CE - 110010325000201700061001SENTENCIA20230703222634

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García Demandado: Nación - Presidencia de la República, Ministerio de

Defensa y Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Temas: Liquidación de asignación de retiro y pensiones – Prima para oficiales de los servicios

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso promovido por el señor Juan Carlos Coronel García contra la Nación - Presidencia de la República, Ministerio de Defensa y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 el mencionado ciudadano, actuando en nombre propio, solicitó declarar la nulidad del parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, «[p] or medio del

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.2

nulidad del parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, «[p] or medio del

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.2

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública», expedido por el presidente de la República.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

El demandante sostuvo que el decreto parcialmente enjuiciado quebrantó los artículos 2, 6, 13, 25, 48, 53, 58, 121, 122, 150, 189 y 215 de la Constitución Política; 7 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, aprobado por la Ley 74 de 1968; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972; 2 de la Ley 65 de 1946; 14 de la Ley 50 de 1990; artículos 1 y 2 de la Ley 4 de 1992; 11, 21 y 127 de la Ley 100 de 1993; 2 (numerales 2.1. y 2.4) de la Ley 923 de 2004; y la Ley 6 de 1945.

Al desarrollar el concepto de violación, la parte actora planteó los siguientes cargos:

1. Solamente el legislador tiene competencia para determinar qué emolumentos constituyen salario; sin embargo, el decreto acusado desarrolló esta materia y le

Al desarrollar el concepto de violación, la parte actora planteó los siguientes cargos:

1. Solamente el legislador tiene competencia para determinar qué emolumentos constituyen salario; sin embargo, el decreto acusado desarrolló esta materia y le restó el carácter salarial a la prima para oficiales prevista por el artículo 73 del Decreto 1212 de 1990, por ende, el Gobierno nacional extralimitó sus facultades.

1. Por regla general, «todos los emolumentos tienen carácter salarial a menos que el Legislador para un caso específico los hubiera despojado del mismo».

1. De acuerdo con la jurisprudencia de las altas cortes, la mencionada prima constituye salario, por cuanto es una suma que habitual y periódicamente perciben los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional como retribución por sus servicios.

En consecuencia , dicho factor debe incidir e n la liquidación de la asignación de retiro, pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones sociales.

1. La disposición enjuiciada genera una situación de desigualdad y discriminación en contra de los referidos servidores, como también quebranta los principios de3

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García favorabilidad, primacía de la realidad sobre las formas y progresividad que rigen en materia laboral. Al respecto, se destaca que para la generalidad de la población sí se incluyen todos los emolumentos recibidos habitualmente para liquidar pensiones y prestaciones sociales, pues así lo prevén expresamente las Leyes 65 de 1946 y 50 de 1990 y los Decretos 1042 de 1978 y 1160 de 1989.

1.2. Contestación de la demanda

y prestaciones sociales, pues así lo prevén expresamente las Leyes 65 de 1946 y 50 de 1990 y los Decretos 1042 de 1978 y 1160 de 1989.

1.2. Contestación de la demanda

La parte accionada en el sub lite estuvo representada por la Nación - Ministerio de Defensa y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.2 Estas entidades, actuando por intermedio de sus apoderados, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:3

1. La pretensión de nulidad elevada en el sub lite conduciría a un restablecimiento automático del derecho para el actor y demás interesados. E n consecuencia, la demanda debió interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la expedición del Decreto 4433 de 2004; sin embargo, se radicó el 31 de enero de 2017, por ende, la acción se encuentra caducada.

1. Se configuró la excepción de cosa juzgad a, ya que el presente debate presenta identidad de partes, objeto y causa respecto del proceso tramitado y fallado en anterior oportunidad por el Consejo de Estado.4

1. El decreto acusado se expidió dentro de los parámetros fijados por la s Leyes 4 de 1992 y 923 de 2004 acató los límites y condiciones allí impuestos para el ejercicio de la facultad reglamentaria.

1. El régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía

2 La demanda también se le notificó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero este despacho dispuso su desvinculación del presente trámite judicial, mediante auto del 3 de febrero de 2022 (folios 192 a 199).

2 La demanda también se le notificó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero este despacho dispuso su desvinculación del presente trámite judicial, mediante auto del 3 de febrero de 2022 (folios 192 a 199). 3 La contestación del Ministerio de Defensa obra en los folios 92 a 97 y la del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los folios 162 a 170. 4 Sentencia del 28 de febrero de 2013, radicado 110010325000200700028 00 (0545-2007).4

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García Nacional se ajusta al ordenamiento superior.

En efecto, conforme al principio de inescindibilidad de las normas, los beneficios allí establecidos no pueden analizarse de manera aislada, pues al ser valorados en su conjunto se observa que no afectan los derechos laborales ; por lo tanto , la comparación con otros regímenes no puede ser reduccionista, sino integral, debido a que cada uno consagra diferentes prerrogativas.

1. La prima de oficiales no es un salario, toda vez que no retribuye directamente el servicio, tampoco se paga de manera permanente y se creó como un estímulo tendiente a que los miembros de la Policía Nacional se profesionalizaran.

1.3. Medida cautelar, excepciones previas y sentencia anticipada

Por auto del 27 de enero de 2022 , el magistrado conductor del proceso negó la medida cautelar solicitada por la parte demandante, en consideración a que el acto parcialmente acusado se sujetó al ordenamiento superior en lo que respecta al

Por auto del 27 de enero de 2022 , el magistrado conductor del proceso negó la medida cautelar solicitada por la parte demandante, en consideración a que el acto parcialmente acusado se sujetó al ordenamiento superior en lo que respecta al ejercicio de la facultad reglamentaria y a la aplicación de los principios de igualdad y favorabilidad en el caso concreto.5

Mediante auto del 3 de febrero de 2022, se declaró probada la excepción previa de «indebida representación judicial de la Nación», formulada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Además, se di firió la resolución de la excepción de caducidad para el momento de dictar sentencia.6

Por auto del 11 de agosto de 2022, el despacho evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se

5 Folios 31 a 39, cuaderno de medida cautelar. 6 Folios 192 a 199.5

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio en la siguiente forma:7

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los de su contestación, el objeto de la controversia que se presenta en el caso sub judice consiste en determinar i) si el Gobierno nacional se extralimitó o no en sus funciones al expedir el parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004; y, con base en lo

consiste en determinar i) si el Gobierno nacional se extralimitó o no en sus funciones al expedir el parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004; y, con base en lo anterior, ii) si la prima para oficiales de los servicios, dispuesta en el artículo 7 3 del Decreto 1212 de 1990, debe tenerse como factor computable para liquidar la asignación de retiro, las pensiones y las sustituciones pensionales de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.

1.4. Alegatos de conclusión

El demandante y la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso. 8 El Ministerio de Defensa guardó silencio.

1.5. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Decisión de excepciones

Mediante auto del 3 de febrero de 2022, el despacho ponente declaró probada la excepción previa de «indebida representación judicial de la Nación», formulada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ; sin embargo, quedaron pendientes de resolver las excepciones de caducidad y cosa juzgada, de manera que la sentencia corresponde a la oportunidad procesal para decidirlas.

7 Folios 201 a 207. 8 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.6

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017)

Demandante: Juan Carlos Coronel García

2.1.1. Caducidad

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017)

Demandante: Juan Carlos Coronel García

2.1.1. Caducidad

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que el presente medio de control conduce a un restablecimiento automático del derecho para el actor y demás terceros interesados, por ende, debió radicarse dentro de los 4 meses siguientes a la expedición del Decreto 4433 de 2004, pero como ello no ocurrió debe declararse probada la excepción de caducidad.

Ahora bien, conforme a los artículos 1 37 y 138 del CPACA es viable interponer una demanda de nulidad simple contra un acto particular o una de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto general; sin embargo, en uno y otro caso, cuando con la demanda se persiga el restablecimiento de un derecho subjetivo o ello se produzca automáticamente con la sentencia de nulidad, el medio de control debe incoarse dentro de los 4 meses siguientes a la notificación o publicación del acto.

En anterior oportunidad, en l a que se alegó que la eventual decisión anulatoria conduciría a un restablecimiento automático del derecho, este despacho afirmó que tal afirmación carec ía de fundamento legal y probatorio, pues se estaba demandando «la legalidad de un acto de carácter general, pr oferido por una autoridad del orden nacional, que se enmarca dentro de los parámetros establecidos en el artículo 137 del CPACA para ser enjuiciado por vía del medio de control de nulidad».9

El anterior entendimiento, también resulta aplicable al presente caso , pues se

autoridad del orden nacional, que se enmarca dentro de los parámetros establecidos en el artículo 137 del CPACA para ser enjuiciado por vía del medio de control de nulidad».9

El anterior entendimiento, también resulta aplicable al presente caso , pues se pretende la nulidad del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, que enlistó las partidas computables para liquidar l a asignación de retiro y las pensiones a que tiene derecho el personal de la Policía Nacional.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 8 de abril de 2021, radicado 11001-03-25-000-2017-0046800 (2202-2018) - 11001-03-25-000-2017-00482-00 (2263-2017). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 24 de septiembre de 2015, radicado 11001-03-25-000-2010-00286-00 (2360-10).7

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García Bajo este hilo de intelección, l a Sala observa que la nulidad de la anterior disposición no acarrearía un restablecimiento automático del derecho para el actor u otros interesados, pues las situaciones particulares deberán revisarse individualmente y expedir los respectivos actos que definan la manera en que la decisión podría tener incidencia frente a las prestaciones que se les hubieren reconocido o las peticiones que en tal sentido estén pendientes de resolver.

Así las cosas, la sola nulidad del aparte acusado no implica de manera inmediata la afectación positiva o negativa de los derechos subjetivos, pues la materialización

reconocido o las peticiones que en tal sentido estén pendientes de resolver.

Así las cosas, la sola nulidad del aparte acusado no implica de manera inmediata la afectación positiva o negativa de los derechos subjetivos, pues la materialización de la decisión frente a casos concretos est ará sujeta a la actuación administrativa que pueda adelantarse de oficio o a petición de parte, pero ello escapa al objeto de análisis de esta Sala.

Un entendimiento distinto podría poner el riesgo el interés general y el principio de legalidad que se reivindican en los procesos de nulidad simple.

Por lo anterior, la excepción de caducidad no está llamada a prosperar.

2.1.2. Cosa juzgada

La parte accionada sostuvo que en este caso se configuró la excepción de cosa juzgada, ya que presenta identidad de partes, objeto y causa respecto del proceso que culminó con sentencia d el 28 de febrero de 2013 , suscrita por la Sección Segunda del Consejo de Estado , radicado 110010325000200700028 00 (05452007)

Ahora bien, conforme al artículo 30 3 del Código General del Proceso ,10 la cosa

10 «Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa qu e el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto ent re vivos celebrado con posterioridad al registro de la

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto ent re vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.8

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García juzgada opera cuando el nuevo litigio refleja identidad en los siguientes elementos:11

1. Partes. Quienes concurren al nuevo proceso deben ser idénticas personas, naturales o jurídicas, que figuraban como sujetos procesales en el anterior.

1. Objeto. Las pretensiones elevadas en el nuevo proceso son iguales a las reclamadas en el primero ya decidido.

1. Causa. El motivo o razón que fundamentó la primera demanda se corresponde con el invocado en la segunda.

En cuanto al primer elemento, esta Subsección ha precisado que como la demanda de simple nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona, en lo que atañe a la cosa juzgada, no es necesario que se presente identidad absoluta de partes.12

Ahora bien, en los procesos objeto de comparación concurrieron diferentes actores; sin embargo, en ambos intervino como demandado el Gobierno nacional representado por los Ministerios de Defensa y Hacienda y Crédito Público, es decir, que puede predicarse una identidad de partes.

sin embargo, en ambos intervino como demandado el Gobierno nacional representado por los Ministerios de Defensa y Hacienda y Crédito Público, es decir, que puede predicarse una identidad de partes.

Igualmente, se advierte una identidad de objeto, puesto que los dos asuntos versan sobre la nulidad del parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004.

Sin embargo, no existe una identidad de causa, conforme se ilustra a continuación:

Proceso anterior Radicado 11001-03-25-000-2007-0002800 (0545-2007) Proceso actual Radicado 11001-03-25-000-2017-0006100 (0253-2017) Motivos o razones de la demanda

Motivos o razones de la demanda

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión». 11 Al respeto se puede consultar la sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 76001 -23-33-000-2013-00041-01(0692-16). Actor: Álvaro Ramírez Reyes.

Demandado: Universidad del Valle. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C., 26 de octubre de 2017.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del Bogotá, D. C., 4 de marzo de 2021, radicado: 110010325000201801594 00 (5216-2018).9

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García - La norma acusada quebrantó la Ley 4 de

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García - La norma acusada quebrantó la Ley 4 de 1992, por desconocer los criterios y objetivos allí fijados en materia salarial y los derechos adquiridos.

• También se v ulneran los artículos 7, parágrafo único, de la Ley 180 de 1995 y 82 del Decreto 132 de 1995, «que proscriben la desmejora y discriminación en todos los aspectos».13

• Se infringe el artículo 150 de la Constitución Política «al declararse la inconstitucionalidad por incompetencia gubernamental en la expedición del Decreto 2070 de 2003, al reproducirse en la norma atacada; atacar los derechos adquiridos, garantí as, prerrogativas, servicios y beneficios consolidados con fundamento en los decretos 1211, 1212, y 1213 de 1990; por negar al personal ejecutivo que oficia como tripulante, la prima de vuelo; por infringir el régimen de transición de la Ley 932 de 2004».14 - El Gobierno nacional carecía de competencia para restar el carácter salarial a la prima de servicios prevista por el artículo 73 del Decreto 1212 de 1990, pese a que esta gozaba de tal naturaleza.

• La mencionada prima debe incidir en la liquidación de la asignación de retiro, pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones sociales.

• La disposición enjuiciada genera una situación de desigualdad y discriminación , como también quebranta los principios de

liquidación de la asignación de retiro, pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones sociales.

• La disposición enjuiciada genera una situación de desigualdad y discriminación , como también quebranta los principios de favorabilidad, primacía de la realidad sobre las formas y progresividad que rigen en materia laboral.

El anterior resumen denota que no existe una identidad de causa entre los procesos objeto de comparación , ya que en el trámite judicial anterior se predicó una vulneración del ordenamiento superior a partir del estudio del régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo y frente a ese aspecto versó el análisis de la sentencia proferida en esa oportunidad. Al respecto se desataca el siguiente aparte:

5. Sobre las partidas computables para la asignación de retiro, pensión de invalidez y la asignación de sobrevivencia, correspondiente al Nivel Ejecutivo,

que trato el artículo 23 del Decreto 4433/04: […]

Considera la Sala importante aclarar quiénes son los Miembros del Nivel Ejecutivo a que hace referencia el artículo 23.2. El Nivel Ejecutivo hace parte de la Policía Nacional15 y está conformado por Suboficiales, Agentes, personal no uniformado y de incorporación directa. De otro lado también lo conforma, el personal de Suboficiales y Agentes que fueron homologados en forma voluntaria a esa carrera.

13 Información extraída de la sentencia proferida dentro del proceso objeto de comparación. 14 Información extraída de la sentencia proferida dentro del proceso objeto de comparación. 15 Artículo 1 Ley 180 de 1995, decreto 132 de 199510

13 Información extraída de la sentencia proferida dentro del proceso objeto de comparación. 14 Información extraída de la sentencia proferida dentro del proceso objeto de comparación. 15 Artículo 1 Ley 180 de 1995, decreto 132 de 199510

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García Respecto de las bases de liquidación o partidas computables la Ley Marco señaló que el régimen pensional y de asignación de retiro se sujetaría al marco general de la política macroeconómica y fiscal; en su artículo 3 señaló unos elementos mínimos

así: […]

Es claro entonces que la ley marco no estableció las partidas puntuales sobre las cuales se debe liquidar la asignación de retiro, ni sobre las que debe liquidarse el aporte, sino que señaló que serán las mismas sobre las cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública, de acuerdo a los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equ idad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad (Art. 2 Ley 923/04) y a los objetivos y criterios allí señalados, como el respeto a los derechos adquiridos, sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal, entre otros.

Las partidas base de liquidación para el personal del nivel ejecutivo se encontraban regladas en el artículo 49 de la Ley 190 de 1995, norma vigente a la fecha de entrada del Decreto Reglamentario 4433, así: […]

Las partidas contempladas en esta disposici ón son las mismas del artículo 23.2 del

regladas en el artículo 49 de la Ley 190 de 1995, norma vigente a la fecha de entrada del Decreto Reglamentario 4433, así: […]

Las partidas contempladas en esta disposici ón son las mismas del artículo 23.2 del decreto reglamentario con excepción de la prima de navidad (23.2.6) a la que le agrega que será liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro. Esta adición considera la Sala no excede la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional por que en la Ley Marco se dispuso como ya se advirtió que las partidas serán las mismas sobre las cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública y esto fue lo que hizo el Gobierno en el dec reto demandado, detallar las partidas . Esta enumeración iguala los diferentes regímenes respetando los derechos adquiridos causados al entrar en vigencia la norma demandada; declarar la nulidad de esta preceptiva disminuiría las partidas que hacen parte de la asignación de retiro causando una desmejora en la liquidación de la asignación de los Miembros del Nivel Ejecutivo; por ende el cargo no ha de prosperar.

En el presente caso, el demandante pretende que la prima para oficiales de los servicios regulada por el artículo 73 del Decreto 1212 de 1990 sea incluida como partida computable para liquidar la asignación de retiro, indemnizaciones y prestaciones sociales de los miembros de la Policía Nacional.

La Sala destaca que el Decreto 1212 de 1990 no se aplica a los miembros del Nivel Ejecutivo de esa entidad, sino a los oficiales y suboficiales, de modo que la temática tratada en el primer proceso no se asemeja al actual desde el punto de vista del

Ejecutivo de esa entidad, sino a los oficiales y suboficiales, de modo que la temática tratada en el primer proceso no se asemeja al actual desde el punto de vista del régimen salarial y prestacional del personal involucrado en cada litigio.11

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017) Demandante: Juan Carlos Coronel García A su vez, en este caso se hace un planteamiento específico frente a un emolumento que el accionante considera también debe ser tenido en cuenta como partida computable para efectos prestacionales, debido a que la prima para oficiales de los servicios tiene carácter salarial.

De este modo, el accionante considera que el parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 reguló un asunto que está reservado a la ley, en la medida en que le restó el carácter salarial a la mencionada prima y con ello también vulneró las normas en las que debía fundarse y d esconoció los principios de igualdad, favorabilidad, primacía de la realidad sobre las formas y progresividad que fueron instituidos constitucionalmente para proteger a los trabajadores.

Por lo antes expuesto, la excepción de cosa juzgada no se encuentra configurada en el sub lite.

2.2. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en establecer si el parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 fue expedido sin competencia y vulneró el ordenamiento jurídico superior por haberle restado el carácter salarial a la prima de servicios regulada en el artículo 73 del Decreto 1212 de 1990.

2.3. Contenido de la disposición demandada

superior por haberle restado el carácter salarial a la prima de servicios regulada en el artículo 73 del Decreto 1212 de 1990.

2.3. Contenido de la disposición demandada

La siguiente transcripción corresponde al contenido de la norma antes de la adición introducida por el artículo 15 del Decreto 669 de 2022:

Decreto 4433 de 2004 (diciembre 31) por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004,12

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017)

Demandante: Juan Carlos Coronel García

Decreta: […]

Artículo 23. Partidas computables. La asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto del personal de la Policía Nacional, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:

23.1 Oficiales, Suboficiales y Agentes

23.1.1 Sueldo básico.

23.1 2 Prima de actividad.

23.1.3 Prima de antigüedad.

23.1.4 Prima de academia superior.

23.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente decreto.

23.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales.

23.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.

decreto.

23.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales.

23.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.

23.1.8 Bonificación de los agentes del cuerpo especial, cuando sean ascendidos al grado de cabo segundo y hayan servido por lo menos treinta (30) años como agentes, sin contar los tiempos dobles.

23.1.9 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

23.2 Miembros del Nivel Ejecutivo

23.2.1 Sueldo básico.

23.2.2 Prima de retorno a la experiencia.

23.2.3 Subsidio de alimentación.

23.2.4 Duodécima parte de la prima de servicio.

23.2.5 Duodécima parte de la prima de vacaciones.

23.2.6 Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de la asignación de retiro, las pensiones, y las sustituciones pensionales. [Se resalta el aparte demandado]13

Radicación: 11001-03-25-000-2017-00061-00 (0253-2017)

Demandante: Juan Carlos Coronel García

2.4. Marco normativo

2.4.1. Competencias en materia salarial y prestacional

La Constitución Política de 1991 determinó que el legislador y el ejecutivo ejercerían

Demandante: Juan Carlos Coronel García

2.4. Marco normativo

2.4.1. Competencias en materia salarial y prestacional

La Constitución Política de 1991 determinó que el legislador y el ejecutivo ejercerían una competencia compartida para establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos , incluyendo a quienes hacen parte de la Fuerza Pública .16 En tal sentido, el artículo 150 ibidem dispuso lo siguiente:

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;

f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas. […]

La Corte Constitucional ha explicado que el modelo adoptado por el constituyente de 1991 acudió al concepto de leyes marco o cuadro para establecer el régimen salarial y prestacional en el sector oficial. Al respecto, ha indicado lo siguiente:17

8. La figura de las leyes marco o cuadro - que fue tomada y adaptada del derecho francés - fue introducida en el ordenamiento constitucional colombiano a través de la reforma de 1968. Las leyes cuadro implican un nuevo tipo de relación entre el Legislativo y Ejecutivo: las