CE - 110010325000202000640001SENTENCIA20220829101151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DÉCIMA ESPECIAL DE REVISIÓN

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2022.

Medio de control: Radicado: Acción de revisión. 110010325000202000640(1793-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional yy

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

Asunto:

Decisión: Reliquidación pensión de jubilación conforme a lo previsto en el Decreto 546 de 1971.

Declara infundada acción especial de revisión.

ASUNTO.

1. La Sala procede a resolver 1 la acción de revisión interpuest a por l a Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 2 contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D de fecha 23 de agosto de 20 183 que confirmó parcialmente «en el sentido de excluir el auxilio de enfermedad y, en lo dem ás confirmó en todas sus partes» el fallo del Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de fecha 25 de julio de 2017, que a su vez, ordenó la reliquidación de la pensión de la señora Martha María Triana Rodríguez «con base en régimen especial contenido en el artículo 6º del decreto 546 de 1971 , en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de

la señora Martha María Triana Rodríguez «con base en régimen especial contenido en el artículo 6º del decreto 546 de 1971 , en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, comprendido entre el 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015 con la inclusión de asignación básica, auxilio de enfermedad, prima de productividad , bonificación por servicios, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, estas últimas cinco de forma proporcional, a una doceava parte », dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2015-00830-01.

1 Proceso ingresó para fallo con nota secretarial de fecha 11 de julio de 2022 obrante a folio 321 del cuaderno 2 En adelante UGPP. 3 Ver folios 169 a 174 vto., del cuaderno 1.Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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I. ANTECEDENTES.

De la acción de revisión4.

2. La UGPP interpuso acción de revisión contra la sentencia del 23 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinama rca Sección Segunda Subsección D que confirmó parcialmente la proferida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá del 25 de junio de 2017, con fundamento en el

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinama rca Sección Segunda Subsección D que confirmó parcialmente la proferida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá del 25 de junio de 2017, con fundamento en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o c onvención colectiva que le eran legalmente aplicables […]».

3. Lo anterior, en razón a que la sentencia cuestionada comporta un abuso palmario del derecho, generando una grave er ogación a los recursos públicos, en la medida que la reliquidación de la pensión reconocida a la señora Martha María Triana Rodríguez, en cuantía del 75% de la asignación más alta devengada durante su último año con la inclusión de los factores «asignación básica, auxilio de enfermedad, prima de productividad, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, estas últimas cinco de forma proporcional a una doceava parte», desconoce los precedentes obligatorios y vincula ntes de la Corte Constitucional contenidos en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU 230 de 2015 sobre la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición y las normas legales que regulan la materia , los cuales han señalado que será el establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, siendo lo correcto que se ordene aplicar el promedio de lo devengado en los últimos 10 años d e servicio o del tiempo que le hiciere falta con los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de

1994.

ordene aplicar el promedio de lo devengado en los últimos 10 años d e servicio o del tiempo que le hiciere falta con los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

4. Sostiene que la norma aplicable a la señora Martha María Triana es el Decreto 546 de 1971, pero solamente en cuanto a la edad, tiempo de serv icios y monto de la prestación, pero en lo relacionado al IBL se debe aplicar lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

4 Visible a folios 1 a 6 del cuaderno 1.Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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Oposición a la acción de revisión5.

5. La señora Martha María Triana Rodríguez compareció por intermedio de su apoderado y se opuso a los planteamientos de la UGPP6. En primer lugar, señaló que las causales invocadas por la UGPP son improcedentes en la medida que las sentencias que ordenaron la reliquidación de su pensión son de fechas anteriores a la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 y que como ya son situaciones que no se encuentran pendientes, no se les puede aplicar la retrospectividad en virtud del principio de seguridad jurídica.

II.CONSIDERACIONES De la competencia.

6. La presente acción de revisión que ocupa la atención de la Sala fue interpuesta7 en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Corporación es competente para conocer de

De la competencia.

6. La presente acción de revisión que ocupa la atención de la Sala fue interpuesta7 en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Corporación es competente para conocer de ella en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 249 ibídem8 en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 55 de 20039.

Problema jurídico.

7. Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia de fecha 23 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “D” dentro del radicado 11001333502420150083001, se configura la

5 Contestación de la demanda en el índice 9 del aplicativo SAMAI. 6 Conforme quedó plasmado en la contestación de la demanda obrante en el aplicativo SAMAI índice 9. 7 En fecha 12 de marzo de 2020, tal como se observa a folio 6 vto., del cuaderno 1. 8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán l os Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala). 9 «Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: Artículo 13.- Distribución de los negocios entre las secciones.

el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: Artículo 13.- Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)

Sección Segunda: (…) 3-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección».Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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causal de revisión previstas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es decir, establecer si el reconocimiento de la pensión de la señora Martha María Triana Rodríguez en su calidad de beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, en cuantía del 75% de la asignación mensual más elevada con la inclusión de todos los factores salariales en el último año laborado en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desconoce los precedentes de la Corte Constitucional sobre la forma de liquidar el IBL de las personas amparadas por el régimen de transición y en consecuencia, comporta el pago de una mesada pensional reconocida con vulneración del derecho al debido proc eso de la entidad previsional y en exceso de lo debido de acuerdo con la ley.

8. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el estudio

pensional reconocida con vulneración del derecho al debido proc eso de la entidad previsional y en exceso de lo debido de acuerdo con la ley.

8. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes aspectos: i) Directrices impartidas en la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 11 de junio de 2020 bajo la causa con radicación 2016-00630-01 (4083-2017) respecto de los funcionarios de la rama judicial y del Ministerio Público , beneficiarios del régimen de transición; ii) las razones por las cuales dicha providencia resul ta aplicable al presente asunto; iii) la causal de revisión previstas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 invocada por la entidad previsional accionante; iv) finalmente, resolver á el caso concreto.

Del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público, conforme a las directrices de la Sentencia de Unificación de 11 de junio de 2020, con radicación 2016—00630-01 (4083-2017) proferida por esta Corporación.

9. Esta Corporación mediante Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, encontró necesario unificar jurisprudencia en torno al Ingreso Base de Liquidación (periodo de liquidación y factores a incluir) de las pensiones de los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público regul ados por el Decreto 546 de 1971 que causaron su derecho en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto, sobre este

por el Decreto 546 de 1971 que causaron su derecho en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto, sobre este aspecto dispuso las siguientes reglas jurisprudenciales: «4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes presupuestos:Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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1. Para el 1 de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó́ a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados. ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10

continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades. iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, po r lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, ser á́ el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será́: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuer e superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de

de liquidación será́: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuer e superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4a. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;284 1° del Decreto 610 de 1998; 1° del Decreto 1102 de 2012; 1° del Decreto 2460 de 2006; 1° del Decreto 3900 de 2008; y 1° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas». Subrayas fuera de texto original.

10. Las anteriores reglas jurisprudenciales tienen como sustento el precedente de la Corte Constitucional 10 y del Consejo de Estado 11 que se ciñe al propósito del legislador al expedir la Ley 100 de 1993 concerniente a propender por la armonía que debe existir entre el nuevo sistema integral de seguridad social en cuyo artículo 36 estableció el régimen de trans ición general y las dimensiones en las cuales la seguridad social en s í misma se manifiesta, que son las de servicio público obligatorio sujeto a los principios de eficiencia, universalidad , solidaridad y sostenibilidad fiscal y de derecho público con car ácter constitucional, general, exigible e irrenunciable, de tal forma que todas las generaciones en un ámbito en el

obligatorio sujeto a los principios de eficiencia, universalidad , solidaridad y sostenibilidad fiscal y de derecho público con car ácter constitucional, general, exigible e irrenunciable, de tal forma que todas las generaciones en un ámbito en el

10 C-169 de 1995: C-258 de 2013; SU-230 de 2015; SU-395 de 2017; SU-210 de 2017; SU-023 de 2018. 11 Consejo de Estado, Sentencia de 21 de mayo de 2013, Rad. 1208-2012; Sentencia de 7 de febrero de 2013, Rad. 1723 de 2012; Sentencia 11 de julio de 2013, Rad. 0102-2012; Sentencia de 7 de noviembre de 2013, Rad. 2672-2012; Sentencia de 12 de mayo de 2014, Rad. 17762013; Sentencia de 10 de julio de 2014, Rad. 2763 de 2012; Sentencia de 4 de agosto de 2010, Rad. 0112 de 2009; Sentencia de 28 de agosto de 2018, Rad. 2012-01433-01.Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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que impere el principio de igualdad puedan ver cubiertas las contingencias que enfrentan en la etapa de la vejez, como producto de la corres pondencia que debe existir entre lo que el pensionado percibe por concepto de mesada pensional y lo que efectivamente cotizó en su vida laboral activa, ámbito del que constitucional y

enfrentan en la etapa de la vejez, como producto de la corres pondencia que debe existir entre lo que el pensionado percibe por concepto de mesada pensional y lo que efectivamente cotizó en su vida laboral activa, ámbito del que constitucional y legalmente no fueron abstraídos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

11. Así, cuando se es beneficiario del régimen de transición por edad o por tiempo de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, que permite la aplicación del régimen anterior y, a su vez, se adq uirió el estatus pensional con el cumplimiento de los requisitos de edad y el tiempo de servicio de ese régimen anterior, contemplado por el artículo 6º del Decreto 546 de 197112, ello implica que la pensión se debe reconocer al funcionario o empleado de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con la tasa de reemplazo del 75%.

12. Sin embargo en lo atinente al ingreso base de liquidación, se tiene que no debe corresponder al del régimen anterior, es decir, a la asignación más alta devengada en el último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el artículo 6° 13 en mención, sino al establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 o en el inciso 3° de su artículo 36, esto es, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión o los que hicieren falta para tal efecto en caso de ser un lapso inferior, actualizados anualmente con ba se en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

13. Este ingreso base de liquidación debe calcularse con la inclusión de los factores

actualizados anualmente con ba se en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

13. Este ingreso base de liquidación debe calcularse con la inclusión de los factores de salario sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema pensional que corresponden a los fijados por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 y según se trate de magistrados o de empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público con la inclusión de los factores señalados en la siguiente normativa q ue goza de vigencia, a saber: artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996 en el artículo 1º; 1º del Decreto 610 de 1998; 1º el Decreto 1102

12 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.” 13 Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere es te Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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de 2012; 1º del Decreto 2460 de 2006; 1º del Decreto 3900 de 2008; y 1º del Decreto 383 de 2013. Razones por las cuales resulta procedente la aplicación de la Sentencia de Unificación de 11 de junio de 2020 para resolver la presente acción de revisión.

14. La interpretación del IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición expuesta en la sentencia del 11 de junio de 2020, si bien es cierto, no se encontraba vigente al momento de la expedición de la providencia cuestionada, esto es, el 23 de agosto de 2018, en este caso, la Sala encuentra como razón fundamental para aplicar dicha tesis al resolver de fondo el presente asunto la concerniente a que en cuanto a los recursos extraordinarios de revisión, esta Corporación ha señalado14 que no se podrá alegar un abuso del derecho o fraude a la ley para revisar decisiones en las que se accedió al reconocimiento pensional de los beneficiarios del régimen de transición con fundamento en las anteriores posiciones que sobre el punto hizo esta Corporación, sin perjuicio de las causales previstas en el artí culo 250 de la Ley 1437 de 2011.

15. De manera que en ningún momento determinó que los efectos de la mencionada sentencia de unificación no resulta ran aplicables para resolver las acciones extraordinarias de revisión regidas por la Ley 797 de 2003 que se encuentren

15. De manera que en ningún momento determinó que los efectos de la mencionada sentencia de unificación no resulta ran aplicables para resolver las acciones extraordinarias de revisión regidas por la Ley 797 de 2003 que se encuentren pendientes de solución como la estudiada en el presente asunto, cuya finalidad es propender por la revisión de pensiones concedidas mediant e sentencia judicial, transacción o concil iación judicial o extrajudicial que se hayan otorgado con violación al debido proceso o en una cuantía superior que exceda lo debido de acuerdo a la ley, pacto o convención colectiva aplicable, lo que en consecuenc ia,

14 La citada jurisprudencia en su aparte pertinente señala: «La Corte Constitucional, en sentencia C -816 de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdiccionesy la Corte Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio.

115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se

115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resulta n inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segund a del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada». (subrayas fuera de texto para resaltar)Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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conlleva a una erogación injustificada del erario y por ende, a una inestabilidad del sistema general de pensiones.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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conlleva a una erogación injustificada del erario y por ende, a una inestabilidad del sistema general de pensiones.

16. Adicionalmente, debe tenerse presente que en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 se analizó de manera expresa y detallada la situación de los beneficiarios del régimen de transición regidos por el Decreto 546 de 197115, a partir de lo cual se estableció que el reconocimiento de su derecho pensional debe guardar estricta observancia de los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, solidaridad y universalidad consagrados en el Acto Legislativo 01 de

2005.

17. En efecto, se tiene que dicha interpretación sobre la forma de liquidar el IBL de los funcionarios del Ministerio Público beneficiarios de la transición con observancia de los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, solidaridad y universalidad se encuentra en armonía con los siguientes aspectos: i) el propósito por el cual se expidió la Ley 100 de 1993, ii) la finalidad de acción de revisión prevista en la Ley 797 de 2003, y iii) los principios consagrados en el Acto Legislativo 01 de 2005.

18. En esa medida, es claro que los efectos de la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 resultan aplicable s a las situaciones en las que se haya reconocido una pensión con desconocimi ento del debido proceso o en cuantía que exceda lo debido de acuerdo con la ley, pues con ello se bu sca evitar l a vulneración a los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad del sistema integral de seguridad

una pensión con desconocimi ento del debido proceso o en cuantía que exceda lo debido de acuerdo con la ley, pues con ello se bu sca evitar l a vulneración a los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad del sistema integral de seguridad social y en su lugar, propender por la obtención de l os recursos que permitan financiar la pensión de sus afiliados e incluso, de aquellos que carecen de los medios para tal efecto, sin que este sistema pueda ser quebrantado ante la creación de beneficios desproporcionados para sus titulares.

Análisis de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 aplicada al caso concreto.

19. La entidad actora fundó el recurso de revisión en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone lo siguiente:

15 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccion al, del Ministerio Público y de sus familiares.”Acción de Revisión.

Interno: (1793-2020) Radicación: 110013335024201500830-01.

Demandante: UGPP.

Demandado: Martha María Triana Rodríguez.

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«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza

providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estad o o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».16

20. Al respecto, la UGPP aduce que la decisión de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “D” contenida en la sentencia del 23 de agosto de 2018 que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Martha María Triana Rodríguez, con la asignación más elevada percibida en su último año laborado y con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en dicho periodo, comporta el pago de una mesada pensional que excede lo debido de acuerdo con la Ley, por cuanto desconoce los precedentes

su último año laborado y con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en dicho periodo, comporta el pago de una mesada pensional que excede lo debido de acuerdo con la Ley, por cuanto desconoce los precedentes obligatorios y vinculantes de la Corte Constitucional 17 para todas las jurisdicciones sobre la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición y las normas legales que regulan la materia 18, los cuales han s eñalado que será el establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, siendo lo correcto que se ordene aplicar el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio o del tiempo que le hiciere falta con los factores salariales enlistados en el