CE - 110010325000201900396001SENTENCIA20230627094528

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019)

Demandante: Pensiones de Antioquia

Demandado: María de los Ángeles Martínez Cárdenas

Tema: Causales de revisión, literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 201 4 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral de Descongestión, por medio de la cual se confirmó de forma parcial el fallo de primera instancia dictad o por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín el 28 de septiembre de 2012, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María de los Ángeles Martínez Cárdenas contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

Pensiones de Antioquia , en ejercicio de la acción de revisión establecida en el

Cárdenas contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

Pensiones de Antioquia , en ejercicio de la acción de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó la revisión de la sentencia proferida el 14 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral de Descongestión, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-31-026-2011-00528-01, que confirmó de manera parcial el2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín el 28 de septiembre de 2012, por medio del cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María de los Ángeles Martínez Cárdenas contra esa entidad, encaminadas a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, toda vez que modificó la fecha del último año de prestación de servicios y excluyó d e la reliquidación los factores de creación extralegal.

Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia del 14 de mayo de 2014; y ii) declarar que María de los Ángeles Martínez Cárdenas no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los emolumentos de salario percibidos en el último año de labores.

de 2014; y ii) declarar que María de los Ángeles Martínez Cárdenas no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los emolumentos de salario percibidos en el último año de labores.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Pensiones de Antioquia, a través de la Resolución 84 del 9 de marzo de 2009, le reconoció a María de los Ángeles Martínez Cárdenas pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, equivalente al 75% de lo devengado sobre el salario promedio de los 10 últimos años, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales sobre los que cotizó enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en una cuantía de $1.9 69.561, a partir del retiro definitivo del servicio , acto administrativo que fue confirmado al resolver el recurso de reposición interpuesto en su contra, por medio de la Resolución 206 del 26 de mayo de 2009.

• Mediante el Oficio 130.04.04 del 10 de agosto de 2010, Pensiones de Antioquia le negó la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los emolumentos de salario que percibió en el último año de labores.

• En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, María de los Ángeles Martínez Cárdenas presentó demanda contra Pensiones de Antioquia con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 84 del 9 de marzo de 2009

• En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, María de los Ángeles Martínez Cárdenas presentó demanda contra Pensiones de Antioquia con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 84 del 9 de marzo de 2009 y 206 del 26 de mayo de ese año y del Oficio 130.04.04 del 10 de agosto de 2011 y en consecuencia pidió que se ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores de salario que percibió en el último año de servicios, asunto que correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín, el que, por medio de la sentencia del 28 de septiembre de 2012 accedió

a las pretensiones, para lo cual resolvió:

«(…)3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución Nº 084 de 2009 por medio de la cual se reconoció a la señora MARIA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ CÁRDENAS la pensión de vejez, en lo que hace referencia a los factores salariales tenidos en cuenta para calcular el monto de la misma.

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de la Resolución número 00206 del 26 de mayo de 2009 y el oficio acto administrativo número 130.04.04, radicado 07829 del 10 de agosto de 2011 por medio de los cuales se negó el recurso contra la Resolución 0084 de 2009 y se negó la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de la totalidad

de agosto de 2011 por medio de los cuales se negó el recurso contra la Resolución 0084 de 2009 y se negó la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados por la demandante, respectivamente.

CUARTO: COMO CONSECUENCIA DE LAS ANTERIOR ES DECLARACIONES, se ordena a Pensiones de Antioquia, que reliquide y reajuste la pensión reconocida a la señora MARIA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ CÁRDENAS por medio de la Resolución número 084 de 2009, teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo que le hizo falta para adquirir la pensión incluyendo la totalidad de los factores sala riales devengados por la misma señora en el último año de servicios - 27 de octubre de 2008 al 27 de octubre de 2009 - en que se retiró de la entidad o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior; actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE. Se precisa que los siguientes son los factores salariales ordenados: prima de vacaciones, incentivo por antigüedad, prima de vida cara, auxilio de transporte y prima de Navidad. De la liquidación arrojada se pagará a la misma señora el 75%.

QUINTO: sobre los factores que no se hubieren efectuado aportes o cotizaciones, se autoriza a la demandada para que los calcule y descuente del retroactivo a reconocer, y en caso de no alcanzar esta suma, el saldo se descontará de las mesadas pensionales, según el acuerdo de pago al que lleguen las partes. Dicho cálculo se hará de manera indexada.

(…)»

en caso de no alcanzar esta suma, el saldo se descontará de las mesadas pensionales, según el acuerdo de pago al que lleguen las partes. Dicho cálculo se hará de manera indexada.

(…)»

• Inconforme con la decisión anterior, Pensiones de Antioquia interpuso recurso de apelación en su contra, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, S ubsección Laboral de Descongestión , mediante sentencia del 14 de mayo de 2014, en la que se confirmó parcialmente la providencia recurrida.

• A través de la Resolución 201 4030748 del 27 de noviembre de 201 4, en cumplimiento del fallo dictado el 14 de mayo de ese año Pensiones de Antioquia reliquidó la prestación otorgada a María de los Ángeles Martínez Cárdenas y, en consecuencia, elevó su monto a $2.264.881, a partir del 27 de noviembre de 2009.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión1

El Tribunal Administrativo de Antioquia, S ubsección Laboral en Descongestión , mediante sentencia proferida el 14 de mayo de 201 4, confirmó parcialmente la

1 Proceso adelantado bajo las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (CCA).4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia providencia dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín en el fallo del 28 de septiembre de 2012, que accedió a las súplicas de la demanda, pues modificó la fecha del último año de prestación de servicios y excluyó de la

en el fallo del 28 de septiembre de 2012, que accedió a las súplicas de la demanda, pues modificó la fecha del último año de prestación de servicios y excluyó de la reliquidación los factores de creación extralegal.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos2:

• María de los Ángeles Martínez Cárdenas es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 199 3, dado que para el 30 de junio de 1995 (fecha de entrada en vigencia de esa ley para los empleados del orden territorial) contaba con 44 años de edad. En consecuencia, p odía acceder a la pensión de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios.

• Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial la sentencia proferida el 4 de agosto de 20103, en el IBL pensional se deben tener en cuenta todos los factores de salario devengados en el último año de servicios, con los descuentos por concepto de aportes, toda vez que:

«(…) en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión

de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.»

• Al momento de liquidar las pensiones de jubilación solo es posible la inclusión de los factores salariales de creación legal, en virtud del mandato expreso previsto en el numeral 19, literal e) del artículo 150 de la Constitución Política. Por lo tanto, la prima de vida cara y el incentivo por antigüedad no pueden tenerse en cuenta para tal fin al ser de naturaleza extralegal, pues fue ron instituidos por medio de ordenanza.

• María de los Ángeles Martínez Cárdenas renunció a su cargo el 27 de noviembre de 2009, por lo que su último año de prestación de servicios transcurrió entre el 27 de noviembre de 2008 y esa fecha y no como lo estableció el a quo, esto es, del 27 de octubre de 2008 al 27 de octubre de 2009.

2 Folios 104 a 117. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia 1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo

Demandante: Pensiones de Antioquia 1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20034, para lo cual expuso los siguientes argumentos5:

• La decisión objeto de revisión vulneró el derecho al debido proceso, por cuanto desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-258 de 2013, que determinó que la pensión de los beneficiarios del régimen de transición se liquida conforme con las reglas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del régimen anterior , para dar aplicación a la providencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, en la que se consideró que, en esos casos, deberá tenerse en cuenta en su integridad la Ley 33 de 1985, lo que implica que la prestación se liquidará con todos los factores devengados en el último año de servicio.

• El derecho reconocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral de Descongestión, excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

• Así las cosas, María de los Ángeles Martínez Cárdenas , al estar cobijada por el régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tiene que ver con el IBL, el cual se encuentra regulado en el artículo

régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tiene que ver con el IBL, el cual se encuentra regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

• En cumplimiento de la orden objeto de revisión, se reliquidó la pensió n y en consecuencia su monto se elevó $2.264.881, generándose una diferencia de

4 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Traba jo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judici al o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o

solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 5 Samai, índice 18, documento 20_ED_CDFolio1A_DDA NELCY DEL SOCORRO BARGUIL DE DUMAR.pdf(. PDF) NroActua 18.6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia $295.320, es decir un incremento del 14.99% de lo inicialmente reconocido, lo que repercutió negativamente en las finanzas del fondo.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

María de los Ángeles Martínez Cárdenas solicitó que se declare infundada la acción de revisión al considerar que no se vulneró el debido proceso y la cuantía del derecho reconocido no excedió lo debido, toda vez que6:

• La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue definida por el juez competente, con la correcta notificación de las decisiones, el respeto de las garantías en todas las actuaciones adelantadas, facili tó el derecho de defensa y contradicción, en la oportunidad legal se celebraron las correspondientes audiencias, se dispuso correctamente la aplicación e interpretación de las normas legales del régimen de transición pensional que regulan el caso y con la valoración correspondiente de las pruebas allegadas al proceso.

• La decisión fue sustentada y fundamentada en concordancia con los criterios jurisprudenciales dispuestos al respecto por el Consejo de Estado en la sentencia

correspondiente de las pruebas allegadas al proceso.

• La decisión fue sustentada y fundamentada en concordancia con los criterios jurisprudenciales dispuestos al respecto por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 , aplicable al caso para el momento de la decisión Judicial.

1.4. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1 .º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA7.

6 Samai, índice 23. 7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marzo de 20198, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal

competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral de Descongestión, se profirió con vulneración del debido proceso y, en consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii ) ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 9 de la Ley 797 de 2003 10 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.» 9 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales qu e en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales qu e en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 10 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre lo s Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.»8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con

Demandante: Pensiones de Antioquia En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso , o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» , la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen11.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que , si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan ». En tal sentido, se han definido los siguientes12:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y a quellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi co, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi co, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

11 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 12 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia s del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez

Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales.»13

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.»14

2.3.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.»14

2.3.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de la citada norma (1 º de abril de 1994 y 30 de junio de 1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente), se estipuló un régimen de transición en el artíc ulo 36 ibidem, en el cual se estableció lo siguiente:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren

13 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren

13 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00396-00 (2754-2019) Demandante: Pensiones de Antioquia afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.»

Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si es mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.

Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de la transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto de 201015 así se refirió al tema:

«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio

«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión