CE - 110010325000201500352001SENTENCIA20230627105635

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (0714-2015)

Demandante: William Javier Pabón Moncada

Demandado: Banco Agrario de Colombia

Tema: Proceso disciplinario

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

La Sala , en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, procede a proferir la siguiente sentencia de única instancia en el proceso de la referencia.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 1, William Javier Pabón Moncada demandó la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia del 5 de agosto y 12 de noviembre de 2004, proferidos por el jefe de la Unidad de Control Disciplinario Interno del Banco Agrario y el vicepresidente vomercial de la entidad, a través de los cuales fue sancionado con destitución del cargo de gerente zonal Cúcuta e inhabilidad general por el término de 10 años.

vicepresidente vomercial de la entidad, a través de los cuales fue sancionado con destitución del cargo de gerente zonal Cúcuta e inhabilidad general por el término de 10 años.

2. A título de r establecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a lo siguiente: ( i) reintegrarlo al cargo del que fue destituido o a uno de igual categoría, sin que se entienda que existió solución de continuidad, (ii) eliminar de las bases de d atos del Banco Agrario y de la Procuraduría General de la Nación los antecedentes disciplinarios anotados como consecuencia de la decisión sancionatoria; (iii) pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir, con la debida indexación, junto con los intereses a que hubiere lugar, y (iv) pagarle por concepto de perjuicios morales a él, a su esposa, a sus 3 hijos, a sus padres y a sus 4 hermanos, la suma correspondiente a 22 mil gramos oro.

1 Regulada en el art. 85 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, CCA.2

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

1.2. Hechos relevantes del caso

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. E l 15 de enero de 2003 campesinos pertenecientes a las asociaciones de productores agropecuarios de las veredas Chitacomar y El Asilo del municipio de Chinácota, «ASOPARCHICIPANTE» y «ASAMAN», se quejaron ante presidencia de la República, Congreso y presidencia del Banco Agrario, de irregularidades en el

Chinácota, «ASOPARCHICIPANTE» y «ASAMAN», se quejaron ante presidencia de la República, Congreso y presidencia del Banco Agrario, de irregularidades en el trámite de un crédito para la financiación de un proyecto cooperativo pecuario que beneficiaría aproximadamente a 400 familias.

3.2. Los quejosos afirmaron que designaron a Pedro León Higuita Piedrahita como gestor del mencionado proyecto productivo, quien para su financiación solicitó un crédito en septiembre de 2002 ante el Banco Agrario, pero que William Javier Pabón Moncada en calidad de gerente zonal Cúcuta, condicionó la aprobación a que los asociados apoyaran a Nubia Rosa Romero Contreras, en su candidatura a la alcaldía del municipio de Chinácota, y que como el gestor se negó a tales presiones, el trámite del crédito fue entorpecido.

3.3. En tal virtud, la Unidad de Control Interno Disciplinario del Banco: (i) mediante auto del 24 de enero de 2003 abrió indagación preliminar, (ii) a través de auto de l 18 de febrero de 2003 dio apertura a la investigación disciplinaria en contra de l demandante, (iii) por auto de l 26 d e noviembre de 2003 le formuló pliego de cargos por haber incurrido a título de dolo en la falta grave señalada en el artículo 35.7 de la Ley 734 de 2002 que alude a «omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que esta obligado» , y en la falta gravísima establecida en el artículo 48 .40 ibidem, que refiere a «utilizar

despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que esta obligado» , y en la falta gravísima establecida en el artículo 48 .40 ibidem, que refiere a «utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter politico partidista» , (iv) en auto de l 20 de enero de 2004 decretó pruebas y (v) mediante fallo disciplinario de primera instancia de 5 de agosto de 2004 lo sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

3.4. Contra la decisión sancionatoria de primera instancia, el disciplinado presentó recurso de apelación que fue resuelto por el vicepresidente comercial del Banco Agrario, en fallo de segunda instancia de 12 de noviembre de 2004 que confirmó la sanción.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación3

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6 y 29 de la Constitución y 91, 101, 140, 143 -numerales 2 y 3y 163 -numerales 2 y 6de la Ley 734 de 2002.

5. El demandante sostuvo en el concepto de violación, en pr imer lugar, que la autoridad disciplinaria vulneró su derecho al debido proceso porque:

5.1. No le fue notificado el auto que ordenó abrir la indagación preliminar, pese a que en su contenido «se encontraba individualizado el sujeto a disciplinar».

autoridad disciplinaria vulneró su derecho al debido proceso porque:

5.1. No le fue notificado el auto que ordenó abrir la indagación preliminar, pese a que en su contenido «se encontraba individualizado el sujeto a disciplinar».

5.2. La obligación contenida en el artículo 155 de la Ley 734 de 2002 de notificar a la Procuraduría General de la Nación la iniciación de la investigación disciplinaria para para que «decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente» , se cumplió de manera extemporánea, ya que sólo hasta el 10 de junio de 2003, la Unidad de Control Interno Disciplinario del Banco remitió al órgano de control el auto del 18 de febrero de 2003 que ordenó abrir la etapa de investigación, incurriendo inclusive en falseda d, porque en el respectivo oficio remisorio, la autoridad disciplinaria expresó que la investigación había sido abierta por medio de auto del 6 de junio de 2003.

5.3. Durante la etapa de indagación preliminar , la Unidad de Control Disciplinario Interno del Banco comisionó al personero municipal de Chinácota para que recepcionara varios testimonios de los campesinos asociados, pero el funcionario comisionado (i) se extralimitó en sus funciones al decretar y practicar otros testimonios adicionales, facultad que le correspondía de forma exclusiva a la autoridad disciplinaria, (ii) violó la reserva sumarial, el derecho de defensa y la garantía de imparcialidad al aut orizar a Jairo Antonio Barón Galindo -uno de los quejosospara que notificara o citara a los te stigos y para estar presente como «veedor» en las declaraciones.

5.4. No pudo controvertir la principal prueba esgrimida en su contra en el proceso

quejosospara que notificara o citara a los te stigos y para estar presente como «veedor» en las declaraciones.

5.4. No pudo controvertir la principal prueba esgrimida en su contra en el proceso disciplinario, que fue el testimonio que rindió Pedro León Higuita Piedrahita el 19 de febrero de 2003, deb ido a que: (i) el demandante fue vinculado al proceso al día siguiente de la realización de la diligencia testimonial, (ii) por solicitud suya, el referido señor fue citado en 5 oportunidades para que ampliara su declaración , pero no compareció y (iii) la autoridad disciplinaria no hizo uso de la facultad de conducción del testigo renuente.

5.5. Los testimonios de los campesinos recepcionados por el personero municipal de Chinácota, que fue comisionado para tal efecto, son irregulares porque uno de ellos, Luis Antonio Correa , señaló en ampliación de su declaración inicial , que4

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

cuando él y los demás asoci ados comparecieron a rendir declaración sobre los hechos, esta ya «estaba escrita y solo para su firma».

5.6. El pliego de cargos adolecía de los elementos esenciales señalados en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, debido a que (i) no contenía la exposición de las presuntas normas violadas, (ii) no expuso el concepto de violación, (iii) no concretó la modalidad específica de la conducta , (iv) no se indicaron los criterios que fueron tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta.

concretó la modalidad específica de la conducta , (iv) no se indicaron los criterios que fueron tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta.

5.7. La autoridad disciplinaria omitió resolver una solicitud de nulidad procesal.

5.8. Los fallos disciplinarios demandados no valoraron la certificación expedida el 13 de febrero de 2003, por el gerente de políticas y procedimientos de la vicepresidencia de crédito, Rafael Martínez Arenas, en la que se señala que Pedro León Higuita no aportó en su totalidad la información requerida para tramitar la solicitud crediticia.

6. En segundo lugar, el demandante argument ó que la etapa de la investigación disciplinaria está viciada de falsa motivación, porque en el auto de 18 de febrero de 2003 , la Unidad de Control Disciplinario Interno del Banco señaló que su apertura se sustentaba en las pruebas recaudada s por el personero municipal de Chinácota, que había sido comisionado para tal efecto, pero el material probatorio en realidad fue anexado al expediente al día siguiente.

7. El tercer reparo formulado por el dem andante alud ió a la falta de tipicidad, porque, en su criterio, fue sancionado disciplinariamente por el incumplimiento de un deber funcional que no le estaba asignado ni en la ley, ni en reglamento alguno, puesto que, de acuerdo con el manual de funciones del Banco, el gerente zonal, cargo desempeñado por el demandante al momento de los hechos investigados, no es el responsable de dar trámites a los crédito s que soliciten los usuarios de la entidad financiera.

8. Por último , indicó que las autoridades dis ciplinarias en los fallos disciplinarios

investigados, no es el responsable de dar trámites a los crédito s que soliciten los usuarios de la entidad financiera.

8. Por último , indicó que las autoridades dis ciplinarias en los fallos disciplinarios acusados señalaron que la conducta reprochada fue cometida a título de dolo, sin embargo, fundamentaron tal conclusión en argumentos generales, insuficientes, ambiguos y confusos que no contienen una explicación de la forma como se consideraban configurados los elementos de ese título de culpabilidad.

2. Contestación de la demanda5

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

9. El Banco Agrario se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes

argumentos:

9.1. Al momento de iniciarse la indagación preliminar no se sabía a ciencia cierta si todos los elementos materiales probatorios implicaban a William Javier Pabón Moncada, por lo que se dispuso practicar testimonios y ordenar la recepción de otras pruebas documentales, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos.

9.2. Luego de la indagación preliminar se pudo individualizar con plenitud al ahora demandante como la persona implicada en los hechos, motivo por el cual y en razón de la gravedad de la denuncia -referida a presionar a un gremio de campesinos para obtener beneficios políticos, prevaliéndose de su condición de servidor del Banco Agrariopor auto de 18 de febrero de 2003 se abrió la investigación disciplinaria en la cual se ordenó de inmediato la práctica pruebas te stimoniales los días 19 y 20 de febrero de 2003.

Agrariopor auto de 18 de febrero de 2003 se abrió la investigación disciplinaria en la cual se ordenó de inmediato la práctica pruebas te stimoniales los días 19 y 20 de febrero de 2003.

9.3. E n el proceso disciplinario el demandante no solicitó la declaración de testigos, no controvirtió las pruebas recaudadas, no presentó recursos contra el auto de 31 de mayo de 2004 por el cual se cerró el debate probatorio a efectos de insistir en la práctica de la prueba testimonial de Pedro León Higuita , ni en los alegatos de conclusión hizo alusión a la existencia de un testigo renuente ni puso de presente el motivo por el cual aquél debía ser contrai nterrogado o las falencias de su declaración, por lo cual todas las pruebas recauda das en el tr ámite sancionatorio son válidas.

9.4. No es cierto que las pruebas testimoniales recepcionadas por el funcionario comisionado dentro del proceso disciplinario sean nulas por haber estado presente uno de los quejosos en el trámite de recaudo, dado que, esa acusación fue analizada por la Procuraduría General de la Nación dentro de otro proceso disciplinario adelantado contra el mencionado personero en el cual se se ñaló que el actuar de aquel fue correcto y obedeció al ejercicio de sus funciones.

9.5. E n cuanto a la supuesta violación de la reserva sumarial del expediente disciplinario por parte del personero municipal de Chinácota, alegó que ello no es causal de nu lidad de los actos administrativos acusados y que en el peor de los casos, sólo se generaría una sanción disciplinaria para el funcionario comisionado,

disciplinario por parte del personero municipal de Chinácota, alegó que ello no es causal de nu lidad de los actos administrativos acusados y que en el peor de los casos, sólo se generaría una sanción disciplinaria para el funcionario comisionado, lo cual no puede dar lugar a suponer que los testigos de cargo hayan sido coaccionados.

9.6. No es cierto que se hubiera omitido resolver una solicitud de nulidad procesal presentada por el investigado en el proceso disciplinario, pues mediante auto de 56

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

de junio de 2003 se decidió aquella exponiendo los motivos por los cuales no se accedió a la misma, prov idencia frente a la cual además se interpuso recurso de reposición que fue resuelto negativamente en el auto de 27 de junio del mismo año.

9.7. En cuanto a la alegada falsa motivación de los actos administrativos disciplinarios acusados , señaló que el dem andante presentó argumentos demasiado abstractos para sustentar este reparo, pues no indicó con exactitud si tal falencia ocurrió en la determinación de los hechos, en la valoración de las pruebas, en la fundamentación de la calificación de la falta o en e l análisis de la culpabilidad.

9.8. El demandante interpuso una acción de tutela contra las decisiones proferidas en el trámite disciplinario por considerar violado el derecho al debido proceso donde esboza idénticos planteamientos a los que ahora soporta n su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue negada por el Juzgado 2 Penal

en el trámite disciplinario por considerar violado el derecho al debido proceso donde esboza idénticos planteamientos a los que ahora soporta n su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue negada por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Cúcuta. También solicitó ante la Procuraduría General de la Nación la revocatoria directa de los fallos disciplinarios ahora acusados, petición que fue negada por el procurador general de la nación mediante resolución del 19 de abril de 2006, situación que demuestra de manera clara que en el tr ámite disciplinario no se violaron los derechos del investigado.

9.9. Finalmente p resentó las siguient es excepciones: (i) «caducidad de la acción », dado que trascurrieron más de 4 meses desde la fecha y ejecutoria del fallo disciplinario de segunda instancia y la presentación de la demanda contenciosa administrativa, (ii) «insuficiencia de poder», por no h aberse indicado en el mismo la autoridad que expidió los actos administrativos impugnados y (iii) «presunción de legalidad de los actos disciplinarios acusados», pues en ellos no se desconocieron los derechos del investigado.

3. Alegatos de las partes

3.1. Parte demandante

10. En sus alegatos de conclusión, la parte demandante reiteró las pretensiones y argumentos de la demanda y solicitó a la corporación tener en cuenta los

siguientes elementos probatorios:

10.1. Lo certificado por el subgerente de crédito regional Santanderes del Banco Agrario, Óscar Mantilla Rey, quien mediante oficio 01273 del 4 de febrero de 2003,

siguientes elementos probatorios:

10.1. Lo certificado por el subgerente de crédito regional Santanderes del Banco Agrario, Óscar Mantilla Rey, quien mediante oficio 01273 del 4 de febrero de 2003, señaló que a esa «dependencia no se han remitido créditos provenientes de la oficina7

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

del Banco […] de Chinácota a nombre de las asociaci ones ASOPARCHICIPANTE,

ASAMAN, ASOGUADUA y ASOPROISCALA».

10.2. L as declaraciones de Ana Dolores Sosa Vargas y María Angustias Urbina García, trasladadas de la investigación disciplinaria ad elantada en contra de Marco Polo Galvis , personero municipal de C hinácota, quienes señalaron que, Pedro León Higuita y Jairo Barón , les hablaron de un proyecto de pollos, y que en el año 2003 se reunieron y les dijeron que el proyecto no se había podido adelantar porque el gerente del Banco no lo aprobó por no haber apo yado la candidatura de Nubia Romero a la alcaldía del citado municipio, y quienes de igual manera señalaron que «firmaron la queja sin conocer el contenido de la misma, que no conocen al Gerente del Banco Agrario, que él nunca fue a las veredas y que nunca fueron víctimas de él; que nunca le tomaron juramento para la declaración y que el Personero no participó en la declaración, y que no leyó la declaración para verificar si lo escrito correspondía a lo declarado».

10.3 El testimonio de Marco Polo Galvis , personero municipal de Chinácota, quien

participó en la declaración, y que no leyó la declaración para verificar si lo escrito correspondía a lo declarado».

10.3 El testimonio de Marco Polo Galvis , personero municipal de Chinácota, quien aceptó haber recibido presiones para el recaudo de las pruebas testimoniales decretadas, que Jairo Antonio Barón Galindo estuvo presente en las declaraciones, y que en ningún momento del proceso William Pabón partici pó en el recaudo de las pruebas y ejerció el principio de contradicción.

10.4. Los testimonios de Pedro León Higuita y Jairo Antonio Barón Galindo, en los que se puede observar que nunca fueron constreñidos por el demandante para que apoyaran electoralmen te a determinada candidata, que tenían interés para perjudicar en aspectos laborales al sancionado, y que ellos vendieron la idea de un proyecto a las asociaciones de campesinos del municipio de Chinácota.

10.5. La declaración de Luis Antonio Correa Ruiz quien manifestó no conocer al demandante, n egó haber firmado la queja que iba dirigida al presidente de la República, y que los créditos solicitados por Pedro León Higuita y Jairo Antonio Barón Galindo fueron a título personal y no en pro de las asociaciones de campesinos del municipio.

10.6. Y por último, el testimonio de Javier Antonio Ramírez , director de la Oficina del Banco Agrario en Chinácota , quien expresó que no tuvo conocimiento de ninguna solicitud de crédito radicada por Pedro León Higuita.

3.2. Parte demandada

11. La parte demandada no presentó alegatos de conclusión.

4. concepto del Ministerio Público8

Demandante: William Javier Pabón Moncada

3.2. Parte demandada

11. La parte demandada no presentó alegatos de conclusión.

4. concepto del Ministerio Público8

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

12. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

5. Trámite de la demanda

13. La demanda fue presentada el 6 de abril de 2005 ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander 2, correspondiente por reparto al despacho del magistrado Jorge E. Rivera Prada, quien mediante auto del 28 de abril de 2006 dispuso la admisión de la demanda 3. Luego por medio de auto de 14 de marz o de 2008 ordenó su remisión a los juzgados administrativos de Cúcuta4.

14. Por reparto le correspondió al juzgado 1 administrativo de Cúcuta, despacho que por medio de auto del 25 de abril de 2008 5 admitió la reforma de la demanda, y a través de auto de 29 de septiembre de 20096 abrió el proceso a pruebas.

15. Posteriormente, mediante Acuerdo No. PSAA11 -8610 el proceso fue remitido al juzgado 6 administrativo de descongestión de Cúcuta7, despacho que por medio de providencia de 6 de febrero de 2012 8 cerró la etapa probatoria y corrió traslado para los alegatos de conclusión.

16. A continuación, por medio de auto del 12 de junio de 2014 el proceso fue trasladado al juzgado 3 administrativo de descongestión de Cúcuta, despacho que

para los alegatos de conclusión.

16. A continuación, por medio de auto del 12 de junio de 2014 el proceso fue trasladado al juzgado 3 administrativo de descongestión de Cúcuta, despacho que mediante auto del 31 de o ctubre de 2014 9, resolvió declarar la falta de competencia y remitirlo al Consejo de Estado.

17. En el Consejo de Estado el proceso fue repartido al despacho sustanciador el 11 de marzo de 2015, el cual mediante auto del 22 de junio de 2015 10 avocó conocimiento. Así mismo, en auto del 23 de septiembre de 2021 11 se decretaron pruebas. Mediante auto del 2 de mayo de 2022 12 se corrió traslado común para alegatos y concepto del Ministerio Público , y finalmente, mediante constancia secretarial del 14 de junio de 2 022 el expediente fue remitido al despacho para fallo.

2 Visible a folio 6 del cuaderno principal 3 Visible a folio 150 del cuaderno principal 4 Visible a folio 289 del cuaderno principal 5 Visible a folio 293 del cuaderno principal 6 Visible a folio 306 del cuaderno principal 7 Visible a folio 547 del cuaderno principal 8 Visible a folio 551 del cuaderno principal 9 Visible a folio 677 del cuaderno principal 10 Visible a folio 682 del cuaderno principal 11 Visible a folio 704 del cuaderno principal 12 Visible a folio 720 del cuaderno principal9

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

II. Consideraciones

1. Cuestiones previas

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

II. Consideraciones

1. Cuestiones previas

1.1. Competencia de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo

18. La Corte Constitucional, en autos 026 13 y 381 14 de 2022, siguiendo la jurisprudencia de la desaparecida Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura15 y del Consejo de Estado, 16 tiene definido que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por trabajadores oficiales contra un acto administrativo disciplinario, por cuanto se trata de un acto sujeto al derecho administrativo en los términos del artículo 104 del CPACA.

1.2. pronunciamiento sobre las excepciones

19. La Sala procede a resolver sobre las excepciones presentadas por la parte

demandada:

1.1. Caducidad

20. El Banco Agrario señala que la demanda fue presentada por fuera del término de 4 meses siguientes a la fecha del fallo disciplinario de segunda instancia del 12 de nov iembre de 2004 , motivo por el cual operó el fenómeno jurídico de la

13 Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo. 14 Con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortíz. 15 Previo a que la Corte Constitucional tuviera a cargo la resolución de los conflictos entre jurisdicciones, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, desarrolló una línea jurisprudencial uniforme y estable según la cual la jurisdicción de l o contencioso administrativo es

jurisdicciones, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, desarrolló una línea jurisprudencial uniforme y estable según la cual la jurisdicción de l o contencioso administrativo es la competente para conocer de demandas que cuestionan actos administrativos expedidos en ejercicio del poder disciplinario. Véanse por ejemplo: (i) providencia del 20 de noviembre de 2014, M.P. Angelino Lizcano Rivera. Resol vió el conflicto jurisdiccional suscitado entre el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, y el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, (ii) providencia del 3 de diciembre de 2014, M.P Wilson Ruiz Orjuela. Resolvió el conflicto jurisdiccional suscitado entre el Juzgado 26 Administrativo Oral del de Medellín y el Juzgado 2 Laboral del Circuito de la misma ciudad, y (iii) providencia del 11 de junio de 2015, M.P. Angelino Lizcano Rivera. Resolvió el conflicto jurisdiccional suscit ado entre el Juzgado 26 Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral. 16 En diferentes oportunidades, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido de manera pacífica y reiterada que, en tanto tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es competente para conocer de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se controvierten actos administrativos que impusieron sanciones disciplinarias a servidores públicos, ya sea que se trate de trabajadores oficiales o de empleados públicos. Véanse por ejemplo: (i) sentencia del 1° de diciembre de 2016, de la Sección Segunda, Subsección B,

servidores públicos, ya sea que se trate de trabajadores oficiales o de empleados públicos. Véanse por ejemplo: (i) sentencia del 1° de diciembre de 2016, de la Sección Segunda, Subsección B, radicado 2011-00329-01(1237-11), M.P. César Palomino Cortés, y (ii) sentencia del 6 de junio de 2019, de la Sección Segunda, Subsección B, proceso 2012 -230 (0884 -2012), M.P. William Hernández Gómez.10

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

caducidad establecido en el artículo 136 .2 del Decreto Ley 01 de 1984, Código de lo Contencioso-Administrativo, en adelante CCA, que señala:

«Artículo 136. Caducidad de las acciones. […]

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periód icas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. […]».

21. L a Sala Plena de la Sección Segunda unificó la jurisprudencia frente a l a caducidad en asuntos de carácter disciplinario que implique el retiro temporal o definitivo del servicio 17 para establecer las siguientes reglas jurisprudenciales que

serán aplicables al caso bajo estudio:

caducidad en asuntos de carácter disciplinario que implique el retiro temporal o definitivo del servicio 17 para establecer las siguientes reglas jurisprudenciales que serán aplicables al caso bajo estudio:

21.1. La caducidad deberá contarse a partir de l a ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario:

a) Cuando no exista un acto que ejecute la sanción disciplinaria del retiro del servicio,

b) Cuando el acto no tenga incidencia efectiva en la terminación de la relación laboral administrativa.

21.2. Deberá contarse a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria:

a) Cuando se controviertan actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio,

b) Cuando en el caso concreto haya sido proferido un acto de ejecución conforme al art. 172 C.D.U.,

c) Cuando dichos actos de ejecución materialicen la suspensión o terminación de la relación laboral administrativa.

22. En síntesis, el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en procesos donde se pretenda demandar un acto administrativo que impuso una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, se cuenta a partir del acto que ordenó su ejecución -de haber e xistido esteo en su

17 Auto de fecha 25 de febrero de 2016, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.11

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

Demandante: William Javier Pabón Moncada Radicado: 11001-03-25-000-2015-00352-00 (714-2015)

defecto desde la ejecutoria del acto sancionatorio, esto con el fin de generar una mayor seguridad jurídica frente a los derechos del disciplinado al momento de demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa.

23. En el sub examine, el actor acudió en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a demandar la nulidad de los fallos disciplinarios de 5 de agosto y de 12 de noviembre de 2004 proferidos por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Intern o de la Dirección Nacional y Regional Bogotá, y el vicepresidente comercial del Banco Agrario , respectivamente, por los cuales fue sancionado con destitución del cargo de gerente zonal Cúcuta de la citada institución financiera e inhabilidad general por el término de 10 años.

24. En el presente caso , toda vez que el sancionado se desvinculó de la entidad demandada antes de proferirse el acto sancionatorio de segunda instancia -en la medida que culminó su contrato como trabajador oficial del estado - no hubo acto de ejecución de la sanción de destitución, motivo por el cual el p