CE - 110010325000202000033001SENTENCIA20230710202726

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00033-00 (0034-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

(FONCEP) Demandado: Fernando Amador Rosas, sucesor procesal de la señora Nohora Consuelo Pilonieta de Amador

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas en los literales a) y b). Reliquidación pensión de jubilación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP) contra la sentencia de segunda instancia del 9 de noviembre de 2015 , proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, mediante la cual se confirmó y modificó parcialmente la decisión del Juzgado 10 Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, que accedió a

Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, mediante la cual se confirmó y modificó parcialmente la decisión del Juzgado 10 Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda dentro del pr oceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la señora Nohora Consuelo Pilonieta de Amador.

ANTECEDENTES

El FONCEP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 9 de noviembre de 2 015 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión d e providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Nohora Consuelo Pilonieta de Amador , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del FONCEP, con el fin de obtener la nulidad del Oficio N°2011EE2398-01 G.P-7407-2011 del 5 de diciembre de 2011 , mediante la cual el FONCEP negó la reliquidación de la2

con el fin de obtener la nulidad del Oficio N°2011EE2398-01 G.P-7407-2011 del 5 de diciembre de 2011 , mediante la cual el FONCEP negó la reliquidación de la2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00033-00 (0034-2020)

pensión de jubilación de la demandante, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, conforme a la Ley 33 de 1985.

Que como consecuencia de lo an terior, solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicio – prima técnica profesional, dominicales y festivos, trabajo suplementario, recargo nocturno, auxil io de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima de servicios, prima de antigüedad, prima de vacaciones, prima de desgate visual, prima de calor y prima de navidad extralegal-; ii) reconocer y pagar las sumas debidas en forma indexada junto con los intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA; y iii) cancelar las costas que resulten en el proceso.

Que el Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C., el 30 de agosto de 2013, profirió sentencia a través de la cual accedió a las pretensiones y ordenó reliquidar la pensión de jubilaci ón, con una tasa de reemplazo del 75% de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, al considerar que cumplía con los presupuestos para la aplicación del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, vigente para la época.

factores salariales devengados durante el último año de servicios, al considerar que cumplía con los presupuestos para la aplicación del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, vigente para la época.

Inconforme con la decisión el FONCEP interpuso recurso de apelación, argumentando que para determinar el reajuste de la pensión fueron reconocidos factores salariales que no se encuentran en la Ley y que como beneficiaria del régimen de transición la actora solo tenía derecho a que se aplicara l a Ley 33 de 1985 en cuanto edad tiempo de servicios y monto y no en lo relacionado a la base salarial ya que una interpretación diferente implicaría desconocer el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

El 9 de noviembre de 2015 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión , emitió sentencia a través de la cual confirmó la decisión de primera instancia; decisión que quedó ejecutoriada el día 25 de noviembre de 2015.

El 6 de julio de 2016 , el FONCEP dio cumplimiento a la sentencia en comento mediante Resolución N°SPE-GP0263, por la cual se reliquidó la mesada pensional de la señora Pilonieta de Amador.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN En la sentencia del 9 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión , confirmó parcialmente la decisión de declarar la nulidad del Oficio N°2011EE2398-01 G.P7407-2011 y modificó los factores sobre los cuales el FONCEP debía efectuar la

parcialmente la decisión de declarar la nulidad del Oficio N°2011EE2398-01 G.P7407-2011 y modificó los factores sobre los cuales el FONCEP debía efectuar la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Nohora Consuelo Pilonieta de Amador sobre una tasa de reemplazo del 75%, a saber: prima técnica profesional, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicios y/o semestral, prima de vacaciones y prima de navidad.3

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Expresó q ue no existía discusión sobre la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ello, estaba cobijada integralmente por las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, pues para el 1 de abril de 1994, la demandante contaba con más de 15 años de servicio y 35 años. Que, de acuerdo al pronunciamiento jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, los factores salariales que se deben reconocer en vigencia de la Ley 33 de 1985 al momento de determinar el IBL pensional de los empleadores oficiales , son todos aquellos que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica como contra prestación directa de sus servicios. Que en el último año de servicios esto es, entre el 15 de febrero de 1995 y el 15 de febrero de 1996, la accionante devengó valores por concepto de asignación básica, prima técnica profesional, dominicales y festivos, trabajo suplementario (recargo nocturno), auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima de

febrero de 1996, la accionante devengó valores por concepto de asignación básica, prima técnica profesional, dominicales y festivos, trabajo suplementario (recargo nocturno), auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima de servicios, prima de antigüedad, prima de vacaciones, prima de desgate visual, prima de calor y prima de navidad extralegal. Sin embargo, precisó que los factores denominados “prima de desgate visual ”, “prima de calor ”, “prima de antigüedad” y “prima de navidad extralegal ” no podían ser tenidos en cuenta a efectos de realizar la correspondiente reliquidación pensional pues, el primero de ellos fue creado por el Consejo Distrital cuando no tenía potestad para ello y los factores restantes fueron pactados en la Convenciones Colectivas suscritas por empleados de la Caja de Previsión Social. Finalmente, confirmó la decisión del a quo relativa a la realización de los descuentos sobre los factores cuya inclusión se ordenó y respecto de los cuales no se efectuó deducción legal; así como la prescripción trienal declarada. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN El FONCEP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación. Indicó que existió violación al debido proceso por el reconocimiento del derecho pensional, al haberse accedido a una liquidación en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, sin cumplimiento de los requisitos legalmente consagrados para tal efecto, lo que conllevo a un aumento en la mesada

los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, sin cumplimiento de los requisitos legalmente consagrados para tal efecto, lo que conllevo a un aumento en la mesada y un detrimento de los recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que la Nación debe administrar. Expresó que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional1, a partir de la cual determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el

1 En particular, las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 229 de 2017, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.4

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artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3° o en el artículo 21 de dicha norma. Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que la señora Nohora Consuelo Pilonieta, al estar cobijada por el régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985 , pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993. En cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, debe atenderse al

aplicable es la Ley 100 de 1993. En cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, debe atenderse al Decreto 1158 de 1994, que contiene una lista taxativa de los emolumentos que ostentan la calidad de factores salariales. Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, porque la mes ada devengada se incrementó en un 76.65%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se traduce en un abuso palmario del derecho. Contestación de la acción especial de revisión El señor Fernando Amador Rosas, sucesor procesal de la difunta Nohora Consuelo Pilonieta de Amador, en calidad de abogado debidamente inscrito ante el Consejo Superior de la Judicatura, con la tarjeta profesional vigente, actuando en nombre propio, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que el director del proceso no puede verse obligado a respetar el carácter vinculante de una sentencia de unificación que, para la fecha de su decisión, aún no se había dicta do; siendo, además, esta clase de providencias las únicas vinculantes para la labor judicial y máxime cuando se tenía un precedente judicial que atender Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010. Que no existe dentro de la demanda ningún otro hecho que demuestre la violación del debido proceso, salvo la presunta indebida interpretación que el juez hizo de la norma y el supuesto desconocimiento de un fallo de unificación dictado con 3 años más tarde. En ese sentido, señaló que no basta con enunciar violaciones

del debido proceso, salvo la presunta indebida interpretación que el juez hizo de la norma y el supuesto desconocimiento de un fallo de unificación dictado con 3 años más tarde. En ese sentido, señaló que no basta con enunciar violaciones inexistentes a la constitución y a la ley para demostrar un abuso del derecho o fraude a la ley pues se debe probar tales violaciones ya que el recurso extraordinario no puede ser utilizado para cuestionar la actividad interpretativa del juez ni la valoración que se haya hecho de las pruebas. Que tanto el fallo de primera como el de segunda instancia fueron providencias legítimamente producidas, bajo el imperio de la ley y conforme a la Sentencia de Unificación vigent e para aquel momento, lo cual presupone la legalidad de las mismas, sin que por existir manifestación jurisprudencial posterior, diferente y vinculante sobre el mismo tema pueda pretenderse válidamente que se aplique al pasado ya consolidado como cosa juzgada material. Seguidamente, expuso que en yuxtaposición los hechos y circunstancias particulares, el concepto de violación no corresponde al caso de su difunta esposa5

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Nohora Consuelo pues, en ellos se hace alusión a nombres diferentes al suyo y a circunstancias fácticas que en nada tienen relación con ella. Finalmente, expuso que según el auto admisorio de la demanda se ordenó notificar a la señora Nohora Consuelo Pilonieta de Amador pocos días antes de su fallecimiento30 de septiembre del 2020 -, pero solamente se remitió el correo en cumplimiento de lo indicado en dicha providencia y con copia de la misma, el día 08

fallecimiento30 de septiembre del 2020 -, pero solamente se remitió el correo en cumplimiento de lo indicado en dicha providencia y con copia de la misma, el día 08 de noviembre de 2022, es decir, 2 años y casi dos meses después, con lo que a la luz del artículo 94 del Código General del Proceso (CGP), a plicable a esta jurisdicción por expresa remisión del artículo 196 del CPACA la presentación de la demanda no interrumpió el término de caducidad por haberse sobrepasado el año de que trata la norma procesal civil citada. Concepto del Ministerio Público El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que la parte demandada en su intervención solicitó se declarará la improcedencia la acción especial de revisión, la Sala entrará, previa formulación del problema jurídico, a examinar esta cuestión.

Cuestión previa

La Subsección precisa que, si bien no se desconoce que ni para el recurso extraordinario de revisión ni para la acción especial de revisión el CPACA prevé la posibilidad de proponer excepciones previas, se estima pertinente abordar el argumento relativo a la caducidad de la acción de revisión, en la medida que hace parte de la defensa del pensionado.

El señor sucesor procesal de la difunta Nohora Consuelo Pilonieta de Amador propuso la excepción de caducidad fundado en que el auto admisorio de la demanda no se notificó al demandado dentro del término previsto en el artículo 94 del CGP.

propuso la excepción de caducidad fundado en que el auto admisorio de la demanda no se notificó al demandado dentro del término previsto en el artículo 94 del CGP. Al respecto, debe señalarse que la disposición del CGP a la que hace referencia el accionado no es aplicable al proceso contencioso administrativo en la medida en que la oportunidad para presentar la demanda y la contabilización del término de caducidad son asuntos que se encuentra n regulados integralmente en el artículo 164 del CPACA, normatividad que prevalece por su especialidad. De tal forma, la forma de interrupción de la caducidad en la jurisdicción contencioso administrativa establece como único requisito la radicación de la demanda a diferencia de la jurisdicción ordinaria que supedita la misma a la notificación efectiva6

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del auto admisorio de la demanda al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente de la misma diligencia al demandante. Frente al término para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe precisarse que el artículo 251 del CPACA dispone que en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, así es claro que el plazo se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la decisión judicial y hasta el momento en que es presentado el recurso.

En el presente asunto se advierte que el recurso fue interpuesto por el FONCEP el 15 de enero de 20202 y que la decisión de segunda instancia proferida por el 9 de

y hasta el momento en que es presentado el recurso.

En el presente asunto se advierte que el recurso fue interpuesto por el FONCEP el 15 de enero de 20202 y que la decisión de segunda instancia proferida por el 9 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 20 de noviembre de 2015 3, esto es sin que la oportunidad para presentar hubiera caducado.

Por las razon es expuestas, la Subsección advierte que el recurso fue presentado en el término legal, razón por la cual no es de recibo el argumento propuesto por la parte demandada y, en consecuencia, se entrará a estudiar de fondo el asunto.

Problema jurídico

Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación de la cual disfruta actualmente en condición de beneficiario el señor Fernando Amador Rosas, como cónyuge supérstite de la difunta Nohora Consuelo Pilonieta, con la inclusión del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión inv ocadas en la demanda; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que

caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, así como las entidades que realizan el recon ocimiento de pensiones4 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

2 Según acta de reparto que obra en el folio 38 del cuaderno físico. 3 Tal y como obra en la constancia de ejecutoria a folio 224 del archivo electrónico que reposa en SAMAI denominado “10_recibememorialesporcorreoelectronico_ces2secrconsejodees” 4 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.7

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Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 5 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido que son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación7.

Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves casos de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimie ntos pensionales de manera irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar

corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimie ntos pensionales de manera irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judicialmente las pensiones que se hayan sido reconocidas con violación al debido proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.

Así, el fin principal es salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira8.

5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]” 6 Ibidem. 7 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia

6 Ibidem. 7 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00033-00 (0034-2020)

Causales de revisión contemplada en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El apoderado del FONCEP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la prestación fue irregularmente otorgada o contraria a lo previsto y ordenado en la ley. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797

restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado 9 como la Corte Constitucional10 son concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión

y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-201801884-00(REV) 10 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00033-00 (0034-2020)

que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003 , obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»11. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por par te del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la Re pública la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos d e corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem estaba dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que

[…]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem estaba dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condi ciones y requisitos aplicables a estas

son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condi ciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones conten