CE - 110010325000201900974001SENTENCIA20230710200408

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00974-00 (6686-2019) Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandada: Alirio Mina Rosero

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas en los literales a) y b). Reliquidación pensión de jubilación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) contra la sentencia del 2 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, que accedió a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Alirio Mina Rosero.

ANTECEDENTES

Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, que accedió a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Alirio Mina Rosero.

ANTECEDENTES

La UGPP interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003 contra la sentencia del 2 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho recono cido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Alirio Mina Rosero , en ejercicio de la acción de n ulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Caja Nacional de Previsión Social -EICE- (en adelante CAJANAL) , con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución N°000018 del 03 de enero de 2001 , mediante la cual CAJANAL se reconoció la pensión jubilación y la nulidad total de las Resoluciones N°3970 del 11 de agosto de 2006 y N°21130 del 15 de mayo de 2008, a través de las cuales s e negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de2

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las cuales s e negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de2

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todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, conforme a la Ley 33 de 1985 y se resolvió el recurso de apelación, respectivamente.

Que como consecuencia de lo an terior, solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los factores devengados y que fueron pretermitidos desde el 1 de enero de 2005, ii) reconocer y pagar las sumas debidas en forma indexada y los intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA; y iii) cancelar las costas que resulten en el proceso.

Que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, el 16 de mayo de 2013 , profirió sentencia de primera instancia a través de la cual accedió a las pretensiones y ordenó reliquidar la pensión de jubilación, con una tasa de reemplazo del 75% de los factores salariales devengados durante el último año de servicio; al considerar que cumplía con los presupuestos para la aplicación del precedente jurisprudencial del 4 de agost o de 2010, emitido por el Consejo de Estado.

Inconforme con la anterior decisión la UGGP recurrió la decisión sustentando que los actos administrativos estaban conformes a derecho en atención a que estos se profirieron teniendo en cuenta los factores constitutivos de salario para la reliquidación de la pensión de jubilación aplicables al caso, es decir, el Decreto

los actos administrativos estaban conformes a derecho en atención a que estos se profirieron teniendo en cuenta los factores constitutivos de salario para la reliquidación de la pensión de jubilación aplicables al caso, es decir, el Decreto N°1158 de 1994 y la Ley 100 de 1993.

El 2 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca emitió sentencia confirmando la decisión de primera instancia; decisión que quedó ejecutoriada el día 13 de octubre de 20171.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo del Cauca , en sentencia del 2 de octubre de 2014, confirmó la sentencia del 16 de mayo de 2013, a través de la cual, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán declaró la nulidad parcial de la Resolución N°21130 del 15 de mayo de 200 8 y la nulidad total de la Resolución N°39700 del 11 de agosto de 2006 y N°000018 del 3 enero de 2001. En consecuencia, ordenó a CAJANAL reliquidar la pensión de jubilación del señor Alirio Mina Rosero, con una tasa de reemplazo del 75% de los factores sal ariales devengados durante el último año de servicio.

De igual manera, el Tribunal confirmó la decisión en el sentido de ordenar descontar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones sobre los factores que se ordenaron incluir, así como la declaratoria de la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 21 de diciembre de 2002.

1 De acuerdo con la constancia de ejecutoria obrante en la página 173 del

ordenaron incluir, así como la declaratoria de la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 21 de diciembre de 2002.

1 De acuerdo con la constancia de ejecutoria obrante en la página 173 del documento denominado « 27_110010325000201900974001RECIBEMEMORIAL20220830193033_27_RECIB EMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_1_2982022 -indice: 26_23 », obrante en el índice 27 de SAMAI.3

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Expresó que el señor Alirio Mina Rosero al 1 de abril de 1994, tenía 40 años y más de 15 años de servicio, razón por la cual quedó inmerso en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Que en virtud de lo anterior y de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 4 de agosto de 2010, el demandante en su condición de chofer del Instituto Nacional de Vías tenía derecho a acceder a una pensión de jubilación en los términos del Decreto 546 de 1971 (sic) y que como a la vigencia de la Ley 33 de 1985, esto es, 13 de febrero de 1985, el actor no tenía 15 años cotizados no fue beneficiario del régimen de transición previsto en dicha norma. Que el actor devengó durante el último año de servicios -31 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 1994 - los siguientes factores: sueldo básico, horas extras, recargo nocturno, prima de alimentación, prima de navidad y prima de vacaciones ;

Que el actor devengó durante el último año de servicios -31 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 1994 - los siguientes factores: sueldo básico, horas extras, recargo nocturno, prima de alimentación, prima de navidad y prima de vacaciones ; motivo por el cual debió liquidarse la pensión de jubilación con el promedio de dichos factores en cuantía del 75%. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación. Indicó que existió violación al debido proceso por cuanto con base en un criterio que no obra en ning una norma y , además, en desconocimiento del precedente jurisprudencial, se accedió a la re liquidación de una pensión en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, situación que generó un aumento en la mesada y que trae consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que la Nación debe administrar. Expresó que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional2, a partir de la cual determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3° o en el artículo 21 de dicha norma: criterios desarrollados a partir del estudio de la constitucionalidad de los apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 3, la exequibilidad del artículo

a partir del estudio de la constitucionalidad de los apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 3, la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 junto con las reglas del IBL para los beneficiarios del régimen especial de congresistas y su la reiteración del estudio en abstracto para todos los beneficiarios de régimen de transición. Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que el señor Alirio Mina Rosero , al estar cobijad o por el régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión en las condiciones de edad, tiempo de

2 En particular, las Sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018. 3 Sentencia C-168 de 19954

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servicios y monto, e ntendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985 , pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993. En cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe el hoy demandado, debe atenderse al Decreto 1158 de 1994, el cual contiene una lista taxativa de los emolumentos que ostentan la calidad de factores salariales. Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, por que la mes ada devengada incrementó en un

contiene una lista taxativa de los emolumentos que ostentan la calidad de factores salariales. Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, por que la mes ada devengada incrementó en un 38.85%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se traduce en un abuso palmario del derecho. Contestación de la acción especial de revisión El señor Alirio Mina Rosero , por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que se configuró el fenómeno de caducidad frente el recurso interpuesto puesto que la acción contra la providencia demandada con fecha de 2 de octubre de 2014 quedó en firme el día 2 de diciembre de 2014 y el auto admisorio de la demanda es del 21 de septiembre de 2020, fecha en la cual habían transcurrido 5 años y 9 meses. Por otra parte, señaló que tanto la decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Popayán como por el Tribunal Administrativo del Cauca fueron analizadas de cara a la normativa vigente en el momento de la actuación y se ajustan a derecho en el entendido que se dio aplicación al parámetro jurisprudencial que existía cuando se profirió la decisión, según el cual, la liquidación pensional debe realizarse con el promedio de todos los factores salariales devengados por el actor en el último año de servicio en cuantía del 75%. Concepto del Ministerio Público

La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Concepto del Ministerio Público

La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que la parte demandada en su intervención solicitó se declarará la improcedencia la acción especial de revisión, la Sala entrará, previa formulación del problema jurídico, a examinar esta cuestión.5

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Cuestión previa

La Subsección precisa que, si bien no se desconoce que ni para el recurso extraordinario de revisión ni para la acción especial de revisión el CPACA prevé la posibilidad de proponer excepciones previas, se estima pertinente abordar el argumento relativo a la caducidad de la acción de revisión , en la medida que hace parte de la defensa del pensionado.

En criterio del demandado la acción no procede porque la decisión atacada quedó ejecutoriada el pasado 3 de diciembre de 2014 y toda vez que el auto admisorio fue proferido el 21 de septiembre de 2020, se superó el término de 5 años que trae la norma que regula el recurso. Frente al término para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe precisarse que el artículo 251 del CPACA dispone que en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, así es claro que el plazo se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la decisión judicial

en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, así es claro que el plazo se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la decisión judicial y hasta el momento en que es presentado el recurso. En el presente asunto se adv ierte que el recurso fue interpuesto por la UGPP el 3 de diciembre de 2019 y que la decisión de segunda instancia proferida por el 2 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Cauca quedó ejecutoriada el 03 de diciembre de 2014, esto es , sin que la oportunidad para presentar la acción hubiera caducado. Por las razones expuestas, la Subsección advierte que el recurso fue presentado en el término legal, razón por la cual no es de recibo el argumento propuesto por la parte demandada y, en consecuencia, se entrará a estudiar de fondo el asunto. Problema jurídico

Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación del señor Alirio Mina Rosero, como beneficiari o del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de l 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a los siguientes tópicos: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causales de revis ión invocadas en la demanda; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

Para el efecto, la Sala hará referencia a los siguientes tópicos: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causales de revis ión invocadas en la demanda; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y finalmente, examinará el caso concreto.6

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Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones4 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 5 por al

de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 5 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido que son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el recon ocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación7.

Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves ca sos de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimie ntos

4 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional. 5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (21294 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional. 5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (212912), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría - para promover la revisión, quienes eran terceros en el p roceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]” 6 Ibidem. 7 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.7

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pensionales de manera irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judicialmente las pensiones que se hayan sido reconocidas con violación al debido proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.

Así, el fin principal de esta revisión está en salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira8.

prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira8.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La apoderada de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la recurrente encuadran en las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la prestación fue irregularmente otorgada o contraria a lo previsto y ordenado en la ley. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Con fines metodológicos se real izará una exposición sucinta de las causales especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como

de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado 9 como la Corte Constitucional10 son concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV) 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-201801884-00(REV) 10 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.8

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derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii ) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,

juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003 , obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»11. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la Re pública la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem estaba dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si

11 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72229

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son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de

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son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C -258 de 2013, SU -230 de 2015 y SU -247 de 2016, entre otras, la

Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C -258 de 2013, SU -230 de 2015 y SU -247 de 2016, entre otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de un lado, el Consejo de Estado venía sosteni endo que el IBL lo constituían los factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas

sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la L ey 33 de 1985.».10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00974-00 (6686-2019)

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran e