CE - 110010325000201800329001AUTOQUERESUEL20231017085846

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018) acumulado con los procesos 0036-2020, 3094-2018, 2587-2018, 4680-2018, 0567-2018, 0655-2018, 3037-2018, 4710-2018.

Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros1

Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil2 y otros3

AUTO - MEDIDA CAUTELAR __________________________________________________________________

Asunto

El despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los Acuerdos CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y 20171000000076 del 10 de mayo de 2017 , expedidos por la CNSC en el marco de la Convocatoria 435 de 2017, por la cual se abrió el concurso público de méritos para proveer varios empleos de carrera de las CAR y la ANLA.

I.- Antecedentes

1.1. La demanda y la solicitud de medida cautelar.

1.1.1. La demanda.

1. La parte demandante pretendió la nulidad de los siguientes actos

administrativos:

I.- Antecedentes

1.1. La demanda y la solicitud de medida cautelar.

1.1.1. La demanda.

1. La parte demandante pretendió la nulidad de los siguientes actos

administrativos:

1.1. Acuerdo CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre de 2016 «[p]or el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de

1 Procesos (i) 0036-2020: Celso Javier Ramírez Martínez; (ii) 3094-2018: José Antonio Moreno Muñoz; (iii) 2587-2018: Jenny Paola Naranjo Niño; (iv) 4680-2018: Sindicato de Trabajadores y Pensionados del Sistema Nacional Ambiental -SINTRAMBIENTE-; (v) 0567-2018: Ricardo Javier Tapia Reales; (vi) 0655-2018: Wilmen José Vásquez Molina; (vii) 3037-2018: Jackelin Mahecha Galindo; y (viii) 4710-2018: Javier Alexander Daza Ripoll. 2 En adelante CNSC. 3 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( en adelante ANLA) y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR en lo que sigue).2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018) Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros las plantas de personal de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR y de

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA».

1.2. Acuerdo 20171000000066 del 20 de abril de 2017 «[p]or el cual se modifican

las plantas de personal de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA».

1.2. Acuerdo 20171000000066 del 20 de abril de 2017 «[p]or el cual se modifican los artículos 1, 2, 3, 4, 10, el parágrafo 2 del artículo 9, el numeral 12 del artículo 13, el parágrafo del artículo 15 y los artículos 27, 29 , 30 y 31 del Acuerdo No. 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016».

1.3. Acuerdo 20171000000076 del 10 de mayo de 2017 «[p]or el cual se modifica parcialmente el artículo 1º, del Acuerdo 20171000000066 del 20 de abril de 2017».

1.4. Resolución CNSC-20172210040705 del 22 de junio de 2017 «[p]or la cual se corrigen unos errores formales de digitación, transcripción u omisión de palabras en el ingreso de la información de un empleo de la Oferta Pública de Empleo – OPEC de la Convocatoria 435 – CAR – ANLA, en el S istema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO y en el Artículo 43º del Acuerdo 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016 [...]».

1.5. Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de las CAR y de la ANLA.

2. Las normas violadas y los reparos plantea dos en contra de los actos administrativos mencionados fueron los siguientes:

• Procesos 1353-2018, 0036-2020, 4680-2018, 3037-2018, 4710-2018, 3094administrativos mencionados fueron los siguientes:

• Procesos 1353-2018, 0036-2020, 4680-2018, 3037-2018, 4710-2018, 30942018, 2587-2018

2.1. Artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015: los actos administrativos fueron suscritos únicamente por el presidente de la CNSC y no por los representantes legales de las CAR y la ANLA, a pesar de la existencia del concepto 2307 del 19 de agosto de 2016 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corpora ción (en el que se indicó que el acto de la convocatoria debe ser expedido conjuntamente con la entidad cuyos cargos van a ser provistos).

• Proceso 0567-2018

2.2. Ley 22 de 1984 y Decreto 2531 de 1986 : se violó el principio de igualdad y se desconoció la regla mentación de la profesión de biología, toda vez que se fomentó un proceso de selección «en términos desiguales con las carreras profesionales», en razón a que se excluyó a los biólogos de los criterios específicos de «la naturaleza de los cargos requeridos ». «[S]olamente en uno de los núcleos de carrera de la convocatoria [se hizo] relación a la profesión de la biología de donde se3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018) Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros desprende un anunciamiento escueto y ambiguo, de donde no se puede inferir con

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018) Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros desprende un anunciamiento escueto y ambiguo, de donde no se puede inferir con claridad y simpleza la vinculación de los parámetros normativos de la Ley 22 de 1984», lo cual ocurrió en la CAR de Santander.

2.3. En los manuales de funciones de las entidades se desconoció la biología como profesión legalmente reconocida; «es entonces un asentimiento expreso a las [sic] transgresión en que incurre la CNSC, y los entes que celebraron el convenio [...]».

1.1.2. La solicitud de medida cautelar

3. En los procesos 1353-2018, 0036 -2020, 4680 -2018, 3037 -2018, 4710 -2018, 3094-2018, 2587 -2018, se solicitó la suspensión del Acuerdo CNSC20161000001556 d el 13 de diciembre de 2016 y, en el proceso 0567-2018, la parte demandante, además del anterior, pidió que se extendiera la medida cautelar a los Acuerdos 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y 20171000000076 del 10 de mayo de 2017.

4. En los procesos 1353 -2018, 0036 -2020, 4680 -2018, 3037 -2018, 4710 -2018, 3094-2018, 2587-2018, se argumentó que su decreto es fundamental para evitar que se menoscabe «el ordenamiento jurídico alegado en la demanda como violado» y se cause un perjuicio irremediable a las person as que se postularon. También se

que se menoscabe «el ordenamiento jurídico alegado en la demanda como violado» y se cause un perjuicio irremediable a las person as que se postularon. También se expusieron los siguientes argumentos:

Disposición quebrantada Argumento Preámbulo de la CP4 El acuerdo suscrito «solo» por la CNSC menoscabó el orden político social y justo, toda vez que se desconoció el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, «generando la violación a la confianza legítima [...]». Artículo 29 de la CP «Cuando se trata de un procedimiento administrativo orientado a definir la situación jurídica de una persona, la exigencia constitucional de competencia se r elaciona con el debido proceso, por cuanto la actuación de la administración debe desarrollarse bajo el principio de legalidades [sic], de tal manera que una entidad que actué [sic] sin competencia o sobrepasando la mismas [sic] produce un defecto orgánico en la actuación, por ello las actuaciones están delimitando en el campo de acción para asegurar el principio de seguridad jurídica así como el principio de legalidad». Artículo 125 de la CP El ingreso a los cargos en carrera no se hizo con el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fija la ley, esto es, el artículo 31 de la Ley 909 de

4 Constitución Política.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018)

Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros

2004. Artículo 209 de la CP Al omitir el requisito previsto en la ley se violaron los principios de moralidad e igualdad. Artículo 31 de la Ley 909 de 2004

Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros

2004. Artículo 209 de la CP Al omitir el requisito previsto en la ley se violaron los principios de moralidad e igualdad. Artículo 31 de la Ley 909 de 2004 «En relación con la posibilidad de que la CNSC abra el concurso por sí sola, a partir de una certificación expedida por el jefe de cada organismo o entidad respecto de la oferta pública de sus empleos de carrera, entendido que tal documento reemplazaría la exi gencia legal de que ambas entidades suscriban la respectiva convocatoria es inviable, pues además de que la misma no está prevista en la ley».

De conformidad con el concepto 2307 proferido por esta Corporación, la suscripción del acto administrativo es un requisito de validez y no admite una interpretación diferente, en razón a que debe existir coordinación entre la CNSC y la entidad beneficiaria del concurso. «[T]al exigencia de ninguna manera es reemplazada por la expedición de la Oferta Pública de Empleo que hace la entidad que va a proveer los cargos de carrera».

5. En el proceso 0567-2018 se indicó que, como se expuso «suficientemente en [la] demanda», los acuerdos violaron el artículo 12 de la Ley 22 de 1984 y el Decreto

2531 de 1986, por lo siguiente:

5.1. Se expidieron en contra del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que los profesionales de la biología no fueron tenidos en cuenta como núcleo principal en ninguna de las ofertas laborales requeridas por las entidades.

5.2. Los acuerdos establecieron parámetros desiguales en la escogencia de los

que los profesionales de la biología no fueron tenidos en cuenta como núcleo principal en ninguna de las ofertas laborales requeridas por las entidades.

5.2. Los acuerdos establecieron parámetros desiguales en la escogencia de los profesionales de biología. En lo relacionado con los manuales de funciones de la ANLA y las CAR, dentro de los núcleos de competencias profesionales , se tuvo a la profesión de la biología como «una car rera profesional habilitada dentro de sus organizaciones y de donde se equipara igualmente con otras carreras de incidencia similar».

1.2. La oposición

6. En el proceso se corrió traslado de la medida cautelar mediante 2 autos: (i) el 23 de mayo de 2018 5 frente al proceso primigenio, 1353 -2018; y (ii) el 22 de febrero de 2023, una vez decretada la acumulación con los procesos 2587 -2018, 0567-2018, 0655 -2018, 3037 -2018, 3094 -2018, 4680 -2018, 4710 -2018 y 00365 Cuaderno de medidas cautelares, folio 13.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018)

Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros

20206. Dentro del término de traslado 7, las entidades demandadas solicitaron que se desestimara y se negara la medida cautelar, con los siguientes argumentos:

7. CAR de Cundinamarca 8: la parte demandante debía demostrar la ausencia de concurrencia de voluntades; además, no se reunieron los requisitos de procedimiento para suspender los efectos de los actos acusados.

7. CAR de Cundinamarca 8: la parte demandante debía demostrar la ausencia de concurrencia de voluntades; además, no se reunieron los requisitos de procedimiento para suspender los efectos de los actos acusados.

8. CORNARE9: a pesar de que fue beneficiaria del concurso, reconoció «la omisión» de la CNSC de suscribir los actos administrativos en coordinación con los representantes de las entidades.

9. CDMB10: en coordinación con la CNSC, adelantó la etapa de planeación y estructuración del concurso; asimismo, adelantó distintas actuaciones en la convocatoria 435 de 2016 como, por ejemplo, el reporte de 237 OPEC al SIMO con un total de 44 vacantes discriminadas por niveles y la transferencia bancaria de los costos del concurso.

10. ANLA11: aunque los actos administrativos adolecen de un vicio en su formación, este no es de tal trascendencia que los haga anulables, especialmente porque, de manera coordinada y mancomunada , se realizó el proceso para

proveer los cargos de carrera administrativa.

11. CNSC12: no se cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 229 y 231 del CPACA. No se desconoció el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en razón a que las CAR y la ANLA a delantaron las gestiones con miras a abrir el concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de las plantas de personal; igualmente, a lo largo del proceso de planeación se realizaron reuniones conjuntas y talleres, así como el cruce de comunica ciones y el pago de los costos de l proceso meritocrático.

12. CORMACARENA13: de conformidad con el concepto rendido por la Sala de

y talleres, así como el cruce de comunica ciones y el pago de los costos de l proceso meritocrático.

12. CORMACARENA13: de conformidad con el concepto rendido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, el acto administrativo debió ser

6 Cuaderno de medidas cautelares, folio 809. 7 El término de 5 días fue corrido por la Secretaría así: (i) auto del 23 de mayo de 2018: entre el 22 y 28 de agosto de 2018; y (ii) auto proferido el 22 de febrero de 2023: entre el 26 al 23 de mayo de 2023. 8 Cuaderno de medidas cautelares, folio 139. 9 Cuaderno de medidas cautelares, folio 145. 10 Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Cuaderno de medidas cautelares, folio 152. 11 Cuaderno de medidas cautelares, folio 202 y SAMAI, índice 370. 12 Cuaderno de medidas cautelares, folio 219 y SAMAI, índice 358. 13 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena. Cuaderno de medidas cautelares, folio 233.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018) Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros suscrito de manera conjunta por la CNSC y los r epresentantes legales de las entidades públicas que ofertaron empleos por vacancia definitiva, esto es, las 34

CAR y la ANLA.

13. CARDER14: ejecutó todas las acciones que legalmente le correspondían, con

entidades públicas que ofertaron empleos por vacancia definitiva, esto es, las 34

CAR y la ANLA.

13. CARDER14: ejecutó todas las acciones que legalmente le correspondían, con la garantía y observancia del debido proceso. Además, la parte actora no aportó la prueba que permitiera constatar el perjuicio irremediable que se llegare a causar con el acto administrativo acusado.

14. CAR Magdalena15: la medida cautelar de suspensión provisional no tiene la virtualidad de proteger el ordenami ento jurídico, por el contrario, constituiría una vulneración del interés público y del ejercicio de la función pública. La parte demandante no cumplió con la carga de indicar de manera concreta «las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado».

15. CORPOGUAVIO16: no existe una justificación razonada que indique que, de no acceder a la suspensión provisional de los actos demandados, se estaría frente a una violación ampliamente visible de las normas superiores , pues la CNSC es el

organismo responsable de administrar y vigilar la carrera administrativa de los servidores públicos. La corporación participó en la convocatoria y expidió el manual de funciones como principal instrumento para definir los requisitos y el perfil de competencias de los empleos , luego entonces se conocieron «a cabalidad los ejes temáticos comprendidos en las pruebas a aplicarse a los concursantes, por lo que es posible inferir que también participó en la definición de los mismos».

16. CAS17: el planteamient o propuesto por la parte actora no guarda ninguna relación, por ejemplo, con el preámbulo de la Constitución Política , en razón a que no se acreditó o estructuró una lesión porque no mencionó la afectación del

16. CAS17: el planteamient o propuesto por la parte actora no guarda ninguna relación, por ejemplo, con el preámbulo de la Constitución Política , en razón a que no se acreditó o estructuró una lesión porque no mencionó la afectación del principio de igualdad. Si bien podría pensarse que la ausencia de la firma de los jefes de las entidades participant es representa la ausencia de voluntad, lo cierto es que esta no puede erigirse en este único hecho, pues previamente al acto existen otras actuaciones que permiten inferir que las entidades participaron en la planeación del concurso.

17. CORPOBOYACÁ18: acató todos los lineamientos señalados por la CNSC en el marco de la Convocatoria 435 de 2016.

14 Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Cuadern o de medidas cautelares, folio 239 y SAMAI, índice 363. 15 Cuaderno de medidas cautelares, folio 254 y SAMAI, índice 364 y 367. 16 Cuaderno de medidas cautelares, folio 265. 17 Corporación Autónoma Regional de Santander. Cuaderno de medidas cautelares, folio 373. 18 Cuaderno de medidas cautelares, folio 577.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018)

Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros

18. CORPOCESAR19: se adelantó la etapa de planeación de manera conjunta con la CNSC y se realizaron diferentes actividades, tales como la revisión del manual de funciones, la propuesta de ejes temáticos, la elaboración de matrices de pruebas, el reporte de la OPEC y su corrección.

con la CNSC y se realizaron diferentes actividades, tales como la revisión del manual de funciones, la propuesta de ejes temáticos, la elaboración de matrices de pruebas, el reporte de la OPEC y su corrección.

19. CORPOGUAJIRA20: la entidad intervino y participó activamente con la CNSC en las etapas correspondientes del concurso.

20. CORPOMOJANA21: ninguno de los cargos expuestos por la parte demandante está fundado, «por lo que resulta insuficiente la carga argumentativa requerida para acceder» a la solicitud cautelar.

21. CORANTIOQUIA22: no se demostró sumariamente un perjuicio y, de cualquier modo, la entidad no fue la autora de los actos administrativos cuya suspensión se pretende. Ninguna de las entidades manifestó objeción en contra del desarrollo del concurso.

22. CORPONARIÑO23: un juicio p revio bajo el cual se infiera que los actos administrativos violan la Constitución Política y la Ley 909 de 2004 comporta en sí mismo un juicio de fondo, es decir, si se concede la medida cautelar «se estaría diciendo que los actos demandados se constituye n como normas violatorias del régimen legal» que no está dada a prevalecer en esta etapa procesal.

23. CVS24: no está probado el perjuicio ocasionado y, el hecho de que la convocatoria no contenga la firma del representante legal de la entidad, no deslegitima el concurso de méritos y «más si se tiene en cuenta que el proceso de elaboración de ejes temáticos, matriz de prueba y el insumo de la totalidad de los empleos vacantes de cada Corporación fueron concertados entre la CNSC, las CARS y el ANLA,

elaboración de ejes temáticos, matriz de prueba y el insumo de la totalidad de los empleos vacantes de cada Corporación fueron concertados entre la CNSC, las CARS y el ANLA, razón por la cual una simple formalidad no puede ser factor para ilegitimar el proceso de convocatoria [...]», es decir que sí existió la colaboración interinstitucional que da cuenta de la voluntad de las CAR de someter a concurso los empleos vacantes o provistos en provisionalidad.

19 Cuaderno de medidas cautelares, folio 590. 20 Cuaderno de medidas cautelares, folio 593. 21 Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y de San Jorge. Cuaderno de medidas cautelares, folio 620. 22 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. Cuaderno de medidas cautelares, folio 626 y SAMAI, índice 361. 23 Cuaderno de medidas cautelares, folio 655. 24 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. Cuaderno de medidas cautelares, folio 675 y SAMAI, índice 365.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018)

Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros

24. SINTRAMBIENTE25: el 28 de marzo de 2017, la CNSC remitió a las CAR el Acuerdo CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016 aprobado por la sala plena, y fue dado a conocer 3 meses después sin que estas hubieran socializado su contenido; es decir que la CNSC adelantó la convocatoria sin previo conocimiento y participación de las entidades beneficiarias del concurso.

sala plena, y fue dado a conocer 3 meses después sin que estas hubieran socializado su contenido; es decir que la CNSC adelantó la convocatoria sin previo conocimiento y participación de las entidades beneficiarias del concurso.

25. CARDIQUE26: no se aportó ninguna prueba que demostrara la configuración de los requisitos de la medida cautelar; además, lo único que se discute es la titularidad de la competencia para la expedición del acto administrativo, luego entonces no se causaría un perjuicio irremediable. El objeto del proceso y la efectividad de la sentencia no se comprometen, toda vez que el proc eso meritocrático culminó con la provisión de los cargos de manera definitiva.

II. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

26. Se circunscribe a establecer lo siguiente:

26.1. ¿Los Acuerdos CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y 20171000000076 del 10 de mayo de 2017 expedidos por la CNSC deben suspenderse provisionalmente porque fueron expedidos de manera unilateral por la CNSC, en contravía del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 que establece que la convocatoria debe estar suscrita por el presidente de la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del concurso?

26.2. ¿Es procedente la suspensión provisional de los actos demandados porque establecieron parámetros desiguales en la escogencia de los profesio nales en biología, en razón a que no fueron tenidos en cuenta como núcleo principal en las ofertas laborales?

27. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, el despacho seguirá la

biología, en razón a que no fueron tenidos en cuenta como núcleo principal en las ofertas laborales?

27. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, el despacho seguirá la siguiente estructura expositiva: primer o, se precisarán algunos aspect os relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y segundo, se examinará la medida cautelar . Para tal efecto, se analizará el cargo de violación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y, después, lo relativo a la inclusión de la profesión de biología en la convocatoria.

25 Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental. Cuaderno de medidas cautelares, folio 676. 26 Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique. SAMAI, índice 362.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018) Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros 2.2. Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo

28. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el au to admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

29. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipa tivas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales se

encuentra al tenor literal las siguientes:

dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales se encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A e sta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señal ará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administ rativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

30. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicame nte la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende

del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicame nte la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán probarse estos. La norma señala expresamente lo siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en l a demanda o en10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018) Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar

derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.»

31. De las normas antes analizadas 27 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en 3 categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisito s de

procedencia específicos28. Veamos:

31.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo re quieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo 29; (2) debe existir solicitud de parte debidamente

tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo 29; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos

27 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 28 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente N°: 11001 -03-25-000-2014-00942-00. N° interno: 2905 -2014. Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demanda do: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 29 Artículo 229, Ley 1437 de 2011.11

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00329-00 (1353-2018) Demandante: Yolanda Gámez Urueña y otros de los procesos que ti enen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos en los que opera de oficio30.

31.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto

parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia 31; y (2) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda32.

31.3. Requisitos de procedencia específi cos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos se denominan «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de