CE - 110010325000202000561001AUTOQUERESUEL20230928095050

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 11001-03-25-000-2021-00140-00 (0826-2021)

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros1

Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil2 y otro3

AUTO - MEDIDA CAUTELAR __________________________________________________________________

Asunto

El despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo CNSC-20181000007556 del 7 de diciembre de 2018 expedido por la CNSC para establecer l as reglas de la Convocatoria 833 de 201 8 por la que se abrió el concurso público de méritos para proveer varios empleos de carrera de la alcaldía de Caucasia - Antioquia.

I.- Antecedentes

1.1. La demanda y la solicitud de medida cautelar.

1.1.1. Las demandas.

1. En ambas de mandas, la parte actora pretendió la nulidad del Acuerdo CNSC20181000007556 del 7 de diciembre de 2018 «[p]or el cual se convoca y se establecen las reglas d el Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los

empleos vacantes pertene cientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la

establecen las reglas d el Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertene cientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la

1 Del proceso 1284 -2020: Miguel Ángel Muñ oz Pérez, Oscar William Sant ana Mazo, María de l Carmen Mendoza Arias, Manuel Salvador Torres Mendoza, Luz Mari Quintero, Alexander Luis Tus Heredia, Gabriel Antonio Durán Méndez, Eva Samara Correa, Cuello, Rosa Irene Ríos Arias, Janet Patricia Vélez Morale s, Melva Cecilia Avilez Soto mayor, Olga Amparo Viana Medina, Norcira Noriethna Navarro Landero, Aceneth Montoya Ochoa, Anderson Bladimir Arrieta Cardozo, Elba Lucía Aristizábal Castaño, José Isaac Menco Flórez, Féli x Antonio Ayala Baldovino, Angélica María Figueroa Jaraba, Nany Peñat e Coronado, Wilmar Jhoan Hernández Villera, Luis Antonio Meneses Meriño, Luis Eduardo Gutiérrez Alzate, Gilma Esther Hernández Rivera, William Barbosa Díaz, Temilda Rosa González Bertel, Ernesto José Miranda, Gerardo Dannis Padi lla Barrera, Esteher Posada Arias, Adalberto U rbino Zabaleta, Lacides Enrique Caly Estrada, Pedro Nolasco Lozano Ruiz, y María Magdalena Jiménez Ochoa. En el proceso 0826-2021: Leonardo Reyes Contreras. 2 En adelante CNSC 3 Municipio de Caucasia – Antioquia.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros

3 Municipio de Caucasia – Antioquia.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros planta de personal de la Alcaldía de Caucasia – Antioquia, Proceso de Selección No. 833 de 2018 – municipios priorizados para el post conflicto (municipios de 5ª y 6ª categoría ».

En el proceso 0826-2020, concretamente, el «capítulo II empleos convocados, artículo 11, nivel técnico, agentes de tránsito, código 340, grado 2».

2. Adicionalmente, en el proceso 1284-2020 se solicitó la nulidad «de la Oferta

Pública de Carrera Administrativa – OPEC» contenida en el Decreto 1038 de 2018 expedido por el Departamento de la Función Pública, «[p]or el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con los requisitos de ingreso, selección y capacitac ión y estí mulos para los empleos de los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017».

3. En el proceso 1284-2020: las normas que se citaron como violadas fueron los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política; 8 de la Ley 1437 de 2011; 9 de la Ley 1006 de 2006; y 8 de la Ley 1409 de 2010. A su turno, l os reparos planteados en contra del acto administrativo mencionado, fueron los siguientes:

• Omisión de la administración de expedir el manual de funciones y

planteados en contra del acto administrativo mencionado, fueron los siguientes:

• Omisión de la administración de expedir el manual de funciones y competencias laborales y, por ende, la omisión de su publicación.

3.1. El municipio de Caucasia desconoció lo previsto en el Decreto 1038 de 2018 porque no expidió el manual de funciones y competenci as laborales, es decir, no estableció los requisitos mínimos para participar en los proc esos de selección en los municipios de quinta y sexta categoría ; en consecuencia, el mencionado decreto no podía ser tenido en cuenta por la CNSC.

3.2. Al no expedir el acto administrativo requerido, el municipio de Caucasia desconoció el procedimiento para a cceder a l as vacantes definitivas y los principios de l mérito, libre concurrencia, igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

• Vulneración del derecho de participación.

3.3. El acuerdo demandado, al solo permitir el acceso de presentarse a un cargo, transgredió el derecho a la participación y al mérito, toda vez que «el ciudadano debería» contar con la posibilidad de acceder a varios cargos.

4. En el proceso 0826-2021: como normas violadas refirió los artículos 13, 25, 53 y 125 de la Constitución Política; las Leyes 769 de 2002 y 1310 de 2009; el Decreto 785 de 2005; los artículos 24 de la Convención Americana de Derechos Human os3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020)

785 de 2005; los artículos 24 de la Convención Americana de Derechos Human os3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros y 7 de l Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los argumentos que sustentaron el concepto de violación fueron los siguientes:

4.1. De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 4 del Código Nacional de Tránsito, para ocupar el cargo de agente de tránsito código 240 se requiere ser técnico profesional en tránsito y transporte, no técnico laboral; por consiguiente, se debe acreditar el título expedido por una entidad de educación superior en los términos del artículo 24 de la Ley 30 de 1992.

4.2. Además del requisito anterior, se deben demostrar los otros 6 señalados en el artículo 7 de la Ley 1310 de 2009, especialmente , el de «cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente)», el cual, a partir de los verbos transitivos que lo componen, debe entenderse bajo el supuesto de que son exigibles una vez se dé la vinculación. En ese orden, para el caso de los concursos, el interesado no debía demostrar ese requisito al momento de la inscripción.

4.3. Por mandato del artículo 27 del Decreto 785 de 20 05, el municipio de Caucasia expidió el Decreto 123 de 2019 que contiene el manual específico de funciones y requisitos de la planta de personal y, frente al cargo de agent e de

4.3. Por mandato del artículo 27 del Decreto 785 de 20 05, el municipio de Caucasia expidió el Decreto 123 de 2019 que contiene el manual específico de funciones y requisitos de la planta de personal y, frente al cargo de agent e de tránsito, exigió ser «técnico en agente de tránsito» , exigencia errada que deviene de la Resolución 4548 de 2013 expedida por el Ministerio del Transporte, la cual, a su vez, fue expedida en contravía de la exigencia legal del título de técnico profesional, avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2006, así como de la prohibición de establecer equivalencias cuando los requisitos son establecidos por la Constitución Política o una ley especial. Un certificado de aptitud ocupacional por competencias o un título de técnico laboral no homologa el título de educación superior de técnico profesional en tránsito y transporte.

4.4. Exigir en la convocatoria unos requisitos que no corresponden para el cargo de agente de tránsito, genera una ines tabilidad al orden jur ídico porque puede derivar en las siguientes situaciones: (i) el aspirante con técnico laboral que supera las pruebas, pero es descalificado posteriormente por no acreditar el requisito de ley; (ii) el aspirante con técnico profesional que no supera las pruebas, pero es superado por quien no cumple con el requisito de ley; y (iii) el aspirante con técnico laboral en lista de elegibles que no se puede posesionar porque la entidad territorial ajustó su manual de funciones a técnico profe sional. E l a cto administrativo enjuiciado transgrede los derechos a la igualdad, debido proceso y carrera administrativa.4

entidad territorial ajustó su manual de funciones a técnico profe sional. E l a cto administrativo enjuiciado transgrede los derechos a la igualdad, debido proceso y carrera administrativa.4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros 1.1.2. La solicitud de medida cautelar

5. En el proceso 1284-2020: sostuvo que el acuerdo acusado «viola las disposiciones invocadas en [la] demanda», desconoció el Decreto 2772 de 2005 y le dio una aplicación errónea a la Ley 1033 de 2006. También se debe declarar la suspensión de los efectos del acuerdo, por la infracción de las siguientes normas:

Norma Argumento Artículos 1 y 2 CP4 Se vulneró el derecho a la igualdad y publicidad. Artículo 25 CP El acuerdo no dio criterios objetivos para concursar a los ciudadanos. Artículo 26 CP El acuerdo exigió que los aspirantes debían inscribirse en un solo cargo, sin que se hubiera expedido el manual d e fun ciones y competencias laborales, «por lo que procedería la inscripción a varios cargos ofertados». Artículo 40 CP El acuerdo, al ser un acto de regulación, debió permitir la participación ciudadana, tal como lo prevé el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. Artículo 125 CP La CNSC asumió la función del legislador al determinar requisitos diferentes de los que establece «el ordenamiento vigente». Artículo 209 CP El acuerdo vulneró «el derecho constitucional al mérito, la participación y la igualdad».

Artículo 125 CP La CNSC asumió la función del legislador al determinar requisitos diferentes de los que establece «el ordenamiento vigente». Artículo 209 CP El acuerdo vulneró «el derecho constitucional al mérito, la participación y la igualdad». Artículo 65 Ley 1437 de 2011 No se expidió el acto administrativo contentivo del manual de funciones y competencias laborales y no fue publicado en la gaceta oficial.

6. En el proceso 0826-2021: la parte actora solicitó que se suspendiera provisionalmente (i) l a actuación administrativa desplegada por el municipio de

Caucasia «que consiste en la oferta pú blica de empleos de carrera administrativa hecha por esta entidad territorial a la comisión nacional del servicio civil y contenida en el Acuerdo 20181000007556 del 07 -12-2018»; y (ii) la convocatoria 833 de 2018, «en cuanto a lo referido al cargo ubicado en el Nivel Técnico, cargo agente de tránsito, código 340, grado II». Sustentó la medida cautelar en la violación de los artículos 13, 29, 125 y 2 09 de l a Const itución Política ; la s Leyes 789 de 2002 y 1310 de 2009 , Decreto 785 de 2005 y la sentencia C -577 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, «amén de las posiciones jurídicas esbozadas a lo largo del líbelo de la demanda».

6.1. Frente a las normas invocadas, planteó los siguientes cargos:

Norma Argumento Artículo 13 CP Se vulneró el derecho a la igualdad, toda vez que (i) los

demanda».

6.1. Frente a las normas invocadas, planteó los siguientes cargos:

Norma Argumento Artículo 13 CP Se vulneró el derecho a la igualdad, toda vez que (i) los aspirantes al cargo de agente de tránsito se ven forzados a

4 Constitución Política5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros concursar con otros que tienen una preparación académica inferior, a p esar de que la competencia debe realizarse entre iguales, es decir, entre quienes acrediten el m ismo nivel de preparación académica -educación superior-; (ii) los usuarios de la vía pública son sujetos de control policivo, quienes no guardan uniformidad en sus conocimientos, «pues de esta manera no resulta garantizado el debido proceso cuando el usuario es intervenido por un agente de tránsito del municipio de Rionegro

(técnico profesional) (…) a cuando es regulado por un agente de tránsito de Caucasia (técnico laboral)». Artículo 29 CP No se garantizó el debido proceso, comoquiera que los requisitos exigidos en la convocatoria no se ajustan a las disposiciones legales que regulan la materia. Artículo 125 CP Los requisitos establecidos para un car go dete rminado no pueden ser diferentes o inferiores a los establecidos en la ley especial. Ley 769 de 2002 Decreto 785 de 2005

Sentencia C-577 de 2006

El Decreto 123 de 2019 contrarió la ley, toda vez que, al

especial. Ley 769 de 2002 Decreto 785 de 2005

Sentencia C-577 de 2006

El Decreto 123 de 2019 contrarió la ley, toda vez que, al momento de establecer los requisitos para de sempeñar las funciones de agente de tránsito, asignó unos requisitos menores a los previstos en la ley e incluyó unas equivalencias cuando no puede hacerlo.

El acuerdo expedido por la CNSC tomó los requisitos incluidos en el Decreto 123 de 2019, l os cuales no corresponden a la ley, el decreto y la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

6.2. Manifestó que , de no decretar la medida cautelar, se causaría un perjuicio irremediable al orden jurídico y a quienes se presentaron al concurso (supra 4.5.); la sol icitud busca «generar un menor daño a los participantes, al orden jurídico y al patrimonio público, por ende, una medida prudente conduce a suspender (la) actuación hasta tanto no se tenga la certeza del planteamiento hecho en la demanda (…), no se solicita la cancelación del concurso, tan solo se aspira a que la realización del mismo se suspenda hasta tanto se corrobore si el manual de funciones se ajusta a la ley».

1.2. La oposición

7. Dentro del término de traslado, la CNSC solicitó que se deses timara y se negara la medida cautelar, con los siguientes argumentos.

7.1. Los requisitos para el empleo agente d e tránsito, código 340 -2 se tomaron del Decreto 123 de 2019, al igual que de la Ley 1310 de 2009 reglamentada por el

7.1. Los requisitos para el empleo agente d e tránsito, código 340 -2 se tomaron del Decreto 123 de 2019, al igual que de la Ley 1310 de 2009 reglamentada por el Ministerio de Transporte medi ante la Resolución 454 de 2013, los cuales no han sido anulados ni suspendidos, luego se presumen ajustados al ordenamiento jurídico.

7.2. La parte demandante fundamentó la solicitud en supuestos «a futuro irreales» y que no tienen ningún valor probatorio y q ue parten de la «mala fe del6

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Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros municipio de Caucasia ». Además, se limitó a hacer una comparación sin cuestionamientos frente a la legalidad del acto censurado.

7.3. La reglamentación del proceso de selección para la alcaldía de Caucasia se efectuó con base en las carac terísticas de los municipios de quinta y sexta categoría; sin embargo, con fundamento en el artículo 6º de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 153 del Decreto 2106 de 2019, el alcalde expidió el Decreto 0167 del 9 de octubre de 2019, por el cual se estableció que la entidad territorial era de cuarta categoría; por esta razón, se modificó la convocatoria y se adecuó a tal circunstancia.

7.4. En el caso del cargo de agente de tránsito, se ofertaron 7 vacantes y la prueba fue superada por 11 pe rsonas, es decir que la convocatoria se encuentra

adecuó a tal circunstancia.

7.4. En el caso del cargo de agente de tránsito, se ofertaron 7 vacantes y la prueba fue superada por 11 pe rsonas, es decir que la convocatoria se encuentra en un estado de ejecución y de situaciones jurídicas consolidadas, motivo por el cual, suspenderla implicaría el desconocimiento de esos derechos y de los principios del mérito, confianza legítima y acceso a cargos públicos.

II. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

8. Se circunscribe a establecer lo siguiente:

8.1. ¿El Acuerdo CNSC-20181000007556 del 7 de diciembre de 2018 expedido por la CNSC debe suspenderse provisionalmente porque se tuvo en cuenta el Decreto 1038 d e 2018 a pesar de que el municipio de Caucasia no expidió el manual de funciones y competencias laborales?

8.2. ¿Deben suspenderse provisionalmente los efectos del acuerdo porque la CNSC vulneró los derechos al tra bajo y participación al permitir que los concursantes se presentaran a un solo cargo y no a varios y, además, no ofreció criterios objetivos «para concursar a los ciudadanos»?

8.3. ¿Debe suspenderse el acuerdo acusado porque en la convocatoria la CNSC asumió la función del legislador al determina r req uisitos diferent es de los que establece el ordenamiento vigente?

8.4. ¿Procede la suspensión provisional del artículo 11 del acuerdo acusado en lo que refiere a los requisitos del empleo de agente de tránsito código 340 grado 2 porque se tomaron los requi sitos del Decreto 123 de 2019 expedido por el7

que refiere a los requisitos del empleo de agente de tránsito código 340 grado 2 porque se tomaron los requi sitos del Decreto 123 de 2019 expedido por el7

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Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros municipio de Caucasia en contravía de la exigencia legal del título de técnico profesional y de la prohibición de establecer equivalencias?

9. Con miras a resolver el anterior planteamiento, el despacho seguirá la siguiente estructura expositiva: primero, se precisarán algunos aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y segundo, se examinarán los cargos propuestos por los demandantes.

2.2. Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo

10. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provis ionalmente el objeto d el p roceso y la efectividad de la sentencia».

11. En atención al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado p onente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales se

encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se

mismo proceso; y se previó un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales se encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o s uperar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prev enir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.»

12. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelar es. Para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo8

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Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros

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Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros cual solo debe acreditarse la vio lación de las normas s uperiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán probarse estos. La norma señala expresamente lo

siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las m edidas cautelares. Cua ndo se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el d emandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, qu e resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, qu e resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios m otivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.»

13. De las normas antes analizadas 5 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en 3 categ orías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de

procedencia específicos6. Veamos:

13.1. Requisitos de procedencia, generales o c omunes de índole forma l. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las

5 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 6 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente N°: 11001 -03-25-000-2014-00942-00. N° interno: 2905 -2014. Deman dante: Jairo Ville gas Arbeláez. Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.9

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Vivienda Ciudad y Territorio.9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Ento nces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, son: (1) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectiv os que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo 7; (2) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos en los que opera de oficio8.

13.2. Requisitos de procedencia generales o comunes de índole material. En el entendido que son «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte de l juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, son: (1) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efecti vidad de la sentencia 9; y (2) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda10.

13.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los

solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda10.

13.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos s e de nominan «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las categorías de medida cautelar enlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda11 así: (a) si la demand a tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud12; y (b) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización

7 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 8 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 10 Artículo 230, Ley 1437 de 2011. 11 Por esta razón en el a cápite de antecede ntes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinan tes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.

en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinan tes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar. 12 Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011.10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al me nos sumariamente la ex istencia de los perjuicios13.

13.4. Requisitos de procedencia específicos para las demás medidas cautelares diferentes de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautelare s di ferentes -medidas cautelares positivas 14de la de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos adicionales: (a) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; (b) que el demandante haya demostrado , así fuere sumariamente, la ti tularidad del derecho o de los derechos invocados; (c) que el actor haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que result aría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y (d) que, de no otorgarse la medida, se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no concederse los efectos de la sentencia serían nugatorios15.

medida, se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no concederse los efectos de la sentencia serían nugatorios15.

14. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que lo descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida; es decir, se trata de una percepción inicial y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso.

Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

15. Teniendo claridad en lo relacionado c on l as medidas cautela res en la Jurisdicción Contencioso -administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, se procede a estudiar el reparo expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud del cuales se formuló el problema jurí dico a resolverse en esta providencia.

13 Artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011. 14 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5. 15 Artículo 231, inciso 3°, numerales 1° a 4°, Ley 1437 de 2011.11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con 0826-2021

Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros 2.3. Solución del caso concreto. Análisis del despacho

2.3.1. Primer problema jurídico: la omisión del municipio de Caucasia en expedir el manual de funciones y competencias laborales. Aplicación del Decret