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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018)

Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo

Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR __________________________________________________________________

Asunto

El despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo CNSC -2016000000016 del 4 de abril de 2016 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, «Por el cual se convoca a co ncurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Convocatoria No. 337 de 2016 - IGAC».

I.- Antecedentes

1. La demanda y la solicitud de medida cautelar

1.1. La demanda

1. La parte demandante eleva un único reparo contra el Acuerdo CNSC2016000000016 del 4 de abril de 2016 consistente en la violación del derecho al

1. La demanda y la solicitud de medida cautelar

1.1. La demanda

1. La parte demandante eleva un único reparo contra el Acuerdo CNSC2016000000016 del 4 de abril de 2016 consistente en la violación del derecho al debido proceso por incumplimiento de lo ordenado en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, norma que establece que la convocatoria debe estar suscrita por el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del c oncurso. Sin embargo, el mencionado acuerdo solo fue suscrito por el presidente de la CNSC , razón por la cual, el demandante, considera que se encuentra viciado de nulidad por violación del derecho al debido proceso.

1.2. La solicitud de medida cautelar

2. Con fundamento en el argumento expuesto, la parte demandante solicitó la medida cautelar de suspensión provisional de la actuación administrativa y de los efectos del acto administrativo cuestionado.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018)

Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo

2. La oposición

3. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi acudió al presente proceso para solicitar que se desestime y se niegue el decreto de la medida cautelar, por las siguientes

razones:

3.1. En primer lugar, porque la solicitud excede el propósito y la fina lidad de las medidas cautelares, en tanto co nlleva a que se resuelva prem aturamente el fondo del proceso, con lo cual, se busca anticipar los resultados del fallo y no como debe ser, esto es, garantizar el objeto del proceso y porque en la actualidad es una

medidas cautelares, en tanto co nlleva a que se resuelva prem aturamente el fondo del proceso, con lo cual, se busca anticipar los resultados del fallo y no como debe ser, esto es, garantizar el objeto del proceso y porque en la actualidad es una medida ineficaz, dado que a la fecha exist e lista de elegibles en firme, acto administrativo de carácter particular que goza de presunción de legalidad.

3.2. En segundo lugar, porque la solicitud no cumple con los requisitos del artículo 231 del CPACA, comoquiera que la part e demandante en su es crito no realizó un análisis de razonabilidad, pertinencia y conducencia de la medida, toda vez que se limitó a enunciar normas sin exponer argumentos razonables que expliquen los motivos para acceder a la suspensión. Adicionalmente, no se demostró la presunta violación normativa en la que incurre el acto demandado de acuerdo con el referido artículo.

3.3. Por último, porque la solicitud de medida cautelar carece de fundamento fáctico para que sea viable, en razón a que no se encontró demostrado la inminente ocurrencia del perjuicio irremediable en el evento de no decretarse, en tanto solo se expuso la supuesta violación manifiesta sin determinar el perjuicio que podría causar ; asimismo, si bien se señaló que busca ba evitar la suspensión de la incorporación de los empleos vacantes, dicha situación carece de fundamento puesto que en la actualidad las listas de elegibles están en firme y se han realizado posesiones de acuerdo con el cronograma y finalmente el hecho de no existir suscripción concurrente en el a cto acusado no debe entenderse que carece de eficacia y por ende no pueda producir efectos, pues , de conformidad

han realizado posesiones de acuerdo con el cronograma y finalmente el hecho de no existir suscripción concurrente en el a cto acusado no debe entenderse que carece de eficacia y por ende no pueda producir efectos, pues , de conformidad con la sentencia No 01017 de 2019 del Consejo de Estado , el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 debe atender a los propósitos de garantizar el compromiso efectivo de las entidades involucradas en el proceso de selección y en el trabajo coordinado para el cumplimiento de los principios de la administración pública y los fines de Estado, como ocurrió en el presente caso.

4. A juicio de la CNSC, en este caso, la medida cautelar carece de fondo jurídico y no existe perjuicio alguno o daño irremediable sobre el que se requiera la protección perentoria. Como argumentos de defensa planteó los que a continuación se exponen:3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018) Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo 4.1. La inviabilidad de la m edida cautelar , en consideración a que al tratarse de actos administrativos de contenido general, de acuerdo con el artículo 231 del CPACA, es necesaria la confrontación del acto demandado con las normas superiores invocadas como violadas o con las pruebas allegadas con la solicitud para establecer la pertinencia de la med ida y d el argumento propuesto por el demandante se puede deducir que la presunta irregularidad es solo en atención a lo prescrito en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. De ahí que, el ar gumento de violación flagrante como lo exige la norma, se agota con un estudio de simple

demandante se puede deducir que la presunta irregularidad es solo en atención a lo prescrito en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. De ahí que, el ar gumento de violación flagrante como lo exige la norma, se agota con un estudio de simple legalidad respecto del alcance del mencionado artículo. Sin embargo, para adoptar la medida de suspensión provisional un estudio de mera legalidad es insuficiente , y la regulación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 debe interpretarse a la luz del artículo 130 de la Constitución Política , puesto que por mandato superior la CNSC es un órgano autónomo y entender que sus actos deban, para su validez, estar supeditados a la coadministración de otras autoridades es contrario a la carta. Con todo, el alcance de la suscripción por el jefe de la entidad u organismo debe entenderse como un requisito no esencial.

4.2. La inexistencia de perjuicio irreme diable, en atención a que en el proceso de provisión de empleos ya se produjo las listas de elegibles , que en su mayoría ya se encuentran en firme, quiere ello decir que ya se produjeron derechos particulares en cabeza de quienes con el lleno de requisitos legales hacen parte de d ichas listas. De lo anterior se desprenden dos situaciones: la primera, que existen derechos consolidados de concursantes que adquirieron legítimamente derechos de carrera y quienes no fueron vinculados al presente proceso, sin embargo, son afectados direc tamente de las resultas del presente proceso ; y la segunda, que las convocatorias culminan con la publicación de las listas de elegibles, de manera que, tratándose de convocatorias acusadas de nulidad , su naturaleza expresa la propia de actos preparatorios , los cuales no crean,

segunda, que las convocatorias culminan con la publicación de las listas de elegibles, de manera que, tratándose de convocatorias acusadas de nulidad , su naturaleza expresa la propia de actos preparatorios , los cuales no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta, sino que están encaminadas a contribuir a su realización, para el caso en concreto la producción de una lista de elegibles. De ahí que, por orden del artículo 75 del CPACA , la pe tición de suspensión es improcedente

4.3. Además, existiendo lista de elegibles con la cual concluye la actuación administrativa, debe tenerse en cuenta que la solicitud de medida cautelar supone el requisito de calidad o legitimidad para obrar y al hacer se referencia a personas que se encontraban en condición de aspirantes la acción de nulidad pierde por completo su legitimidad, ya que la misma se sustenta en la afirmación de «simplemente salvaguardar el ordenamiento jurídico general».

4.4. Finalmente el incumplimiento de los requisitos para decretar la medida cautelar, comoquiera que no se configuran los presupuestos legales señalados en4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018) Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo el artículo 229 del CPACA para decretar la medida cautelar de suspensión provisional, por cuanto su finalidad es la de garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, situación que , encontrándose agotada la convocatoria al producirse la lista del elegibles, se está frente a un estatus jurídico que muta el medio de control de una pretens ión de simple nulidad a una

del proceso y la efectividad de la sentencia, situación que , encontrándose agotada la convocatoria al producirse la lista del elegibles, se está frente a un estatus jurídico que muta el medio de control de una pretens ión de simple nulidad a una aprehensión de contenido subjetivo que requiere de la demostración de un perjuicio irremediable, con prueba sumaria, que no se aportó.

II. Consideraciones

1. El problema jurídico

5. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿el Acuerdo CNSC-2016000000016 del 4 de abril de 2016, expedido por la CNSC, para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de

Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Geogr áfico Agustín Codazzi, Convocatoria No. 337 de 2016 – IGAC, se debe suspender provisionalmente como medida cautelar, porque presuntamente desconoció lo previsto por el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, norma que al regular las etapas de selección o concur so establece que la convocatoria deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo , lo que no ocurrió, con lo cual, se viola el derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política?

6. Con miras a resolver el anterior planteamiento, el despacho seguirá la siguiente estructura expositiva: (i) en primer lugar, se precisarán algunos aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) en segundo lugar, se estudiará, de manera inicial, el alcance dado al artículo 31.1 de

a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) en segundo lugar, se estudiará, de manera inicial, el alcance dado al artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 por la jurisprudencia y; (iv) por último, se realizará el pronunciamiento respectivo.

2. L as medidas cautelares en la jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo

7. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

8. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en u n5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018) Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo mismo proceso; y se consagró un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales

se encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las

contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

9. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el caso de la suspensión provisio nal de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, atendiendo a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las normas superiores, o si se pr etende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán probarse estos. La norma señala expresamente lo

siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado

nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariame nte, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que d e no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.».6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018)

Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo

10. De las normas antes analizadas 1 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a saber:

Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo

10. De las normas antes analizadas 1 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a saber:

(i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de procedencia específicos2. Veamos:

10.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo 3; (2) debe ex istir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio4.

10.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar

medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia 5; y (2) que l a medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda6.

10.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos se denominan «requisitos de pr ocedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las categorías de medida cautelar enlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias

1 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 2 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente N° : 11001 -03-25-000-2014-00942-00. N° interno: 2905 -2014. Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 3 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 4 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 5 Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

Vivienda Ciudad y Territorio. 3 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 4 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 5 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 6 Artículo 230, Ley 1437 de 2011.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018) Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda7 así: (a) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud 8; y (b) si la de manda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existenci a de los perjuicios9.

10.4. Requisitos de procedencia específicos para las demás medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautelares diferentes -medidas cautelares positivas 10a la de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos adicionales: (a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, a sí fuere sumariamente , la titularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el demandante haya presentado los

(a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, a sí fuere sumariamente , la titularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resu ltaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y (d) que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse los efectos de la sentencia serían nugatorios11.

11. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo antes descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida; es decir, se trata de una percepción inicial y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello af ecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

7 Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 pus o estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.

control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 pus o estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar. 8 Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011. 10 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5. 11 Artículo 231, inciso 3°, numerales 1° a 4°, Ley 1437 de 2011.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018)

Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo

12. Teniendo claridad en lo relacionado con las m edidas cautelares en la Jurisdicción Contencioso -administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, se procede a estudiar el reparo expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud del cuales se formuló el problema jurídico a resolverse en esta providencia.

3. Alcance del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004

13. Para resolver el planteamiento expuesto, se considera pertinente transcribir la norma invocada por la demandante como vulnerada, a fin de tener total claridad sobre lo establecido en el tenor literal de dicho texto normativo:

«Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso . El proceso de selección comprende:

1. Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del

«Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso . El proceso de selección comprende:

1. Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los aspirantes.

(…)”.

14. La norma transcrita impone, tanto a la CNSC, como a la entidad que busca proveer mediante concurso de méritos, empleados idóneos que ocupen de forma permanente las vacantes de su planta de personal, la obligación de realizar todo el proceso de selección de madera conjunta y coordinada.

15. Hasta hace poco la interpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era un tema que generaba amplia discusión, puesto que no resultaba clara su redacción, lo que generó múltiples dificultades para su interpretación y para establecer si la convocatoria de un concurso de méritos debía estar suscrita tanto por el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil como por el jefe de la entidad beneficiaria del concurso de méritos. Para mayor claridad, a continuación, se expondrán de manera resumida, las posiciones juris prudenciales, así como la tesis finalmente vigente, sobre el sentido y alcance de la norma que se invoca como vulnerada en la demanda.

16. Inicialmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, mediante concepto de l 19 de agosto de 2016, identificado con el número 2307, proferido en el expediente 1001 -03-06-000-2016-00128-00,12 señaló que el

mediante concepto de l 19 de agosto de 2016, identificado con el número 2307, proferido en el expediente 1001 -03-06-000-2016-00128-00,12 señaló que el requisito de la concurrencia de firmas contenido en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era obligatorio, pues «la expresión utilizada por el legisla dor (“deberá ser suscrita por” ) es imperativa y no admite en este punto una interpretación

12 Con ponencia del señor Consejero German Bula Escobar9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018) Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo diferente». En atención al mencionado criterio de la Sala de Consulta, a manera de cautela, se ordenó la suspensión de los siguientes procesos de selección: Convocatoria 328 de 2015 (SDH) 13, Convocatoria 428 del 2016 (Entidades del Sector Nación),14 Convocatoria 429 de 2016 (Antioquia) 15 y Convocatoria 434 de 2016,16 entre otros.

17. En un segundo momento, en auto de ponente del 27 de junio de 2018 17, esta Corporación recalcó nuevamente que la suscripción de la convocatoria a concurso público por parte del presidente de la CNSC y el jefe de la entidad u organismo beneficiario del proceso de selección es un requisito formal de obligatorio cumplimiento. No obstante, se indi có que la carencia del mismo no siempre tiene la virtualidad de invalidar el acto de llamado o de convocatoria a concurso.

18. En la mencionada providencia se indicó que al juez le corresponde dilucidar en

cumplimiento. No obstante, se indi có que la carencia del mismo no siempre tiene la virtualidad de invalidar el acto de llamado o de convocatoria a concurso.

18. En la mencionada providencia se indicó que al juez le corresponde dilucidar en cada caso concreto, la clase de requisito formal cuyo cumplimiento se echa de menos y se aduce como causal de anulación de un acto administrativo. Precisó la providencia, además, que la competencia de la CNCS para convocar concursos no puede ejercerse de manera unilateral, primero, porque son las entida des las que, conociendo sus necesidades del servicio, reportan ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, y ante la CNCS, los empleos vacantes, y , en segundo lugar, porque los concursos, por su costo, afectan el presupuesto de las entidades beneficiarias de los mismos. Y en esa medida, la convocatoria a proceso de selección es el resultado de toda una actuación administrativa compleja desarrollada de manera coordinada, entre la CNSC y las entidades u organismos destinatarias de las listas de elegibles. De tal forma, que si bien la exigencia contenida en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 constituye una formalidad sustancial y no meramente accesoria, en virtud del principio del «efecto útil de la norma»18 no habría lugar a suspender el conc urso, toda vez que, en ese caso, se logró probar la coordinación institucional entre la CNSC y la entidad

13 110010325000201601189 00(5266 -2016) C.P. Dr. Sandra Lisset Ibarra Vélez; demandante: Clara Cecilia López Barragán, Demandadas: Secretaria Distrital de Hacienda y CNSC

13 110010325000201601189 00(5266 -2016) C.P. Dr. Sandra Lisset Ibarra Vélez; demandante: Clara Cecilia López Barragán, Demandadas: Secretaria Distrital de Hacienda y CNSC 14 Providencia de 23 de agosto de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez; expediente: 1100103-25-000-2017-00326-00(15632017) 15 Providencia de 17 de mayo de 2018, C.P. Dr. Rafael F rancisco Suárez Vargas, expediente: 11001-03-25-000-2016-01071-00(4780-16) 16 Providencia de 7 de septiembre de 2018, C.P. César Palomino Cortés; Expediente: 11001 -03-25000-2018-00188-00(0690-18) 17 Auto interlocutorio por el cual se resolvió una solicitud de medida cautelar, en el expediente: 11001032500020170021200(1219-2017): Demandante: Pedro Emilio Rodríguez Velandia y otros Demandadas: CNSC y otros. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez 18 Ver Dueñas Ruíz, Óscar José. Lecciones de Hermenéutica Jurídica. Unive rsidad del Rosario. 4ª Edición. http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1010/Lec%20Hermeneutica%204.pdf?seq uence=1. Ver entre otras las sentencias T-001 de 1992 y C-499 de 1998.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018) Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo convocante, para la realización de la etapa preliminar, de planeación y ejecución

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01433-00(4744-2018) Demandante: Olga Lucia Melo Acevedo convocante, para la realización de la etapa preliminar, de planeación y ejecución del proceso de selección.

19. Finalmente, el pleno de la Sección Se gunda del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 201919, al resolver de fondo una demanda de nulidad de varios acuerdos de la CNSC, fijó su interpretación y alcance del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. El criterio vigente de esta Corporación a