CE - 110010325000201800991001SENTENCIA20230629224731

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Carlos José Montaña Tamayo

Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, IBL Rama Judicial

SENTENCIA

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, de 22 de julio de 2010, que confirmó la del Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, de 29 de octubre de 2008, la cual había accedido a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP, a través de apoderado judicial, interpuso acción de revisión en contra de la providencia indicada en el párrafo precedente, para lo cual invocó la causal contenida en el

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP, a través de apoderado judicial, interpuso acción de revisión en contra de la providencia indicada en el párrafo precedente, para lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión de sentencias ejecutoriadas cuando, por medio de estas, el derecho reconocido «(…) excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.1

En virtud de esta, pidió revocar (infirmar) la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima y declarar lo siguiente:

SEGUNDA: Declarar que a CARLOS JOSE MONTAÑA TAMAYO, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora [ sic] de un DERECHO ADQUIRIDO amparable por la legislación colombiana, y en su lugar, ORDENAR LA RELIQUIDACIÓN Y PAGO de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3 del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según

1 Folio 199 de la acción de revisión.2

en el inciso 3 del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según

1 Folio 199 de la acción de revisión.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con incidencia pensional y fijando como MONTO PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO el 75% previsto en [el] Decreto 546 de 1971; por haber adquirido su status pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, RELIQUIDAR Y PAGAR la mesada pensional de CARLOS JOSE MONTAÑA TAMAYO, conforme a las reglas previstas en las sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017 y SU631 de 2017 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, e sto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3 del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el De creto 1158 de 1994 y demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL O TASA DE REEMPLAZO el 75% del promedio de lo devengado en la Asignación más elevada en el últ imo año de servicio con inclusión de todos los factores ;2 por haber adquirido su status pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad accionante señaló los siguientes:

1. El señor Carlos José Montaña Tamayo nació el 2 de noviembre de 19483 y prestó sus servicios al Estado en las siguientes entidades y periodos: (i) en la Rama Judicial, desde el 3 de septiembre de 1969 hasta el 9 de mayo de 1972, y del 1 de julio de 1972 hasta el 22 de mayo de 1973 ; (ii) en la Dian,4 desde el 23 de julio de 1980 hasta el 30 de agosto de

3 de septiembre de 1969 hasta el 9 de mayo de 1972, y del 1 de julio de 1972 hasta el 22 de mayo de 1973 ; (ii) en la Dian,4 desde el 23 de julio de 1980 hasta el 30 de agosto de 1990; y (iii) en la Rama Judicial, del 1 de septiembre de 1990 al 5 de marzo de 2010, donde ocupó, como último cargo, el de auxiliar administrativo, grado 5.5

1. El 2 de abril de 2005 , mediante la Resolución 011069, la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) le reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación, en cuantía de $ 501.697,88, efectiva a partir 1 de enero de 2005 y condicionada al retiro definitivo del servicio. Lo anterior, teniendo en cuenta «el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años [y] 9 meses, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93 y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte

Constitucional (...)».6

1. El 6 de mayo de 2005, el señor Montaña presentó ante Cajanal un derecho de petición con el fin de que le fuera reliquidada su mesada pensional teniéndose en cuenta su último salario «como lo establece el Decreto 546 de 1971 y el Decreto que lo reglamentó el 1160 de 1978 (…)».7

1. El 2 de diciembre de 2005, a través de la Resolución 41596, Cajanal reliquidó la pensión del señor Carlos José y aumentó su mesada a la suma de $ 539.423,25, efectiva a partir

1. El 2 de diciembre de 2005, a través de la Resolución 41596, Cajanal reliquidó la pensión del señor Carlos José y aumentó su mesada a la suma de $ 539.423,25, efectiva a partir del 5 de mayo de 2005 y sujeta a demostrar el retiro definitivo del servicio.8

2 Así en el escrito de la demanda. 3 Conforme a la copia simple de su Cédula de Ciudadanía, visible en el folio 46 de la demanda de revisión. 4 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 5 Según la Resolución 11069 del 2 de abril de 2005, expedida por Cajanal, folios 67 al 69. 6 Ibid. 7 Folio 79. 8 Folios 78 al 81 ibidem.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) El 21 de diciembre de 2005 , el señor Montaña solicitó a Cajanal reponer la anterior resolución, al considerar que, en la reliquidación, se había omitido incluirle las doceavas partes de las primas de servicio, vacaciones y navidad, así como el 100% de la bonificación por servicios prestados, el subsidio de alimentación y el incremento del 2%.

1. El 9 de febrero de 2006, a través de la Resolución 1134, Cajanal resolvió el recurso de reposición en el sentido de modificar el numeral primero de la Resolución 41596 y, en

1. El 9 de febrero de 2006, a través de la Resolución 1134, Cajanal resolvió el recurso de reposición en el sentido de modificar el numeral primero de la Resolución 41596 y, en consecuencia, elevar cuantía de la pensión del señor Montaña a la suma de $ 557.462,70, efectiva a partir del 21 de diciembre de 2005 y condicionada a su retiro definitivo.9

1. El 14 de junio de 2006, el señor Carlos José , por conducto de apoderado, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra Cajanal EICE en Liquidación, con el ánimo de obtener la nulidad parcial de las resoluciones 11069 de 2 de abril de 2005, 41596 de 2 de diciembre de 2005 y 1134 de 9 de febrero de 2006; y, como restablecimiento del derecho, la reliquidación de su pensión conforme al Decreto 546 de 1971, en monto igual al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en su último año de servicios y la inclusión de las doceavas partes de las primas de navidad, servicios vacaciones y alimentación, así como de la bonificación por servicios y del incremento del 2.5%, por ser estos factores salariales según el artículo 12 del Decreto 717 de 1978.10

1. El 29 de octubre de 2008 , el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué accedió a las pretensiones de la demanda . E n consecuencia, se inhibió de fallar de fondo sobre la Resolución 11069 de 2 de abril de 2005, declaró la nulidad de los demás actos administrativos enjuiciados y restableció el derecho del actor al ordenar a la d emandada

Resolución 11069 de 2 de abril de 2005, declaró la nulidad de los demás actos administrativos enjuiciados y restableció el derecho del actor al ordenar a la d emandada reliquidar su pensión «conforme a lo previsto en el artículo 6 del Decreto-ley 546 de 1971», esto es, teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada percibida en el último año de servicios y la inclusión de los siguientes factores: sueldo básico, incremento del 2.5%, subsidio de alimentación, las doceavas partes de las primas de servicios, vacaciones y navidad, y de la bonificación por servicios.11

1. El 7 de noviembre de 2008, la demandada, por conducto de su apoderado, apeló la sentencia y solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar «ajustados a derecho» los actos administrativos expedidos por Cajanal, toda vez que «la liquidación de la pensión de jubilación por vejez se efectuó con los factores taxativamente se ñalados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 (…)».12

1. El 22 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver la alzada, confirmó la decisión de primera instancia.13

1.1.3. La sentencia objeto de revisión14

Se somete a revisión la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, de 22 de julio de 2010, que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Carlos José Montaña contra Cajanal EICE en Liquidación , confirmó la de primera instancia favorable a las pretensiones de la demanda. Los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

señor Carlos José Montaña contra Cajanal EICE en Liquidación , confirmó la de primera instancia favorable a las pretensiones de la demanda. Los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

9 Folios 93 al 95 ibidem. 10 Folios 26 al 36 del cuaderno 4. 11 Folios 183 al 187. 12 Folios 83 al 86 del cuaderno 4. 13 El contenido de la sentencia se expone en el siguiente punto. 14 Folios 177 al 182 de la acción de revisión.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) El demandante es beneficiario del régimen de transición, toda vez que a la entrada en vigencia de la Ley 10 0 de 1993, «contaba con 45 años de edad y más de 20 años de servicios cotizados»; por lo que tiene derecho a que su pensión se reconozca y liquide bajo las condiciones del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y del artículo 12 del Decreto 717 de 1978.

1. La liquidación efectuada por la entidad demandada «no se ajusta a las normas que regulan la situación particular del accionante», pues, de acuerdo al contenido de los preceptos normativos citados y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular, las sentencias del 8 de octubre de 1993, radicado 5244,15 y del 15 de junio de 2006, radicado 5580-2005,16 la prestación de los servidores de la Rama Judicial y del ministerio público

sentencias del 8 de octubre de 1993, radicado 5244,15 y del 15 de junio de 2006, radicado 5580-2005,16 la prestación de los servidores de la Rama Judicial y del ministerio público incluye «la asignación básica y todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios (…)».

1. El ente de previsión debió calcular la pensión del señor Montaña sobre el 75% de la asignación básica mensual más elevada que este devengó en su último año de servicio, teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos en ese mismo periodo.

1. Como conse cuencia de lo anterior , Cajanal debe liquidar la pensión de vejez de la demandante «con el 75% de la asignación más alta devengada durante el año anterior a la adquisición del status de pensionado, incluyendo el sueldo básico, las doceavas partes de los factores acreditados, tales como la prima de navidad, de vacaciones, de servicios, el incremento del 2.5.% y el subsidio de alimentación », tal como lo estableció el a quo en su fallo.

La sentencia cobró ejecutoria el día 4 de agosto de 2010.17

1.1.4. La causal de revisión invocada

La UGPP considera que la providencia objeto de revisión está incursa en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión de una sentencia judicial cuando «(…) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 18 Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

cuando «(…) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 18 Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

1. La cuantía de la reliquidación pensional excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que la sentencia objeto de revisión transgrede la Ley 100 de 1993, el Decreto 546 de 1971 y e l Decreto 1158 de 1994 , en razón a que se aparta del tenor literal de las normas aplicables en relación con el ingreso base de liquidación que se debe tomar para el cálculo de la prestación, con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de acuerdo con la interpretación que al respecto ha dado la Corte Constitucional.

1. En el caso del señor Montaña Tamayo, si bien es «indiscutible que el régimen especial aplicable (…) es el contemplado en el Decreto 546 de 1971»,19 el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo tiene en cuenta la regulación anterior para respetar las condiciones de edad, tiempo y monto del beneficiario; «pero en cuanto a la liquidación o porcentaje del ingreso base de liquidación, sería aplicable el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario

15 Con ponencia de la consejera Dolly Pedraza de Arenas. 16 Con ponencia del consejero Alberto Arango Mantilla. 17 Folio 175. 18 Folio 198 de la acción de revisión, apartado IV de pretensiones. 19 Folio 202.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

19 Folio 202.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co promedio de 10 años o del tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho (…) con la inclusión de los factores contenidos en el Decreto 1158 de 1994 (…)».20

1. Por lo tanto, e l restablecimiento del derecho ordenado en la providencia objeto de revisión excede lo d ebido de acuerdo con la ley, al hacer accedido a una reliquidación pensional con fundamento en una norma inexistente y en contravía de lo dispuesto por la Ley 100 de 1993.

1. En definitiva, l a decisión del Tribunal Administrativo d el Tolima atenta contra la sostenibilidad fiscal del Estado y constituye «un abuso palmario del derecho»,21 comoquiera que la orden de reliquidación pensional no atendió debidamente al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a los precedentes vinculantes respecto de la forma de computar el ingreso base de liquidación de las personas sujetas al régimen de transición, en concreto, a las sentencias de la Corte Constitucional C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017.

1.2. Contestación a la acción de revisión

La parte demandada, el ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.22

2. Consideraciones

1.2. Contestación a la acción de revisión

La parte demandada, el ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.22

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La demanda, que en ejercicio de la acción de revisión ocupa la atención de la Sala, fue interpuesta el 12 de junio de 2018 ,23 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 ),24 por lo que esta corporación es competente para conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 249 ejusdem25. Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previ sto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.26

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza (…) a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».27

20 Folios 202 y 203. 21 Folio 206. 22 Según informe visible a folio 285 y a los índices del aplicativo Samai.

República o del Procurador General de la Nación».27

20 Folios 202 y 203. 21 Folio 206. 22 Según informe visible a folio 285 y a los índices del aplicativo Samai. 23 Folio 208 de la acción de revisión. 24 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012. 25 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribu nales Administrativos.» (Resalta la Sala). 26 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 27 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1.2. Legitimación

La Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016, consideró que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de

La Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016, consideró que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas Especiales de Decisión,28 ha admitido expresamente que la UGPP está habilitada para adelantar esta clase de procesos. Adicionalmente, es conveniente resaltar que, según el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013,29 la UGPP tiene competencia para adelantar o asumir acciones de esta naturaleza.

2.1.3. Oportunidad

La UGPP invocó como causal de revisión la prevista por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En ese sentido, puesto que la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima quedó ejecutoriada el 4 de agosto de 2010,30 y la acción especial de revisión se interpuso el 12 de junio de 2018 ,31 la demanda estaría, a priori, fuera del término de los cinco años establecido por el artículo 251 del CPACA para estos eventos.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, en la sentencia SU427 de 2016, determinó que el plazo para acudir a la revisión de las decisiones judiciales, por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debía contabilizarse a

427 de 2016, determinó que el plazo para acudir a la revisión de las decisiones judiciales, por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debía contabilizarse a partir del momento en que la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos a cargo de Cajanal, esto es, el 12 de junio de 2013 (fecha en la cual inició la sucesión procesal entre estas dos entidades), la presente demanda se encuentra dentro del término previsto por la señalada providencia.

2.2. Problema jurídico

En esta ocasión, consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, de 22 de julio de 2010, está inmersa en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la revisión cuando «(…) la cuantía del derecho r econocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 32 estableció la posibilidad de revisar las providencias judiciales que hubieran decretado (o decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 201 9, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP. 29 «Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP. 29 «Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las siguientes funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen. […]» 30 Folio 175. 31 Folio 208 de la acción de revisión. 32 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las siguientes circunstancias:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . [Apartes tachados INEXEQUIBLES] Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo c on sus competencias, a

que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo c on sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien el precepto jurídico transcrito indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, actualm ente regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que presenta ciertas particularidades que han sido advertidas y señaladas tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

1. Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, como los autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de

1. Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, como los autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como los de transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (artículo 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00991-00 (3237-2018)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inf eriores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que estos mecanismos se instituyeron como una excepción que solo debe admitirse frente a un fin legítim o, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde reiteró 33 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,34 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecim iento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.3.2. La causal de revisión invocada

La entidad demandante invocó como sustento de la acción de revisión l a causal previstas por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que, a su tenor, señala lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

[…]

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Sobre el particular, cabe recordar que en la exposición de motivos35 de la Ley 797 de 2003, que introdujo en el ordenamien