CE - 110010325000201801625001SENTENCIA20230630132626

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Simple Radicación: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-2018) Demandante: Jesús Alexánder Rodríguez Galán Demandado: Nación, R ama Judicial , C onsejo Superior de la Judicatura

(CSJ)

Temas: Facultad del CSJ para reglamentar la carrera judicial en los aspectos no previstos por el legislador / La medida administrativa que limita a un empleo la inscripción en los concursos de méritos para el ingreso a la Rama Judicial es legítima

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, procede a proferir la siguiente sentencia de única instancia en el proceso de la referencia.

I. Antecedentes

1. La demanda

1. En ejercicio del medio de contr ol de nulidad1 Jesús Alexander Rodríguez Galán demandó la expresión «sólo se permitirá la inscripción para un (1) cargo », contenida en el artículo 2 del Acuerdo PCSJA18 -11077 del 16 de agosto de 2018 , proferido por el Consejo Superior de la Judicatura , en adelante CSJ, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos [núm. 27 de 2018]

por el Consejo Superior de la Judicatura , en adelante CSJ, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos [núm. 27 de 2018] para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

1.1. El acto administrativo acusado

2. El tenor literal de la disposición administrativa acusada es el siguiente:

«Consejo Superior de la Judicatura Presidencia

ACUERDO PCSJA18-11077 16 de agosto de 2018 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

1 Previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo En adelante CPACA.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18)

Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 256 de la Constitución Política y 85 numerales 17 y 22, 162, 164, 165 y 168 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con lo dispuesto en la sesión de 15 de agosto de 2018,

ACUERDA:

(…)

Artículo 2. Convocar a los interesados en vincularse a la Rama Judicial en los cargos que se relacionan a continuación, para que se inscrib an y participen en el concurso de méritos destinado a la conformación de los correspondientes Registros Nacionales de Elegibles.

1. Magistrado (…)

cargos que se relacionan a continuación, para que se inscrib an y participen en el concurso de méritos destinado a la conformación de los correspondientes Registros Nacionales de Elegibles.

1. Magistrado (…)

11. Juez (…)

Sólo se permitirá la inscripción para un (1) cargo ». (Las subrayas no están en el texto original).

1.2. Normas violadas y concepto de violación2

3. Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 13, 40 .7, 85, 93, 95, 125, 150, 152 y 225 de la Constitución política; y 156, 164, 174 y 175 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

4. En el concepto de violación el demandante alegó , en primer lugar, que el CSJ no tenía competencia para, en la convocatoria núm. 27 de 2018, limitar la inscripción a un solo empleo, porque (i) ello constituyó una restricción al derecho de ac ceso a cargos públicos y (ii) el establecimiento de límites o condicionamientos al ejercicio de los derechos es un a materia que en el ordenamiento jurídico tiene reserva de ley, es decir, que sólo puede ser regulado por el legislador y no por las autoridades administrativas.

5. La demanda argument ó, en segundo lugar, que la medida administrativa acusada transgrede las normas constitucionales que regulan el derecho de acceso a un empleo público, tales como los artículos 40.7, 85 y 125 superiores, porque en dichas preceptivas el constituyente no estableció límites ni restricciones a su ejercicio.

6. Por último, que la expresión cuestionada vulnera el principio y a la vez derecho

dichas preceptivas el constituyente no estableció límites ni restricciones a su ejercicio.

6. Por último, que la expresión cuestionada vulnera el principio y a la vez derecho a la igualdad, pero no explicó la razón de su argumento, ya que no señaló frente a quien o quienes, la medida administrativa en estudio genera un trato discriminatorio irrazonable.

2. Oposición a la demanda

7. En la contestación y en los alegatos finales el CSJ se opuso a la prosperidad de

2 En este acápite se resumen las tesis o argumentos que el actor expuso en la demanda. El accionante no presentó alegatos finales.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18)

Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán

la demanda, con los siguientes argumentos:

7.1. El Acuerdo PCSJA18 -11077 de 2018 mediante el cual se abrió la convocatoria núm. 27 de 2018 , fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales asignadas al CSJ por la Constitución -artículos 256.1 y 257.3y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia -artículo 85.22 - para adelantar y reglamentar las convocatorias a los concursos de méritos.

7.2. Los artículos 162, 164 y 168 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no señalan un límite mínimo o máximo de cargos so bre los cuales sea posible la inscripción de los aspirantes, lo cual no significa que se encuentren habilitados para inscribirse a todos los cargos para los cuales cumplan con las exigencias mínimas , porque si bien se debe garantizar el acceso a los cargos

posible la inscripción de los aspirantes, lo cual no significa que se encuentren habilitados para inscribirse a todos los cargos para los cuales cumplan con las exigencias mínimas , porque si bien se debe garantizar el acceso a los cargos públicos, también es cierto que se debe velar por el buen servicio de la administración de justicia y por la efectividad y ef iciencia de la carrera judicial, que se ve ría afectado cuando en los distintos registros de elegibles se encuentran repetidos muchos de sus integrantes, lo que conlleva a que estos últimos estén en varias listas de elegibles, resultando nombrados varias veces y retardando el agotamiento de las listas.

7.3. La decisión de limitar la inscripción a un solo cargo no fue arbitraria, sino que tuvo por objeto hacer más ágil y rápida la provisión de los cargos al sistema de carrera judicial lo que además beneficia a los integrantes de los registros de elegibles dada su perentoriedad.

7.4. A partir de l análisis de necesidad y proporcionalida d y de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado 3, no se puede afirmar que el acuerdo de convocatoria haya variado los requisitos exigidos por el legislador o haya limitado el derecho de acceder a los cargos públicos, pues , permitió la inscripción de todo aquel que acredit ara el cumplimiento de requisitos mínimos, como en efecto se hizo, cosa distinta es que con el objeto de hacer más eficiente y eficaz la carrera judicial bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad hubiese señalado que la inscripción solo podría efectuarse en un solo cargo.

3. El Ministerio Público

8. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado, vencido el término

inscripción solo podría efectuarse en un solo cargo.

3. El Ministerio Público

8. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado, vencido el término para rendir concepto, guardó silencio.

II. Consideraciones

3 Auto del 16 de noviembre de 2016, Rad. 11001 -03-25-000-2013-01646-00, mediante la cual se advirtió que la potestad regla mentaria especial del Consejo Superior de la Judicatura no implica una usurpación de funciones asignadas al legislador ordinario o estatutario, puesto que la Sala Administrativa del CSJ goza de potestad para regular las etapas del concurso de méritos como lo es la inscripción; Sentencia del 24 de enero de 2019, Rad. 68000 -23-33-2014-00355-01, que refiere a la facultad de la Sala Administrativa del CSJ para reglamentar las etapas del concurso de méritos, lo que incluye la inscripción: a un solo cargo; en el mismo sentido el auto del 12 de mayo de 2014 Rad. 11001 -03-25-000-2013-01515-00, del 11 de mayo de 2017 Rad. 11001 -03-25-0002014-01014-00, del 13 de agosto de 2014 Rad 11001 -03-25-000-2013-01524-00 y el fallo que estudio la legalidad del acuerdo 4528 de 2 008 del 27 de marzo de 2014 que señalo que la reglamentación de los concurso es expresión de la facultad de administrar carrera judicial del CSJ4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18)

Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán

1. Los problemas jurídicos

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18)

Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán

1. Los problemas jurídicos

9. Se circunscriben a los siguientes interrogantes: (i) ¿la disposición administrativa según la cual en la convocatoria núm. 27 de 2018 «sólo se permit[ía] la inscripción [a] un (1) cargo» , contenida en el artículo 2 del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 20 18 del CSJ, desconoce el principio de reserva de ley porque constituye una limitación al derecho de acceso a cargos públicos que sólo p odía ser estatuido por el legislador? (ii) ¿la medida administrativa demandada trasgrede las normas constitucionales que regulan el referido derecho porque en ellas no se establecen límites a su ejercicio?

10. Para resolver l os problemas jurídicos propuestos, la Sala abordará las siguientes materias: (i) la facultad constitucional y legal del CSJ para administrar y

reglamentar la Carrera Judicial, (ii) la facultad que la Constitución otorga al CSJ para «dictar los reglamentos» , es directa, especial, exclusiva y autónoma, (iii) la carrera judicial: objetivos, fundamentos y etapas del proceso de selección, (iv) reglas para la inscripción a los procesos de selección que deben surtirse para ocupar cargos de la carrera judicial, (v) análisis de la jurisprudencia contenciosa sobre la materia.

2. La facultad constitucional y legal del CSJ para administrar y reglamentar

la Carrera Judicial

11. En los términos de los artículos 256.1 y 257.3 de la Constitución al CSJ le

sobre la materia.

2. La facultad constitucional y legal del CSJ para administrar y reglamentar

la Carrera Judicial

11. En los términos de los artículos 256.1 y 257.3 de la Constitución al CSJ le

corresponde «administrar la carrera judicial» y «dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia , los relacionados co n la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador». (Destaca la Sala).

12. Por su parte la Ley 270 de 19964, en sus artículos 85 y 174 establece:

“Artículo 85. Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: (…).

17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley.

(…)

22. Reglamentar la carrera judicial. (…).”. (Destaca la Sala).

“Artículo 174. La Carrera Judicial será administrada por las Salas Administrativas de los Consejos Superior o Seccionales de la Judicatura, con la participación de las Corporaciones Judiciales y de los Jueces de la República en los términos de la presente ley y los reglamentos.”.

13. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, el CSJ tiene las atribuciones de

administrar la carrera judicial y dictar los reglamentos necesarios, en los aspectos no previstos por el l egislador, para que el ejercicio de administrar dicha carrera, así como su funcionamiento, sea eficaz.

4 Estatutaria de la Administración de Justicia.5

no previstos por el l egislador, para que el ejercicio de administrar dicha carrera, así como su funcionamiento, sea eficaz.

4 Estatutaria de la Administración de Justicia.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18)

Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán

3. La facultad que la Constitución otorga al CSJ para «dictar los reglamentos», es directa, especial, exclusiva y autónoma

14. Esta competencia del CSJ se encuadra en lo que la Corte Constitucional ha denominado «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales »5. Sobre el particular, en la sentencia C-805 de 20016, la Corte señaló:

«El constituyente de 1991 introdujo respecto de ciertas materias y para determinados órganos un sistema de reglamentación especial. Se trata de ámbitos de regulación, que por expreso mandato de la Constitución se asignan a otros órganos constitucionales, al margen de la potestad reglamentaria del Presidente . Tal es el c aso del Consejo Superior de la Judicatura, órgano al cual, de acuerdo con el artículo 257 de la Constitución, le corresponde, con sujeción a la ley ‘Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador’.». (Destaca la Sala).

15. Posteriormente, en la sentencia C-384 de 20037, la Corte Constitucional reiteró

adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador’.». (Destaca la Sala).

15. Posteriormente, en la sentencia C-384 de 20037, la Corte Constitucional reiteró

dicha argumentación, al sostener:

«La potestad reglamentaria, entendida como la capacidad de producir normas administrativas de carácter general, reguladoras de la ac tividad de los particulares y fundamento para la actuación de las autoridades públicas, la tiene asignada de manera general, en principio, el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189 -11 de la Carta Política, quien puede ejer cerla en cualquier momento sin necesidad de que la ley así lo determine en cada caso. Excepcionalmente, y por disposición constitucional, existe un sistema de reglamentación especial respecto de ciertas materias y para determinados órganos constitucionales, al margen de la potestad reglamentaria del Presidente de la República8. Tal es el caso del Consejo Superior de la Judicatura 9, de la Junta Directiva del Banco de la República 10, del Consejo Nacional Electoral 11 y de la Contraloría General de la República12.». (Destaca la Sala).

16. En la sentencia C -307 de 2004 13, la Corte Constitucional, retomando la argumentación expuesta en las sentencias citadas, señaló:

«… en materia de potestad reglamentaria existe una cláusula general de competencia en cabeza del Pre sidente de la República, pero la Constitución ha previsto, de manera excepcional, facultades de reglamentación en otros órganos constitucionales.

5 Así se refirió la Corte a esta competencia en la sentencia SU-539 de 2012.

previsto, de manera excepcional, facultades de reglamentación en otros órganos constitucionales.

5 Así se refirió la Corte a esta competencia en la sentencia SU-539 de 2012. 6 Por medio de la cual se resolvieron las «Objeciones Presidenciales » al Proyecto de Ley N° 182/99 Senado y 004/00 Cámara «Por medio de la cual se dictan normas sobre el uso de los alcoholes carburantes, se crean estímulos para su producción , comercialización y consumo, y se establece una contribución parafiscal y se dictan otras disposiciones». 7 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 598 de 2000, «por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la contratación es tatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.». 8 Sentencia C-805 de 2001. 9 Artículo 257, numeral 3 constitucional. 10 Artículo 371, inciso 2 de la Constitución. 11 Artículo 265, numeral 9 constitucional. 12 Artículo 268, numerales 1 y 12. 13 Revisión constitucional del Proyecto de Ley número 081/02 Senado y 228/03 Cámara «Por medio de la cual se establece un mecanismo de inscripción y votación para garantizar el libre ejercicio de este derecho en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Nacional».6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18)

Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán

ejercicio de este derecho en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Nacional».6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18) Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán Esas facultades especiales de reglamentación , ha dicho la Corte, encuentran su fundamento en la autonomía con stitucional que tienen ciertos órganos, y están limitadas, materialmente, por el contenido de la función a cuyo desarrollo autónomo atienden y, formalmente, por las previsiones que la Constitución haya hecho sobre el particular.

Desde esta perspectiva for mal, la potestad reglamentaria que constitucionalmente tienen asignada ciertos órganos constitucionales se limita a aquellos ámbitos expresamente mencionados en la Constitución, sin que por consiguiente, respecto de determinadas materias sea posible afirma r la concurrencia de dos competencias reglamentarias, la general propia del Presidente del República y la especial, que sin estar expresamente atribuida, se derivaría del carácter autónomo del órgano que la ejerce. No, de acuerdo con la Constitución las co mpetencias reglamentarias especiales son aquellas expresamente conferidas por la Constitución y por fuera de ese ámbito, la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes corresponde al Presidente de la República. ». (Destaca la Sala).

17. Ahora bien, sobre la potestad reglamentaria de los órganos constitucionales, dentro de la cual se enmarca la atribución constitucional del CSJ de dictar, siempre que la ley no lo haya hecho, los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la ad ministración de justicia, en la sentencia C -350 de 1997, la

dentro de la cual se enmarca la atribución constitucional del CSJ de dictar, siempre que la ley no lo haya hecho, los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la ad ministración de justicia, en la sentencia C -350 de 1997, la Corte ya había dicho que se trata de una «facultad normativa directa »14, y en la C917 de 2002 15 precisó que constituye una «potestad de regulación autónomamente conferida por la Carta », es decir, u na atribución constitucional especial, que le permite expedir reglamentos autónomos en forma directa y permanente. En esta última providencia, la Corte Constitucional adujo:

«Pese a todo lo que se ha dicho en relación con la potestad reglamentaria del presidente de la República y de la facultad regulativa residual de los organismos administrativos -en especial de los ministerios - es imprescindible resaltar que la Constitución de 1991 también estableció un régimen de excepción que otorga a ciertos organismos, ajenos a la Rama Ejecutiva, una potestad normativa exclusiva y excluyente.

Así entonces, por virtud de esta reserva constitucional, los organismos a los cuales se adscribe dicha potestad tienen la facultad exclusiva de establecer la regulación del área normativa específicamente asignada por la Carta. (…).

14 En dicho fallo, la Corte Constitucional, al resolver una acción pública de inconstitucionali dad contra los artículos 1 (parcial), 2, 8, 10 (parcial), 11 (parcial), 13 (parcial), 16 (parcial), 20 (parcial),

21 (parcial), 25, 26, 28 (parcial) de la Ley 335 de 1996, «Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se cre a la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones», dijo en un obiter dicta: «Por lo anterior, no es aceptable, en el caso sub -examine, la tesis de la actora, en el sentido de que la función de la CNTV es una “función desligada de la ley” , una función “constitucional normativa” que dicho organismo puede ejercer sin que medie la actividad legislativa, como si lo es, por ejemplo, la facultad normativa directa de la cual goza el Banco de la República, que le permite “...regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”, según lo dispone el artículo 371 C.P.; o la función que el Constituyente le otorgó al Consejo Superior de la Judicatura a través del artículo 257 -3 superior, para que, cuando no lo haya hecho el legislador, éste pued a “...dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, lo relacionado con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.». 15 Por la que se resolvió una demanda inexequibilidad de las expresiones «El Ministerio de Justicia y del Derecho» y «fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación...», contenida en el artículo 18 de la Ley 640 de 2001 «por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones».7

normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación...», contenida en el artículo 18 de la Ley 640 de 2001 «por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones».7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18) Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán De conformidad con la enumeración hecha por la Corte Constitucional en la Sentencia C-805 de 2001, las competencias de regulación exclusivas asignadas por la Carta son : "...el Consejo Nacional Electo ral, de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, tiene, de conformidad con la ley, entre sus atribuciones especiales, la de ‘reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado’ . El Co ntralor General de la República, por su parte, tiene entre sus atribuciones, de acuerdo con el artículo 268 de la Constitución, las de ‘Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indica r los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse’ y ‘Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial’ . Al Contador General, funcionario de la Rama Ejecutiva, corresponde, a su vez, de acuerdo con el artículo 354 de la Constitución, ‘... determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley’ . Del mismo modo, la Junta Directiva del Banco de la República ejerce las competencias de regulación que le corresponden de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 371 y 372 de la Constitución.10

regir en el país, conforme a la ley’ . Del mismo modo, la Junta Directiva del Banco de la República ejerce las competencias de regulación que le corresponden de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 371 y 372 de la Constitución.10

En el mencionado fallo la Corte hizo referencia explícita al Consejo Superior de la Judicatura advirtiendo que dicho organismo también cuenta con una potestad de regulación autónomamente conferida por la Carta (Art. 257 C.P.), que lo faculta para ‘Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador’.

Así pues, como se evidencia de la redacción d e la norma, el Consejo Superior de la Judicatura tiene a su cargo la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, cuando el legislador no haya dispuesto norma directamente aplicable, potestad que dis pone un claro desplazamiento de la potestad reglamentaria del Presidente en esta materia y, por consiguiente, de los organismos subordinados de la Administración. ». (Destaca la Sala).

18. Resalta la Sala, que en la sentencia SU -539 de 2012, la Corte fijó los siguientes «límites» a «la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para

reglamentar y administrar la carrera judicial»:

«Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la

siguientes «límites» a «la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar y administrar la carrera judicial»:

«Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Le y Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del legislador”16.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150 -23 de la Carta Política; y su actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a

16 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constituc ionalidad del proyecto de ley número 58 de 1994 (Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la

16 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constituc ionalidad del proyecto de ley número 58 de 1994 (Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-18) Demandante: Jesús Alexander Rodríguez Galán garantizar las condiciones laborales más propicias para el desem peño de las funciones propias de cada cargo.». (Destaca la Sala).

19. El Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre este sistema en que el Constituyente de 1991 estructuró la facultad reglamentaria:

«Tras la vigencia de la Constitución de 1991 ya no es posible afirmar (…) como antes, que el poder reglamentario, tanto el ordinario como el ampliado vinculado a las leyes marco, pertenece con exclusividad al Presidente de la República. Organismos como el Consejo Superior de la Judicatura y la Junta Dir ectiva del Banco de la República, son buen ejemplo para mostrar esta disgregación del poder reglamentario que se produce bajo las nuevas normas constitucionales . En el caso del primero de los entes citados, incluso, con una cierta facultad supletoria de la ley cuando quiera que se le faculta en el numeral 3 del artículo 257 para ‘dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, lo relacionado con la organización y funciones externas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador’ . (...) Y en el caso específico de la Junta Directiva del

asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador’ . (...) Y en el caso específico de la Junta Directiva del Banco de la República, igualmente con un poder o facultad reglamentaria, directa y excluyente, que le permite ‘regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito...’; pero adicionalmente, también con la facultad de desarrollar las leyes marco que el Congreso dicte en materia de cambi os internacionales, función ésta que anteriormente competía al Presidente de la República y que ahora, sólo mantiene en relación con las materias diferentes de las cambiarias, que deban ser objeto de este tipo de leyes.

(...)

A esta conclusión han llegad o ya importantes autores estudiosos de las transformaciones acaecidas sobre el poder regulador del Estado, con motivo de la expedición de la Constitución de 1991. Uno de ellos, el profesor Palacios Mejía ha escrito lo siguiente:

‘Por eso una de las cosas que llaman la atención en la Constitución de 1991 es que priva al Presidente de su facultad reglamentaria en ciertos asuntos porque ella misma atribuye facultades reguladoras, reglamentarias, a muchas autoridades de nivel nacional, distintas del Presidente de la República. En los casos más importantes, las facultades reglamentarias que se atribuyen a otras autoridades recaen en materias económicas. El resultado es una reducción de la importancia de la facultad reglamentaria presidencial dentro del conjunto de la vida institucional del país’17.

(...)

Para el autor citado, gozan de ésta facultad de regulación directamente atribuida por la constitución , además de la Junta Directiva del Banco de la república,

presidencial dentro del conjunto de la vida institucional del país’17.

(...)

Para el autor citado, gozan de ésta facultad de regulación directamente atribuida por la constitución , además de la Junta Directiva del Banco de la república, organismos como el Consejo Superior de la Judicatura , el Contralor General de