CE - 110010325000201801703001AUTOQUERESUEL20230918094329

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018)1

Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros2

Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil3 y otro

AUTO - MEDIDA CAUTELAR __________________________________________________________________

Asunto

El despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo CNSC -2017000000346 del 28 de noviembre de 2017 expedido por la CNSC para establecer las bases de la Convocatoria 437 de 2017 por la que se ab rió el concurso público de méritos para proveer varios empleos de carrera de la gobernación de Valle del Cauca.

I.- Antecedentes

1. La demanda y la solicitud de medida cautelar.

1.1. Las demandas.

1. La parte demandante pretendió la nulidad del Acuerdo CNSC -2017000000346 del 28 de noviembre de 2017 «[p]or el cual se establecen las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Go bernación del Valle del Cauca, “Proceso de Selección No. 437 de 2017 – Valle del Cauca”».

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Go bernación del Valle del Cauca, “Proceso de Selección No. 437 de 2017 – Valle del Cauca”».

2. Adicionalmente, en el proceso 3221 -2019 se pidió la declaratoria de nulidad de

los siguientes actos administrativos:

1 Al cual se acumularon los procesos 3109-2018, 5792-2018, 5794-2018, 5954-2018, 0523-2019, 0525-2019, 3221-2019. 2 Omar Andrés Vargas López, José Leonardo Mondragón Largo, Berta Lucy Mayor Coronado, Juan Carlos Loaiza Quintero, Bernardo Varela Clavijo, Mario Germán Aguirre Quintero, Dinectry Andrés Aranda Jiménez. 3 En adelante CNSC2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018) Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros 2.1. Decreto 1597 del 30 de noviembre de 2016, por medio del cual se adoptó el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la administración central del departamento del Valle del Cauca.

2.2. Decreto 1 -3-0634 del 28 de mayo de 2018 que modif icó y adicionó el anterior.

2.3. Decreto 1-3-0636 del 28 de mayo de 2018, por el cual se ajustó el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones.

específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones.

2.4. Como pretensión subsidiaria, además del Acuerdo CNSC -2017000000346 del 28 de noviembre de 2017, pidió la declaratoria de nulidad de los Acuerdos CNSC-2018000001216 del 16 de junio de 2018 -que modificó el primeroy CNSC -20181000003636 del 10 de septiembre de 2018compilatorio-.

3. Las normas violadas y los reparos planteados en contra de l acto administrativo

mencionado fueron los siguientes:

3.1. Artículos 31 de la Ley 909 de 2004, 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 y 3 del Decreto 051 de 2018 4: el acto de convocatoria fue expedido únicamente por la CNSC, a pesar de que estas normas y el concepto 2307 del 19 de agosto de 2016 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Ci vil de esta Corporación prevén que también deberá estar suscrita por el jefe de la entidad u organismo, con el fin de garantizar la materialización de los principios de colaboración y coordinación establecidos en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política. Asimismo, aquella no tiene el contenido mínimo requerido en el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005.

3.2. Artículos 11, literal c, de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.3 -6 del Decreto 1083 de 2015: la CNSC omitió indicar el número de la convocatoria y señal ar la

de 2005.

3.2. Artículos 11, literal c, de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.3 -6 del Decreto 1083 de 2015: la CNSC omitió indicar el número de la convocatoria y señal ar la denominación, código, grado salarial, asignación básica, número de empleos por proveer, ubicación, funciones y el perfil de competencias, así como la información sobre las inscripciones y las pruebas -fecha, hora y lugar-.

4 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018) Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros 3.3. Artículo 29 de la Constitución Política: en la convocatoria, la CNSC no publicó la OPEC5 de la gobernación del Valle del Cauca en la página web ni en el aplicativo virtual de SIMO6.

3.4. Artículos 7 del Decreto 1227 de 2005 y 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 : la norma «no prevé la realización de concursos públicos de méritos generales, sino solamente la realización de procesos de selección específicos para el cargo y la entidad respectiva». La convocatoria 437 de 2017, en realidad, se dirigió a un concurso general, en el cual participaron 48 entidades públicas.

4. Adicionalmente, en el proceso 3221-2019 se citó y argumentó lo siguiente:

4.1. El departamento del Valle del Cauca no realizó las metodologías de diseño

general, en el cual participaron 48 entidades públicas.

4. Adicionalmente, en el proceso 3221-2019 se citó y argumentó lo siguiente:

4.1. El departamento del Valle del Cauca no realizó las metodologías de diseño organizacional y ocupacional en el análisis de los procesos técnicos misio nales y de apoyo, la evaluación de la prestación de servicios ni las evaluaciones de funciones, perfiles y cargas de trabajo.

4.2. Artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015: los manuales de funciones fueron expedidos sin los estud ios técnicos que demostraran la necesidad de los cambios de perfiles y funciones; además, no cumplieron con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general como lo ordenaba el artículo 2.2.12.3 ibidem.

4.3. Artículos 345 de la Constitución Política, 71 del Decreto 111 de 1996 y 30 de la Ley 909 de 2004 : el departamento del Valle del Cauca no realizó la planeación para adelantar el concurso meritocrático y la CNSC no solicitó la certificación de disponibilidad presupuestal.

2.1. La solicitud de medida cautelar

5. Los argumentos expuestos por la parte demandante para solicitar la suspensión de los efectos del Acuerdo CNSC-2017000000346 del 28 de noviembre de 2017 ,

se expusieron así:

Proceso Argumento 5794-2018 5954-2018 0523-2019 0525-2019 De conformidad con los artículos 229 a 231 del CPACA, «por violación manifiesta de las disposiciones de superior jerarquía

Proceso Argumento 5794-2018 5954-2018 0523-2019 0525-2019 De conformidad con los artículos 229 a 231 del CPACA, «por violación manifiesta de las disposiciones de superior jerarquía invocadas en la demanda, vulneración que surge del análisis del acto administrativo demandado y su confrontación con las normas superior invocadas como violadas» (SIC).

5 Oferta pública de empleos. 6 Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018) Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros 5953-2018 La medida cautelar es necesaria para garantizar, provisionalmente, el proceso y la efectividad de la sentencia, por cuanto, de continuar con el proceso de selección convocado, «los participantes que presentaron las pruebas, las superan, obtienen mayores puntajes y ocupan los primeros lugares en lista de elegibles consolidas expectativas legítimas y derechos adquiridos, por lo que la posterior sentencia de nulidad del Acuerdo no tendría efectividad»

(SIC).

Suspensión de las actuaciones administrativas y con el propósito de conjurar el perjuicio irremediable, pues los actores, en la actualidad, ocupan uno de los cargos en provisionalidad. 3109-2018 Se vulneraron las «disposiciones de superior jerarqu ía invocadas en la demanda», como son: los artículos 1, 6, 29, 121, 123, 287 de la Constitución Política; 11 y 31 de la Ley 909 de 2004; 7 y 13 del

la demanda», como son: los artículos 1, 6, 29, 121, 123, 287 de la Constitución Política; 11 y 31 de la Ley 909 de 2004; 7 y 13 del Decreto 1227 de 2005; 2.2.5.3.2. del Decreto 648 de 2017. Los argumentos principales fueron: (i) no se publi có la OPEC; (ii) se infringió el principio de legalidad; (iii) el acto administrativo no fue suscrito por el representante legal de la entidad beneficiaria del concurso; (iv) no se cumplió con los requisitos de la convocatoria; y (v) la prohibición de adelantar concursos públicos generales.

También solicitó la suspensión del procedimiento administrativo , con base en que ocupaba un empleo en provisional. 3221-2019 Las personas que superen las etapas del concurso sufrirían un perjuicio irremediable porque perderían los derechos adquiridos, al igual que el departamento del Valle del Cauca por las demandas que tendría que asumir por la nulidad del concurso.

La entidad territorial no planificó el presupuesto para el concurso de méritos , sino que tuvo que pa gar a la CNSC la suma de $1.688.196.027 «sin contar con una certificación de disponibilidad presupuestal».

3. La oposición

6. Dentro del término de traslado, la CNSC solicitó que se desestimara y se negara la medida cautelar, con los siguientes argumentos.

7.1. En ejercicio de sus competencias legales realizó , junto con los municipios y la gobernación del Valle del Cauca , la planeación del proceso de selección, con el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del sistema general de carrera

7.1. En ejercicio de sus competencias legales realizó , junto con los municipios y la gobernación del Valle del Cauca , la planeación del proceso de selección, con el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del sistema general de carrera administrativa de sus plantas de personal. Por su parte, el departamento del Valle del Cauca consolidó la OPEC a través del SIMO, como fue certificada por la gobernadora y el jefe de talento humano con el radicado 20176000373932 del 5 de junio de 2017.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018)

Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros

7.2. El 21 de marzo de 2018 se publicó en la página web la convocatoria firmada por la gobernadora del Departamento de Valle del Cauca y la presidenta de la CNSC; allí se indicó el número de empleos y para esos efectos se remitió al Acuerdo 201710000346 de noviembre de 2017. El 8 de junio de 2018 se informó a la ciudadanía que la publicación de la OPEC requería un aviso informativo previo publicado por la CNSC, en virtud de los ajustes pendientes por parte del departamento del Valle del Cauca y, el 15 de junio de 2018 , se publicó la OPEC en el enlace SIMO.

7.3. Con la publicación del Acuerdo 2017100000316 del 28 de noviembre de 2017 solo se anunciaron las reglas del concurso, no se trataba de la apertura del proceso de selección, la cual ocurrió el 21 de marzo de 2018 a través de la convocatoria suscrita por el presidente de la CNSC y la gobernadora del

2017 solo se anunciaron las reglas del concurso, no se trataba de la apertura del proceso de selección, la cual ocurrió el 21 de marzo de 2018 a través de la convocatoria suscrita por el presidente de la CNSC y la gobernadora del Departamento de Valle del Cauca. Esta etapa cumplió con lo previsto en el artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015 porque la venta de derechos de participación e inscripciones se inició el 16 de julio de 2018 y la OPEC fue publicada un mes antes.

7.4. El 12 de abril de 2019 fueron publicados los resultados definitivos de la fase de verificación de requisitos mínimos, de manera que suspender la convocatoria afectaría a 82 .182 ciudadanos que confiaron en el principio constitucional de prevalencia del mérito.

7. En el proceso 3109-2018, la CNSC advirtió que la Subsección A de esta Sección ordenó la suspensión del proceso de selección 437 de 2017, en lo relacionado con la alcaldía del municipio de Santiago de Cali; no obstante, en auto del 28 de febrero de 2019 se levantó la medida cautelar por considerar que la convocatoria sí cumplió con el requisito de suscripción del presidente de la CNSC y el representante legal de la entidad territorial.

8. En virtud del auto proferido el 22 de febrero de 2023, por el cual se corrió el traslado de la medida cautelar para los procesos 5794 -2018, 0523 -2019, 05252019 y 3221-2019, la entidad demandada informó que ya fueron conformadas las listas de elegible s de los empleos ofertados en la OPEC por la gobernación de l

2019 y 3221-2019, la entidad demandada informó que ya fueron conformadas las listas de elegible s de los empleos ofertados en la OPEC por la gobernación de l Valle del Cauca, las cuales cobraron firmeza, conforme con lo establecido en el artículo 54 del acuerdo de convocatoria.

9. El departamento de Valle del Cauca guardó silencio.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018)

Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros

II. Consideraciones

1. El problema jurídico

10. Se circunscribe a establecer lo siguiente:

10.1. ¿El Acuerdo CNSC-2017000000346 del 28 de noviembre de 2017 expedido por la CNSC debe suspenderse provisionalmente porque fue expedido de manera unilateral por la CNSC, en contravía del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 que establece que la convocatoria y en general todos los documentos que la soportan deben estar suscritos por el presidente de la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del concurso?

10.2. ¿Procede la suspen sión provisional de los acuerdos acusados porque el departamento de Valle del Cauca no realizó la planeación presupuestal para adelantar el concurso de méritos y la CNSC no solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal?

10.3. ¿El acuerdo debe ser suspe ndido provisionalmente porque la CNSC adelantó un «concurso general» en contravía de los artículos 7 del Decreto 1227 de 2005 y 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015?

adelantó un «concurso general» en contravía de los artículos 7 del Decreto 1227 de 2005 y 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015?

10.4. ¿Es procedente la suspensión provisional del acto demandado porque la CNSC omitió indicar e l número de convocatoria, así como la denominación, código, grado, número de los empleos y la información sobre las inscripciones y las pruebas a aplicar?

11. Con miras a resolver el anterior planteamiento, el despacho seguirá la siguiente estructura exposit iva: en primer lugar, se precisarán algunos aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y , en segundo lugar, se examinará la medida cautelar; para tal efecto, los cargos se resolverán en el orden propuesto en la solicitud.

2. Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo

12. El artículo 229 de l CPACA señala que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso par a «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».7

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Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros

13. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales se

encuentra al tenor literal las siguientes:

dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales se encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Pone nte cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demanda da para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

14. En el artículo 231 ibidem, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe ac reditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende

administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe ac reditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán probarse estos. La norma prevé lo siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal vio lación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el de mandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderac ión de8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018) Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018) Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.».

15. De las normas antes analizadas 7 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en 3 categoría s, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de

procedencia específicos8. Veamos:

15.1. Requisitos de procedencia, generales o comun es de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces , los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo 9; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos

protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo 9; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos en los que opera de oficio10.

15.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte de l juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectivida d de la sentencia 11; y (2) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda12.

7 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 8 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente N°: 11001 -03-25-000-2014-00942-00. N° interno: 2905 -2014. Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 9 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 10 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 11 Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

Vivienda Ciudad y Territorio. 9 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 10 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 11 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 12 Artículo 230, Ley 1437 de 2011.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018) Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros 15.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos se de nominan «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las categorías de medida cautelar enlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA.

Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pre tende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda13 así: (a) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la s olicitud14; y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios15.

15.4. Requisitos de procedencia específicos para las demás medidas cautelares

de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios15.

15.4. Requisitos de procedencia específicos para las demás medidas cautelares diferentes de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautelares di ferentes -medidas cautelares positivas 16de la de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos adicionales: (a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación d e intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y (d) que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse los efectos de la sentencia serían nugatorios17.

16. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo antes descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos

13 Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes par a el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.

en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes par a el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar. 14 Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011. 15 Artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011. 16 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5. 17 Artículo 231, inciso 3°, numerales 1° a 4°, Ley 1437 de 2011.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018) Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida; es decir, se trat a de una percepción inicial y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

17. Teniendo claridad en lo relacion ado con las medidas cautelares en la Jurisdicción Contencioso -administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, se procede a estudiar el reparo expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud del cuales se formuló el problema jurídico a resolverse en esta providencia.

3. Solución del caso concreto. Análisis del despacho

solicitud de medida cautelar, en virtud del cuales se formuló el problema jurídico a resolverse en esta providencia.

3. Solución del caso concreto. Análisis del despacho

3.1. Primer problema jurídico: vulneración del artículo 31 de la Ley 909 de 2004

18. La parte demandante argumentó que la CNSC dio apertura a la convocatoria 426 de 20 16 sin contar con la solicitud de la entidad para que se iniciara el proceso y, a pesar de la existencia del concepto 2307 del 19 de agosto de 2016 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación (en el que se indicó que el acto de l a convocatoria debe ser expedido conjuntamente con la entidad cuyos cargos van a ser provistos), no la subsanó. Igualmente, alegó que el acto de convocatoria no fue suscrito por el jefe de la entidad, requisito sine qua non de validez.

19. El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 prevé:

«Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso . El proceso de selección comprende:

1. Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo , es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los aspirantes.

(…)».

20. La norma transcrita impone, tanto a la CNSC como a la entidad que busca proveer mediante concurso de méritos empleados idóneos que ocupen de forma11

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018)

proveer mediante concurso de méritos empleados idóneos que ocupen de forma11

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01703-00 (5953-2018) Demandante: Amador Sánchez Chamorro y otros permanente las vacantes de su planta de personal, la obligación de realizar todo el proceso de selección de manera conjunta y coordinada.

21. Hasta hace poco la interpretación del artículo 31.1 de la L ey 909 de 2004 era un tema que generaba amplia discusión, puesto que no resultaba clara su redacción, lo que generó múltiples dificultades para su interpretación y para establecer si la convocatoria de un concurso de méritos debía estar suscrita tanto por el presidente de la C NSC como por el jefe de la entidad beneficiaria del concurso de méritos. Para mayor claridad, a continuación, se expondrán de manera resumida las posiciones jurisprudenciales, así como la tesis finalmente vigente sobre el sentido y alc ance de la norma que se invoca como vulnerada en la demanda.

22. Inicialmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación en concepto 2307 del 19 de agosto de 2016 proferido en el expediente 1001 -03-06000-2016-00128-0018 señaló que el requisito de la concurrencia de firmas contenido en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era obligatorio, pues «la expresión utilizada por el legislador ( “deberá ser suscrita por” ) es imperativa y no admite en este punto una interpretación diferente» . En atención al mencionado criterio de la Sala de Consulta, a manera de cautela, se ordenó la suspensión de los siguientes

expresión utilizada por el legislador ( “deberá ser suscrita por” ) es imperativa y n