CE - 110010325000201501034001AUTOQUERESUEL20220504145751

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) Referencia: SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Radicación: 11001 03 25 000 2015 01034 00 (4500-2015)

Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila

Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Tope pensional de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

DECISIÓN DE LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA __________________________________________________________________ Resuelve la Sala el mecanismo de extensión de la jurisprudencia referenciado, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.2

1. Antecedentes 1.1. La solicitud de extensión 1.1.1 Las pretensiones En ejercicio del mecanismo de extensión de la jurisprudencia contemplado en los artículos 102 y 269 del CPACA, por conducto de apoderado judicial , la señora Carmenza del Socorro Correa Arcila formuló solicitud 3 en orden a que se le extiendan los efectos de la sentencia de unificación proferida el 12 de septiembre

artículos 102 y 269 del CPACA, por conducto de apoderado judicial , la señora Carmenza del Socorro Correa Arcila formuló solicitud 3 en orden a que se le extiendan los efectos de la sentencia de unificación proferida el 12 de septiembre de 2014 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso 2500023-42-000-2013-00632-01 (1434-14), con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

1 En adelante UGPP. 2 En adelante CPACA. 3 Folios 94 al 136.2

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila Como consecuencia de lo anterior, pidió reliquidar su pensión de vejez con la aplicación integral del artículo 6 del Decreto 546 de 1971, sin sujeción a lo establecido en la Sentencia C -258 de 2013, es decir, sin el tope pensional de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 1.1.2. Fundamentos fácticos La convocante sustentó su solicitud con base, entre otros, en los siguientes hechos:4

a. Nació el 28 de mayo de 1953. b. Al 1.º de abril de 1994 contaba con 40 años, 10 meses y 3 días de servicios prestados, así como más de 35 años de edad. c. Para la mencionada fecha, en la que entró en vigor la Ley 100 de 1993, había prestado por más de 15 años sus servicios al Estado , pues ingresó al Servicio Seccional de Salud de Risaralda el 8 de enero de 1974 y se retiró el 18 de octubre

prestado por más de 15 años sus servicios al Estado , pues ingresó al Servicio Seccional de Salud de Risaralda el 8 de enero de 1974 y se retiró el 18 de octubre de 1998. d. El 28 de mayo de 2003, cumplió 50 años. e. Laboró para la Proc uraduría General de la Nación desde el 8 de enero de 1998 al 30 de mayo de 2014, esto es, por más de 10 años. f. Mediante Resolución RDP 037342 del 10 de diciembre de 2014, la UGPP le reconoció pensión de vejez conforme a la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, confirmada a través de las Resoluciones RDP 007302 del 23 de febrero y RDP 012114 del 27 de marzo, ambas de 2015. g. De acuerdo con lo anterior, precisó que tiene derecho a que se reliquide su pensión conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971. 1.2. Traslado de la solicitud5 Por auto del 14 de octubre de 2021, se ordenó correr traslado a la UGPP, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado6 y al agente del Ministerio Público a fin de

4 Folios 95 al 101. 5 Folio 176. 6 En adelante ANDJE.3

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila que se pronunciaran al respecto. Para tal fin, las aludidas entidades contestaron la

solicitud con base a lo siguiente:

1.2.1. UGPP7

La entidad convocada , por conducto de apoderado judicial, se opuso a la

que se pronunciaran al respecto. Para tal fin, las aludidas entidades contestaron la solicitud con base a lo siguiente:

1.2.1. UGPP7

La entidad convocada , por conducto de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones e hizo las siguientes precisiones sobre la solicitud que hoy ocupa la atención de la Sala: a. A la convocante no le es aplicable el régimen especial de la Rama Judicial contemplado en el Decreto 546 de 1971, toda vez que no prestó sus servicios para esta o para la Procuraduría General de la Nación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. b. Por su parte, la sentencia invocada no debe ser tomada como de unificación, pues no se expidió con el cumplimiento del procedimiento del artículo 270 del CPACA, pues no se profirió con la necesidad de unificar la jurisprudencia por importancia jurídica o trascendencia económica o social. c. Deben prevalecer las decisiones que la Corte Constitucional haya proferido sobre el tema solicitado a través de extensión. d. Por último, precisó que la tesis que busca aplicar la parte actora fue recogida a través de la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1.2.2. ANDJE8

La mencionada entidad, por medio de apoderada judicial, luego de hacer un análisis sobre la sentencia invocada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones bajo el argumento de que dicha providencia solo estudió un único punto de unificación, que versó sobre la inaplicación del tope pensional de los 25 salarios mínimos legales

sobre la sentencia invocada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones bajo el argumento de que dicha providencia solo estudió un único punto de unificación, que versó sobre la inaplicación del tope pensional de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, el caso de la convocante no guarda identidad fáctica ni jurídica con el resuelto en el mencionado fallo.

7 Índice 36 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 8 Índice 38 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.4

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015)

Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila

1.2.3. El Ministerio Público9 El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto con el fin de que se niegue la solicitud de extensión de la jurisprudencia deprecada por la señora Carmenza del Socorro Correa Arcila . Para tal fin, precisó que no se puede acceder a las pretensiones, toda vez que ello iría en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU -210 de 2017, según la cual, el límite del monto de las pensiones fijado en 25 salarios mínimos legales mensuales también aplica para los beneficiarios del régimen especial de los magistrados regulado en el Decreto 546 de 1971. Ahora bien, en lo que tiene que ver sobre el debate del ingreso base de liquidación de la pensión de la peticionaria, dicho análisis escapa de la sentencia invocada, puesto que dichas reglas se dilucidaron a través de las sentencias del 28 de agosto

Ahora bien, en lo que tiene que ver sobre el debate del ingreso base de liquidación de la pensión de la peticionaria, dicho análisis escapa de la sentencia invocada, puesto que dichas reglas se dilucidaron a través de las sentencias del 28 de agosto de 2018 y del 11 de junio de 2020 (CE-SUJ-S2-021-20). Por otro lado, si bien la señora Correa Arcil a cumple con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, en vista de que su ingreso a la Procuraduría General de la Nación fue a partir del 1 de agosto de 1998, no le es aplicable el régimen especial de la Rama Judicial, sino el previsto en la Ley 33 de 1985.

2. Consideraciones 2.1. Cuestión previa

2.1.1. Transición normativa

Antes de resolver la solicitud de extensión de la jurisprudencia conviene precisar que, si bien el asunto que hoy ocupa la atención de la Sala se presentó antes de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 10, el trámite por el cual se rige el proceso deberá atender las modificaciones que introdujo la aludida norma a los artículos 102 y 269 del CPACA, toda vez que el expediente ingresó al despacho para resolver lo

9 Índice 42 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. 10 El 25 de enero de 2021.5

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila pertinente en vigencia del cambio legislativo. 2.2. El problema jurídico

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila pertinente en vigencia del cambio legislativo. 2.2. El problema jurídico Se circunscribe a establecer si, en el caso concreto de la señora Carmenza del Socorro Correa Arcila , hay lugar a extender los efectos de la sentencia de unificación proferida el 12 de septiembre de 2014 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso 25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-14), con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren , con e l fin de que se le reliquide su pensión de vejez con fundamento en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 y sin sujeción al tope pensional de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes que estableció la Sentencia C-258 de 2013. 2.3. La sentencia objeto de extensión: fundamentos fácticos y jurídicos La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 12 de septiembre de 2014, dentro del proceso 25000-23-42-000-2013-00632-01 (143414), con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la cual se desató el recurso de apelación contra la sentencia del 7 de febrero de 2014, emitida por la

Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la referida providencia se estudió el caso de una ex consejera de Estado, quién solicitaba el reconocimiento de su pensión de veje z con fundamento en lo previsto

Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la referida providencia se estudió el caso de una ex consejera de Estado, quién solicitaba el reconocimiento de su pensión de veje z con fundamento en lo previsto en los artículos 6.º del Decreto 546 de 1971 y 36, inciso 2.º, de la Ley 100 de 1993; y se dispuso a resolver, como problema jurídico, si dicha prestación estaba sujeta al límite de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes que fijó la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-258 de 2013. Para efectos de resolver el caso concreto, esta corporación hizo un estudio de los regímenes especiales de los congresistas y de los magistrados de las altas cortes y, frente a ellos, argumentó lo siguiente: a. Antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, el régimen especial aplicable para los funcionarios de la Rama Judicial era el Decreto 546 de 1971 , según el cual, para la obtención del derecho pensional, equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de6

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila servicio, se requería i) 55 años, para el caso de los hombres, y 50 años, para las mujeres; y ii) 20 años de servicios continuos o discontinuos, de los cuales por lo menos 10 hayan sido al servicio exclusivo de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público o de ambos.

b. Luego de ello, y en vigor de la nueva carta política, el Legislador promulgó la

menos 10 hayan sido al servicio exclusivo de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público o de ambos. b. Luego de ello, y en vigor de la nueva carta política, el Legislador promulgó la Ley 4.ª de 1992,11 de la que se derivó la expedición, por parte del Gobierno Nacional, de los Decretos 1359 de 1993 12 (régimen especial de los congresistas) y 104 de 1994,13 según el cual, en su artículo 28, determinó que a los magistrados de las altas cortes les asiste el derecho al reconocimiento de la pensión con base en los mismo factores salariales y cuantías de los congresistas, que están contenidos en los artículo 5.º y 6.º del citado Decreto 1359 de 1993. c. De igual modo, enfatizó en el Acto Legislativo 1 de 2005, por el cual se elevó a rango constitucional el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y se determinó, además, que, a partir de su vigenci a, i) solo se tendrán en cuenta los factores salariales sobre los cuales se hubieren efectuado las cotizaciones; ii) se eliminaron los regímenes especiales y exceptuados; iii) se disminuyeron de 14 a 13 mesadas pensionales anuales; y iv) a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. d. Por otro lado, y luego de analizar la Sentencia C -258 de 2013, adujo que la Corte Constitucional solo estudió la exequibilidad del artículo 17 de la mencionada Ley 4.ª de 1992, y fue enfática en excluir de su análisis a los demás regímenes

Corte Constitucional solo estudió la exequibilidad del artículo 17 de la mencionada Ley 4.ª de 1992, y fue enfática en excluir de su análisis a los demás regímenes especiales existentes, entre ellos, el contemplado en el Decreto 546 de 1971.14

11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política». 12 «Por el cual se establece un régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los Senadores y Representantes a la Cámara». 13 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y presupuestal de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones». 14 Sobre este particular, en la sentencia de unificación objeto de estudio, se indicó lo siguiente: «(…) A lo que debe agregarse, que esta Corporación jurisprudencialmente ha determinado en la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los regímenes de transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral; de manera, que los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida su7

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015)

que los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida su7

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015)

Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila

e. Bajo este contexto, unificó la jurisprudencia en el siguiente sentido: Es así como, en la búsqueda del respeto por los regímenes de transición, al igual que en aras de la protección de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, quien laboró en calidad de Magistrado de una Alta Corporación habiendo consolidado su status pensional al amparo del Decreto 546 de 1971, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión jubilatoria, sin sujeción a las restricciones establecidas por la Sentencia C -258 de 2013, pero, con las limitaciones de que trata el Acto Legislativo 1 de 2005, concretadas en su financiación por parte del Estado, sobre la determinación de los valores efectivamente cotizados por el jubilado, que a su turno deben coincidir con los que determine la entidad pensional respectiva, para efecto del reconocimiento.

Y, los Magistrados de Altas Cortes , que obtienen el reconocimiento pensional según lo dispuesto por el Decreto Reglamentario 104 de 1994 , por el contrario, encuentran sujeta su mesada pensional a las condiciones determinadas por la Sentencia C-258 de 2013, que fueron instituidas con el fin de salvaguardar la equidad y la sostenibilidad del sistema.

(Negritas fuera del original) f. En otras palabras , la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó, como regla jurisprudencial, que i) si el magistrado de alta corte es beneficiario del

(Negritas fuera del original) f. En otras palabras , la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó, como regla jurisprudencial, que i) si el magistrado de alta corte es beneficiario del

situación pensional por el Decreto 546 de 1971, no son aplicables, porque en efecto, son contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (artículos 228 y 230 de la Carta Política y 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011 ) y evidentemente a la propia Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, que valga la pena resaltar, como regla jurídica de obligado acatamiento en materia de constitucionalidad, contiene en sí misma una circunstancia antinómica, que amerita un ejercicio interpretativo para facilitar su aplicación, en orden al principio de coherencia de todo el sistema jurídico sobre el que expande sus efectos. En efecto se tiene, que por orden del Constituyente -artículo 241 numeral 4° de la Carta Políticalas sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional producen un efecto vinculante en función con las normas legales sobre las que se pronuncien, lo que implica, que en la interpretación y aplicación del precepto que corresponda, su entendimiento se circunscriba al sentido de la decisión del juez de constitucionalidad, cuestión que habilita para reconocer, que dichas sentencias constituyen en sí mismas una regla jurídica. Pero, en razón de la dinámica inherente a los sistemas normativos que contienen en sí mismos hipótesis que han de regular la vida de relación de los asociados, es lógicamente posible, que ocurran inconsistencias, contradicciones o espacios abiertos,

normativos que contienen en sí mismos hipótesis que han de regular la vida de relación de los asociados, es lógicamente posible, que ocurran inconsistencias, contradicciones o espacios abiertos, cuyo efecto supondría dificultades ostensibles para su eficacia; ahí justamente, es necesaria la labor del juez para disipar eventuales discordancias, que recobren para el ordenamiento el estándar de racionalidad exigible a fin de garantizar la eficacia o indemnidad de los derechos.

De manera, que la forma como la Sentencia C -258 de 2013 ya citada, en la ratio decidendi del pronunciamiento, excluyó de su objeto a los regímenes especiales, entre ellos, el contemplado por el Decreto 546 de 1971, para luego en forma discordante, cobijarlo en el decisum, respecto a un elemento sustancial del mismo régimen; configura una contradicción, que debe ser interpretada por el fallador, en este caso, el Consejo de Estado, pues no es posible que el propio fallo guardián de constitucionalidad, en su ratio exprese una esfera de afectación de la decisión y al mismo tiempo, al consumar esa decisión, se contradiga desbordando la ratio expresada. Con este argumento, la Sala entiende, que el acatamiento de la Sentencia C -258 de 2013, supone reconocer su relevancia e interpretar sus efectos en el mundo de lo jurídico, indicando un juici o de interpretación, que se procederá a discernir».8

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ende, su pensión

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ende, su pensión se determina acorde al artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, no se le deben aplicar las restricciones establecidas en la Sentencia C -258 de 2013, pero sí las limitaciones que instituyó el Acto Legislativo 1 de 2005 a partir de su vigencia ; contrario sensu, ii) si los aludidos funcionario s son favorecidos por el Decreto Reglamentario 104 de 1994, la referida sentencia de constitucionalidad s í tiene plena aplicación sobre su situación pensional, toda vez que el mencionado decreto se deriva de la Ley 4.ª de 1992.

g. En consecuencia, y al resol ver el caso particular de la demandante, precisó que en vista de que era acreedora de una pensión de veje z con fundamento en el Decreto 546 de 1971, y que adquirió su estatus pensional el 31 de julio de 2011, el valor de sus mesadas debía limitarse al tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, empero, no por virtud de la pluricitada Sentencia C -258 de 2013, sino en atención a lo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005.15 2.3.1. Jurisprudencia actual sobre el régimen pensional de los servidores y exservidores de la Rama Judicial y de los magistrados de las altas cortes , y de la incidencia del tope fijado en la sentencia C-258 de 2013 2.3.1.1. Corte Constitucional

servidores de la Rama Judicial y de los magistrados de las altas cortes , y de la incidencia del tope fijado en la sentencia C-258 de 2013 2.3.1.1. Corte Constitucional El máximo órgano de la jurisdicción constitucional profirió la Sentencia SU-210 de 2017, en la que hizo un recuento exhaustivo de lo esbozado en la Sentencia C-258 de 2013, y concluyó que, la limitación en el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a las pensiones reconocidas a los magistrados de las altas cortes y a los congresistas, tenía plena aplicación inclusive si el derecho pensional

15 Sobre este punto, hizo la siguiente precisión: «Entonces, la Sala debe puntualizar en el mismo estándar de racionalidad seguido a lo largo de esta sentencia de unificación, que el referido Acto Legislativo 1 de 2005, modificatorio del artículo 48 de la Carta Política, precisó en el parágrafo 1° que, “A partir del 31 de julio de 2010 no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recurso s de naturaleza pública”, y justamente, es el mismo Acto Legislativo el que menciona, en su artículo 1°, qué se entiende por causación del derecho pensional, al indicar que ello ocurre cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento; elemento capital para diferenciar la fecha en que se liquida la prestación de aquella en que el derecho como tal emerge a la vida jurídica».9

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diferenciar la fecha en que se liquida la prestación de aquella en que el derecho como tal emerge a la vida jurídica».9

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila se había configurado con anterioridad a dicha providencia y a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005. Frente a este punto, indicó lo siguiente: […] Tampoco era de recibo el argumento de la Sección Segunda, según el cual la sentencia se había causado con anterioridad al fallo de constitucionalidad, y que por tanto no se regía por sus efectos, pues la orden emitida por la Sentencia C-258 de 2013 cobijaba a todas las prestaciones de Congresistas, y por extensión de Magistrados de Altas Cortes, que hubiesen sido reconocidas, incluso con anterioridad a dicha decisión de constitucionalidad.

Desde las Sentencias C -089 de 1997 y C -155 de 1997, esta Corporació n ha señalado que cuando las normas especiales de los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, no disponían de un límite cuantitativo para las mesadas, lo procedente era aplicar el tope señalado en las reglas generales de la Ley 100 de 1993. Además, como se señaló en la Sentencia C-258 de 2013, la fijación de límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, es un asunto previsto desde antes de la expedición del mismo Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a

a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, es un asunto previsto desde antes de la expedición del mismo Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Así por ejemplo, la Ley 4ª de 1976 (pensiones del ISS original), establecía un valor máximo de 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 (pensión por aportes) disminuyó el tope a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y finalmente, la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para los afiliados al régimen de prima media. Dicha dispersión en los montos se resolvió en el sistema actual regido por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que fijó el tope de las pensiones a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese mismo criterio fue el acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005, y con base en él, la Sentencia C-258 de 2013, en su parte resolutiva, previó textualmente “que a partir del 1° de julio de 2013 “ninguna pensión reconocida en aplicación del régimen demandado podrá superar los 25 SMMLV.” 16 Dicha orden es imperativa y categórica, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, pues, como lo explicó la Corte17, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los

reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, pues, como lo explicó la Corte17, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993. 2.3.1.2. Consejo de Estado

16 Cita dentro de la transcripción. «Cfr. Sentencia T-320 de 2015». 17 Cita dentro de la transcripción «Cfr. Sentencia C-258 de 2013».10

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015)

Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila

a. Sentencia CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020. 18 Esta Sección, a través de la citada providencia, unificó la jurisprudencia con relación al régimen de transición de los magistrados y empleados de la Rama Judicial, y al reconocimiento pensional de conformidad con las disposiciones del Decreto 546 de 1971. Frente a ello, examinó las características propias del régimen pensional allí previsto y, en consonancia con las interpretaciones que la Corte Constitucional realizó en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU210 de 2017, y SU-023 de 2018, resolvió lo siguiente: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente:

210 de 2017, y SU-023 de 2018, resolvió lo siguiente: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente:

El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión, siempre que:

1. Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si hombre, 35 años de edad si es mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

1. Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento la edad de 50 años si es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente manera:

1. Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años

manera:

1. Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a am bas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión,

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida el 11 de junio de 2020, con ponencia del suscrito magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, dentro del proceso 15001-23-33-000-2016-00630-01(4083-17).11

Radicado: 11001-03-25-000-2015-01034-00 (4500-2015) Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el

Demandante: Carmenza del Socorro Correa Arcila el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1