CE - 110010325000201801353001SENTENCIA20230713100953

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Amanda Sofía Donado Mesa Temas: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 201 8 por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se confirmó la que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Amanda Sofía Donado Mesa.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) solicitó en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que se infirmara la

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) solicitó en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que se infirmara la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 1900133-33-003-2013-00453-01 que confirmó la providencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Amanda Sofía Dorado Mesa contra Cajanal y declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 30337 del 29 de junio de 2006 y PAP 024139 del 29 de octubre de 2010 a través de las cuales se reconoció el pago y se reliquidó el monto de su pensión de vejez.

Como consecuencia de lo anterior solicitó i) revocar la sentencia objeto de revisión; ii) declarar que la liquidación de la mesada pensional no es un derecho adquirido ;2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018) Demandante: UGPP iii) ordenar la reliquidación y pago de la pensión jubilación de Amanda Sofía Dorado Mesa, según lo dispuesto en las sentencias C -258 de 2013, SU-230 de 2015, SU023 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Amanda Sofía Donado Mesa nació el 18 de septiembre de 19 49, pres tó sus servicios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)1 desde el 14 de marzo de 1977 hasta el 30 de junio de 2009 y adquirió su estatus pensional el 18 de septiembre de 2004.

• La Caja Nacional de Previsión Social EICE (Cajanal)2 mediante Resolución 30337 del 29 de junio de 2006, le reconoció una pensión de vejez sobre el 85% del salario promedio devengado durante los 10 últimos años de servicio , en cuantía de $1’846.789.48, efectiva a partir del 1.º de octubre de 2005 , con la condición de demostrar el retiro definitivo del servicio para su disfrute. El ICBF aceptó la renuncia a partir del 1º de julio de 2009, por tal motivo la demandada solicitó la reliquidación del monto inicialmente reconocido, por nuevos tiempos de servicio y, en consecuencia, a través de la Resolución PAP 024139 del 29 de octubre de 2010 la entidad elevó la cuantía en $2’319.505, efectiva a partir del 1º de julio de 2009.

• Inconforme con las anteriores decisiones presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se recon ociera y se reliquidara la

• Inconforme con las anteriores decisiones presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se recon ociera y se reliquidara la pensión de vejez con el 75% del promedio de todas las asignaciones devengadas en el último año de servicio, en virtud de la Ley 33 de 1985.

-El Juzgado Tercero Administrativo de Popayán decretó la nulidad de las resoluciones proferidas por Cajanal y ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de Amanda Sofía Donado Mesa, conforme con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, sobre el 75% del promedio de los valores devengados durante el último año de servicio, esto es, entre el 30 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2009, con los siguientes factores salariales: asignación básica, las bonificaciones semestral y por servicios prestados y las primas d e vacaciones y de coordinación; declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del 13 de abril de 2006 y ordenó el

1 En adelante ICBF. 2 En adelante Cajanal.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018) Demandante: UGPP pago de las diferencias debidamente indexadas. Este fallo fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la UGPP y el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 8 de febrero de 2018, confirmó lo dispuesto en la primera instancia en virtud del principio de inescindibilidad de la norma.

-La UGPP dio cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal con la Resolución RDP

sentencia del 8 de febrero de 2018, confirmó lo dispuesto en la primera instancia en virtud del principio de inescindibilidad de la norma.

-La UGPP dio cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal con la Resolución RDP 020673 del 6 de junio de 2018 y elevó la cuantía en $2’355.929.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 8 de febrero de 2018, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la UGPP y confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos 30377 del 29 de junio de 2006 y PAP 024139 del 29 de octubre de 2010 , de manera que ordenó a la UGPP reliquidar la pensión vejez de Amanda Sofía Donado Mesa, conforme con las Leyes 33 y 62 de 1985, en cuantía del 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos3:

• Para el momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994, Amanda Sofía Donado Mesa contaba con más de 15 años de servicio, por lo cual resultó beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de esa normativa, además adquirió e l estatus pensional el 18 de septiembre de 2004, es decir antes de la promulgación de las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU -230 de 2015 que, a su turno, consideraron que el IBL debía

2004, es decir antes de la promulgación de las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU -230 de 2015 que, a su turno, consideraron que el IBL debía calcularse en virtud del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en ese orden de ideas, sin pasar por alto lo m anifestado en la sentencia del 6 de septiembre de 2017 por el Consejo de Estado, respecto de la fecha en la cual se causó el derecho pensional y la aplicación del precedente Constitucional, los aspectos a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de la causante serán los contenidos en las Leyes 33 y 65 de 1985, únicamente.

La sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que, los factores salariales no pueden entenderse de manera taxativa, sino enunciativa, en razón a los principios de igualdad material, primacía de la realidad y de la favorabilidad, de tal suerte que resulta procedente la liquidación de la mesada pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador, en el último año de servicio.

3 Folios 111 al 115.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018)

Demandante: UGPP

En conclusión, Amanda Sofía Donado Mesa tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con base en el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio, es decir, entre junio de 2008 y junio de 2009, con los siguientes factores salariales: el básico mensual, las bonificaciones semestral y por

último año de servicio, es decir, entre junio de 2008 y junio de 2009, con los siguientes factores salariales: el básico mensual, las bonificaciones semestral y por servicios prestados y la prima de vacaciones. Ahora, también percibió el pago de la bonificación por recreación y por vacaciones, pero no se tendrán en cuenta, porque no corresponden a factores salariales ni prestacionales, respectivamente.

1.2. La causal de revisión invocada

La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del ar tículo 20 de la Ley 797 de 20034, para lo cual expuso los siguientes argumentos5:

Se configura la causal contenida en el literal b) ibidem, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo debido, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de vejez con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, evidentemente en contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en la lista de factores salariales del Decreto 1158 de 1994.

Lo anterior, porque para la reliquidación de la pensión de Amanda Sofía Do nado Mesa es correcto aplicar la Ley 33 de 1985 , respecto de la edad, el tiempo de servicios y el monto; sin embargo, en cuanto al ingreso base de liquidación la norma aplicable era el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es el 75% del promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, como en efecto lo dispuso el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues este aspecto no está sujeto a la

tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, como en efecto lo dispuso el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues este aspecto no está sujeto a la transición y en cuanto a los factores salariales la norma vigente es el Decreto 1158 de 1994, pues el estatus de pensionada fue adquirido durante su vigencia.

4 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que im pongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimie nto sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 5 Folios 153 al 164.5

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 5 Folios 153 al 164.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018) Demandante: UGPP La Corte Constitucional ha trazado una línea pacífica y clara ( C-258 de 2013, SU230 de 2015, entre otras) respecto de la manera como se debe liquidar la pensión sometida al régimen de trans ición, para lo cual se toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y se conservan los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto (tasa de reemplazo) del régimen anterior.

En ese orden, la sentencia objeto de revisión incurrió en la causal invocada al proferirse con absoluto desconocimiento de la normativa y los preceptos jurisprudenciales vigentes para la época y en detrimento de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues contribuye al aumento de un 4.55% de la mesada de la causante.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Amanda Sofía Do nado Mesa pidió que se rechazara la solicitud de revisión por improcedente, por las razones que se expresan a continuación6:

• En el proceso en el cual fue proferida la sentencia objeto de revisión, resultó probado que: i) la causante es beneficiaria del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el momento de su entrada en vigencia contaba con más de 15 años de servicios, ii) alcanzó el estatus pensional

probado que: i) la causante es beneficiaria del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el momento de su entrada en vigencia contaba con más de 15 años de servicios, ii) alcanzó el estatus pensional el 18 de septiembre de 2004, de manera que, para la reliquidación de su pensión, se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y la línea jurisprudencial vigente para esa época, como la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado que indicaba que los factores salariales que componían la base de liquidación eran todos los devengados por el trabajador y que el IBL hacía parte del régimen de transición, en ese sentido, fue calculada con base en el promedio del salario devengado en el último año de servicio, con una tasa de reemplazo del 75%, con todos los factores salariales devengados y con el IBL del régimen anterior.

Asimismo, al revocar la sentencia objeto de revisión se estaría desconociendo el principio de la igualdad, en relación con los innumerables servidores públicos a los cuales se les ha reconocido la pensión de vejez con base en los parámetros legales y jurisprudenciales que sirvieron de fundamento para esa decisión.

Como consecuencia, en la providencia se evidenció que estuvo ajustada a derecho, puesto que la cuantía estaba definida por la normativa y la línea jurisprudencial vigente para el momento de su promulgación.

6 Folios 173 al 181.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018)

Demandante: UGPP

vigente para el momento de su promulgación.

6 Folios 173 al 181.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018)

Demandante: UGPP

1.4. El Ministerio Público

No emitió pronunciamiento en esta oportunidad.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º , de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA7.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marzo de 20198, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de vejez en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» [Resalta la Sala]. 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018) Demandante: UGPP De conformidad con lo dispuesto en e l artículo 20 9 de la Ley 797 de 2003 10 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso , o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que est a se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso »; al respecto, la Sala advierte que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen11.

Ahora bien, e l Consejo de Estado ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento

componen11.

Ahora bien, e l Consejo de Estado ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han definido los siguientes12:

9 artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión tambi én procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo c on la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo c on la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. 10 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuad os y especiales. 11 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 12 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018)

Demandante: UGPP

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento d e una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legal idad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se con cedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una e xcepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

mecanismos se instituyeron como una e xcepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»13.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta C orporación14 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018)

Demandante: UGPP

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018)

Demandante: UGPP

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dich a entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio d e las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»15.

2.3.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201816, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

de 201816, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma».

En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados y que estaban próximos a adqu irir el derecho pensional . «[t]ales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría

la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras. 16 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01353-00 (4532-2018) Demandante: UGPP con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del

inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precio