CE - 110010325000201800607001SENTENCIA20230725151939

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)

) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Hernando Duarte Chichilla Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación pensión de jubilación, t opes pensionales – Decreto 546 de 1971

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, del 13 de junio de 2014, a través de la cual se confirmó y adicionó el numeral sexto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, el 2 2 de marzo de 2013, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

marzo de 2013, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), por conducto de apoderad a judicial, pretendió infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, del 13 de junio de 2014, a través de la cual se confirmó y adicionó el numeral sexto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo d e Barranquilla, el 22 de marzo de 2013, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Hernando Duarte Chinchilla, dentro2

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 08 001 33 31 002 2011 00316 00.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, del 13 de junio de 2014, que «confirmó» (sic) la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, el 22 de marzo de 2013; y ii) condenar en costas al demandado.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

y ii) condenar en costas al demandado.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 19 de abril de 1945, nació el señor Hernando Duarte Chichilla. Prestó sus servicios

en la Rama Judicial en los siguientes períodos:

• Desde el 4 de septiembre de 1965 hasta el 10 de enero de 1969. - Desde el 1.° al 30 de julio de 1969. - Desde el 16 de septiembre de 1969 hasta el 15 de noviembre de 1975. - Desde el 11 de abril de 1977 hasta el 31 de julio de 1985. - Desde el 1.° de septiembre de 1975 hasta el 2.° de marzo de 2011.

El último cargo que desempeñó fue el de magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico.

1. El 19 de abril de 2000 , el señor Duarte Chichilla adquirió su estatus jurídico de pensionado.

1. El 23 de enero de 2001, la extinta CAJANAL expidió la Resolución 057479 a través de la cual reconoció una pensión de jubilación al hoy demandado, en cuantía de $3.574.637.76, efectiva a partir del 1.º de junio de 2000, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado sobre el salario de 6 años y 2 meses, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 546 de 1971 . Esta

promedio de lo devengado sobre el salario de 6 años y 2 meses, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 546 de 1971 . Esta decisión fue confirmada por las Resoluciones 045414 de 14 de junio y 05412 del 15 de noviembre de 2001.

1. El 18 de noviembre de 2010, CAJANAL profirió la Resolución PAP 026614 por medio3

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP de la cual reliquidó la pensión de jubilación del hoy demandado, con el promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, con lo que elevó la cuantía de la misma a la suma de $ 12.875.000, efectiva a partir de l 1.º de enero de 2010, condicionada al retiro definitivo del servicio.

1. El 28 de julio de 2011, mediante la Resolución UGM 002494 CAJANAL modificó la Resolución PAP 026614 de 2010, en el sentido de disminuir el valor de los aportes no efectuados por el empleador y el trabajador. Aquel acto fue modificado por el Resolución UGM 59532 del 28 de noviembre de 2012, en el entendido de aumentar el valor de los descuentos por aportes a pensión.

1. El 22 de marzo de 2013, el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Hernando Duarte Chinchilla contra

1. El 22 de marzo de 2013, el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Hernando Duarte Chinchilla contra la extinta CAJANAL. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

[…] SEGUNDO.- Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. PAP 026614 de 18 de noviembre de 201 0 y UGM 002494 de 28 de julio de 2011, expedidos (sic) por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE -CAJANAL-, hoy en liquidación, sólo en relación al monto de la pensión reconocida al actor, conforme las motivaciones de esta providencia.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declara toria de nulidad parcial y a manera de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad accionada a que reliquide la pensión vitalicia de jubilación reconocida al Dr. HERNANDO DUARTE CHICHILLA , en cuantía equivalente al 75 % de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio dentro de la Rama Judicial sin tope o límite alguno, haciendo inclusión en dicha reliquidación además de su asignación básica, de todos los factores salariales de que trata el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y en general todas las sumas que habitual y periódicamente recibió el funcionario como retribución de sus servicios. Esta reliquidación se hará a partir del día 03 de marzo de 2011, fecha en la que se dio el retiro definitivo del servicio del actor y hasta la fecha en que se dé efectivo cumplimiento a la sentencia, previa las deducciones a que haya lugar. […]

reliquidación se hará a partir del día 03 de marzo de 2011, fecha en la que se dio el retiro definitivo del servicio del actor y hasta la fecha en que se dé efectivo cumplimiento a la sentencia, previa las deducciones a que haya lugar. […]

CUARTO.- Abstenerse de pronunciarse sobre la pretensión de reintegrar al demandante la suma de dinero de $29.894.000, que le fuera d educida de su retroactivo pensional al momento de la inclusión en nómina de pensionados de la accionada, por lo explicado en la parte motiva de este proveído.

[…] SEXTO.- Désele cumplimiento a esta sentencia dentro de los términos previstos por los artículos 176 y 177 del CCA. […] (Resaltado original del texto)

1. El 13 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar y adicionar el numeral sexto de la parte

1 Folios 268 reverso al 217 del cuaderno de la acción especial de revisión.4

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, en los siguientes términos:2

Primero.- Confírmese los numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° y 8° de la sentencia del 4 de Junio de 2013 (sic), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, en el proceso incoado por el señor Hernando Duarte Chinchilla contra la Caja Nacional de Previsión Social,

de 2013 (sic), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, en el proceso incoado por el señor Hernando Duarte Chinchilla contra la Caja Nacional de Previsión Social, acorde con las motivaciones precedentes, aclarándose que la mesada pensional deberá liquidarse sin las restricciones establecidas en la sentencia C -258 de 2013, pero con observancia de lo consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a partir del 25 de julio de 2005 se procederá a establecer por parte de la demandada, las cotiza ciones que actuarialmente se requerían, a fin de evitar la desfinanciación del sistema, con la advertencia de que si dichos aportes no resultaren suficientes para financiar esta mesada pensional objeto de reliquidación, habrá lugar por parte de la entidad a realizar los descuentos respectivos.

Segundo.- Adiciónese el numeral 6° de la referida providencia, el cual quedará así:

“Sexto.- Désele cumplimiento a esta sentencia dentro de los términos previstos por los artículos 176 y 177 del CCA, de conformidad a la forma como quedó después de la sentencia C-199 de 1999, proferida por la Corte Constitucional.” […] (Resaltado y comillas originales del texto)

1. El 22 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico por medio de auto corrigió el ordinario primero de la parte resolutiva de la providencia del 13 de junio de 2014, en el entendido de precisar que la fecha de la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla data el 22 de marzo de

2013.

2014, en el entendido de precisar que la fecha de la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla data el 22 de marzo de 2013.

1. El 8 de abril de 2015, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal

Administrativo del Atlántico.

1. El 10 de enero de 2017, l a UGPP a través de la Resolución RDP 000350, dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Para tal efecto, reliquidó la pensión de jubilación del señor Duarte Chinchilla en el equivalente al 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, con la inclusión de los factores salariales contenidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978; estimando una cuantía de $ 13.390.000, efectiva a partir del 3 de marzo de 2011 y con la aplicación de topes de 25 SMMLV, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005.

1. El 29 de agosto de 2017, por virtud de la Resolución RDP 33561 la UGPP modificó los artículos 1.° y 3.° de la Resolución RDP 000350 de 2017, en los siguientes términos:3

2 Folios 236 al 253 ibidem. 3 Folio 285 del cuaderno de la acción especial de revisión.5

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)

Demandante: UGPP

ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por el TRIBUNAL

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)

Demandante: UGPP

ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO el 13 de junio de 2014, se reliquida la pensión de VEJEZ del (a) señor (a) DUARTE CHINCHILLA HERNANDO, ya identificado (a), elevando la cuantía de la misma a la suma de $14.999.850 […] efectiva a partir del 3 de marzo de 2011 pero hasta el 30 de junio de 2013, de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento.

Parágrafo: A partir del 1 de julio de 2013, se ajustará la mesada pensional en cuantía de $ 14.737.500 […] correspondiente a 25 SMMLV, por aplicación del reajuste automático fijado por la Corte Constitucional a través del precedente preferente y vinculante definido en la sentencia C-258 de 2013 y ratificado para el caso.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 13 de junio de 2014,4 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar y adicionar el numeral sexto la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, el 22 de marzo de 2013, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Hernando Duarte Chinchilla contra la extinta CAJANAL, hoy uGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. De acuerdo con el acervo probatorio, el demandante, como beneficiario del régimen

señor Hernando Duarte Chinchilla contra la extinta CAJANAL, hoy uGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. De acuerdo con el acervo probatorio, el demandante, como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su pensi ón de jubilación sea reliquidada con base en la normativa anterior, es decir, el Decreto 546 de 1971.

Además, la base de liquidaci ón est á constituida por todas aquellas sumas que el funcionario o empleado percibe por concepto de salario en el último año de servicio, consagrados en los Decretos 717 y 911 de 1978, de acuerdo con lo sostenido por el Consejo de Estado.5

1. De otro lado, en el sub lite también la controversia gira en torno a si el actor, pese estar sujeto al régimen especial del Decreto 546 de 1971, le resulta o no aplicable el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, relativo al tope máximo de mesadas pensionales. Al respecto, se advierte que el referido decreto en manera alguna establece límite máximo en el monto de la prestación, no siendo posible, en principio, escindirlo.

4 Folios 236 al 253 del cuaderno de la acción especial de revisión. 5 El tribunal trae a colación al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2010, exp 1014-09 Dicha postura fue reiterada en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2016, radicación N.° 4683-2013.6

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)

Demandante: UGPP

4683-2013.6

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP Sobre el asunto, el Consejo de Estado se pronunció en la sentencia del 21 de noviembre de 2013,6 en el sentido de precisar que la Sentencia C-258 de 2013 no es aplicable a las pensiones reguladas por el Decreto 546 de 1971 y la Ley 33 de 1985. Sin embargo, en aras de proteger la sostenibilidad financiera del sistema pensional, se precisa que en atención al Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a partir del 25 de julio de 2005, se procederá a establecer por parte de la demandada, las cotizaciones que actuarialmente se requerían, a fin de evitar la desfinanciación del sistema, con la advertencia de que si dichos aportes no resultaren suficientes para financiar esta mesada pensional objeto de reliquidación, habrá lugar por parte de la entidad a realizar los descuentos respectivos.

1. En ese orden, se impone confirmar la sentencia apelada, con la precisión anotada.

Finalmente, se adiciona el numeral sexto de la parte resolutiva, con el fin de precisar que la aplicación del artículo 177 del CCA, debe hacerse en concordancia con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-188 de 1999.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. En la Sentencia C – 258 de 2013, la Corte Constitucional ordenó de manera expresa que a partir del 1.º de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional con cargo a recursos de naturaleza pública, podía superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por lo tanto, la decisión recurrida desconoció una sentencia de constitucionalidad que hizo tránsito a cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento para las autoridades y particulares. Aunado a lo anterior, contrario a lo afirmado por el tribunal, aquella providencia no se restringió a los congresistas y magistrados de altas cortes, sino que de manera general se debe aplicar a todas las mesadas pensionales reconocidas en el régimen de prima media con prestación definida.

6 El Tribunal Administrativo del Atlántico citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 21 de noviembre de 2013, exp. 0497-2009 y del 12 de mayo de 2014.7

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP ii) La Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media con Prestación Definida General de Pensiones, con fundamento en el numeral 4.º del Decreto 2380 de 2012, recomendó ajustar todas las mesadas pensionales que superen los 25 SMLMV a esta

General de Pensiones, con fundamento en el numeral 4.º del Decreto 2380 de 2012, recomendó ajustar todas las mesadas pensionales que superen los 25 SMLMV a esta suma, a partir del 1.º de julio de 2013, de conformidad con la orden impartida por la Corte Const itucional. Además, en la Sentencia T – 892 de 2013 se dispuso que el espíritu del Acto Legislativo 01 de 2005 era establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de naturaleza pública «con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993».

1. La mesada pensional del demandado debe ser ajustada al tope de 25 SMLMV a partir del 3 de marzo de 2011, fecha de efectividad de la prestación, en atención a la vigencia del Decreto 510 de 2003.

1. Por otro lado, es indiscutible que el régimen pensional aplicable al demandado es el dispuesto en el Decreto 546 de 1971, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la referida ley, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley

se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación del DANE. En igual sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional,7 el cual constituye precedente obligatorio.

7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.8

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP v) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional del señor Duarte Chinchilla, comoquiera que adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor Hernando Duarte Chinchilla , por intermedio de apoderado , se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:8

1. Se acreditó que el demandado es beneficiario del régimen de transición contenido en

pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:8

1. Se acreditó que el demandado es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y , por ende, del Decreto 546 de 1971, por lo que tiene el derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con base en la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio. En ese orden, la decisión recurrida se fundamentó en los precedentes jurisprudenciales vigentes para la fecha de su expedición, de manera que está revestida por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

1. La Sentencia C -258 de 2013 no es aplicable al sub lite porque determinó que no abordaría el estudio de otros regímenes especiales, como es el contenido en el Decreto 546 de 1971.

1. Es inadmisible que la entidad recurrente en esta instancia con base en nuevos criterios jurisprudenciales, pretenda retrotraer la defensa que hizo en su momento en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. Por último, «de acuerdo a ultimo comprobante de la mesada pensional de mi poderdante no supera el tope de los 25 salarios mínimos legales vigentes Adjunto comprobante), objetivo judicial que busca la UGPP sin fundamento alguno».

2. Consideraciones

2.1. Competencia

8 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 33 de la plataforma SAMAI.9

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.10

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p úblico o a fondos de naturaleza p ública la obligaci ón de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».11

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 26 de noviembre de 201412 y la acción

9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 11 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la S entencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 12 Folio 254 del cuaderno de la acción de revisión.10

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)

artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 12 Folio 254 del cuaderno de la acción de revisión.10

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP especial de revisión se interpuso el 18 de abril de 2018,13 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, del 13 de junio de 2014, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo 2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOC IMIENTO DE SUMAS PER IÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento

PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del proc edimiento señalado para el recurso extraordinario de

13 Folio 301 reverso del cuaderno de la acción de revisión.11

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018) Demandante: UGPP revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspecto s que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los

cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legiti madas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el p ropósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate

del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vul