CE - 110010325000202000104001SENTENCIA20230802121023

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Demandado: Mery Alvarado Ulloa

Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Violación del debido proceso. Cuantía reconocida no excede lo debido.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander2, por medio de la cual se confirmó la decisión del 22 de marzo de 2017 emitida por el Juzgado Administrativo del Circuito de Barrancabermeja que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Mery Alvarado Ulloa.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

Juzgado Administrativo del Circuito de Barrancabermeja que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Mery Alvarado Ulloa.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP solicitó, en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la revisión de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la decisión del 12 de mayo

1 En adelante UGPP. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 68081-33-31-000-2012-00030-01; demandante: Mery Alvarado Ulloa, demandado: Caja Nacional de Previsión SocialUGPP.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

de 2014 emitida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Barrancabermeja, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68081-33-31-000-2012-00030-01, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Mery Alvarado Ulloa y en consecuencia declaró la nulidad parcial de la resolución PAP 052102 del 6 de mayo de 201 1, mediante la cual se re liquidó la pensión de vejez sin incluir todos los factores salariales.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia objeto de revisión;

de 201 1, mediante la cual se re liquidó la pensión de vejez sin incluir todos los factores salariales.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia objeto de revisión; ii) declarar que a Mery Alvarado Ulloa no le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los emolumentos salariales percibidos en el último año de servicios ; y iii) ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional conforme con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, en aplicación de las reglas establecidas en la sentencias C-258 de 2013, SU -230 del 2015 y SU-023 de 2018, todas proferidas por la Corte Constitucional.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Mery Alvarado Ulloa nació el 21 de noviembre de 1949; laboró entre el 1º de julio de 1980 y el 30 de julio de 2006 al servicio de la Secretaría de Educación Municipal de Barrancabermeja y el último cargo que desempeñó fue el de auxiliar de servicios generales código 55004, grado 04.

• Mediante la Resolución 46951 del 30 de diciembre de 2005, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal E.I.C.E.3) le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, cuya liquidación se efectuó sobre el 75 % del promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, en cuantía de $358.000, efectiva a partir del 1º

de vejez, cuya liquidación se efectuó sobre el 75 % del promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, en cuantía de $358.000, efectiva a partir del 1º de diciembre de 2004, condicionada al retiro definitivo para el disfrute.

• Mery Alvarado Ulloa solicitó a la UGPP la reliquidación de su pensión por vejez ; petición que fue resuelta desfavorablemente por medio de la Resolución PAP 1400 del 9 de octubre de 2009. Sin embargo, luego de presentar una nueva solicitud de reliquidación, el 6 de mayo de 2011, Cajanal accedió a reliquidar con el 75 % de todo lo devengado entre el 1º de agosto de 1996 y el 31 de julio de 2006, lo cual elevó la cuantía al monto de $442. 160, efectiva a partir del 1º de agosto de 2006,

3 En adelante Cajanal.3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

con efectos fiscales desde el 29 de septiembre de 2007, por prescripción trienal.

• Inconforme con la anterior decisión, Mery Alvarado Ulloa presentó, en ejercicio del acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo4, demanda en orden a que se declare la nulidad de los actos referidos con anterioridad, por cuanto, a su juicio, la UGPP no aplicó el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de 1985, para determinar la cuantía de su pensión, es decir, con la inclusión

régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de 1985, para determinar la cuantía de su pensión, es decir, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

• El Juzgado Administrativo en Descongestión del Circuito de Barrancabermeja en sentencia del 12 de mayo de 2014, declaró la nulidad parcial de la Resolución PAP 052102 del 6 de mayo de 2011. Esta decisión fue objeto de apelación por la entidad.

• El Tribunal Administrativo de Santander resolvió el recurso interpuesto, para lo cual modificó el ordinal tercero, en el sentido de condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de vejez de Mery Alvarado Ulloa con base en los siguientes factores salariales: asig nación básica, bonificación por servicios (ya reconocidos ), y las primas de vacaciones, de navidad y semestral, y confirmó en todo lo demás.

• A través de la Resolución RDP 42470 del 9 de noviembre de 2016, la entidad dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión de vejez de Mery Alvarado Ulloa en cuantía de $ 918.676, efectiva a partir del 1° de agosto de 2006.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión5

En sentencia del 15 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió el recurso de apelación interpuesto por la UGPP y confirmó la decisión del 12 de ma yo de 201 4 emitida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del

resolvió el recurso de apelación interpuesto por la UGPP y confirmó la decisión del 12 de ma yo de 201 4 emitida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Barrancabermeja, median te la cual se ordenó la reliquidación de la pensión por vejez de Mery Alvarado Ulloa , sobre el 75 % de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

Para tal efecto, concluyó lo siguiente:

• Mery Alvarado Ulloa nació el 21 de noviembre de 1949 y prestó sus servicios desde el 1º de julio de 1980 hasta el 31 de julio de 2006, de modo que para la entrada en

4 En adelante C.C.A. 5 Folios 396, reverso, al 402 del cuaderno 1.4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

vigencia de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), contaba con más de 35 años de edad, lo cual le otorgó el beneficio del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que le permitía acceder al reconocimiento pensional con los requisitos establecidos en las leyes 33 de 1985 y 62 de esa anualidad.

• El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 estableció como ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los empleados oficiales el equivalente al 75 % del promedio de los aportes devengados durante el último año de servicio.

• De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la

la pensión de jubilación de los empleados oficiales el equivalente al 75 % del promedio de los aportes devengados durante el último año de servicio.

• De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la proferida el 4 de agosto de 20106, la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que conformaban la base de liquidación pensional sino que estos estaban simplemente enunciados, lo que no impide la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios, de modo que la liquidación de la prestación debe realizarse con los parámetros expuestos y bajo el entendido de que son factores de salario aquellas sumas que percibe el servidor de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

• Los factores salariales a tenerse en cuenta para la liquidación prestacional son , además de la asignación básica y la bonificación por servicios «ya reconocidos por la entidad accionada», las primas de alimentación, vacaciones, navidad y semestral.

Ahora, si bien en la sentencia recurrida fue reconocido como factor salarial el auxilio de transporte, lo cierto es que no fue devengado por la demandante durante el último año de servicios, de tal suerte q ue debe modificarse el ordinal tercero de la resolutoria en ese sentido, además corresponde reconocer la prima semestral y no la prima de servicios, pues así se encuentra denominada en el certificado allegado al expediente.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25

al expediente.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20037, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

1. Se configura la causal a), en razón a que l a orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante, en los términos ordenados , no le corresponde, puesto que lo correcto era que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 , respecto del ingreso base de liquidación ( IBL) y los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidarse la prestación.

A pesar de encontrarse probado e n el proceso que la pensionada era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los jueces de conocimiento accedieron a reliquidar la pensión de manera contraria a lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia , pues otorgó un aumento en la mesada pensional que compromete recursos públicos, sin que medie una causa legítima.

1. Se configura la causal contenida en el literal b) ibidem, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo debido, al haberse accedido a la reliquidación de una

pensional que compromete recursos públicos, sin que medie una causa legítima.

1. Se configura la causal contenida en el literal b) ibidem, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo debido, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de vejez con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, evidentemente en contravía de lo dispuesto en l os artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso base de liquidación (IBL).

• La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidas por la Corte Constitucional en sentencias C 168 de 1995, C 258 de 2013, SU-230 del 2015, SU-427 de 2016, SU -395 de 2017, SU -631 de 2017 y SU -023 de 2018, que determinan que para los beneficiarios del régimen de transición se les debe n respetar las condiciones de edad, tiempo y monto de la legislación anterior, pero el

7 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a ca rgo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la oblig ación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República

de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 8 Folios 1 al 10 del cuaderno del Consejo de Estado.6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

ingreso base de liquidación será el dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

• Los factores que se debieron tener en cuenta para ordenar la reliquidación pensional er an los del Decreto 1158 de 1994, los cuales establecieron expresamente los conceptos que integran el salario base de liquidación, «siendo inviable considerar todas y cada una de las sumas d evengadas po r el causante de la prestación», de lo contrario se desconocería la normativa vigente y el precedente constitucional y se causaría una grave afectación a la sostenibilidad financiera del sistema, puesto que en el caso concreto aumenta en un 50% la mesada pensional de Mery Alvarado Ulloa sin justificación alguna.

constitucional y se causaría una grave afectación a la sostenibilidad financiera del sistema, puesto que en el caso concreto aumenta en un 50% la mesada pensional de Mery Alvarado Ulloa sin justificación alguna.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La parte accionada guardó silencio9.

1.4. Concepto del Ministerio Público

El procurador delegado ante la Sección Segunda del Consejo de Estado no se pronunció en esta oportunidad.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

9 Según la constancia secretarial del 12 de septiembre de 2022, el auto mediante el cual se ordenó volver a notificar personalmente el auto admisorio del 18 de mayo de 2020, fue notificado, vista a folio 422 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revis ión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las d ecisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].7

la solicitud de revisión de las d ecisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

En el sub judice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 15 de diciembre de 2014 quedó ejecutoriada el 21 de enero de 2015 y la acción de revisión se presentó el 14 de enero de 2020, esto es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, razón por la cual se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿ la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander se profirió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede

Administrativo de Santander se profirió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de vejez en con travía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: ( 1) marco normativo, (1.1) de la acción especial de revisión de sumas periódicas a cargo del tesoro público; (1.2) del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985; (2) caso concreto; (3) costas, y (4) conclusión.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 12 de la Ley 797 de 2003 13 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que

periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violació n al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 d e 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de

12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y

cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La rev isión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales except uados y especiales». 14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas

definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y C rédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determin ar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»16.

15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.10

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»17.

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201818, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una

de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma».

En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y otorgó efectos ultr aactivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional . «[t]ales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la

Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxi me teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

General de Pensiones; máxi me teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras. 18 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00104-00 (0105-2020)

Demandante: UGPP

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las