CE - 110010325000202000065001SENTENCIA20230710205935

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00065-00 (0066-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales

(UGPP)

Demandada: María Eugenia Vivas de Enríquez

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales previstas en los literales a) y b) Reliquidación de pensión de jubilación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del 11 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca , Sala de Decisión N°4 , que confirmó la providencia d el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Popayán, el 13 de agosto de 2013 , mediante la cual, accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora María Eugenia Vives de Enríquez.

ANTECEDENTES

cual, accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora María Eugenia Vives de Enríquez.

ANTECEDENTES

La UGPP interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 11 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:2

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Que la señora María Eugenia Vivas de Enríquez, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución N°9641 del 25 de abril de 2001, mediante la cual se negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de los factores salariales previstos para el régimen de los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS) y de las Resoluciones N°22276 de 20 septiembre de 2001 y N°8111 del 5 de diciembre de 2002

funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS) y de las Resoluciones N°22276 de 20 septiembre de 2001 y N°8111 del 5 de diciembre de 2002 que resolvieron en forma negativa los recursos de reposición y apelació n presentados en contra de la misma. Que como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicio s – el salario básico mensual, las bonificaciones por servicios y especial de recreación, las primas de antigüedad, de navidad, de vacaciones, de riesgo y de servicios ; ii) reconocer y cancelar las sumas debidas en forma indexada y los correspondientes intereses moratorios; y iii) pagar las costas que resulten en el proceso.

Que el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Popayán, el 13 de agosto de 2013, profirió sentencia de primera instancia a través de la cual accedió a las pretensiones y ordenó reliquidar la pensión de jubilación, con el promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios, al considerar que cumplía con los presupuestos para la aplicación del precedente jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, expedido por el Consejo de Estado, el cual se encontraba vigente para la época.

Inconforme con lo anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó la aplicación integral del régimen especial para los detectives del DAS, específicamente los Decretos 1933 de 1989 y 1848 del mismo año, que impone la reliquidación de la pensión con el monto del 75% del promedio de todos

apelación, en el cual solicitó la aplicación integral del régimen especial para los detectives del DAS, específicamente los Decretos 1933 de 1989 y 1848 del mismo año, que impone la reliquidación de la pensión con el monto del 75% del promedio de todos los salarios y prima de t oda especie, especialmente la prima de riesgo ; así como la modificación sobre la prescripción de las mesadas anteriores al 4 de noviembre de 2005.

Que la UGPP, también apeló la decisión expresando que los factores que pretende la demandante sean reconocidos como salario base para su liquidación, contrarían las disposiciones del régimen de transición que regula la Ley 100 de 1993, así como el criterio jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional sobre la liquidación del IBL.3

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El 11 diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca, emitió sentencia a través de la cual confirmó la decisión de primera instancia y quedó ejecutoriada el 16 de enero de 20151.

La UGPP mediante Resolución N°RDP 017974 del 8 de mayo de 2015 dio cumplimiento al fallo referido, reliquidando la pensión de vejez en una cuantía de $545.749, efectiva a partir del 1 de octubre de 1998.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN El Tribunal Administrativo del Cauca , en sentencia del 11 de diciembre de 2014, confirmó y adicionó la providencia del 13 de agosto de 2013 , a través de la cual, el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Popayán, declaró la nulidad de

confirmó y adicionó la providencia del 13 de agosto de 2013 , a través de la cual, el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Popayán, declaró la nulidad de las Resoluciones N°9641 del 25 de abril de 2001 , N°22276 de 20 septiembre de 2001 y N°8111 del 5 de diciembre de 2002. En consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación de la señora María Eugenia Vivas de Enríquez, con una tasa de reemplazo del 75% de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, a saber: la asignación básica, el incremento por antigüedad, la bonificación por servicios, la prima de riesgo, la bonificación por recreación y, en una doceava parte, las primas de servicios, navidad y vacaciones. Para arribar la anterior decisión indicó que la señora María Eugenia Vivas de Enríquez es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, puesto que le es aplicable el Decreto 1047 de 1978, toda vez que, para e l 1 de enero de 1985, contaba con 20 años de servicios y 39 años. Que en virtud de lo anterior los actos administrativos demandados desconocieron los preceptos legales aludidos, ya que se debía reliquidar la pensión de jubilación de accionada en cuantía del 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicios, con la inclusión de todos los factores enlistados en el Decreto 1933 de 1989, además con la prima de riesgo, prevista en el Decreto 1137 de 1994 y modificado por

servicios, con la inclusión de todos los factores enlistados en el Decreto 1933 de 1989, además con la prima de riesgo, prevista en el Decreto 1137 de 1994 y modificado por el Decreto 2646 de 1994 ; conforme a la jurisprudencia vigente 2 y la sentencia de unificación del 1º de agosto de 2013, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado3. Adicionó la sentencia apelada, en el sentido de incluir a la UGPP como encargado del cumplimiento de la decisión, en razón a la disposición contenida en el Decreto 877 de 30 de abril de 2013, según la cual esta asumió las funciones de CAJANAL. Concluyó qu e al acudir en vía judicial solo el 4 de noviembre de 2008, resultó

1 Folio 294 del del cuaderno 5 -expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. 2 Sentencias del 27 de mayo de 2010 (0238-2008); 7 de julio de 2005 (2530-2004); del 27 de abril de 2006 (3688-2004). 3 Radicado 2008-00150-01 (00070-2011).4

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indiscutible la prescripción de las mesadas anteriores al 4 de noviembre de 2005. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentó acción de revisión en contra de la sentencia del 5 de septiembre de 2017, al considerar que está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.

2003, presentó acción de revisión en contra de la sentencia del 5 de septiembre de 2017, al considerar que está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación. Indicó que existió violación al debido proceso por el reconoci miento del derecho pensional, mismo que se opone al interés general, al haberse accedido a una liquidación en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, y 2, 6 y 29 de la Constitución Política. Expresó que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a partir de la cual se determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3° o en el artículo 21 de dicha norma. Criterios desarrollados a partir del estudio de la constitucionalidad de los apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 junto con las reglas del IBL para los congresistas y la reiteración del estudio en abstracto sobre el régimen de transición. Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que la señora María Eugenia Vivas de Enríquez, al estar cobijada por el régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985, pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable

tiene derecho al reconocimiento de la pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985, pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993. Que e n cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, debe atenderse al Decreto 1158 de 1994, que contiene una lista ta xativa de los emolum entos que constituyen factores salariales. Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pe nsional, porque la mesada devengada se incrementó en un 16,11%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se traduce en un abuso palmario del derecho. Contestación de la acción especial de revisión La señora María Eugenia Vivas de Enríquez, a pesar de ser debidamente notificada, guardó silencio.5

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Concepto del Ministerio Público

La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación de la señora María Eugenia Vivas de Enríquez, como beneficiaria del régimen de transición de la

la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación de la señora María Eugenia Vivas de Enríquez, como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con la inclusión del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones 4 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el ar tículo 20 de la Ley 797 de 2003.

eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el ar tículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción

4 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.6

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contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 5 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se enc uadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido que son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean

son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación7.

Conviene señalar que la norm a fue creada para contrarrestar los grav es casos de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos pensionales de manera irregular. L a acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judic ialmente el valor de las pensiones que hayan sido reconocidas con violación al debido proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.

Así, el fin principal está en salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira8.

5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en

se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]” 6 Ibidem. 7 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)7

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Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La apoderada de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la pensión fue

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la pensión fue irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado 9 como la Corte Constitucional 10 son concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-201801884-00(REV) 10 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.8

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una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, la exposición de motivos del proyecto que direccion ó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar

tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más año s de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.9

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Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de

Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el i ngreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado10

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00065 00 (0066-2020)

anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumi dor, según certificación que expida el DANE.

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00065 00 (0066-2020)

anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumi dor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base e n la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.».

La segunda, determina « que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transic ión son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en arm onía con los artículos 270 y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y administrativa. Del régimen pensional de los servidores del DAS El Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 ,11 en su artículo 1.º señaló que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 12 dispuso que los

de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 12 dispuso que los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para las entidades públicas del orden nacional, en los Decre tos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o modifiquen 13, así, en el artículo 1014 previó que los empleados del referido departamento se regirían

11 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad» 12 «P