CE - 110010325000201700893001SENTENCIA20230626092803

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Adolfo Ortiz Basto, cónyuge supérstite de la señora Ana Delia

Corzo de Ortiz.

Tema: Artículo 20 Ley 797 de 2003/ Reintegro de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud en pensión gracia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) contra la sentencia de segunda instancia del 23 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se confirmó parcialmente y se adicionó la del Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga del 11 de junio de 2010, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

confirmó parcialmente y se adicionó la del Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga del 11 de junio de 2010, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UGPP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 23 de junio de 2011 , proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La acción se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que l a señora Ana Delia Corzo de Ortiz , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del Oficio N°GN-14508 de 26 de abril de 2005 1, a través del cual se negó

1 Folio 34 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) la devolución del 7% que venía siendo descontado de sus mesadas pensionales

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) la devolución del 7% que venía siendo descontado de sus mesadas pensionales por concepto de servicios de salud (médico-asistenciales).

Que como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reintegrar el 7% descontado en exceso de la pensión gracia y; ii) reconocer y cancelar la indexación sobre las sumas adeudadas , al igual que las costas procesales.

Que el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, el 11 de junio de 2010, profirió sentencia de primera instancia, a través de la cual accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien la señora Ana Delia Corzo de Ortiz, en su condición de afiliada al Fondo Nacional de Prest aciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), no está exceptuada de la obligación de cotizar al sistema, desde la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que debe hacerlo en 1/3 del 1% de la cotización al FOSYGA, en virtud de los artículos 204 y 280 de la citada Ley 100 de 1993. En cuanto a la devolución de los valores deducidos de la pensión en comento, el a quo señaló que no era viable ordenarla, puesto que es el Ministerio de Salud y de la Protección Social quien está llamado a atender dicha pretensión, empero, no fue demandado.

Inconforme con la decisión del juzgado, la extinta CAJANAL presentó el recurso de apelación, el cual sustentó , en primer lugar, en que no se encontraba legitimada

atender dicha pretensión, empero, no fue demandado.

Inconforme con la decisión del juzgado, la extinta CAJANAL presentó el recurso de apelación, el cual sustentó , en primer lugar, en que no se encontraba legitimada para cumplir la orden de devolución de los valores que dedujo de la pensión gracia de la demandante, comoquiera que no era la destinaria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el Sistema de Seguridad Social en Salud. En segundo lugar, sostuvo que la Ley 91 de 1989 no contiene disposición alguna respecto a los descuentos que deben efectuarse a la prestación en comento, razón por la cual, es aplicable la normativa que regula el régimen general, esto es, la Ley 100 de 1993.

La señora Ana Delia Corzo de Ortiz también interpuso recurso de alzada contra la decisión de primera instancia pues, en su criterio, e l juzgador omitió pronunciarse sobre el reintegro de los valores descontados de su mesada pensional a título de cotización y sobre la interrupción de la prescripción2.

El 23 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de Santander, al resolver la alzada, confirmó parcialmente y adicionó la sentencia del a quo 3; de cisión que quedó ejecutoriada el 13 de julio de 20114.

El 5 de noviembre de 2013, la UGPP dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, a través de Resolución RDP 51098 de 20135.

2 Apelación interpuesta por la extinta CAJANAL y por la señora Ana Delia Corzo de Ortiz a folios 130 a 137 y 138 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.

2 Apelación interpuesta por la extinta CAJANAL y por la señora Ana Delia Corzo de Ortiz a folios 130 a 137 y 138 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente. 3 Folios 181 a 193 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. 4 La sentencia fue notificada por edicto fijado entre el 5 y el 7 de julio de 2011 (folio 195 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho). 5 Folios 104 a 110 del cuaderno principal.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017)

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la sentencia del 23 de junio de 2011 , el Tribunal Administrativo de Santander, revocó el numeral quinto, adicionó y confirmó en todo lo demás el fallo emitido por el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga el 11 de junio de 2010 , que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Expresó que los docentes afiliados al FOMAG están exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, en virtud del artículo 279 ibidem, por lo tanto, en su caso, debe atenderse a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

Que el Decreto 1703 de 2002 no origina la obligación de aportar sobre la pensión gracia, comoquiera que se limita a señalar cómo distribuir las prestaciones asistenciales y las económicas entre las entidades promotoras de salud (EPS) de

Que el Decreto 1703 de 2002 no origina la obligación de aportar sobre la pensión gracia, comoquiera que se limita a señalar cómo distribuir las prestaciones asistenciales y las económicas entre las entidades promotoras de salud (EPS) de régimen especial y el FOSYGA, en los eventos en que haya lugar a ello.

Bajos los anteriores criterios estableció que no resulta válido el descuento del 12% a la pensión gracia de la demandante, teniendo en cuenta que al haber ingresado al servicio docente con anterioridad al año 1990, no le resultan aplicables las Leyes 612 de 2003 y 1122 de 2007, que modificaron aspectos relacionados con el ingreso base de cotización al régimen contributivo en salud y como consecuencia de ello, la deducción que efectuó la entidad no tiene sustento legal.

Dentro del proveído el juzgador dispuso revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y en su lugar, dispuso adicionar la misma en el sentido de ordenar a la UGPP el reintegro a la señora Corzo de Ortiz del 7% que ha venido descontado de más en salud del ingreso de su pensión gracia, desde que se hicieron efe ctivo los descuentos superiores al 5%, porcentaje que si estaba obligada a aportar. En lo demás confirmó la decisión recurrida.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo Ley 797 de 2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación6.

Indicó que existió falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad

presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación6.

Indicó que existió falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad demandada en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurada por la señora Ana Delia Corzo de Ortiz , pues CAJANAL no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, habida cuenta que no es la destinaria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el Sistema de Seguridad Social en Saludartículo 14 del Decreto 1703 de 2002-.

6 Folios 164 del cuaderno principal de la acción de revisión.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) Frente a los descuentos efectuados con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud señaló que tenían fundamento en los artículos 157, 202 y 203 de la Ley 100 de 1993, según los cuales los pensionados deben encontrarse afiliados y, por ende, realizar las cotizaciones de conformidad con el artículo 160, numeral 3 de dicha ley.

Que e l aporte al régimen contributivo, establecido por el artículo 204 de la mencionada Ley 100 en un 12%, modificado por la Ley 1122 de 2007 a un 12.5%, y luego por la Ley 1250 de 2008 en un 12%, debe efectuarse a los docentes beneficiarios de la pensión gracia, toda vez que estos no se encuentran dentro de

y luego por la Ley 1250 de 2008 en un 12%, debe efectuarse a los docentes beneficiarios de la pensión gracia, toda vez que estos no se encuentran dentro de la excepción que prevé el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

Que el artículo 81 de la Ley 812 de 200 3 exceptúa de la aplicación de las normas de la Ley 100 de 1993, en materia de salud, a los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la vigencia de dicho estatuto ; sin embargo, tal preceptiva hace referencia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), es decir que no abarca la pensión gracia, comoquiera que esta prestación estaba a cargo de la extinta CAJANAL.

En definitiva, consideró que com o quiera que no existe ninguna norma que exima a los docentes de tal obligación, el aporte a salud no puede constituir una carga excesiva para estos.

Contestación a la acción de revisión

El señor Adolfo Ortiz Basto , en calidad de cónyuge supérstite de la fallecida Ana Delia Corzo de Ortiz fue notificado en debida forma del auto admisorio de la presente acción por medio de mensaje de datos del 12 de mayo de 2022 7; sin embargo, guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Debe la Sala determinar si la sentencia objeto de recurso - providencia del 23 de junio de 2011está incursa en alguna de las causales de revisión previstas en los

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Debe la Sala determinar si la sentencia objeto de recurso - providencia del 23 de junio de 2011está incursa en alguna de las causales de revisión previstas en los literales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión , ii) C ausales de revisión invocada s en la demanda; iii) Aspectos

7 Índice 38 del sistema informático SAMAI.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) generales de la pensión gracia y apreciaciones sobre aporte a salud del 12% sobre el valor de la mesada y, finalmente, iv) se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones8 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que está acción, tal como el recurso extraordinario de revisión ,

tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que está acción, tal como el recurso extraordinario de revisión , tiene como finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, motivo por el cual se presenta como excepción al principio de la cosa juzgada.

Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 9, por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercerla.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»10. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

En lo que r especta a la procedibilidad de la acción l a jurisprudencia ha advertido que son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden s er autos que terminan anormalmente el proceso y

que son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden s er autos que terminan anormalmente el proceso y

8 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional. 9 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (212912), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría - para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de protege r el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]” 10 Ibidem.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación11.

Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves casos de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos pensionales en todo el país. L a acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar

corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos pensionales en todo el país. L a acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judicialmente las pensiones que hayan sido reco nocidas con violación al debido proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.

Así, el fin principal es salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira12.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El apoderado de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la pensión fue irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter

las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la pensión fue irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

11 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado13 como la Corte Constitucional14 son concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado13 como la Corte Constitucional14 son concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Po lítica,

comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii ) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, la exposición de motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»15. De igual manera sostuvo se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de c orrupción en

se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de c orrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Aspectos generales de la pensión gracia y apreciaciones sobre aporte a salud del 12% sobre el valor de la mesada

La Ley 114 de 1913, estableció la pensión gracia como una prestación vitalicia a favor de los docentes de escuelas primarias oficiales que hayan servido al magisterio por un lapso no menor de 20 años . En su artículo 4º dispuso que para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

«1º. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2º. Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y

13Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidó s Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-201813Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidó s Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-201801884-00(REV) 14 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017. 15 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) costumbres. 3º. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.

Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un departamento. 4º. Que observe buena conducta »

Posteriormente, este mismo beneficio se extendió con la Ley 116 de 1928 a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.

Con la expedición de la Ley 37 de 1933, artículo 3º el reconocimiento de la pensión gracia se hizo extensivo a quienes hubieren completado el tiempo de servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, bajo los mismos requisitos expuestos.

El carácter especial que rige a la pen sión gracia la excluye de la aplicación de la Ley 33 de 1985. En efecto, el artículo 1 de la misma ley estableció: « (...) No quedan

El carácter especial que rige a la pen sión gracia la excluye de la aplicación de la Ley 33 de 1985. En efecto, el artículo 1 de la misma ley estableció: « (...) No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquéllos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. »

Como se observa, la norma es clara en excluir a quienes tienen un régimen especial de pensiones, como acontece con los beneficiarios de la pensión gracia; así pues, es la misma legislación la que consagra la excepción en cuanto a las pensiones de régimen especial.

Con posterioridad, la aludida pensión fue abordada por la Ley 91 de 1989 16 en los siguientes términos:

«Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2.- Pensiones:

1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

2. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalen te al 75% del salario mensual promedio del último año.

16 «Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00893-00 (4840-2017) Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Ahora bien, ante existencia de diversos regímenes pensionales, el Congreso de la República expidió la Ley 100 de 1993 con el fin de concentrar el Sistema de Seguridad Social; sin embargo, con el objetivo de evitar el menoscabo de los derechos de las personas que se encontr aban próximas a pensionarse o tuviesen cierto tiempo de servicios, creó un régimen de transición y estableció ciertas excepciones para la aplicación de la Ley, en los siguientes términos:

«Artículo 279. Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se exceptúa

excepciones para la aplicación de la Ley, en los siguientes términos:

«Artículo 279. Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración (…)» (Negrillas fuera del texto).

En esa línea, a partir de lo dispuesto en el numeral 1 del literal A, del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, son afiliados al régimen contributivo de e se sistema y por tanto obligados a la cotización en salud:

«Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en

Salud:

1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley»

De lo anterior se concluye que las pensiones a cargo del FOMAG quedarían exceptuadas de dicho sistema integral; no obstante, esta excepción no comprendió

régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley»

De lo anterior se concluye que las pensiones a cargo del FOMAG quedarían exceptuadas de dicho sistema integral; no obstante, esta excepción no comprendió la pensión de jubilación gracia, pues, como ya se indicó, esta es una prestación cuyo reconocimiento corresponde a CAJANAL (hoy UGPP). A ello hay que añadir que el artículo 130 de la citada Ley 100 de 1993 creó el Fondo de Pe nsiones Públicas del Nivel Nacional, como una cuenta de la Nación adscrita al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serían administrados mediante encargo fiduciario para sustituir a CAJANAL y a los demás entes de previsión o fon dos insolventes del sector público del orden nacional en lo relacionado con el pago de las pensiones17.

17 Mediante Decreto 1132 de 1994, se reg