CE - 110010325000201900650001SENTENCIA20230712215924

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Gustavo Claro Santiago Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Pensión gracia. __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del 12 de junio de 2019, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar el 29 de septiembre de 2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), por conducto de apoderada judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del 12 de junio de 2019, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar el 29 de septiembre de 2017, que había accedido2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP parcialmente a las pretensiones de la demanda , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20 001 33 33 003 2014 00277 01.

Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que el señor Gustavo Claro Santiago, en atención a las Sentencias C -479 de 1998, C -915 de 1999 y C954 de 2000, no tiene derecho al reconocimiento de una pensión gracia; y ii) ordenar al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la sentencia objeto de revisión.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, l a apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 4 de noviembre de 1956, nació el señor Gustavo Claro Santiago.

1. El señor Gustavo Claro Santiago prestó sus servicios en los siguientes períodos

y entidades:

siguientes:

1. El 4 de noviembre de 1956, nació el señor Gustavo Claro Santiago.

1. El señor Gustavo Claro Santiago prestó sus servicios en los siguientes períodos y entidades: - Desde el 1.° de marzo de 1977 hasta el 30 de noviembre de 1977, en la Alcaldía de Aguachica, Cesar , como docente municipal, por virtud del nombramiento realizado mediante el Decreto 26 de 1977.

• Desde el 3 de julio de 1990 hasta el 22 de julio de 2019, en la Secretaría de Educación de Valledupar, vinculado como docente nacional, nombrado por virtud del Decreto 87 de 1990.

1. El 9 de marzo de 2012, a través de la Resolución UGM 037418, CAJANAL negó al señor Claro Santiago el reconocimiento de una pensión gracia, con fundamento en que no se tenía certeza frente al tipo de vinculación de los tiempos laborados en el municipio de Valledupar desde el 3 de julio de 1990.

1. El 29 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, mediante sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:1

1 Folios 161 al 173 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)

Demandante: UGPP

[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. UGM 037418 del 9 de marzo del 2012, por medio de las cuales (sic) CAJANAL EICE en liquidación hoy Unidad

Demandante: UGPP

[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. UGM 037418 del 9 de marzo del 2012, por medio de las cuales (sic) CAJANAL EICE en liquidación hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, negó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia al demandante, por las consideraciones indicadas en esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP, a reconocer y pagar la pensión gracia a GUSTAVO CLARO SANTIAGO, identificado con C.C. 18.913.345 a partir del 7 de agosto del 2009; y liquidada con el 75 % de todo lo devengado en el último año en que consolidó su estatus pensional, esto es, entre el 7 de agosto del 2008 al 7 de agosto del 2009, con los reajuste[s] anuales de ley, por los motivos esbozados anteriormente.

[…] QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las declaraciones que anteceden. […] (Resaltado original del texto)

1. El 12 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de segunda instancia,2 en el sentido de confirmar la providencia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar. vi) El 20 de junio de 2019, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Cesar.

segunda instancia,2 en el sentido de confirmar la providencia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar. vi) El 20 de junio de 2019, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

1. El 29 de julio de 2019, la Secretaría de Educación de Valledupar a través del Oficio VAL2019ER10651, informó que el señor Gustavo Claro Santiago tiene vinculación de carácter nacional y que la fuente de financiación de recursos corresponde a la Nación.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Cesar, el 12 de junio de 2019, confirmó la providencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, el 29 de septiembre de 201 7, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Gustavo Claro Santiago contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:3

2 Folios 154 al 160 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 3 Folios 154 al 160 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP i) El reproche de la entidad demanda, en el recurso de apelación, consiste en que en el período comprendido entre el 3 de mayo al 21 de junio de 1990 y desde el 3 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2016, el señor Claro Santiago tuvo una vinculación de origen nacional, con independencia de que el acto administrativo

de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2016, el señor Claro Santiago tuvo una vinculación de origen nacional, con independencia de que el acto administrativo de nombramiento lo hubiese proferido una entidad territorial. ii) En cuanto a la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, es preciso señalar que la valoración no se centra en la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestará los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos temporales; a efecto de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913.

1. En la sentencia de unificación del 21 de ju nio del 2018,4 el Consejo de Estado fijo entre otras reglas, aquella según la cual, para demostrar la calidad de docente territorial se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo y en los que se pueda establecer que la plaza a ocupar tiene la calidad de territorial o la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo de vinculación.

1. Por su parte , respecto al requisito de la edad, está demostrado que el docente nació el 4 de noviembre de 19 56 y, que al momento de solicitar el reconocimiento de una pensión gracia el 28 de octubre de 2010, tenía más de 50 años de edad.

En cuanto al requisito de buena conducta, se acreditó que el actor durante su desempeño como docente actuó con honradez, consagración e idoneidad, además no ha sido sancionado disciplinariamente.

En cuanto al requisito de buena conducta, se acreditó que el actor durante su desempeño como docente actuó con honradez, consagración e idoneidad, además no ha sido sancionado disciplinariamente.

1. En lo relacionado con el tiempo de servicio , se acreditó que el demandante fue nombrado inicialmente por el alcalde de Aguachica, Cesar, como maestro en la Vereda de El Limoncito, desde el 1.° de marzo hasta el 30 de noviembre de 1977 , esto es por 8 meses y 29 días . Posteriormente, fue designado, por el alcalde

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP municipal de Agustín Codazzi, como docente nacionalizado en el Colegio Nacionalizado Luis Giraldo, desde el 3 de mayo hasta el 21 de junio de 1990 , es decir, 4 meses y 18 días.

Finalmente, fue nombrado como docente nacionalizado en propiedad en el Colegio Nacionalizado Rafael Salazar del municipio de Gamarra desde el 3 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2016, siendo antes trasladado al Instituto Técnico La Esperanza, para un total de 26 años, 4 meses y 19 días.

1. Contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, se observa qu e el actor en los

Esperanza, para un total de 26 años, 4 meses y 19 días.

1. Contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, se observa qu e el actor en los períodos del 3 de mayo al 21 de junio de 1990 y desde el 3 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2016, fue nombrado por los alcaldes municipales de Codazzi y de Gamarra, Cesar, respectivamente, mediante los Decretos 036 de 1990 y 087 de 1990, lo que quiere decir que la plaza a ocupar era nacionalizada, tal como se indicó en los actos de nombramiento.

Ahora, si bien en la certificación emitida por la Secretaría de Educación Municipal se indica que el tipo de vinculación a la docen cia en el período reprochado era nacional, lo cierto es que existen pr uebas que demuestran lo contrario . En efecto, en los actos administrativos de nombramiento y posesión referidos, se indicó inequívocamente que la plaza a ocupar el demandante era nacionalizada, de manera que aquel lapso es computable para efectos de reconocer a su favor una pensión gracia.

En consecuencia, el actor sí acreditó 20 años de servicio en la docencia oficial territorial y nacionalizado.

1. Por lo expuesto, se imponer confirmar la sentencia apelada en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en esa medida, ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar una pensión gracia a favor del actor.

1.2. Las causales de revisión invocadas6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)

Demandante: UGPP

1.2. Las causales de revisión invocadas6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los

siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la Ley 114 de 1913, pues desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 121, 123 inciso 3.° y 124 de la Constitución Política, así como las Sentencias C-479 de 1998, C-915 de 1999 y C954 de 2000, emitidas por la Corte Constitucional, según las cuales los docentes nacionales no tienen derecho al reconocimiento de una pensión gracia.

1. El juzgador desconoció que entre el 19 de diciembre de 1968 y el 12 de agosto de 1993, los recursos del situado fiscal no dejaron de ser recursos de la Nación, por tratarse de una distribución de los Ingresos Corrientes de la Nación ( ICN) hacia los

Fondos Educativos Regionales (FER).

1. La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido al reconocimiento y pago de la pensión gracia a l señor Gustavo Claro Santiago, cuando no cumplía con los requisitos para ello, específicamente, los 20 años de servicio como docente del orden departamental, municipal o nacionalizado.

haberse accedido al reconocimiento y pago de la pensión gracia a l señor Gustavo Claro Santiago, cuando no cumplía con los requisitos para ello, específicamente, los 20 años de servicio como docente del orden departamental, municipal o nacionalizado.

Así, se acreditó por un lado, que los tiempos laborados por el demandado desde el de 1.° de marzo al 30 de noviembre de 1977 , fueron financiados con recursos del situado fiscal perteneciente a la Nación; por el otro, de conformidad con el certificado de historia laboral, expedido el 22 de julio de 2019, el período comprendido entre el 3 de julio de 1990 y el 22 de julio de 2019, estuvo vinculado como docente nacional.

1. Debe recordarse que los fondos educativos regionales administraban la educación con los recursos de la Nación , por lo que el acto administrativo de nombramiento, correspondía, en realidad, a una vinculación d e docente oficial de carácter nacional.7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP v) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, se reconoció una prestación sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor Gustavo Claro Santiago , por intermedio de apoderad a, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:5

1. El demandado se desempeñó como docente municipal porque de acuerdo con lo probado en el expediente fue nombrado por la entidad territorial Vereda El

prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:5

1. El demandado se desempeñó como docente municipal porque de acuerdo con lo probado en el expediente fue nombrado por la entidad territorial Vereda El Limoncito, esto es, mediante el Decreto 026 de 1977 y laboró en el municipio de Aguachica, Cesar desde el 1.° de marzo hasta el 30 de noviembre de 1977.

Posteriormente, entre el 3 de mayo de 1990 y el 21 de junio de 1990, prestó sus servicios en el Colegio Nacionalizado Luis Giraldo.

1. En ese orden, el señor Claro Santiago cumple con el requisito contenido en el literal a), numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, comoquiera que su vinculación en la docencia oficial se realizó con anterioridad al 31 de diciembre de

1980. Así mismo, demostró 20 años de servicio como docente nacionalizado en el sector oficial y 50 años de edad.

En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia, tal como lo ordenó el Tribu nal Administrativo del Cesar , en observancia a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, emitida por el Consejo de Estado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Asimismo, atendiendo

5 Memorial allegado por correo electrónico visible a índice 10 de la plataforma SAMAI. 6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

5 Memorial allegado por correo electrónico visible a índice 10 de la plataforma SAMAI. 6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.7

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier natura leza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».8

Finalmente, es oportuno señalar que conf orme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el

legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 20 de junio de 20199 y la acción especial de revisión se interpuso el 3 de septiembre de 2019,10 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 8 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la S entencia SU -427 de 2016, tambi én reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 9 Consta en el expediente digital del proceso ordinario , certificación emitida por e l Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la cual señala que el término de ejecutoria de la sentencia objeto de revisión finalizó el 20 de junio de 2019. Índice 12 visible en la plataforma SAMAI. 10 Folio 14 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.9

objeto de revisión finalizó el 20 de junio de 2019. Índice 12 visible en la plataforma SAMAI. 10 Folio 14 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019)

Demandante: UGPP

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, del 12 de junio de 2019, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la

providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del G obierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que pr esenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de

siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que pr esenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo or denado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido

sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos re lativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa ju zgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,12 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones

11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, ent onces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 12 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en e l Código de Procedimiento Civil, los

como fines esenciales del Estado». 12 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en e l Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.12

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00650-00 (4966-2019) Demandante: UGPP judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».13

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14

norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».15

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que