CE - 110010325000201800531001AUTOQUERESUEL20230725155027

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC Alcaldía de Santiago de Cali Decisión: Negar solicitud de medida cautelar __________________________________________________________________

Asunto

En ejercicio de sus competencias legales y reglamentarias, e l despacho res uelve sobre la solicitud presentada por la parte demandante, en la que pide la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado.

I. Antecedentes

1. El acto administrativo demandado

1. Para una mejor comprensión del presente asunto a continuación se trascribe en

su totalidad el acto administrativo demandado:

«Resolución CNSC-20172320062615 del 25-10-2017

"Por la cual se dispone el recaudo de unos recursos provenientes de la Alcaldía de Santiago de Cali – Valle del Cauca, identificada con Nit. 890.399.011-3, para financiar los costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección por mérito que se adelantar á para proveer las vacantes definitivas de la plan ta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa"

La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC,

los costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección por mérito que se adelantar á para proveer las vacantes definitivas de la plan ta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa"

La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC,

En uso de las facultades establecidas por la Ley 909 de 2004, la Ley 1033 de 2006, la Ley 1066 de 2006, el Acuerdo 508 de 2014 y la Cir cular Instructiva 201610000000057 de 2016 de la CNSC y,

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política, corresponde a la CNSC, la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las especiales de origen constitucional.

Que el art ículo 125 de la Constitución establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones all í previstas y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018) Demandante: Carolina López Calvache cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.

Que el trámite de recaudo deberá atender a los principios contenidos en el articulo 209 de la Constitución y el artículo [sic] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA.

Que de conformidad con el literal a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, corresponde a la CNSC, dentro de las funciones de adm inistración de la carrera administrativa:

Contencioso Administrativo, CPACA.

Que de conformidad con el literal a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, corresponde a la CNSC, dentro de las funciones de adm inistración de la carrera administrativa: "Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección."

El literal b) del artículo 11 de la ley ibídem señala que es función de la CNSC, establecer las tarifas para contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la misma ley, el cual establece "(...) Los costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de cargos (...)"

Que el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 indica: "Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la CNSC, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de cargos (...)"

En este sentido, el articulo 9° de la Ley 1033 de 2006, dispone: "con el fin de financiar costos que conlleve la realización de los procesos de selección para la provisión de empleos de la carrera que convoque la CNSC y la [sic] especial Sector Defensa, la CNSC cobrará a los asp irantes, […] derechos de participación en dichos concursos, una suma equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistenciales, y de un y medio salario mínimo legal diario para

CNSC cobrará a los asp irantes, […] derechos de participación en dichos concursos, una suma equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistenciales, y de un y medio salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los demás nivel es. El recaudo lo hará la CNSC o quien esta delegue."

En ejercicio de las facultades de administración y vigilancia conferidas por el articulo 130 de Constitución y los artículos 11 y 12 de la Ley 909 de 2004, la CNSC expidió la Circular 201610000000057 del 2016, por medio del cual, impa rtió instrucciones con miras a fortalecer la etapa de planeación de los procesos de selección, entre otros aspectos, en materia de apropiación de recursos para la financiación de los mismos.

En virtud de lo anterior, la CNSC adelantó en coordinación con varias entidades públicas del Departamento del Valle del Cauca, la etapa de planeación de la convocatoria a fin proveer por mérito los empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva pertenecientes a sus plantas de personal.

En este orden de ideas, la Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca, entregó a la CNSC bajo el radicado 20176000624142 del 15 septiembre de 2017, la OPEC3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018) Demandante: Carolina López Calvache debidamente certificada, reportando 1634 vacantes distrib uidas en 305 empleos, que serán provistos mediante proceso de selección por mérito.

Mediante comunicación […] 20172320387291 del 30 de agosto de 2017, la CNSC

debidamente certificada, reportando 1634 vacantes distrib uidas en 305 empleos, que serán provistos mediante proceso de selección por mérito.

Mediante comunicación […] 20172320387291 del 30 de agosto de 2017, la CNSC informó el valor a sufragar, para lo cual la Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca, remitió oficio […] 201760006394 en el que manifiesta disponibilidad presupuestal y garantiza que en el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2017 existe la disponibilidad presupuestal por valor de $650.326.000. De igual manera , se expresa la intención de apropiarse el valor adicional requerido para la financiación de los costos que conlleva la provisión de vacantes ofertadas por la entidad pública en la vigencia 2018.

Que el valor sufragado por la Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca, imputará al saldo definitivo que establezca la CNSC, una vez se haya realizado el recau do de derechos de participación, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la L ey 1033 de 2006.

Que de conformidad con lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil,

Resuelve:

Artículo primero. Disponer el recaudo de los recursos apropiados por la Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca , en un valor de $3.268.000.000, con destino a financiar Ios costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección por mérito que adelantará para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa.

financiar Ios costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección por mérito que adelantará para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa.

Parágrafo. El valor sufragado por la Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca, se imputará al saldo definitivo que establezca la CNSC una vez se haya realizado el recaudo de derechos de participación, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1033 de 2006.

Artículo segundo. La Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca , transferirá el valor establecido en el artículo primero de esta resolución, mediante consignación nacional en la cuenta de ahorros de la CNSC núm. 22006610023-1 perteneciente al Banco Popular, de la siguiente manera: Un primer pago, antes del 15 de diciembre de 2017, por el valor de $650.326.000 y un segundo pago, por el valor de $2.617.674.000, antes del 30 de junio de 2018.

Parágrafo. Dentro de los 3 días siguientes a la realización de la operación bancaria, la Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca, enviará copia de la misma a la Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca , ubicada en la Carrera 16 N° 96 - 64 Piso 7, Barrio Chicó Norte, Bogotá D.C y al correo convenios@cnsc.gov.co.

Artículo tercero . Comunicar la presente resolución al representante legal de la Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca, a los correos electrónicos: alcalde@cali.qov.co y carlos.burgos@cali.gov.co».4

Alcaldía de Santiago de Cali - Valle del Cauca, a los correos electrónicos: alcalde@cali.qov.co y carlos.burgos@cali.gov.co».4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

2. La demanda y la solicitud de medida cautelar

2. Tanto en la demanda como en la solicitud de medida cautelar, Carolina López

Calvache expuso los siguientes argumentos:

2.1. La resolución 2320062615 del 25 de octubre de 2017 vulneró el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 porque fue expedida de manera un ilateral por la CNSC, en contravía de la norma citada que establece que la convocatoria y en general todo los documentos que la soportan, deben estar suscritos por el presidente de la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del concurso.

2.2. La CNSC carecía de competencia para imponer de manera unilateral obligaciones presupuestales, financieras o dinerarias a la Alcaldía de Santiago de Cali, porque el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 señala que «los concursos o procesos de selección se rán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos» , por ende, para establecer el recaudo de los $3.268.000.000 para financiar el proceso de selección, la CNSC y el ente territorial debieron suscribir un convenio interadministrativo como el regulado en los artículos 2.4.c. de la Ley 1150 de 2007, 92 de la Ley 1474 de 2011

el ente territorial debieron suscribir un convenio interadministrativo como el regulado en los artículos 2.4.c. de la Ley 1150 de 2007, 92 de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, lo cual nunca ocurrió.

2.3. La CNSC vulneró los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 12 de la Ley 819 de 2003, porque en la resolución demandada impuso de manera unilateral a la Alcaldía de Santiago de Cali, obligaciones presupuestales, financieras o dinerarias pertenecientes a las anualidades o vigencias presupuestales 2017 y 2018, sin contar con los «certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente» , y sin la autorización de l concejo municipal para comprometer vigencias futuras, como lo establecen las normas ejusdem.

2.4. La CNSC infringió el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, porque (i) esa norma preceptúa como garantía electoral, que los alcaldes y gobernadores, entre otros, tienen prohibido celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los 4 meses an teriores a cualquier elecci ón, (ii) el 11 de marzo y el 27 de mayo de 2018, se desarrolaron elecciones de congresistas y de presidente y vicepresidente, respectivamente, (iii) en consecuencia, a partir del 11 de noviembre de 2017 y hasta la fecha en la cual el presidente de la República fue elegido, los gobernadores y alcaldes tenían prohibido celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos p úblicos, y (iv) la resolución

de noviembre de 2017 y hasta la fecha en la cual el presidente de la República fue elegido, los gobernadores y alcaldes tenían prohibido celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos p úblicos, y (iv) la resolución 2320062615 del 25 de octubre de 2017 estableció en cabeza de la Alcal día de Santiago de Cali, la obligación de pagar con recursos públi cos $3.268.000.000 para financiar un proceso de selección o concurso público de méritos, con «un primer pago, antes del 15 de diciembre de 2017, por el valor de $650.326.000 y un segundo pago, por el valor de $2.617.674.000, antes del 30 de junio de 2018» , con lo que vulneró la comentada prohibición.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

2.5. Finalmente, la resolución 2320062615 del 25 de octubre de 2017 de la CNSC no fue motivada de manera suficiente, porque dispuso que la Alca ldía de Santiago de Cali debía pagar la suma señalada, sin tener certeza de que ese era el monto que le correspondí a asumir al ente territorial, pues, como el concurso no había iniciado para ese momento, aún no estaba fijado el valor que se cobraría a los concursantes por derechos de participación, y por ende, tampoco se habían efectuado los recaudos por ese concepto.

3. La oposición

3. La CNSC y la Alcaldía de Santiago de Cali acudieron al proceso a defender la legalidad del acto demandado y a oponerse a las pretensiones y argumentos de la

demanda con los siguientes razonamientos:

3. La oposición

3. La CNSC y la Alcaldía de Santiago de Cali acudieron al proceso a defender la legalidad del acto demandado y a oponerse a las pretensiones y argumentos de la

demanda con los siguientes razonamientos:

3.1. La resolución 2320062615 del 25 de octubre de 2017 no vulneró el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 porque la Alcaldía de Santiago de Cali y la CNSC de manera conjunta iniciaron la planeación y ejecución del concurso de méritos núm. 437 de 2017.

3.2. No era necesario suscribir un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y la CNSC para que esta dispusiera recaudar, con cargo al ente territorial, de recursos públicos por valor de $3.268.000.000 para financiar el proceso de selección, porque la realización de concursos públicos de méritos obedece al cumplimiento de un deber constitucional, que permite la materialización de los fines del Estado y la garantía del principi o del mérito en el ingreso a la función pública.

3.3. La CNSC no vulneró los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 12 de la Ley 819 de 2003, que regulan lo relacionado con las disponibilidades presupuuestales y el trámite de las vigencias futuras, porque no comprometió de manera autónoma recursos de la entidad territorial, ni cre ó obligaciones a su cargo, en tanto la gestión administrativa del recaudo fue consensuada , al punto que l a Alc aldía mediante oficio del 22 de septiembre de 2017 manifestó que cont aba con disponibilidad presupuestal y la autorización de vigencias futuras para la financiación del proceso de selección.

mediante oficio del 22 de septiembre de 2017 manifestó que cont aba con disponibilidad presupuestal y la autorización de vigencias futuras para la financiación del proceso de selección.

II. Consideraciones

1. Los problemas jurídicos

4. Se circunscriben a establecer lo siguiente:6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

4.1. ¿La resolución 20172320062615 del 25 de octubre de 2017 de la CNSC, debe suspenderse provisionalmente como medida cautelar , porque presuntamente fue expedida de manera unilateral por la CNSC, en contravía del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 que establece que la convocatoria y en gener al todo los documentos que la soportan, deben estar suscritos por el presidente de la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del concurso?

4.2. ¿La resolución acusada se debe suspender provisionalmente , porque supuestamente la CNSC carecía de competencia para imponer de manera unilateral obligaciones presupuestales, financieras o dinerarias a la Alcaldía de Santiago de Cali, ya que en aplicación del artículo 30 de la Ley 909 de 2004 , para establecer el recaudo de los $3.268.000.000 para financiar el proceso de selección, lo procedente era suscribir un convenio interadministrativo, lo cual nunca ocurrió?

4.3. ¿Es procedente la suspensión provisional del acto demandado, porque al parecer la CNSC vulneró los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 12 de la Ley 819 de 2003, ya que impuso de manera unilateral a la Alcaldía de Santiago de

parecer la CNSC vulneró los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 12 de la Ley 819 de 2003, ya que impuso de manera unilateral a la Alcaldía de Santiago de Cali, obligaciones presupuestales, financieras o dinerarias pertenecientes a las anualidades o vigencias presupuestales 2017 y 2018, sin contar con los «certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente», y sin la autorización de l concejo municipal para comprometer vigencias futuras, como lo establecen las normas ejusdem?

4.4. ¿Procede la suspensión provisional de la resolución demandada, como consecuencia de que al parecer la CNSC desconoció la prohibición de celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos p úblicos durante los 4 meses anteriores a cualquier elección, contenida en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, porque estableció en cabeza de la Alcaldía de Santiago de Cali la obligación de pagar con recursos públicos $3.268.000.000 para financiar un proceso de selección, pagaderos dentro del periodo en el que regía la prohibición?

4.5. ¿La resolución 20172320062615 del 25 de octubre de 2017 de la CNSC, debe suspenderse provisionalmente como medida cautelar, porque presuntamente no fue motivada de manera suficiente, ya que dispuso que la Alcaldía de Santiago de Cali debía pagar la suma señalada si n tener certeza de que ese era el monto que le correspondía asumir al ente territorial, pues, como el concurso no había iniciado para ese momento, aún no estaba fijado el valor que se cobraría a los concursantes por derechos de participación, y por ende ta mpoco se habían

le correspondía asumir al ente territorial, pues, como el concurso no había iniciado para ese momento, aún no estaba fijado el valor que se cobraría a los concursantes por derechos de participación, y por ende ta mpoco se habían efectuado los recaudos por ese concepto?

5. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, el Despacho se pronunciará en primer lugar sobre las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

2. Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo

6. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garant izar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

7. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se consagró un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales

se encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al e stado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista

encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

8. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, atendiendo a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acre ditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán probarse estos. La norma señala expresamente lo

siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá

siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cu ando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la in demnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.».

9. De las normas antes analizadas 1 se desprende que los requisitos para decretar

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.».

9. De las normas antes analizadas 1 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de

procedencia específicos2. Veamos:

9.1. Requisitos de procede ncia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no de un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la j urisdicción de lo contencioso administrativo 3; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio4.

9.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida e n que exigen por

9.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida e n que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia 5; y (2) que la medida cautelar

1 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 2 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 6 de abril de 2015, exped iente 11001-03-25-000-2014-00942-00 (2905-2014). 3 Artículo 229 de la Ley 1437 de 2011. 4 Artículo 229 de la Ley 1437 de 2011. 5 Artículo 229 de la Ley 1437 de 2011.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018) Demandante: Carolina López Calvache solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda6.

9.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del ac to administrativo. Estos se denominan «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las categorías de medida cautelar enlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de proc edencia específicos, si se pretende la

específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las categorías de medida cautelar enlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de proc edencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cu al se sustente la demanda7 así: (a) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud 8; y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, aparte de de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios9.

9.4. Requisitos de procedencia específicos para las demás medidas cautelares diferentes de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautelares diferentes -medidas cautelares positivas 10a la de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos adicionales: (a) que la demanda esté razonablemente fun dada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir,

demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y (d) que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considera r que de no otorgarse los efectos de la sentencia serían nugatorios11.

6 Artículo 230 de la Ley 1437 de 2011. 7 Por esta razón en el acápite de antecedentes de e sta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar. 8 Artículo 231, inciso 1, de la Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 231, inciso 2, de la Ley 1437 de 2011. 10 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5. 11 Artículo 231, inciso 3, numerales 1 a 4, de la Ley 1437 de 2011.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

10. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo antes descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos

Demandante: Carolina López Calvache

10. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo antes descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la s olicitud de la medida; es decir, se trata de una percepción inicial y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpr etaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o compr