CE - 110010325000202000082001SENTENCIA20230711211408

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Gladys Alba Roa de Cortés Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 14 de septiembre de 201 7, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, el 15 de octubre de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad o judicial, pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 14 de septiembre de 2017, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, el 15 de octubre de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Gladys Alba Roa de Cortés contra la UGPP, dentro del2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 11 001 33 35 0 16 2014 00163 01.

Con fundamento en lo anterior, solicita i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 14 de septiembre de 2017, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Dieciséis Administrativo d e Bogotá, el 15 de octubre de 2014 ; ii) declarar que la señora Gladys Alba Roa de Cortés, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor a de un derecho adquirido amparado por la legislación

que la señora Gladys Alba Roa de Cortés, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor a de un derecho adquirido amparado por la legislación colombiana; iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional 1 y por el Consejo de Estado; 2 iv) ordenar a la demandada reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por v irtud de la reliquidación pensional ordenada en las sentencias objeto de revisión; y v) condenar a la señora Roa de Cortés a pagar los intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 31 de mayo de 1946, nació la señora Gladys Alba Roa de Cortés . Prestó sus

servicios en los siguientes períodos y entidades:

• Desde el 3 de septiembre de 1969 hasta el 6 de marzo de 1972, en la Rama Judicial. - Desde el 5 de diciembre de 1973 hasta el 30 de diciembre de 2004, en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el último cargo que desempeñó fue

secretaria en la sede de Bogotá D.C.

1 La entidad recurrente cita las Sentencias C-168 de 1995, C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SUsecretaria en la sede de Bogotá D.C.

1 La entidad recurrente cita las Sentencias C-168 de 1995, C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018 y los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017. 2 La entidad recurrente cita la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020)

Demandante: UGPP

1. El 30 de noviembre de 2004, a través de la Resolución 27011 la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada en cuantía de $ 706.215, condicionada al retiro definitivo del servicio .

Para tal efecto, se tomó una tasa de re emplazo del 75 % del promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, de conformidad con las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

1. El 18 de mayo de 2016, por medio de la Resolución 23516 CAJANAL reliquidó la pensión de jubilación reconocida a la señora Roa de Cortés, para lo cual tomó una tasa de reemplazo del 85 % del promedio de lo percibido en los últimos 10 años de servicio, de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993. Así mismo, se

tasa de reemplazo del 85 % del promedio de lo percibido en los últimos 10 años de servicio, de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993. Así mismo, se dispuso que la prestación tendría una cuantía de $ 838.471, efectiva a partir del 1.° de enero de 2005.

1. El 17 de octubre de 2 013, mediante la Resolución RDP 048333 la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) negó la reliquidación de la prestación reconocida a la pensionada, la cual fue confirmada por la Resolución RDP 053231 del 19 de noviembre de 2013.

1. El 15 de octubre de 2014, el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Gladys Alba Roa de Cortés contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:3

PRIMERO: Se DECLARA la nulidad de la s Resoluciones N° RDP 048333 del 17 de octubre de 2013 y N° RDP 053231 del 19 de noviembre de 2013 mediante las cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPPnegó a la demandante la reliquidación de la pensión de jubilación con todos los factores salariales devengados en el último año de servicio oficial, de acuerdo con los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento , se

reliquidación de la pensión de jubilación con todos los factores salariales devengados en el último año de servicio oficial, de acuerdo con los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento , se CONDENA a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPa reliquidar y pagar en forma indexada la pensión de jubilación de la señora GLADYS ALVA ROA DE CORTÉS […] de manera que corresponda al 75 % del promedio de lo devengado en el último año de

3 Folios 113 al 122 del cuaderno del proceso ordinario.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP servicio, de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y demás normas concordantes, incluyendo en la base de liquidación además de la asignación básica, la bonificación por servicios prestado[s], las horas extras y la prima de antigüedad que ya le tuvo en cuenta la entidad, el auxilio de alimentación, prima d e servicios (1/12) , prima de navidad (1/12) y prima de vacaciones (1/12) devengados durante el último año de servicios (1° de enero al 30 de diciembre de 2004), desde el 1° de enero de 2005

(fecha de efectividad de la pensión), pero con efectos fiscales desde el 10 de octubre de 2010, en consideración a que ha operado la prescripción trienal del reajuste de las mesadas anteriores a esta fecha, y pagarle la diferencia de las respectivas mesad as,

de 2010, en consideración a que ha operado la prescripción trienal del reajuste de las mesadas anteriores a esta fecha, y pagarle la diferencia de las respectivas mesad as, reajustando en adelante la pensión y sin perjuicio de los reajustes anuales de ley, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Si existieran factores sobre los cuales no se aportó, la entidad de previsión podrá efectu ar los respectivos descuentos conforme el artículo 99 del Decreto 1848 de 1969 y el literal b, del artículo 2 de la [L]ey 4 de 1966. […] (Resaltado, subrayado y cursiva originales del texto)

1. El 14 de septiembre de 20 17, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar la providencia expedida por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá.4

1. El 24 de mayo de 2018, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

1. El 22 de octubre de 2018, l a UGPP a través de la Resolución RDP 041816, dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, la cual fue confirmada por las Resoluciones RDP 048416 del 26 de diciembre de 2018.

1. El 29 de enero de 2019, mediante la Resolución RDP 002630 la UGPP modificó la Resolución RDP 041816 de 2018, en el entendido de ordenar el descuento de las

048416 del 26 de diciembre de 2018.

1. El 29 de enero de 2019, mediante la Resolución RDP 002630 la UGPP modificó la Resolución RDP 041816 de 2018, en el entendido de ordenar el descuento de las mesadas atrasadas a las que tenía derecho la señora Roa de Cortés, la suma de $6.756.414,52, por concepto de aportes a pensión de los factores salariales no cotizados. 1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 14 de septiembre de 2017,5 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de

4 Folios 173 al 181 del cuaderno del proceso ordinario. 5 Folios 173 al 181 del cuaderno del proceso ordinario.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP confirmar la providencia expedida por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, el 15 de octubre de 201 4, que había accedido a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Gladys Alba Roa de Cortés contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. De acuerdo con el acervo probatorio, la demandante laboró en la Rama Judicial desde el 1.º de septiembre de 196 9 hasta el 6 de marzo de 19 72 y en la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el 5 de diciembre de 1973 hasta el 30 de marzo de 2008. De esta manera, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley

Registraduría Nacional del Estado Civil desde el 5 de diciembre de 1973 hasta el 30 de marzo de 2008. De esta manera, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años de servicios, por ende , el régimen pensional aplicable, en cuanto a la edad, es el establecido en el Decreto 3135 de 1968, pues se encuentra inmersa en el régimen de transición previsto en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985; y para los demás requisitos deben observarse las Leyes 33 y 62 de 1985.

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,6 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario debían incluirse, en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

1. Así las cosas, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante el último año de servicio de la señora Roa de Cortés (desde el 30 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2004), esto es, la asignación básica, incremento por antigüedad, horas extras,

señora Roa de Cortés (desde el 30 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2004), esto es, la asignación básica, incremento por antigüedad, horas extras, bonificación de servicios , auxilio de alimentación y las primas de vacaciones, de servicios y de navidad.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020)

Demandante: UGPP

1. En ese orden, se impone confirmar la sentencia emitida en primera instancia, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a la demandante en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio , con efectos fiscales desde el 10 de octubre de 2010, por prescripción trienal.

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est as, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29,

desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

1. En el expediente se acreditó que la señora Roa de Cortés es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por e l DANE. En igual sentido, se han pronunciado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,7 criterio que constituyen precedente obligatorio.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe l a demandada, comoquiera que, se insiste, adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada por la señora Roa de Cortés se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.8

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,

7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de

Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,

7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018; y por el Consejo de Estado Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01. 8 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que la señora Gladys Alba Roa de Cortés guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 13 de m arzo de 2021, esta corporación notificó personalmente a la demandada el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP; actuación visible a folio 143 del cuaderno de la acción especial de revisión. 9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.10

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el

es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.10

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguri dad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».11

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interp osición de est e recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En

previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 24 de mayo de 201812 y la acción especial de revisión se interpuso el 19 de diciembre de 2019,13 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 11 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la S entencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 12 Folio 192 del cuaderno 1 del proceso ordinario. 13 Folio 19 reverso del cuaderno de la acción de revisión.9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020)

Demandante: UGPP

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 14 de septiembre de 201 7, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite n acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

«Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesor o público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revi sadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales

una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo ci erto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo o rdenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe11

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,15 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla

14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenec ido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 15 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 d e 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito

penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00082-00 (0083-2020) Demandante: UGPP la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afron