disciplinario la irregularidad detectada en la radicación n.° 2004-03-016788 de la Regional Cali, relacionada con la inconsistencia en la radicación de un documento recibido en la entidad el 15 de octubre de 2004, por la modificación de un sticker o etiqueta, en donde aparecen los datos básicos d e un

radicación de un documento recibido en la entidad el 15 de octubre de 2004, por la modificación de un sticker o etiqueta, en donde aparecen los datos básicos d e un documento y el trámite específico que se le debe dar.

7. Por los anteriores hechos, la Superintendencia de Sociedades resolvió iniciar una investigación disciplinaria en contra de la señora María Helena Jiménez Vargas, quien estaba encargada de la radicación de los documentos en la mencionada regional. En dicha actuación se le imputó la vulneración del artículo 35 numeral 13 de la Ley 734 de 2002 y artículo 48 numeral 1 ibidem, en concordancia con el artículo 287 del Código

Penal.

8. Por medio de acto 555-012 del 17 de diciembre de 2004, el jefe del grupo de control disciplinario de la Superintendencia de Sociedades le impuso sanción disciplinaria de destitución del cargo e inhabilidad general por el t érmino de 11 años. El superintendente de sociedades confirmó la decisión, a través del auto 100-010 del 20 de diciembre de 2004. Igualmente, ordenó remitir copias del expediente disciplinario a la Fiscalía General de la Nación, para que investigara el comportamiento de la disciplinada.

9. Por los mismos hechos, a la señora María Helena Jiménez Vargas se le inició un proceso penal por lo que tuvo que acudir a diferentes préstamos para sufragar los gastos de abogado. Además, con ocasión de su desvinculación, incurrió en mora en varias de sus obligaciones.

10. Agregó, que la destitución le produjo daños morales, materiales y psicológicos.

gastos de abogado. Además, con ocasión de su desvinculación, incurrió en mora en varias de sus obligaciones.

10. Agregó, que la destitución le produjo daños morales, materiales y psicológicos.

Expuso que dada su desvinculación y la imposibilidad de conseguir un empleo incurrió en mora en el pago de sus obligaciones y tuvo que abandonar su residencia con ocasión de un proceso de restitución de bien inmueble iniciado por su arrendadora.

Normas violadas y concepto de la violación

11. Para la demandante, los actos administrativos sancionatorios acusados

desconocieron las siguientes normas:

• Constitución Política de 1991: artículo 32. - Código Contencioso Administrativo: artículo 84. - Ley 734 de 2002: artículo 48 numeral 1.

12. Como concepto de violación, la parte actora alegó que los actos sancionatorios están afectados de nulidad por falsa motivación y vulneración del debido proceso.

13. En relación con la vulneración al debido proceso, l a demandante alegó que se

estructuró por las siguientes razones:

• Los actos demandados vulneraron los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pues se consideró la conducta como dolosa o casi criminal cuando existió por parte de la demandante una explicación coherente en

6 Folio 291 del cuaderno 3 del expediente. 7 Folio 314 del cuaderno 3 del expediente.Radicado: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

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cuanto a que actuó basada en un error en la radicación que fue subsanado en su momento.

Demandante: María Helena Jiménez Vargas

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cuanto a que actuó basada en un error en la radicación que fue subsanado en su momento.

• No se hizo una valoración integral de la prueba. En efecto, sostuvo que se dejaron de valorar pruebas que demuestran que el recurso de reposición contra el acto de remoción y nombramiento del liquidador de la sociedad Salud Familia S.A., en liquidación obligatoria, sí fue presentado el día 15 octubre de 2004, día en el que se vencía el término para su interposición, y no el 19 de octubre del mismo año.

Al respecto, indicó que las pruebas demostraron que el vuelo que el liquidador de la Sociedad Salud Familia tomó hacia Bogotá el 15 de octubre de 2004 se retrasó, de manera que sí era posible que hubiera radicado el documento ese día, antes de dirigirse al aeropuerto.

De igual forma, aseguró que el intendente regional encargado para la época reconoció que para el día 15 de octubre de 2004 se presentó el recurs o por parte del agente liquidador, pues en su declaración afirmó: «le pregunto a Helena que si se había recibido el recurso de Salud Familiar, me respondió que sí, me lo mostró y con ello quedé cerciorado que el recurso había llegado».

• Se desconoció que los servidores públicos pueden modificar y corregir los errores en que incurren. Al respecto, puso de presente que en el Manual del Usuario – Sistema de Gestión de abril de 2004, versión 01, página 26, está descrito el procedimiento para modificar cualquier radicación, actuación que fue la realizada por la demandante para enmendar su error en la radicación, pues

Usuario – Sistema de Gestión de abril de 2004, versión 01, página 26, está descrito el procedimiento para modificar cualquier radicación, actuación que fue la realizada por la demandante para enmendar su error en la radicación, pues inicialmente se consignó que se trataba de « recepción y entrega de títulos » cuando en realidad correspondía a «recurso de reposición Intendencia Regional», aspecto que definía el trámite que se le debía impartir al interior de la entidad.

• Teniendo en cuenta que se imputó la vulneración del artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 287 de la Ley 599 de 2000, al juez penal le correspondía valorar si la conducta había sido dolosa. En este caso, se cometió un error que se subsanó, por lo que su comportamiento fue culposo y en esa medida, se han debido aplicar los criterios para la graduación de la sanción que contempla el artículo 47, literales b) y e) de la Ley 734 de 2002.

14. Por otra parte, aseguró que los actos fueron expedidos con falsa motivación, al imputar la vulneración del artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 287 de la Ley 599 de 2000. Manifestó que era al juez penal a quien correspondía valorar que el comportamiento desplegado era una conducta punible a título de dolo. A su juicio, en este caso, operaba la prejudicialidad penal. Agregó que una vez la investigación penal culmine, en el evento de determinarse que su proceder no fue doloso, la acusación disciplinaria se quedaría sin sustento y la demandante deberá ser reintegrada.

Contestación de la demanda8

determinarse que su proceder no fue doloso, la acusación disciplinaria se quedaría sin sustento y la demandante deberá ser reintegrada.

Contestación de la demanda8

Pronunciamiento frente a las pretensiones de la demanda

15. La apoderada de la Superintendencia de Sociedades se opuso a las pretensiones de la demanda. Igualmente, interpuso las siguientes excepciones:

• Indebida acumulación de pretensiones. - Falta de legitimación en la causa por pasiva.

8 Folios 1132-1141 del expediente.Radicado: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

Demandante: María Helena Jiménez Vargas

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Pronunciamiento frente a los hechos de la demanda

16. La apoderada judicial dio por ciertos la mayoría de los hechos relacionados con el trámite del proceso disciplinario y f rente a los restantes manifestó que eran apreciaciones subjetivas de la parte demandante.

Pronunciamiento frente a las causales de nulidad que fundamentan la demanda.

17. En síntesis, la entidad demandada presentó los siguientes argumentos:

• Las decisiones disciplinarias adoptadas por la Superintendencia de Sociedades gozan de presunción de legalidad; de esta manera le corresponde a la demandante desvirtuar dicha presunción.

• La demandante fundamentó la acción en un a única causal de nulidad , consistente en la indebida valoración probatoria, con lo cual su objeto es abrir una tercera instancia en el proceso disciplinario.

• No era necesario que existiera un proceso penal para que la acción disciplinaria

consistente en la indebida valoración probatoria, con lo cual su objeto es abrir una tercera instancia en el proceso disciplinario.

• No era necesario que existiera un proceso penal para que la acción disciplinaria pudiera adelantarse; tampoco la decisión absolutoria de cualquiera de las dos acciones puede interferir en la otra. Afirmó que se trata de juicios diferentes que atienden a razones y fines distintos, los cuales pueden dar lugar a decisiones similares o divergentes.

Alegatos de conclusión

Parte demandante9

18. En sus alegatos de conclusión, el apoderado de la señora María Helena Jiménez Vargas reiteró las razones presentadas en la demanda y agregó:

• La Fiscalía General de la Nación, mediante providencia n.° 033 de marzo de 2011, le demostró al jefe de la Oficina de Control Disciplinario que sus aseveraciones en cuanto a que era imposible que el liquidador presentara el recurso a las 9:00 am eran falsas y que la lectura que hizo de las pruebas arrimadas al expediente disciplinario fue sesgada.

• Conforme a las constancias expedidas por la agencia de viajes y por la Aerocivil, quedó claro que el vuelo no partió a la hora prevista, en consecuencia, la supuesta imposibilidad física de presentar el recurso nunca se dio.

• El funcionario disciplinario interpretó «amañadamente» el contenido de la prueba para hacer ver como si la certificación de la Agencia de Viajes dijera lo que él supuso como imposible de cumplirse, esto es que el señor Parménides Ocampo no podía haber presentado a las 9:00 am el recurso y a la vez, abordar

para hacer ver como si la certificación de la Agencia de Viajes dijera lo que él supuso como imposible de cumplirse, esto es que el señor Parménides Ocampo no podía haber presentado a las 9:00 am el recurso y a la vez, abordar un avión de Cali a Bogotá que salía a las 9:30 am. Al respecto, quedó demostrado que el tiquete sí fue comprado en el aeropuerto el mismo día del viaje y que el vuelo presentó retrasos en la hora de salida, pues realmente despegó de Cali a las 10:39 am.

• El jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia de Sociedades se apartó de la verdad y no solo destituyó a la demandante, sino que además la denunció penalmente. En esa investigación, la Fiscalía concluyó que la interpretación realizada por dicho funcionario fue equivocada.

9 Folios 1253 a 1257, ibidem.Radicado: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

Demandante: María Helena Jiménez Vargas

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• Tanto en la investigación penal como en la disciplinaria se demostró que a la oficina de la señora María Helena Jiménez entraban varias personas ajenas al área, por lo que no se podía afirmar con certeza que fue ella quien hizo desaparecer el original del documento.

• La prueba practicada por la Fiscalía demostró las falencias en que incurrió el funcionario disciplinario quien, prejuzgó y creó en su mente delitos que nunca existieron, tal y como lo entendió el ente acusador.

Parte demandada10

19. La apoderada de la Superintendencia de Sociedades reiteró los argumentos que

existieron, tal y como lo entendió el ente acusador.

Parte demandada10

19. La apoderada de la Superintendencia de Sociedades reiteró los argumentos que fueron presentados en la contestación de la demanda.

Ministerio Público11.

20. El representante del Ministerio Público solicitó acceder a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y negar aquellas relativas a los perjuicios morales y materiales.

21. Las razones de dicha petición se pueden resumir de la siguiente manera:

• El funcionario de primera instancia construyó una imputación a partir de hipótesis fundadas en deducciones.

• La Fiscalía General de la Nación, en la decisión de preclusión de la investigación adelantada en contra de la demandante y el señor Parménides Ocampo, puso en evidencia que los supuestos hechos probados por la autoridad disciplinaria no correspondían a la realidad, pues las pruebas dieron certeza de la entrega del recurso para el día 15 de octubre a las 9:00 am.

• En efecto, las pruebas demostraron que el señor Parménides Ocampo viajó a Bogotá a las 10:39 am, por lo que sí pudo radicar el recurso en la Superintendencia a las 9:00 am. Además, el funcionario José Over Palacios manifestó haber visto al señor Parménides Ocampo con su hermano en la ventanilla de radicación ese 15 de octubre de 2004 y el intendente regional, Julio Hernán Martínez aseveró que vio el escrito del recurso ese mismo día en horas de la tarde.

• Es incuestionable que el adhesivo impuesto al recurso fue modificado, pues tal

Julio Hernán Martínez aseveró que vio el escrito del recurso ese mismo día en horas de la tarde.

• Es incuestionable que el adhesivo impuesto al recurso fue modificado, pues tal variación fue admitida por la disciplinada. Sin embargo, ello ocurrió por una equivocación de buena fe que se corrigió el 19 de octubre de 2004, únicamente en cuanto al trámite realizado y no a la fecha de radicación.

• Para el agente del Ministerio Público, el proceso disciplinario se basó en suposiciones que no contaron con la investigación de hechos que le fueran favorables a la investigada, en tanto esta se orientó a la confirmación de la hipótesis imaginada por el intendente regional y el funcionario que valoró la responsabilidad disciplinaria.

• Los hechos base de la acusación fueron aclarados por la Fiscalía, por lo que la premisa de la imputación, como lo fue la imposibilidad de la presentación del recurso, fue desvirtuada y, por esa vía, se obtuvo plena certeza de que no existió falta disciplinaria.

10 Folios 1271 a 1274 y 1277 a 1284, ibidem. 11 Folios 1285 a 1292, ibidem.Radicado: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

Demandante: María Helena Jiménez Vargas

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• En el proceso disciplinario se vulneró el debido proceso porque se dejó de averiguar lo favorable a la investigada, no se respetó el principio de la buena fe y no se le dio ninguna credibilidad a quienes manifestaron una forma distinta de ocurrencia de los hechos. Además, existió una actitud desproporcionada al

averiguar lo favorable a la investigada, no se respetó el principio de la buena fe y no se le dio ninguna credibilidad a quienes manifestaron una forma distinta de ocurrencia de los hechos. Además, existió una actitud desproporcionada al buscar la tipicidad del yerro en las normas penales, para acomodar una falta gravísima sin que el asunto se hubiera probado.

• La motivación de los actos fue errada y ajena a la realidad, pues se basó en testimonios parcializados y documentos sobre los cuales no se averiguó nada, más allá de su contenido.

CONSIDERACIONES

22. Para efecto de dar trámite al presente asunto, la Sala Plena de la Sección Segunda procede a estudiar si en el caso concreto se dan los presupuestos exigidos por el artículo 27112 de la Ley 1437 de 201113 para asumir el conocimiento del proceso de la referencia, con el objeto de proferir una sentencia de unificación jurisprudencial.

23. Sobre el particular, dispone la norma en comento lo siguiente:

ARTÍCULO 271. Decisiones por importancia jurídica, trascen dencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar juris prudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fal lo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las

sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fal lo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Esta do o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismo s eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspect os procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte

administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

12 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. 13 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radicado: 11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012)

Demandante: María Helena Jiménez Vargas

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La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión. […]».

24. De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado puede asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

25. Igualmente, la norma dispone que, para asumir el trámite a solicitud de parte, la

jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

25. Igualmente, la norma dispone que, para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición debe formularse con la exposición de las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia social o económica o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.

26. Ahora bien, la Corte Constitucional al estudiar la demanda de constitucionalidad contra un aparte del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 según el cual, las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y «acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos»14, definió que con arreglo a lo previsto por el artículo 270 ibidem, la elaboración de las sentencias de unificación corresponde a uno de los siguientes criterios: «(i) finalístico o de unificación y definición jurisprudencial; (ii) material o de importancia jurídica o trascendencia pública del asunto; (iii) funcional o de decisión de recursos extraordinarios o de revisión».

27. En este caso, la necesidad de sentar jurisprudencia se enmarca en el primero de los criterios señalados, esto es, el finalístico de unificación y definición jurisprudencial.

Análisis del asunto concreto

28. En el presente asunto se dan los supuestos y los requisitos de orden legal y reglamentario para proferir una sentencia de unificación por la Sección Segunda del

jurisprudencial.

Análisis del asunto concreto

28. En el presente asunto se dan los supuestos y los requisitos de orden legal y reglamentario para proferir una sentencia de unificación por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, por cuanto se advierte la necesidad de emitir un pronunciamiento en relación con la forma de restablecer el derecho de las personas

inscritas en el escalafón de carrera administrativa a quienes les ha sido impuesta sanción de destitución dentro de un proceso disciplinario, cuando el juez de lo contencioso administrativo declara la nulidad de los actos sancionatorios.

29. Revisados los antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, se observa que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 29 de enero de 200815, estudió el derecho de una servidora inscrita en el escalafón de carr era administrativa, que fue retirada por supresión del cargo

14 El cargo formulado contra la norma en cita se resume así: La orden a las autoridades de extender los efectos de una sentencia de unificación del Consejo de Estado, sin considerar los fallos de otras corporaciones como la Corte Constitucional, está propiciando que la postura jurisprudencial del Consejo socave la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional específicamente e n materia de derechos fundamentales, lo cual iría en contra de la supremacía de la Constitución y de su interpretación autorizada. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del inciso integrado del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, a rgumentando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales, tiene

integrado del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, a rgumentando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de las diferentes jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la normatividad restante del sistema jurídico y las competencias constitucionales de la Corte. 15 Consejo de Estado, Sala Plena d