CE - 110010325000201900752001SENTENCIA20230711214300
Detalles
- Título
- CE - 110010325000201900752001SENTENCIA20230711214300
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Carmen Elisa Medina Álvarez Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 16 de noviembre de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Treinta Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, el 19 de septiembre de 201 6, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad a judicial, pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 16 de noviembre de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Treinta Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, el 19 de septiembre de 2016, que2
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Carmen Elisa Medina Álvarez contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 11 001 33 35 030 2015 00327 02.
Con fundamento en lo anterior, además, solicita i) declarar que la señora Carmen Elisa Medina Álvarez, no tiene derecho a que se reliquide su mesada pensional con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio ; y ii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por
ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C258 de 2013, SU230 de 2015 y SU023 de 2018.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:
- El 28 de agosto de 1947, nació la señora Carmen Elisa Medina Álvarez . Prestó sus servicios en el Fondo Educativo Regional de Bogotá desde el 26 de junio de 1980 hasta el «29 de noviembre de 2003»1 y el último cargo que desempeñó fue el de secretaria, código 540 -10 en la Institución Educativa Distrital José Asunción
Silva.
- El 28 de agosto de 2002, la señora Carmen Elisa Medina Álvarez adquirió el estatus jurídico pensional.
- El 15 de abril de 2003, a través de la Resolución 07687 la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada, en cuantía de $ 448.840,78, a partir del 1.° de septiembre de 2002, condicionada al retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, se tomó una tasa de
1 Pese a que la UGPP manifiesta que la señora Carmen Elisa Medina Álvarez laboró en el Fondo Educativo Regional de Bogotá hasta el 29 de noviembre de 2003, la Sala advierte que de
1 Pese a que la UGPP manifiesta que la señora Carmen Elisa Medina Álvarez laboró en el Fondo Educativo Regional de Bogotá hasta el 29 de noviembre de 2003, la Sala advierte que de conformidad con la certificación emitida por la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación de Bogotá, aquella estuvo vinculada en la referida entidad hasta el 1.° de julio de 2003. Folio 25 del cuaderno del proceso ordinario.3
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP reemplazo del 75 % del promedio devengado en 8 años y 5 meses de servicio, esto es, desde el 1.° de abril de 1994 hasta el 30 de agosto de 2002, de conformidad con la Ley 33 de 1985 . Posteriormente, la prestación fue reliquidada por la Resolución 36946 del 8 de noviembre de 2005, en cuantía de $ 487.321,30.
- El 17 de octubre de 2014, mediante la Resolución RDP 031620 la UGPP negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy demandad a, la cual fue confirmada por las Resoluciones RDP 036275 del 28 de noviembre y RDP 036807 del 3 de diciembre de 2014.
- El 19 de septiembre de 2016, el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Carmen Elisa Medina Álvarez contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Carmen Elisa Medina Álvarez contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2
Primero.- Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 031620 del 17 de octubre de 2014, RDP 036275 del 28 de noviembre de 2014 y RDP 036807 del 3 de diciembre de 2014, por medio de la cual (sic) la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPnegó la reliquidación de la pensión de vejez y resolvió negativamente los recursos interpuestos por CARMEN ELISA MEDINA ÁLVAREZ, de conformidad con lo expuesto en la presente audiencia.
Segundo.- Ordenar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPreliquidar la pensión de vejez reconocida a CARMEN ELISA MEDINA ÁLVAREZ […] a partir del 1 de septiembre de 2002, sobre el 75 % del salario devengado en los diez (10) últimos años anteriores a la fecha de retiro definitivo teniendo en cuenta asignación básica, auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados, y las primas de antigüedad, navidad, vacaciones, semestral y servicios, en la proporción que corresponda, que acredite la demandante como percibidos durante el periodo citado, acorde con lo expuesto.
Tercero.- Ordenar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPpagar a la demandante el valor
expuesto.
Tercero.- Ordenar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPpagar a la demandante el valor de las diferencias de las mesadas que resultaren a su favor de la reliquidación de la pensión y los reajustes anuales de ley, a partir del 7 de julio de 2011, por prescripción trienal, para el cual podrá hacer los descuentos que por concepto de aportes, debidamente indexados, deba realizar CARMEN ELISA MEDINA ÁLVAREZ sobre los factores que no se efectuaron descuentos durante toda la vida (sic) relación laboral, a la hora de efectuar el pago de la reliquidación, de conformidad con lo expuesto.
2 Folios 153A al 153C del cuaderno del proceso ordinario.4
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP […] Séptimo.- Denegar las demás súplicas de la demanda . […] (Resaltado original del texto)
- El 16 de noviembre de 20 17, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, en los siguientes términos:3
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: Se MODIFICA el numeral 2° del proveído impugnado, el cual quedará así:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: Se MODIFICA el numeral 2° del proveído impugnado, el cual quedará así:
Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, a reliquidar la pensión mensual de vejez de la señora CARMEN ELISA MEDINA ÁLVAREZ, con base en el 75 % del promedio de salarios devengados en el último año de servicios, esto es, del 1° de julio de 2002 al 1° de julio de 2003, incluyendo en la base de liq uidación: asignación básica, auxilio de alimentación, prima de antigüedad y las doceavas partes de los siguientes conceptos: prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios o semestral y bonificación por servicios , efectiva a partir del 1° de jul io de 2003, fecha de retiro del servicio, pero con efectos fiscales desde el 7 de julio de 2011, por prescripción trienal. […] (Resaltado original del texto).
- El 1.° de febrero d e 201 8, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
- El 3 de octubre de 2018, l a UGPP a través de la Resolución RDP 039924, dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 16 de noviembre de 2017,4 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Treinta Administrativo Oral de Bogotá, Sección
3 Folios 200 al 205 del cuaderno del proceso ordinario. 4 Folios 200 al 205 del cuaderno del proceso ordinario.5
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP Segunda, el 19 de septiembre de 201 6, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Carmen Elisa Medina Álvarez contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
- Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador perci biera como contraprestación del servicio. Aquella interpretación fue reiterada en la sentencia del 9 de febrero de 2017.6
- Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en
del 9 de febrero de 2017.6
- Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de igualdad, confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica, progresividad y favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C -258 de 2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985.
- En el sub lite se acreditó que l a demandante es beneficiari a del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , en consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio comprendido entre el 1.° de julio de 2002 y el 1.° de julio de 2004, a saber: asignación básica, auxilio de alimentación, prima de antigüedad y las doceavas partes de las primas de vacaciones, de servicios o semestral y de navidad y bonificación por servicios.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09). 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de l 9 de febrero de 2 017, radicación 2500023420002013-0154101.6
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP Respecto a la bonificación por recreación es preciso señalar que no constituye factor salarial para efectos prestacionales , razón por la cual no se incluye en la reliquidación de la prestación.
- La pensión se reconoció con efectividad a partir del año 2003, luego se reliquidó en el año 2005, pero la actora solicitó la reliquidación hasta el 7 de julio de 2014 y presentó la demanda el 7 de abril de 2015, por lo que están prescritas las mesadas causadas antes del 7 de julio de 2011.
- En ese orden, se impone confirmar parcialmente la sentencia emitida en primera instancia, comoquiera que si bien reconoció que la demandante es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en ese sentido le era aplicable la Ley 33 de 1985, optó por acoger la tesis de la Corte Constitucional contenida en la Sentencia SU -230 de 2015, en lo atinente a la interpretación del cálculo del IBL.
No obstante, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia apelada, en el entendido de señalar la demandante tiene derecho a la
interpretación del cálculo del IBL.
No obstante, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia apelada, en el entendido de señalar la demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, a partir del 7 de julio de 2011, por prescripción trienal, en el equivalente al 75 % del promedio de salarios devengado en el último año de servicio y no en el período de los últimos 10 anteriores a la fecha del retiro del servicio definitivo, como lo aseveró el a quo. Para tal efecto, se deben incluir los siguientes factores: asignación básica, auxilio de alimentación, prima de antigüedad y las doceavas partes de las primas de vacaciones, de servicios o semestral y de navidad y bonificación por servicios.
1.2. La causal de revisión invocada
La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est a, expuso los siguientes argumentos:
- En el expediente se acreditó que l a señora Carmen Elisa Medina Álvarez es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de7
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP 1993, por ende el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden
de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En igual sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional, 7 criterio que constituye precedente obligatorio.
- El Decreto 1158 de 1994 recog e los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe l a demandada, comoquiera que, se insiste, adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.
- En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada por la señora Medina Álvarez se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
por la señora Medina Álvarez se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional. 1.3. Contestación a la acción especial de revisión
La señora Carmen Elisa Medina Álvarez, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:8
7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018. 8 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índices 14 de la plataforma SAMAI.8
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP i) La UGPP en lugar de enfocarse en la demostración de las presuntas causales invocadas, pretende a. generar una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate judicial que no propició al no haber interpuesto, dentro de término legal, el recurso de apelación a que tenía derecho; b. corregir algún yerro en la interpretación; o c. la aplicación retroactiva de las normas o criterios sobre el ingreso base de liquidación conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
- La decisión recurrida por un lado, se fundamentó en los precedentes jurisprudenciales vigentes 9 para la fecha de su expedición y por el otro, están
base de liquidación conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
- La decisión recurrida por un lado, se fundamentó en los precedentes jurisprudenciales vigentes 9 para la fecha de su expedición y por el otro, están protegidas por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe. En ese orden, el juzgador mantuvo la posición de reconocer la pensión de jubilación de acuerdo a la Ley 33 de 1985, incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
- Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo, cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida Corporación, no puede considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.
- La conducta desplegada por la entidad recurrente no está enmarcada dentro de los elementos mínimos de buena fe, porque pretende desconocer que la providencia recurrida quedó en firme bajo los parámetros legales y jurisprudenciales vigentes para la época en que se profirió. En consecuencia, al activar el sistema judicial y generar un desgaste en la administración de justicia, debe condenarse en costas y agencias en derecho a la UGPP.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
generar un desgaste en la administración de justicia, debe condenarse en costas y agencias en derecho a la UGPP.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
9 La demandada trae a colación la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009), emitida por esta corporación.9
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.10 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsecc ión a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.11
De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 200 3, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».12
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».12
Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 12 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado
12 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.10
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite , la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 1.° de febrero de 201813 y la acción especial de revisión se interpuso el 9 de octubre de 2019,14 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 16 de noviembre de 201 7, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Púb lico, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
13 Folio 212 reverso del cuaderno del proceso ordinario. 14 Folio 32 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.11
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
- Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
- Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
- Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
- De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la12
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00752-00 (5667-2019) Demandante: UGPP liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
- Igualmente, se entienden excluidos de su alcan ce los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la instituc ión de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró15 que el recurso extraordinario
lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA
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