CE - 110010325000201901013001SENTENCIA20230718214703

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Héctor Enrique Berrio Córdoba

Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, IBL de la Ley 33 de 1985

SENTENCIA

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, de 27 de noviembre de 2014, que confirmó la del Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Quibdó, de 28 de enero de 2014, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP pidió infirmar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, proferir una nueva

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP pidió infirmar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, proferir una nueva decisión en la que se declare lo siguiente:

SEGUNDA: Declarar que a el (sic) señora BERRIO CORDOBA HECTOR ENRIQUE, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora (sic) de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, y en su lugar, ordenar la reliquidación y pago de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3 del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposicione s que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con incidencia pensional y fijando como MONTO PENSIONAL O TASA DE REEMPLAZO el 75% previsto en lo devengado en los diez últimos años de servicio; por haber adquirido su status pensional conf orme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes.2

años de servicio; por haber adquirido su status pensional conf orme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes.2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, reliquidar y pagar la mesada pensional del señor BERRIO CORDOBA HECTOR ENRIQUE, conforme a las reglas previstas en las sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017 y SU631 de 2017 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3 del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL O TASA DE REEMPLAZO el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de los últim os diez años de servicio;

incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL O TASA DE REEMPLAZO el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de los últim os diez años de servicio; por haber adquirido su status pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad accionante señaló los siguientes:

1. El señor Héctor Enrique Berrio Córdoba nació el 8 de diciembre de 1939 1 y prestó sus servicios al Estado, en el Ministerio de Salud y Protección Social , desde el 11 de junio de 1974 hasta el 29 de diciembre de 1995, y desde el 1 de enero de 1996 hasta el 15 de enero de 1998, siendo su último cargo el de ayudante 6025-06.2

1. El 26 de enero de 1996 , mediante la Resolución 0461, la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, en cuantía de $102.888,07, efectiva a partir del 1 de septiembre de 1995 y condicionada a su retiro definitivo del servicio. Lo anterior, teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 8 meses y 8 días , con inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.3

1. El 7 de mayo de 1999, a través de la Resolución 5298, Cajanal reliquidó la pensión del señor Berrío por nuevo s tiempos de servicio y retiro definitivo , y elevó la cuantía a

1. El 7 de mayo de 1999, a través de la Resolución 5298, Cajanal reliquidó la pensión del señor Berrío por nuevo s tiempos de servicio y retiro definitivo , y elevó la cuantía a $235.955,16; no obstante las mismas condiciones del reconocimiento.4

1. El 28 de noviembre de 2012, mediante la Resolución RDP17625, Cajanal le negó la reliquidación de su pensión de vejez. 5

1. El 11 de febrero de 2013, a través de la Resolución RDP5865, Cajanal resolvió un recurso de reposición contra el anterior acto administrativo y lo confirmó.6

1. El 19 de febrero de 2013, mediante la Resolución RDP7599, Cajanal, al desatar el recurso de apelación contra la resolución del 28 de noviembre de 2012, la confirmó en todas y cada una de sus partes.7

1 Conforme a la copia simple de su Cédula de Ciudadanía, visible en el folio 72 de la demanda de revisión. 2 Según se desprende de la Resolución 00461 del 26 de enero de 1996, de reconocimiento pensional. Folios 74 al 76 3 Ibid. 4 Folios 90 al 92. 5 Folios 125 al 127 6 Folios 128 al 129 7 Folios 123 al 1253

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vii) El señor Héctor Enrique, por conducto de apoderado, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra Cajanal EICE en Liquidación (hoy UGPP), con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron la solicitud de reliquidación de su prestación y, como restablecimiento del derecho, pidió la reliquidación de su pensión en cuantía equivalente al 75% del promedio del salario devengado en su último año de servicio y la inclusión de todos los factores, conforme a la Ley 33 de 1985.

1. Mediante providencia 28 de enero de 2014 , el Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Quibdó accedió a las pretensiones de la demanda, de manera que declaró la nulidad de las resoluciones RDP17625 de 28 de noviembre de 2012, RDP5865 de 11 de febrero de 2013 y RDP7599 del 19 de febrero de 2013 y, como restablecimiento de su derecho, ordenó reliquid ar la pensión del señor Berrio en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a su retiro, tendiendo en cuenta todos los factores que hubiese percibido.8

1. Contra la anterior decisión, la UGPP presentó el correspondiente recurso de apelación, donde solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda, al considerar ajustados a la legalidad los actos administrativos demandados.

1. Contra la anterior decisión, la UGPP presentó el correspondiente recurso de apelación, donde solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda, al considerar ajustados a la legalidad los actos administrativos demandados.

1. El 27 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión de primera instancia.9

1.1.3. La sentencia objeto de revisión10

Se somete a revisión la sentencia d el Tribunal Administrativo del Chocó , de 27 de noviembre de 2014 , que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Héctor Enrique Berrío contra Cajanal EICE en Liquidación (hoy UGPP) , confirmó la del Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Quibdó, que accedió a las pretensiones de la demanda. Los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

1. El demandante es beneficiario del régimen de transición, toda vez que a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años de edad y 25 de servicio; por lo que tiene derecho a que su pensión se reconozca y liquide bajo las condiciones de la Ley 33 de 1985.

1. En ese sentido, el artículo 3.º de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 del mismo año, enlista cuáles son los factores salariales que conforman la base de liquidación de los empleados oficiales. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 4 de agosto de 2010, la norma en comento no señaló

empleados oficiales. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 4 de agosto de 2010, la norma en comento no señaló taxativamente los referidos factores, sino que enunció algunos, por lo que pueden incluirse otros que hayan sido devengados por el trabajador en su último año de servicio.

1. Así las cosas, conforme a las pruebas allegadas al proceso , se tiene que , durante su último año de servici o, el señor Berrío Córdoba devengó, además de los ya reconocidos, los siguientes conceptos: los auxilios de alimentación y transporte y las primas de navidad,

8 Folios 155 al 161 9 El contenido de la sentencia se resume en el siguiente punto. 10 Folios 178 al 1854

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios y vacaciones. De igual manera, también percibió la denominada bonificación por recreación; no obstante, como lo indicó el a quo, esta debe excluirse por no constituir factor salarial.

1. En consecuencia, le asiste el derecho a l demandante de que su pensión de vejez sea reliquidada con «la inclusión del 75% de todos los factores salariales devengados durante su último año de servicio, tales como sueldo básico, bonificación por servicios y las primas de alimentación, navidad, vacacional, transporte y de servicios, en sus doceavas partes según se hayan percibido anualmente.

su último año de servicio, tales como sueldo básico, bonificación por servicios y las primas de alimentación, navidad, vacacional, transporte y de servicios, en sus doceavas partes según se hayan percibido anualmente.

La sentencia cobró ejecutoria el día 12 de diciembre de 2014.11

1.1.4. La causal de revisión invocada

La UGPP considera que la providencia demandada está incursa en la causal de literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión de una sentencia judicial cuando «(…) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 12 Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

1. La sentencia comporta un abuso del derecho, pues la reliquidación de la pensión en los términos allí consignados excede lo debido según la normativa reguladora, ya que si bien «es indiscutible que el régimen especial (sic) aplicable al señor Berrio Córdoba Héctor es el contemplado en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (…)»,13 lo correcto sería «aplicar el promedio de los últimos 10 años o el tiempo que le hiciere falta con los factores salarial es enlistados en el Decreto 1158 de 1994, conforme lo establece [el] inciso tercero del artículo 36 concordante con el artículo 21 de dicha Ley».14

1. La decisión del Tribunal Administrativo del Chocó atenta contra la sostenibilidad fiscal del Estado y constituye un «abuso palmario del derecho» , comoquiera que la orden de

de dicha Ley».14

1. La decisión del Tribunal Administrativo del Chocó atenta contra la sostenibilidad fiscal del Estado y constituye un «abuso palmario del derecho» , comoquiera que la orden de reliquidación pensional no atendió debidamente al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a los precedentes vinculantes respecto de la forma de computar el ingreso base de liquidac ión de las personas sujetas al régimen de transición, en concreto, a las sentencias de la Corte Constitucional C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.

1.2. Contestación a la acción de revisión

1.2.1. El señor Héctor Enrique Berrío Córdoba, por conducto de su apoderado, se opuso a las pretensiones de la acción de revisión y solicitó declararla infundada. Lo anterior, porque considera que, como beneficiario del régimen de transición, le asistía el derecho a que su pensión fuera liquidada con base en la normativa anterior, esta es, la Ley 33 de 1985 y de forma inescindible, con lo cual se le debían incluir en la operación todos los factores

11 Según el oficio del Tribunal Administrativo del Chocó, que obra en el folio 186. 12 Folios 1 de la acción de revisión. 13 Folio 6. 14 Folio 9.5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co salariales que efectivamente devengó en su último año de se rvicio, tal como lo estimaron los funcionarios judiciales en ambas instancias.15

1.2.2. El ministerio público , a través del señor procurador tercero delegado ante esta corporación rindió concepto estimando infundado el recurso extraordinario, puesto que la providencia objeto de revisión fue expedida con un criterio jurisprudencial hermenéutico distinto y anterior al de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU -230 de 2015, posteriormente ratificada con las sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU395 de 2017, a través de las cuales se precisó y reiteró la interpretación respecto del alcance del régimen de transición general del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuya virtud el ingreso base de liquidación no hace parte de dicho régimen de transición pensional. De modo que la decisión objeto del recurso extraordinario se ajusta al contexto normativo y jurisprudencial vigente para la época.16

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La demanda, que en ejercicio de la acción de revisión ocupa la atención de la Sala, fue interpuesta el 10 de diciembre de 2019,17 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 ),18 por lo que esta corporación es competente para conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 ),18 por lo que esta corporación es competente para conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 249 ejusdem19. Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previ sto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.20

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza (…) a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».21

15 Índices 23 y 24 del aplicativo Samai. 16 Índice 22 del aplicativo Samai. 17 Folio 10 de la acción de revisión. 18 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012. 19 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

19 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribu nales Administrativos.» (Resalta la Sala). 20 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 21 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1.2. Legitimación

La Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016, consideró que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas Especiales de Decisión,22 ha admitido expresamente que la UGPP está habilitada para adelantar esta

se haya incurrido en un abuso del derecho.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas Especiales de Decisión,22 ha admitido expresamente que la UGPP está habilitada para adelantar esta clase de procesos. Adicionalmente, es conveniente resaltar que, según el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013,23 la UGPP tiene competencia para adelantar o asumir acciones de esta naturaleza.

2.1.3. Oportunidad

La UGPP invocó como causal de revisión la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En ese sentido, puesto que la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó quedó ejecutoriada el 12 de diciembre de 2014,24 y la acción especial de revisión se interpuso el 10 de diciembre de 2019 ,25 la presente demanda se encuentra dentro del término de los cinco años que prevé el artículo 251 del CPACA para estos eventos.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, de 27 de noviembre de 2014, está inmersa en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la revisión cuando «(…) la cuantía del d erecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 200326 estableció la posibilidad de revisar las providencias

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 200326 estableció la posibilidad de revisar las providencias judiciales que hubieran decretado (o decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las siguientes circunstancias:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . [Apartes tachados INEXEQUIBLES] Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 201 9, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP. 23 «Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las siguientes funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen. […]» 24 Según el oficio del Tribunal Administrativo del Chocó, que obra en el folio 186. 25 Folio 10 de la acción de revisión. 26 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan

24 Según el oficio del Tribunal Administrativo del Chocó, que obra en el folio 186. 25 Folio 10 de la acción de revisión. 26 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de ac uerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien el precepto jurídico transcrito indica que la acción de

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de ac uerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien el precepto jurídico transcrito indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, actualmente regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que presenta ciertas particularidades que han sido advertidas y señaladas tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

1. Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, como los autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como los de transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (artículo 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salv aguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público,

probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salv aguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inf eriores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01013-00 (6727-2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que estos mecanismos se instituyeron como una excepción que solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo o rdenado por la ley.

estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo o rdenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde reiteró 27 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,28 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.3.2. La causal de revisión invocada

La entidad demandante invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señala lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. […] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Sobre el particular, cabe recordar que en la exposición de motivos29 de la Ley 797 de 2003, que introdujo en el ordenamiento la acción de revisión, se precisó que el propósito de las causales de revisión era contrarrestar los graves casos de corrupción que se estaban

que introdujo en el ordenamiento la acción de revisión, se precisó que el propósito de las causales de revisión era contrarrestar los graves casos de corrupción que se estaban presentando en los reconocimientos pensionales en todo el país, de manera que se evitaran los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. Concretamente, se indicó lo siguiente:

Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. (Negrillas fuera del texto)

27 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valo r una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir

un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 28 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Pr