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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cinco (05) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2019-00068-00 (0315-2019)

Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras

Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil1 y otros

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR __________________________________________________________________

Asunto

El despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo CNSC -20161000001276 del 28 de julio de 2016, así como el que lo adiciona, est o es el Acuerdo CNSC -2016-000001416 de 2016, expedidos por la CNSC para establecer las bases de la Convocatoria 426 de 2016, por la que se abrió el concurso público de méritos para proveer varios empleos de carrera de las diferentes empresas sociales del Estado.

I.- Antecedentes

1. La demanda y la solicitud de medida cautelar.

1.1. La demanda

1. La parte demandante pretendió la nulidad de los Acuerdos CNSC20161000001276 del 28 de julio de 2016 «[p]or el cual se convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la pl anta de personal

20161000001276 del 28 de julio de 2016 «[p]or el cual se convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la pl anta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado objeto de la presente Convocatoria, “Convocatoria No. 426 de 2016. – Primera Convocatoria E.S.E.» y su modificatorio, CNSC -2016-000001416 del 3 0 de septiembre de 2016; en consecuencia, solicitó que se orden ara a la CNSC que iniciara nuevamente el proceso en todas sus etapas y con arreglo a la ley.

2. Las normas violadas y l os reparos planteados en contra de los actos administrativos mencionados fueron los siguientes:

1 En adelante CNSC2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00068-00 (0315-2019) Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras 2.1. Artículos 1, 2, 53, 55 y 153 de la Constitución Política y el 31 de la Ley 909 de

2004. La CNSC dio apertura a la convocatoria 426 de 2016 sin contar con la solicitud de la entidad para que se iniciara el proceso y, a pesar de la exi stencia del concepto 2307 del 19 de agosto de 2016 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación (en el que se indicó que el acto de la convocatoria debe ser expedido conjuntamente con la entidad cuyos cargos van a ser provistos), no la subsanó ; es decir que «lo lógico» era que se suscribiera «un convenio o acuerdo interpartes (sic) entre la entidad y la CNSC en la cual se establezcan

ser provistos), no la subsanó ; es decir que «lo lógico» era que se suscribiera «un convenio o acuerdo interpartes (sic) entre la entidad y la CNSC en la cual se establezcan los compromisos y responsabilidades en las cuales se obligan a las partes y luego si (sic) se firma la convocatoria por el representante legal de la entidad hospitalaria y el presidente de la CNSC para ya ser publicada». El acto de convocatoria no fue suscrito por el jefe de la entidad, requisito sine qua non de validez.

2.2. Artículo 7 de la Ley 1033 de 2 006 y Decreto Ley 760 de 2005 . Es un riesgo que se ponga en marcha una convocatoria para la provisión de empleos sin que se cuente con la disponibilidad presupuestal de las entidades de salud , especialmente de la ESE San Juan de Dios de Pamplona que se enc ontraba en alto riesgo financiero como lo catalogó el Ministerio de Salud en el año 2015 . La CNSC, de manera unilateral y autónoma, administró todo el proceso e impuso el deber de pagar los costos del concurso.

2.3. Convenios 98, 151 y 154, así como la Recome ndación 159 de la OIT. La CNSC violó los derechos al trabajo y a la negociación colectiva porque desconoció que 3 centrales sindicales del sector salud firmaron unos acuerdos con la Nación para la redacción de un proyecto de ley que tenía por objeto que el Congreso de la República confiriera facultades especiales pro tempore al gobierno nacional para expedir un régimen laboral especial para los trabajadores.

2.4. La solicitud de medida cautelar

3. La parte demandante solicitó que «se prohíba avanzar con la convo catoria (…) que

expedir un régimen laboral especial para los trabajadores.

2.4. La solicitud de medida cautelar

3. La parte demandante solicitó que «se prohíba avanzar con la convo catoria (…) que afecta lo atinente a la entidad de salud E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona y de todas aquellas E.S.E. que se encuentran en algún tipo de riesgo financiero o tengan ACUERDO (sic) o CONVENIO (sic) suscrito con la CNSC, previo a la convocatoria» porque se afectan los derechos laborales y representa un riesgo financiero para las entidades. Solicitó que se apli cara la sentencia 00326 proferida por la Subsección A de esta sección el 23 de agosto de 2018.3

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Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras

3. La oposición

4. Dentro del té rmino de traslado, la CNSC y algunas empresas sociales del Estado solicitaron que se desestimara y se negara la medida cautelar , con los siguientes argumentos.

4.1. CNSC: según el artículo 130 de la Constitución Política , esta es la entidad encargada de admin istrar y vigilar la carrera administrativa y de ninguna manera se puede crear una figura de coadministración al convidar a los jefes de las entidades en el acto de convocatoria ; de esa manera, tampoco puede predicarse la existencia de un acto administrativ o complejo ni estructurante de la voluntad administrativa, sino que debe entenderse que la suscripción solo tiene un alcance de orden operativo.

4.2. Sanatorio de Contratación ESE: de los hechos expuestos por la parte

administrativa, sino que debe entenderse que la suscripción solo tiene un alcance de orden operativo.

4.2. Sanatorio de Contratación ESE: de los hechos expuestos por la parte demandante no se infiere un perjuicio irre mediable y, en todo caso, la medida cautelar sería ineficaz porque la convocatoria 426 de 2016 ya surtió todos sus efectos.

4.3. Hospital Local de Puerto López ESE: las personas que participaron en la convocatoria ya fueron nombradas y posesionadas en la enti dad y la suspensión de los actos administrativos resultaría más gravosa para el interés general.

5. Las demás empresas sociales del Estado se pronunciaron por fuera del término, toda vez que (i) el auto que corrió el traslado de la medida cautelar fue proferido el 27 de febrero de 2019; (ii) el 31 de mayo del mismo año se envió el correo electrónico a las entidades; (iii) el término de 5 días empezó a correr el 4 de junio2 y venció el 10 de junio de 2019; y (iv) los escritos de oposición se presentaron desde el 11 de junio siguiente en adelante.3

2 Como se observa en la constancia de traslado expedida e se día (cuaderno de medida cautelar, folio 149). 3 Se precisa que si bien existe una constancia de la Secretaría de esta Sección de fecha 19 de junio de 2019 en la que se informó que el proceso quedaba a disposición «de la demandada y otros, del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término de cinco (5) días, para efectos de lo establecido en el artículo 233 del CPACA» , ello

otros, del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término de cinco (5) días, para efectos de lo establecido en el artículo 233 del CPACA» , ello obedeció únicamente a que las ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen del Municipio de El Colegio y Hospital San Juan de Dios del Muni cipio de Carmen de Viboral solicitaron nuevamente la notificación porque no se había surtido en debida forma.4

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Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras

II. Consideraciones

1. El problema jurídico

4. Se circunscribe a establecer lo siguiente:

4.1. ¿Los Acuerdos CNSC -20161000001276 del 28 de julio de 2016 y CNSC2016-000001416 del 30 de septiembre de 2016 expedidos por la CNSC debe n suspenderse provisionalmente porque fueron expedidos de manera unilateral por la CNSC, en contravía del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 que establece que la convocatoria y en general todos los documentos que la soportan, deben estar suscritos por el presidente de la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del concurso?

4.2. ¿Es procedente la suspensión provisional de los actos demandados porque la CNSC, de manera autónoma y unilateral, administró todo el proceso a pesar de que las entidades de salud no contaban con la disponibilidad presupuestal para desarrollar el concurso de méritos?

4.3. ¿Los acuerdos deben ser suspendidos provisionalmente porque se transgredieron los derechos al trabajo y a la negociación colectiva, así como lo s

desarrollar el concurso de méritos?

4.3. ¿Los acuerdos deben ser suspendidos provisionalmente porque se transgredieron los derechos al trabajo y a la negociación colectiva, así como lo s Convenios 98, 151 y 154 y la Recomendación 159 de la OIT , en razón a que la CNSC desconoció que previamente se había suscrito un acuerdo con 3 centrales sindicales para radicar un proyecto de ley en el que se confirieran facultades pro tempore al preside nte de la República para expedir un régimen laboral especial para los trabajadores?

5. Con miras a resolver el anterior planteamiento, el despacho seguirá la siguiente estructura expositiva: (i) en primer lugar, se precisarán algunos aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y (ii) en segundo lugar, se examinará la medida cautelar ; para tal efecto, los cargos se resolverán en el orden propuesto en la solicitud.

2. Las medidas cautelares en la jurisdicci ón de lo ContenciosoAdministrativo

6. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el obj eto del proceso y la efectividad de la sentencia».5

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Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras

7. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para

Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras

7. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales se

encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

/

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuic io o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

8. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el cas o de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en

8. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el cas o de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las n ormas superiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán probarse estos. La norma señala expresamente lo

siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya dem ostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.6

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Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos

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3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios m otivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.».

9. De las normas antes analizadas 4 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en 3 categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de

procedencia específicos5. Veamos:

9.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo

requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativ o6; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio7.

9.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte del juez un análisis val orativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia 8; y (2) que la medida cautelar

4 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 5 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente N°: 11001 -03-25-000-2014-00942-00. N° interno: 2905 -2014. Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 6 Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

interno: 2905 -2014. Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 6 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 7 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 8 Artículo 229, Ley 1437 de 2011.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00068-00 (0315-2019) Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda9.

9.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos se denominan «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las categorías de medida cautelar enlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda10 así: (a) si la demanda ti ene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud 11; y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas

las pruebas aportadas con la solicitud 11; y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existe ncia de los perjuicios12.

9.4. Requisitos de procedencia específicos para las demás medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautelares diferentes -medidas cautelares positivas 13a la de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos adicionales: (a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resulta ría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y (d) que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse los efectos de la sentencia serían nugatorios14.

9 Artículo 230, Ley 1437 de 2011. 10 Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el

control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar. 11 Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011. 12 Artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011. 13 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5. 14 Artículo 231, inciso 3°, numerales 1° a 4°, Ley 1437 de 2011.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00068-00 (0315-2019)

Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras

10. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo antes descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida; es decir, se trata de una percepción inicial y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

11. Teniendo claridad en lo relacionado con las medidas caut elares en la Jurisdicción Contencioso -administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, se procede a estudiar el reparo expuesto en la demanda y en la

11. Teniendo claridad en lo relacionado con las medidas caut elares en la Jurisdicción Contencioso -administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, se procede a estudiar el reparo expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud del cuales se formuló el problema jurídico a resolverse en esta providencia.

3. Solución del caso concreto. Análisis del despacho

3.1. Primer problema jurídico: vulneración de los a rtículos 2º, 13 y 95 de la Constitución Política y alcance del artículo 31 de la Ley 909 de 2004

12. La parte demandante argumentó que la CNSC dio apertura a la convocatoria 426 de 2016 sin contar con la solicitud de la entidad para que se iniciara el proceso y, a pesar de la existencia del concepto 2307 del 19 de agosto de 2016 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación (en el que se indicó que el acto de la convocatoria debe ser expedido conjuntamente con la entidad cuyos cargos van a ser provistos), no la subsanó. Igualmente, alegó que el acto de convocatoria no fue suscrito por el jefe de la entidad, requisito sine qua non de validez.

13. El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 prevé:

«Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso . El proceso de selección comprende:

1. Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo , es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los aspirantes.

Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo , es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los aspirantes. (…)”.

14. La norma transcrita impone, tanto a la CNSC, co mo a la entidad que busca proveer mediante concurso de méritos, empleados idóneos que ocupen de forma9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00068-00 (0315-2019) Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras permanente las vacantes de su planta de personal, la obligación de realizar todo el proceso de selección de manera conjunta y coordinada.

15. Hasta hace poco la interpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era un tema que generaba amplia discusión, puesto que no resultaba clara su redacción, lo que generó múltiples dificultades para su interpretación y para establecer si la convocatoria de un concurs o de méritos debía estar suscrita tanto por el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil como por el jefe de la entidad beneficiaria del concurso de méritos. Para mayor claridad, a continuación, se expondrán de manera resumida las posiciones ju risprudenciales, así como la tesis finalmente vigente sobre el sentido y alcance de la norma que se invoca como vulnerada en la demanda.

16. Inicialmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, mediante concepto del 19 de agosto de 2016, id entificado con el número 2307, proferido en el expediente 1001 -03-06-000-2016-00128-0015, señaló que el

mediante concepto del 19 de agosto de 2016, id entificado con el número 2307, proferido en el expediente 1001 -03-06-000-2016-00128-0015, señaló que el requisito de la concurrencia de firmas contenido en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era obligatorio, pues «la expresión utilizada por el legislado r ( “deberá ser suscrita por”) es imperativa y no admite en este punto una interpretación diferente» . En atención al mencionado criterio de la Sala de Consulta, a manera de cautela, se ordenó la suspensión de los siguientes procesos de selección: Convocator ia 328 de 2015 (SDH) 16, Convocatoria 428 del 2016 ( entidades del sector Nación), 17 Convocatoria 429 de 2016 (Antioquia)18 y Convocatoria 434 de 201619, entre otros.

17. En un segundo momento, en auto de ponente del 27 de junio de 2018 20, esta Corporación recalcó nuevamente que la suscripción de la convocatoria a concurso público por parte del presidente de la CNSC y el jefe de la entidad u organismo beneficiario del proceso de selección es un requisito formal de obligatorio cumplimiento. No obstante, se indicó que la carencia del mismo no siempre tendría la virtualidad de invalidar el acto de llamado o de convocatoria a concurso.

15 Con ponencia del consejero Germán Bula Escobar 16 110010325000201601189 00(5266 -2016) C.P. Sandra L isset Ibarra Vélez; demandante: Clara Cecilia López Barragán, demandadas: Secretaria Distrital de Hacienda y CNSC

16 110010325000201601189 00(5266 -2016) C.P. Sandra L isset Ibarra Vélez; demandante: Clara Cecilia López Barragán, demandadas: Secretaria Distrital de Hacienda y CNSC 17 Providencia de 23 de agosto de 2018, C.P. William Hernández Gómez; expediente: 11001 -0325-000-2017-00326-00(15632017) 18 Providencia de 17 de mayo de 2018, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente: 1100103-25-000-2016-01071-00(4780-16) 19 Providencia de 7 de septiembre de 2018, C.P. César Palomino Cortés; expediente: 11001 -03-25000-2018-00188-00(0690-18) 20 Auto interlocutorio por el cual se resolvió una solicitud de medida cautelar, en el expediente: 11001032500020170021200(1219-2017): demandante Pedro Emilio Rodríguez Velandia y otros; demandadas: CNSC y otros. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00068-00 (0315-2019)

Demandante: Olga Margarita Cruz Contreras

18. En la mencionada providencia se indicó que al juez le corresponde dilucidar en cada caso concreto, la clase de requisito formal cuyo cu mplimiento se echa de menos y se aduce como causal de anulación de un acto administrativo. Precisó la providencia, además, que la competencia de la CNCS para convocar concursos no puede ejercerse de manera unilateral, primero, porque son las entidades las que, conociendo sus necesidades del servicio, reportan ante el Departamento

providencia, además, que la competencia de la CNCS para convocar concursos no puede ejercerse de manera unilateral, primero, porque son las entidades las que, conociendo sus necesidades del servicio, reportan ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, y ante la CNCS, los empleos vacantes, y, en segundo lugar, porque los concursos, por su costo, afectan el presupuesto de las entidades benefic iarias de los mismos. Y en esa medida, la convocatoria a proceso de selección es el resultado de toda una actuación administrativa compleja desarrollada de manera coordinada, entre la CNSC y las entidades u organismos destinatarias de las listas de elegibl es. De tal forma, que si bien la exigencia contenida en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 constituye una formalidad sustancial y no meramente accesoria, en virtud del principio del «efecto útil de la norma» 21 no habría lugar a suspender el concurso, to da vez que, en ese caso, se logró probar la coordinación institucional entre la CNSC y la entidad convocante, para la realización de la etapa preliminar, de planeación y ejecución del proceso de selección.

19. Finalmente, el pleno de la Sección Segunda del Co nsejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 201922, al resolver de fondo una demanda de nulidad de varios acuerdos de la CNSC, fijó su interpretación y alcance del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. El criterio vigente de esta Corporación allí establ ecido, consiste en que si bien la norma obliga a que las convocatorias a concurso de méritos sean suscritas por la CNSC y las entidades beneficiarias de dichos

la Ley 909 de 2004. El criterio vigente de esta Corporación allí establ ecido, consiste en que si bien la norma obliga a que las convocatorias a concurso de méritos sean suscritas por la CNSC y las entidades beneficiarias de dichos procesos de selección, el hecho de que dichos actos administrativos sólo sean firmados por la CN SC, en los eventos en los que se demuestre que las entidades que no firmaron, sí participaron en la etapa de planeación de la convocatoria, no constituye «per se» una irregularidad, pues, se entiende cumplido el fin de la norma que está referido a garantiz ar que los concursos de méritos se desarrollen en un marco de coordinación interadministrativa23.

21 Ver Dueñas Ruíz, Óscar José. Lecciones de Hermenéutica Jurídica. Universidad del Rosario. 4ª Edición. http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1010/Lec%20Hermeneutica%204.pdf?seq uence=1. Ver entre otras las sentencias T-001 de 1992 y C-499 de 1998. 22 Radicado 11001 -03-25-000-2016-01017-00, Número