CE - 110010325000201900724001SENTENCIA20230713103419

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: José Hebert Cortés Moreno

Temas: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1, contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual se confirmó el fallo proferido el 25 de noviembre de 2016 por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por José Hebert Cortés Moreno.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó en ejercicio de la acción de revisión consagrada en el artículo 20

presentada por José Hebert Cortés Moreno.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó en ejercicio de la acción de revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la revisión de la sentencia proferida el 10 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-021-2015-00215-00 que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por José Hebert Cortés Moreno contra la UGPP y en consecuencia declaró la nulidad de las resoluciones 010333 del 3 de mayo de 2001, 24443 del 30 de agosto de 2002 y 52232 del 1° d e noviembre de 2007, y del Auto ADP 003143 del 6 de mayo de 2012 a través de los cuales le negó la solicitud de reliquidación de

1 En adelante UGPP.2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019) Demandante: UGPP la pensión en cuantía equivalente al 75 % del promedio mensual de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

Como consecuencia de lo anterior solicitó i) declarar que el señor José Hebert Cortés Moreno no tiene derecho a que su pensión de vejez sea reliquidada con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios ; ii) ordenar a la UGPP reliquidar y pagar la prestación de conformidad con lo

Cortés Moreno no tiene derecho a que su pensión de vejez sea reliquidada con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios ; ii) ordenar a la UGPP reliquidar y pagar la prestación de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36, en su defecto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y con los factores determinados en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se haya cotizado; y iii) restituir a la entidad los dineros percibidos y recibidos en exceso por la reliquidación de la mesada pensional con la correspondiente indexación.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• José Hebert Cortés Moreno nació el 11 de abril de 1945 y prestó sus servicios al Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero-Ambiental y Nuclear

(Ingeominas) entre el 8 de julio de 1968 y el 31 de diciembre de 2001, con interrupción de 116 días, esto es por un lapso de 32 años, 11 meses y 28 días.

• Mediante la Resolución 010333 del 3 de mayo de 2000, Canajal reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a José Hebert Cort és Moreno, en cuantía de $485.581.13, efectiva a partir del 1º de septiembre de 2000, con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario entre el 1 ° de abril de 1994 y el 30 de agosto de 2000, con la inclusión de la asignación básica, las bonificaciones por servicios prestados y por compensación y la prima de antigüedad.

promedio de lo devengado sobre el salario entre el 1 ° de abril de 1994 y el 30 de agosto de 2000, con la inclusión de la asignación básica, las bonificaciones por servicios prestados y por compensación y la prima de antigüedad.

• A través de la Resolución 545 del 29 de agosto de 2001, Ingeominas aceptó la renuncia de José Hebert Cortés Moreno a partir del 31 de octubre de 2001 al cargo de técnico operativo, 4080-9.

• Cajanal emitió la Resolución 24443 del 30 de agosto de 2002, por la cual reliquidó la prestación por retiro definitivo del servicio, con el 75% del promedio de lo devengado entre el 1 ° de abril de 1994 y el 30 de octubre de 2001, en cuant ía de $538.966.21, con la inclusión de la asignación básica , la s bonificaciones por servicios prestados y por compensación, y la prima de antigüedad.

• Mediante l as Resoluciones 23086 del 16 de mayo de 2006 , 52232 del 1º de noviembre de 2007 y 59017 del 4 de diciembre de 2008, Cajanal le negó la reliquidación de la prestación.3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019)

Demandante: UGPP

• José Hebert Cortés Moreno presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra los actos administrativos anteriores, la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado

de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra los actos administrativos anteriores, la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral de Bogotá mediante sentencia del 25 de noviembre de 2016 , quien dispuso anular los actos demandados, y conden ó a la UGPP a reliquidar la pensión con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es entre el 1° de noviembre de 2000 y el 31 de octubre 2001, con la inclusión del sueldo básico, la prima de antigüedad, el subsidio de alimentación, y las doceavas partes de la bonificación por servicios prestados, y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad; además excluyó las vacaciones en dinero.

• La anterior decisión fue confirmada por e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante sentencia de l 10 de agosto de 2018.

• Mediante la Resolución RDP 042616 del 26 de octubre de 2018, la UGPP di o cumplimiento a las sentencias anteriores, para lo cual tuvo en cuenta el 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios en cuantía de $638.978, efectiva a partir del 1º de noviembre de 2001, pero con efectos fiscales a partir de 16 de mayo de 2009 por prescripción trienal. En este acto se ordenó descontar la suma de $10.860.252 por concepto de aportes para pensión de factores de sal ario no efectuados. As imismo, inici ó las gestiones de cobro por

ordenó descontar la suma de $10.860.252 por concepto de aportes para pensión de factores de sal ario no efectuados. As imismo, inici ó las gestiones de cobro por concepto de aporte patronal a INGEOMINAS por valor de $32.580.756.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante sentencia proferida el 10 de agosto de 2018, confirmó el fallo de primera instancia con el cual el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda y en consecuencia i) declaró la nulidad de las resoluciones 010333 del 3 de mayo de 2001 , 24443 del 30 de agosto de 2002 , 59017 del 4 de diciembre de 2008 proferidas por Cajanal y del Auto ADP003143 del 6 de mayo de 2012 proferido por la UGPP ; y ii) condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de José H ebert Cortés Moreno de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, esto es, en cuantía equivalente al 75 % del promedio mensual de todos los salarios devengados durante el último año de servicios.4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019)

Demandante: UGPP

Para tal efecto, se pronunció en estos términos2:

• José Hebert Cortés Moreno es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985 , toda vez que a la entrada en vigencia de esa norma (13 de febrero de 1985) tenía más de 15 años de servicios y en consecuencia tiene derecho

• José Hebert Cortés Moreno es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985 , toda vez que a la entrada en vigencia de esa norma (13 de febrero de 1985) tenía más de 15 años de servicios y en consecuencia tiene derecho a acceder al beneficio pensional de conformidad con los requisitos establecidos en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, sin que se puedan exigir nuevos requisitos en virtud de la Ley 100 de 1993.

• El planteamiento de las sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 2015 proferidas por la Corte constitucional no es aplicable al caso en estudio, comoquiera que en ellas se hizo un análisis del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que no es la que rige la situación jurídica del demandante, pues, como se explicó, es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

• El causante tenía derecho a que su pensión fuera reconocida al cumplir 55 años de edad y 20 de servicio s, con base en el 75% del promedi o de lo devengado durante el último año de servicio según lo previsto en el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969 y conforme con los factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó la causal previstas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20033, para lo cual expuso los siguientes argumentos4:

2 Folios (…).

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó la causal previstas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20033, para lo cual expuso los siguientes argumentos4:

2 Folios (…). 3 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que im pongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimie nto sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 4 Índice 8, aplicativo Samai, documento denominado: «D110010325000201900724001EXPEDIENTEDIGITALCD1CuadernoPrincipal2020911212837 ».5

convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 4 Índice 8, aplicativo Samai, documento denominado: «D110010325000201900724001EXPEDIENTEDIGITALCD1CuadernoPrincipal2020911212837 ».5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019) Demandante: UGPP - Se configura la causal señalada, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso base de liquidación (IBL) y los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación.

• En el presente asunto se concedió la pensión con abuso del derecho y se vulneró la Constitución, porque se interpretó en forma equivocada el artículo 36 aludido y se desconocieron los precedentes obligatorios y vinculantes de la Corte Constitucional, por cuanto, para efectos de los factores salariales , se debe aplicar únicamente los contenidos en el Decreto 1158 de 1994, y se debe tener en cuenta el prome dio de los salarios devengados en el tiempo que le hacía falta para adquirir la pensión o los últimos 10 años.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

José Hebert Cortés Moreno se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:5

• La pensión se reconoció en atención al régimen de transición contenido en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, puesto que para el 13 de febrero de

razones que se expresan a continuación:5

• La pensión se reconoció en atención al régimen de transición contenido en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, puesto que para el 13 de febrero de 1985, fecha de entrada en vigencia de esta ley, él había laborado 16 años, 7 meses y 5 días; de manera que se le debían aplicar las condicion es establecidas en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.

• La anterior, tiene fundamento en la tesis planteada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, dentro del proceso con radicado 2006-07509-01; razón por la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aplicó el lineamien to que su superior jerárquico había expuesto en dicha providencia; es decir que para el momento en el que se produjo la decisión que se solicita infirmar, la posición adoptada por el órgano de cierre en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la decisión referida, según la cual, aquel también se rige por las normas anteriores a dicha ley.

• La sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018 por el Consejo de Estado, que recogió la postura contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, es posterior a la fecha de la se ntencia que se solicita infirmar. Además, en ella se dispuso que quedarían excluidas de la tesis allí fijada todas aquellas situaciones en las que ha operado la cosa juzgada, así como aquellas pensiones que fueron

dispuso que quedarían excluidas de la tesis allí fijada todas aquellas situaciones en las que ha operado la cosa juzgada, así como aquellas pensiones que fueron

5 Índice 10, aplicativo Samai.6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019) Demandante: UGPP reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, las que no pu eden considerarse como abuso del derecho o fraude a la ley, como infundadamente pretende la UGPP.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º , de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA6.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marzo de 20197, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

La sentencia revisada cobró ejecutoria el 23 de agosto de 20188 y la presente acción se radicó el 26 de septiembre de 20199, lo que permite concluir que se presentó dentro de la oportunidad señalada por el inciso 4° del artículo 251 del CPACA.

2.3. El problema jurídico

se radicó el 26 de septiembre de 20199, lo que permite concluir que se presentó dentro de la oportunidad señalada por el inciso 4° del artículo 251 del CPACA.

2.3. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de

6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» [Resalta la Sala]. 7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 8 Toda vez que se notificó el 17 de agosto de 2018, a través de correo electrónico, según consta en los folios 398 y 400 del expediente ordinario, visibles a índice 20 del aplicativo Samai. 9 Índice 8 aplicativo Samai, página 21.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019) Demandante: UGPP 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en e l artículo 20 10 de la Ley 797 de 2003 11 las

797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en e l artículo 20 10 de la Ley 797 de 2003 11 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso , o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con vio lación al debido proceso», la Sala

10 artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República

de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. 11 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019) Demandante: UGPP precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que , si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan ». En tal sentido, se han definido los siguientes13:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo

2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan ». En tal sentido, se han definido los siguientes13:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Púb lico, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al

aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si e l reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2 018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019) Demandante: UGPP Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial

Demandante: UGPP Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»14.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 15 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicios.

En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gast os de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones

14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00724-00 (5481-2019) Demandante: UGPP de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los si guientes términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

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PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

De lo anterior se advierte que los emplead os públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicios y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión.

En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 es el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley 6.a de 194517, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspe