CE - 110010325000201700265001SENTENCIA20230713100326

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Demandado: Margarita María España González

Tema: Causales de revisión literal es a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA ________________________________________________________________

__

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2008 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Margarita María España González contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)2.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó, en ejercicio de la acción de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , la revisión de la sentencia proferida el 26 de junio de

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó, en ejercicio de la acción de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , la revisión de la sentencia proferida el 26 de junio de 2008 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con

1 En lo que sigue UGPP. 2 En lo sucesivo Cajanal.2

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: UGPP radicado «07-1194», que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Margarita María España González contra Cajanal, encaminadas a la reliquidación de la pensión de jubilación a partir del 1° de diciembre de 2006 con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último semestre de servicios en la Contraloría General de la República, tales como: asignación básica, bonificación especial, bonificación por servicios, indemnización por vacaciones y las primas de vacaciones, servicios y navidad, así como de cualquier otro rubro que hubiera recibido en ese periodo.

Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de junio de 2008; ii) declarar que Margarita María España González, en cuanto a la liquidación de su pensión de jubilación, no es acreedora de un derecho adquirido; y iii) ordenar la reliquidación de la prestación en un monto o tasa de reemplazo del 75% y con la base de liquidación prevista en los artículos

de un derecho adquirido; y iii) ordenar la reliquidación de la prestación en un monto o tasa de reemplazo del 75% y con la base de liquidación prevista en los artículos 36 (inciso 3) o 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores de salario de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1158 de 1994 y demá s emolumentos que expresamente ostenten esa condición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Margarita María España González nació el 17 de octubre de 1954 y prestó sus servicios en la Contraloría General de la República del 1° de septiembre de 1975 al 1° de junio de 2006.

• A través de la Resolución 37864 del 16 de agosto de 2007, Cajanal le reconoció la pensión de jubilación de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 929 de 1976.

• Margarita María España González , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra Cajanal con el fin de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 37864 del 16 de agosto de 2007 y en consecuencia se ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de los factores de salario devengados en el último semestre de labores en la Contraloría General de la República , asunto que por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sec ción Segunda, Subsección B, el que por medio de la sentencia del 26 de junio de 2008 accedió a las pretensiones.3

reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sec ción Segunda, Subsección B, el que por medio de la sentencia del 26 de junio de 2008 accedió a las pretensiones.3

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: UGPP - En cumplimiento de lo resuelto por el juez de instancia, la UGPP expidió la Resolución RDP 2771 del 23 de enero de 2015, con la cual reliquidó la pensión de

jubilación de Margarita María España González.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia proferida el 26 de junio de 20084, la cual no fue apelada, accedió a las súplicas de la demanda presentada por Margarita María España González contra Cajanal, para lo cual resolvió:

«Segundo.- DECLARASE la nulidad de la Resolución No. 37864 del 16 de agosto de 2007, proferida por el Gerente General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación a la señora MARGARITA MARIA ESPAÑA GONZALEZ, identificada con la C.C. No. 41.687.836 de Bogotá.

Tercero.- Como consecuencia de la a nterior declaración, ORDENASE a la Caja Nacional de Previsión liquidar en debida forma, reconocer y pagar a la señora MARGARITA MARIA ESPAÑA GONZALEZ de condiciones civiles ya conocidas, el

Tercero.- Como consecuencia de la a nterior declaración, ORDENASE a la Caja Nacional de Previsión liquidar en debida forma, reconocer y pagar a la señora MARGARITA MARIA ESPAÑA GONZALEZ de condiciones civiles ya conocidas, el valor de la pensión de jubilación a partir del 1º de diciembre de 2006, teniendo en cuenta la totalidad de los factores de salario que se acreditaron en este proceso, y no se incluyeron en su momento, todo conforme a lo expuesto en la parte motiva de éste (sic) fallo. Al momento de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí expuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente reconocido. Igualmente, se harán los descuentos, que por aportes se deban realizar (…)».

Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

• Margarita María España González es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia puede acceder al beneficio pensional de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 929 de 1976, en lo que tiene que ver con la edad, tiempo de servicios y monto, según su artículo 7 . En cuanto a los factores computables, debe acudirse a los enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, pero también todos aquellos que hubiera devengado como servidora de la Contraloría General de la República.

En este sentido destacó que la Sección Segunda del Consejo de Estado había adoptado esta interpretación en las sentencias del 27 de febrero de 19975 y 17 de

3 Proceso adelantado bajo las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (CCA).

En este sentido destacó que la Sección Segunda del Consejo de Estado había adoptado esta interpretación en las sentencias del 27 de febrero de 19975 y 17 de

3 Proceso adelantado bajo las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (CCA). 4 Folios 68 a 77. 5 Citó: «H. Consejo de Estado, el 27 de Febrero de 1997, en el expediente No. 13.748, en el cual fue Consejero Ponente el Dr JAVIER DIAZ BUENO (…)».4

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: UGPP octubre de 1996 6, de las cuales transcribió , respectivamente, los siguientes

apartes:

«La entidad demandada sostiene que en la liquidación de esa prestación solo deben tenerse en cuenta los factores que sirvieron de base para calcular los aportes como lo prescribe el inciso 1o. del artículo 1o. de la Ley 33 de 1985, apreciación equivocada, por cuanto los servidores de la Contraloría General de la República que hubieren laborado por lo menos 10 años en ell a, por contar con un régimen prestacional especial, como es el contenido en el decreto (sic) 929 de 1976, no se regulan por las prescripciones contenidas en esa ley sino por las que conforman dicho régimen especial, pues así se prevé en el inciso 2o. del artículo 1o. de la citada ley.

(…)

Precisa observar que el decreto (sic) 929 de 1976 no definió el concepto de salario ni determinó los factores que tenían carácter salarial, pero advirtió que en cuanto no se

(…)

Precisa observar que el decreto (sic) 929 de 1976 no definió el concepto de salario ni determinó los factores que tenían carácter salarial, pero advirtió que en cuanto no se opongan al texto y a la finalidad de ese estatuto, las normas del decreto (sic) 3135 de 1968 y aquellas que lo modifiquen o adiciones, serían aplicables a los empleados de la Contraloría General de la República.

Por manera, que en ausencia en el decreto (sic) 929 de 1976 de tal disposición, precisa acudir a la normatividad reguladora del reconocimiento de las prestaciones sociales establecidas para los servidores oficiales tanto en el decreto (sic) 3135 de 1968 como en aquellas que lo complementen, como es el caso del decreto (sic) 1045 de 1978, por el cual se fijaron reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales del sector nacional, estatuto conforme al cual (at. 45) para efecto del reconocimiento de la pensiones a que tuvieren derecho tales servidores, se tendrán en cuanta como factores de salario, la asignación básica mensual, los gastos de representación, las primas técnica, de navidad, de vacaciones y de servicios, las horas extras, los auxilios de alimentación y transporte, la bonificación por servicios prestados, los viáticos por comisión cuando se hayan recibido por un término no inferior a 180 días en el último año de servicios, el valor del trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio y las primas o bonificaciones que hubieren sido otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto (sic) 3130 de 1968».

jornada nocturna o en días de descanso obligatorio y las primas o bonificaciones que hubieren sido otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto (sic) 3130 de 1968».

«Respecto a los demás factores salariales, deben ser tenidos en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación los señalados en el art. 45 del decreto (sic) 1045 de 1978, disposición aplicable al caso en estudio por así autorizarlo el art. 17 del decreto (sic) 929 de 1976, que hizo extensivas las disposiciones del decreto (sic) 3135 de 1968 y las normas que lo modifican o adicionan a los empleados de la Contraloría General de la República, en cuanto no se opongan a dicho decreto ni a su finalidad».

• La bonificación especial o quinquenio, aunque no se encuentra señalada en el Decreto 1045 de 1978, al analizar el contenido del artículo 14 del Decreto 48 de 1993, por el cual se fijaron las escalas de remuneración de los empleados de la

6 Citó: Consejo de Estado «(…) sentencia del 17 de octubre de 1996, cuya actora fue Rosalba Mendivelso de Leguízamo, y con ponencia de la Dra. DOLLY PEDRAZA DE ARENAS (…)» .5

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: UGPP Contraloría General de la República, constituye factor de salario y por lo tanto debe incluirse de manera completa y no fraccionada para la liquidación de la prestación; en igual sentido para los demás emolumentos que se ordenó incluir.

Demandante: UGPP Contraloría General de la República, constituye factor de salario y por lo tanto debe incluirse de manera completa y no fraccionada para la liquidación de la prestación; en igual sentido para los demás emolumentos que se ordenó incluir.

• No es posible, para efectos de la reliquidación de la pensión, que se incluya el emolumento denominado vacaciones, pues este no se constituye en factor salarial tal y como lo dispuso el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

• Así las cosas , Margarita María España González tiene derecho a que se le otorgue la pensión de jubilación con el 75% de todos los factores de salario que percibió durante su último semestre de servicios, tales como: asignación básica, bonificaciones por servicios prestados y especial, las primas técnica, de servicios, de vacaciones y de navidad.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó la s causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20037, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

• La orden judicial vulneró el debido proceso y l a cuantía del derecho allí reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación de Margarita María España González en los términos ordenados no corresponde con la forma en que se debe realizar, puesto que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como lo son las sentencias C168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, lo correcto era que para integrar el i ngreso base de liquidación (IBL) 9 se tuvieran en cuenta las

168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, lo correcto era que para integrar el i ngreso base de liquidación (IBL) 9 se tuvieran en cuenta las

7 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido exced iere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 8 Folios 220 a 358. 9 En lo que sigue IBL.6

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017)

Demandante: UGPP

8 Folios 220 a 358. 9 En lo que sigue IBL.6

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: UGPP disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

• La bonificación por recreación no constituye factor salarial para efectos prestacionales, puesto que esta no pretende remunerar directamente la prestación del servicio del empleado, por el contrario, se encuentra establecida como beneficio de la recreación de aquel.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Margarita María España González solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de revisión interpuesta por la UGPP al considerar que10:

• El fallo objeto de revisión fue proferido en aplicación de la tesis que establecía el Consejo de Estado, órgano de cierre de la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo, según la cual los empleados de la Contraloría General de la República tendrán derecho a la pensión de jubilación conforme con las disposiciones normativas anteriores al régimen general establecido en la Ley 100 de 1993, esto es de conformidad con el Decreto 929 de 1976 que dispuso que la prestación deberá concederse en una cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores de salario devengados durante el último semestre de servicios, que se encuentren enlistados en los Decretos 1045 y 720 de 1978 y demás que tengan esa condición.

• En ese sentido, al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de

que se encuentren enlistados en los Decretos 1045 y 720 de 1978 y demás que tengan esa condición.

• En ese sentido, al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, t enía derecho al reconocimiento pensional , por cumplimiento de los requisitos, según el Decreto 929 de 1976, en concordancia con los Decretos 1045 y 720 de 1978, como se estableció en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

• No se vulneró la sostenibilidad financiera del sistema pensional, dado que en la resolución que cumplió el fallo proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se dispuso el descuento por aportes sobre los emolumentos de salario sobre los cuales no se cotizó.

1.4. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

10 Folios 389 a 399.7

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017)

Demandante: UGPP

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1 , de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA11.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marzo de 201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

El inciso final del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 estableció que el presente recurso deberá presentarse dentro del término de 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro de ese término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo tr ansaccional o conciliatorio.

No obstante, para efecto de su contabilización es necesario tener en cuenta lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, que señaló:

«(…) la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde el antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

Así las cosas, en consideración a que la presente acción de revisión se interpuso el 31 de marzo de 2017 13, esto es dentro de los 5 años siguientes a esa fecha, se concluye que se ejerció dentro de la oportunidad, la cual vencía el 12 de junio de 2018.

11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

concluye que se ejerció dentro de la oportunidad, la cual vencía el 12 de junio de 2018.

11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos». (Resalta la Sala). 12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 13 Folio 309 vuelto.8

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: UGPP 2.3. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, se profirió con vulneración del debido proceso y, en consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 14 de la Ley 797 de 2003 15 las

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 14 de la Ley 797 de 2003 15 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pu eden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión

República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».9

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: UGPP Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de re visión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes16:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del

pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la Rep ública o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de la s pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sosteni bilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos

con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hiz o con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herram ienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren

16 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.10

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00265-00 (1311-2017) Demandante: UGPP en dichas causales»17.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 18 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones . Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones . Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»19.

2.4.2. Régimen especial de pensiones de la Contraloría General de la República

A través del artículo 7 del Decreto 929 de 1976, el gobierno nacional reguló las prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República de la siguiente manera:

«Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto,

«Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre».

Así las cosas, tendrían derecho a esta pensión los servidores de la Contraloría General de la República que acreditaran la edad de 55 años si son hombres, o 50 si son mujeres, y 20 años de serv icios, continuos o discontinuos, de los cuales, por lo menos 10 lo hayan sido en esa entidad.

17 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciemb