CE - 110010325000201600213001SENTENCIA20230627084241

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Demandado: María Santos Barreto Susunaga

Tema: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia proferida el 9 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué el 23 de julio de 2013, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Santos Barreto Susunaga contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)2.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó, en ejercicio de la acción de revisión establecida en el artículo 20

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó, en ejercicio de la acción de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , la revisión de la sentencia proferida el 9 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-31-003-2008-00386-01, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión

1 En lo que sigue UGPP. 2 En lo sucesivo Cajanal.2

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016) Demandante: UGPP del Circuito de Ibagué el 23 de julio de 2013, por medio del cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Santos Barreto Susunaga contra Cajanal, encaminadas al reconocimiento de la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre de servicios de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 929 de 1976 , a partir del momento en que cumplió 20 años de labores y 50 de edad, con la inclusión de los factores tales como: las primas anual y técnica, bonificación por servicios prestados, gastos de representación, viáticos y sobresueldo, así como de cualquier otro rubro que hubiera recibido en ese periodo.

Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de l Tolima el 9 de mayo de 2014; y ii) declarar que María

que hubiera recibido en ese periodo.

Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de l Tolima el 9 de mayo de 2014; y ii) declarar que María Santos Barreto Susunaga no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los emolumentos salariales percibidos en el último semestre de servicios.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• A través de la s Resoluciones 2292 del 20 de enero de 2005 y 19413 del 11 de mayo de 2007, Cajanal le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a María Santos Barreto Susunaga, toda vez que no logró acreditar 20 años de servicios oficiales.

• María Santos Barreto Susunaga , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra Cajanal con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 2292 del 20 de enero de 2005 y 19413 del 11 de mayo de 2007 y en consecuencia se ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación con la aplicación del régimen especial de la Contraloría General de la República (Decreto 929 de 1976), equivalente al 75% de la totalidad de los factores de salario devengados en el último semestre de labores, asunto que por reparto correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué, el que por medio de la sentencia del 23 de julio de 2013 accedió a las

pretensiones, para lo cual resolvió:

correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué, el que por medio de la sentencia del 23 de julio de 2013 accedió a las pretensiones, para lo cual resolvió:

«PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución No 2292 de enero 20 de 2005 y la Resolución No AMB 19413 de mayo 11 de 2007 expedidas por la Subgerencia de Prestaciones Económicas de CAJANAL E.I.C.E.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad accionada y en consecuencia, se declararan (sic) prescritas las mesadas pensionales causadas antes del 20 de marzo de 2000, de conformidad con las razones3

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016) Demandante: UGPP expuestas en la motivación de este proveído.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a CAJANAL E.I.C.E.

EN LIQUIDACION HOY la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP” a que reconozca y pague la pensión de jubilación a la señora MARIA SANTOS BARRETO SUSUNUGA, a partir del 21 de marzo de 2000, en el equivalente al setenta y cinco por ciento 75% de los salarios devengados en el último semestre de servicios en el periodo comprendido entre el 16 de julio de 1990 y el 16 de enero de 1991, incluyendo, en forma proporcional el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios, la prima vacacional, la prima de servicios y la prima de navidad.

julio de 1990 y el 16 de enero de 1991, incluyendo, en forma proporcional el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios, la prima vacacional, la prima de servicios y la prima de navidad.

(…)».

• Inconforme con lo decidido por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué en el fallo del 23 de julio de 2013, Cajanal interpuso recurso de apelación en su contra, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de l Tolima en sentencia del 9 de mayo de 201 4, que confirmó la providencia.

• En cumplimiento de lo resuelto por los jueces de instancia, la UGPP expidió la Resolución RDP 25657 del 24 de junio de 2015, con la cual se reconoció la pensión de jubilación a favor de María Santos Barreto Susunaga, en cuantía de $ 156.425, efectiva a partir del 9 de junio de 1994.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión3

El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia proferida el 9 de mayo de 2014, confirmó la providencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué en el fallo del 23 de julio de 2013, que accedió a las súplicas de la demanda.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:

• María Santos Barreto Susunaga es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia puede acceder al beneficio pensional de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto

• María Santos Barreto Susunaga es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia puede acceder al beneficio pensional de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 929 de 1976, en lo que tiene que ver con la edad , tiempo de servicios y monto, según su artículo 7 . En cuanto a los factores computables, debe acudirse a los enlistados en los artículos 45 del Decreto 1045 de 1978 y 40 del Decreto 720 de ese año, pero también todos aquellos que hubiera devengado de mane ra habitual y periódica como servidora de la Contraloría General de la República. En este sentido

3 Proceso adelantado bajo las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (CCA). 4 Folios 198 a 207.4

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016) Demandante: UGPP destacó que la Sección Segunda del Consejo de Estado había adoptado esta interpretación en la sentencia del 19 de junio de 20085.

• Así las cosas, María Santos Barreto Susunaga tiene derecho a que se le otorgue la pensión de jubilación con el 75% de todos los factores de salario que percibió durante su último semestre de servicios, tales como: bonificación por servicios, subsidio de alimentación y las primas de servicios, vacaciones y navidad.

1.2. La causal de revisión invocada

La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20036, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al

La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20036, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido al reconocimiento de la pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual el ingreso base de liquidación (IBL)8 debía corresponder al salario promedio de los últimos 10 años o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, tal y como determinó la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, cuyos apartes transcribió.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

María Santos Barreto Susunaga estimó la improcedencia de la revocatoria de la sentencia del 9 de mayo del 2014 del Tribunal Administrativo del Tolima al considerar que9:

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de junio de 2008, radicado 25000-23-25-000-2005-005720-01. 6 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,

fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión tambié n procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pa cto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 7 Folios 266 a 291. 8 En lo sucesivo IBL. 9 Folios 348 a 363.5

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016) Demandante: UGPP - Las pretensiones de la solicitud de revisión se encuentran infundadas, pues el asunto discutido en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no trató sobre una reliquidación pensional como lo manifestó la UGPP, sino que tuvo relación con el reconocimiento de una pensión de jubilación con base en el régimen especial de la Contraloría General de la República.

• El fallo objeto de revisión se encuentra revestido del principio de la cosa juzgada

relación con el reconocimiento de una pensión de jubilación con base en el régimen especial de la Contraloría General de la República.

• El fallo objeto de revisión se encuentra revestido del principio de la cosa juzgada y contiene derechos, garantías o beneficios adqui ridos establecidos conforme con las disposiciones normativas anteriores al régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, esto es de conformidad con el Decreto 929 de 1976, según el cual los empleados de la Contraloría General de la Repúbl ica tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres o 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de esa norma, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivos a la entidad, a una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de todos los factores de salario devengados durante el último semestre de servicios, que se encuentren enlistados en los Decretos 1045 y 720 de 1978.

• En ese sentido, al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento pensional , por cumplimiento de los requisitos, según el Decreto 929 de 1976, en concordancia con los Decretos 1045 y 720 de 1978, como se estableció en la primera y segunda instancia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.4. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en

1.4. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1 , de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).6

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016) Demandante: UGPP Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marz o de 201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido al reconocimiento de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 12 de la Ley 797 de 2003 13 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso , o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.» 12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que im pongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimie nto sea el resultado de una transacción o

Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimie nto sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.»7

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016)

Demandante: UGPP

Ahora bien, esta corporación ha precisado que , si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan ». En tal sentido, se han definido los siguientes14:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se en tienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión

reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un f in legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas

14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016)

Demandante: UGPP causales.»15

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 16 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 16 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya i ncurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.»17

2.3.2. Régimen especial de pensiones de la Contraloría General de la República

A través del artículo 7 del Decreto 929 de 1976, el gobierno nacional reguló las prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República de la siguiente manera:

«Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los

prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República de la siguiente manera:

«Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre.»

Así las cosas, tendrían derecho a esta pensión los servidores de la Contraloría General de la República que acreditaran la edad de 55 años si son hombres, o 50 si son mujeres, y 20 años de servicios, continuos o discontinuos, de los cuales, por lo menos 10 lo hayan sido en esa entidad.

15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 16 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.9

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016) Demandante: UGPP Ahora bien, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 929 de 1976 , si el tiempo de servicio en la Contraloría General de la República hubiera sido inferior a 10 años, la prestación se liquidaría en la forma señalada para los empleados públicos de la

Rama Ejecutiva.

En cuanto a la liquidación de estas pensiones, además del periodo de los últimos 6 meses para el IBL, el artículo 9 del Decreto 929 de 1976 ordenó que se excluyeran los viáticos, a menos que tuviesen el carácter de permanentes y de que se hubieran recibido, durante un lapso continuo de 6 meses o mayor.

En el artículo 6 del Decreto 929 de 1976, en el nuevo contexto de sostenibilidad financiera y en consideración a la importancia de los aportes pensionales para el financiamiento de la pensión, se dispuso que sus beneficiarios contribuyeran para sostener Cajanal con los siguientes aportes:

«1.- Un tercio del valor del sueldo mensual el respectivo cargo, como cuota de afiliación. 2.- Un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual el respectivo cargo, como cuota periódica ordinaria. 3.- Un tercio por una sola vez, de todo aumento que reciban en su sueldo básico. 4.- Un cinco por ciento (5%) mensual del valor de las pensiones de jubilación, vejez e invalidez, para quienes gocen de esta prestación.

3.- Un tercio por una sola vez, de todo aumento que reciban en su sueldo básico. 4.- Un cinco por ciento (5%) mensual del valor de las pensiones de jubilación, vejez e invalidez, para quienes gocen de esta prestación. 5.- Hasta un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual, cuando se trate de las prestaciones a que se refiere el artículo 5o. del presente Decreto.»

En relación con los emolumentos que componen los ingresos de estos servidores, el artículo 23 del Decreto 929 de 1976 conced ió el derecho al pago de una bonificación especial de un mes de remuneración por cada período de 5 años cumplidos en la institución.

Ahora bien, en lo que se refiere a la base de liquidación pensional el artículo 17 del Decreto 929 de 1976 prev ió que «(e)n cuanto no se oponga el texto y finalidad del presente Decreto las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y normas que lo modifican y adicionan, serán aplicables a los empleados de la Contraloría General de la República».

Así, entonces, se hicieron extensivas a los empleados de la Contraloría General de la República las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y demás normas complementarias, en concreto lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las disposiciones sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional, en cuyo artículo 45 estableció que para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantías y de las pensiones, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:10

nacional, en cuyo artículo 45 estableció que para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantías y de las pensiones, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:10

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00213-00 (1257-2016) Demandante: UGPP «a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación y la prima técnica; c) Los dominicales y feriados; d) Las horas extras; e) Los auxilios de alimentación y transporte; f) La prima de navidad; g) La bonificación por servicios prestados; h) La prima de servicios; i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio; j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978; k) La prima de vacaciones; l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de 1968.»

Posteriormente, el Decreto 720 del 20 de abril de 197818, que fijó el régimen salarial para los servidores de la Contraloría General de la República, en su artículo 40 señaló, entre otros factores de salario, los siguientes:

«De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del realizado en días de

señaló, entre otros factores de salario, los siguientes:

«De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del realizado en días de descanso obligatorio, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a). Los gastos de representación. b). La bonificación por servicios prestados. c). La prima técnica d). La prima de servicio anual e). Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicio.»

2.3.3. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos adquiridos de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994 para empleados del orden nacio