CE - 110010325000202000815001SENTENCIA20230626103504

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00815 00 (2477-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

(FONCEP)

Demandada: Lucila Hernández Gayón

Tema: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas en los literales a) y b). Reliquidación pensión de jubilación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del 1° de marzo de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , que revocó la providencia del Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá, del 30 de agosto de 2017 , accediendo a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , promovido por la señora Lucila Hernández Gayón.

ANTECEDENTES

Administrativo Oral de Bogotá, del 30 de agosto de 2017 , accediendo a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , promovido por la señora Lucila Hernández Gayón.

ANTECEDENTES

El FONCEP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 1° de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que l a señora Lucila Hernández Gayón, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del FONCEP, con el fin de obtener la nulidad parcial de las Resoluciones N°0501 del 26 de abril de 2007, N°1075 del 10 de julio de 2009 y N°001296 del 2 6 de junio de 2015, por medio de2

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las cuales se reconoció la pensión de jubilación, se reliquidó la pensión concedida por retiro definitivo y se negó la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos

las cuales se reconoció la pensión de jubilación, se reliquidó la pensión concedida por retiro definitivo y se negó la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, respectivamente.

Que como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicio s -salario básico mensual, ajuste sueldo, prima antigüedad, prima alimentación, subsidio de transporte, reconocimiento por permanencia, bono extraordinario, prima de vacaciones, prima de navidad, primera de servicio y bonificación por servicios-; ii) reconocer y cancelar las sumas debidas en forma indexada y los correspondientes intereses moratorios; y iii) pagar las costas que resultasen en el proceso.

Que el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá D. C., el 30 de agosto de 2017, en audiencia, profirió sentencia de primera instancia a través de la cual denegó las pretensiones por cuanto los actos demandados fueron expedidos de acuerdo con el precedente contenido en las sentencias C -258 de 2013, SU -230 de 2015 y SU -427 de 2016 de la Corte Constitucional.

En la misma diligencia, el apoderado de la señora Lucila Hernández Gayón presentó recurso de apelación contra la decisión argumentando que, según la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, tiene derecho a la liquidación de la pensión con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de labor.

unificación del 4 de agosto de 2010, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, tiene derecho a la liquidación de la pensión con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de labor.

El 1° de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda. Dicha decisión quedó ejecutoriada el día 5 de abril del 20181.

El 8 de octubre de 2018, el FONCEP emitió la Resolución N°SPE 1329, mediante la cual dio cumplimiento a la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN En la sentencia del 1° de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D revocó la providencia del 30 de agosto de 2017, emitida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá D.C., mediante la cual se habían negado las pretensiones y, en su lugar, accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Lucila Hernández Gayón contra el FONCEP.

1 De acuerdo con la constancia de ejecutoria obrante a folio 398 del archivo insertado en el índice 3 de SAMAI.3

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Igualmente, ordenó que se efectuaran descuentos respecto de los factores salariales

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Igualmente, ordenó que se efectuaran descuentos respecto de los factores salariales objeto de reliquidación siempre y cuando hubiesen sido realizados y declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas antes del 15 de mayo de 2012. Que la Corte Constitucional expuso su criterio sobre la interpretación sobre el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en las sentencias C -258 de 2013 y SU-230 de 2015; entendiendo que la expresión «monto» contenida en el artículo 36 ibidem solamente comprende la tasa de retorno. Por lo tanto, el ingreso base de liquidación no es un aspecto sometido a la transición.

Que la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado consideró que, en aras de gara ntizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados por el trabajador, durante el último año de servicio, a menos que estén expresamente exceptuados por la ley . Lo contrario, tendría como consecuencia la regresividad de los derechos sociales de los ciudadanos; postura que fue reiterada en las sentencias del 26 de noviembre de 20162 y de 9 de febrero de 20173.

Que se violaría el derecho a la igualdad, si se aplicara una tesis distinta a la sostenida por el Consejo de Estado, toda vez que se ha tenido en cuenta para resolver los casos promovidos por un número importante de pensionados. Igualmente, tal proceder desconocería el artículo 53 de la Constitución Política, que señala que se

por el Consejo de Estado, toda vez que se ha tenido en cuenta para resolver los casos promovidos por un número importante de pensionados. Igualmente, tal proceder desconocería el artículo 53 de la Constitución Política, que señala que se debe optar por la situación más favorable para el trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho.

Expresó que la pensionada es beneficiaria de l régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que laboró como servidora pública desde el 1° de febrero de 1972 hasta el 30 de enero de 2009 y alcanzó el estatus el 9 de noviembre de 2004, cuando cumplió la edad de 55 años. En consecuencia, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia equivalente al 75% del salario promedio que devengó durante el último año de servicio, del 31 de enero de 2008 al 31 de enero de 2009.

Frente a los factores salariales incluyó la asignación básica y su ajuste, la prima de antigüedad, la prima de alimentación, el subsidio de transporte y las doceavas partes de prima semestral y su ajuste, la prima de vacaciones, la bonificación por servicios y la prima de navidad. No ordenó la inclusión del salario de vacaciones pue sto que constituye un descanso remunerado y no un factor salarial. Tampoco el reconocimiento por permanencia, pues se trata de un pago que fue creado por el Concejo Distrital sin competencia, a través del Acuerdo 276 de 2007. Igualmente, excluyó el bono ex traordinario, creado por el Decreto 4581 de 2008, puesto que no es factor salarial.

2 Expediente: 110010325000201301341 00 (3413-2013).

excluyó el bono ex traordinario, creado por el Decreto 4581 de 2008, puesto que no es factor salarial.

2 Expediente: 110010325000201301341 00 (3413-2013). 3 Expediente: 250002342000201301541 01. Se profirió en reemplazo de la sentencia del 25 de febrero de 2015, en cumplimiento de una orden de tutela.4

Radicado: 11001 03 25 000 2020 00815 00 (2477-2020)

Adujo que se configuró la prescripción de las mesadas pensionales causadas antes del 15 de mayo de 2012 y ordenó los descuentos a la demandante respecto de los factores salariales que se incluyeron y sobre los cuales no se le hubieran efectuado deducciones. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN El FONCEP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación. Indicó que existió violación al debido proceso por el reconocimiento del derecho pensional, mismo que se opone al interés general, al haberse accedido a una liquidación en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en tanto generó un aumento en la mesada, que trae consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que la Nación debe administrar. Expresó que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional4, a partir de la cual determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el

Social en Pensiones que la Nación debe administrar. Expresó que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional4, a partir de la cual determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liq uidación aplicable es el contenido en el inciso 3° o en el artículo 21 de dicha norma; criterios desarrollados a partir del estudio de la constitucionalidad de los apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 5, la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 junto con las reglas del IBL para los congresistas y la reiteración del estudio en abstracto sobre el régimen de transición. Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que la señora Lucila Hernández Gayón, al estar cobijada por el régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985, pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993. En cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, debe atenderse al Decreto 1158 de 1994, que contiene una lista taxativa de los emolumentos que ostentan la calidad de factores salariales. Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilida d financiera del sistema pensional, porque la mesada devengada se incrementó en un 52.97%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual

Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilida d financiera del sistema pensional, porque la mesada devengada se incrementó en un 52.97%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se traduce en un abuso palmario del derecho. Contestación de la acción especial de revisión

4 En particular, las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018. 5 Sentencia C-168 de 19955

Radicado: 11001 03 25 000 2020 00815 00 (2477-2020)

La señora Lucila Hernández Gayón, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que la acción de revisión es improcedente por cuanto en la providencia objeto de reproche, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expuso todos los elementos y carga argumentativa suficiente para sustentar su decisión. Que, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial, el juez de segunda instancia dio aplicación al lineamiento ju risprudencial del Consejo de Estado, vigente al momento de proferir el fallo cuestionado y con ello, no se desconoce la ley ni pacto colectivo alguno, relacionado con la liquidación pensional. Por otro lado, señaló que el FONCEP no está habilitada para ped ir que se revise la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto no se encuentra dentro de las entidades que establece el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto no se encuentra dentro de las entidades que establece el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Que, en la sentencia del 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado indicó q ue el criterio allí definido era aplicable a los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en la judicial, instaurados a través de acciones ordinarias. Igualmente, dejó a salvo aquellos casos en los que ha operado la cosa juzgada, así como aquellas pensiones que fueron reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado. Estas decisiones no pueden considerarse afectadas por abuso del derecho o fraude a la ley.

Por último, como petición especial, solicitó que se analice si la conducta del FONCEP, al interponer la acción de revisión, estuvo enmarcada en los elementos mínimos de la buena fe. De lo contrario, se debe condenar en costas y agencias en derecho, según los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

Concepto del Ministerio Público El señor Procurador Tercero Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto a través del cual solicitó declarar fundado el recurso de extraordinario de revisión interpuesto al estimar que la pensión de vejez de la señora Lucila Hernández Gayón, en aplicación del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional - SU-230 de 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017 y SU -395 de 2017 -, posteriormente adoptado por el Consejo de Estado, debe ser reliquidada con el IBL del 75% del

2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017 y SU -395 de 2017 -, posteriormente adoptado por el Consejo de Estado, debe ser reliquidada con el IBL del 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó la afiliada en los últimos diez años o el tiempo que le hiciere falta, incluyendo los factores salariales sobre los que haya efectuado aportes o cotizaciones. En esa línea, adujo que toda vez que la sentencia recurrida ordenó reliquidar el monto de la pensión de la beneficiaria del régimen d e transición con base en el ingreso salarial promedio previsto en la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 , reconoció un derecho pensional en cuantía que excede lo que legalmente corresponde pues, la transición no acogía las reglas sobre el monto o el IBL para determinar el quantum de la pensión, ni tampoco los factores salariales.6

Radicado: 11001 03 25 000 2020 00815 00 (2477-2020)

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación de la señora Lucila Hernández Gayón, como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de l 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades del recurso extraordinario

devengados en el último año de servicio, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión invoc adas en la demanda; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones6 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 7 por al

de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 7 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

6 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional. 7 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”7

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En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»8. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20

dichas causales (…)»8. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido que son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación9.

Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves casos de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos pensionales de manera irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judicialmente las pensiones que hayan sido reconocidas con violación al debido proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.

Así, el fin principal de esta revisión está en salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira10.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El apoderado del FONCEP invocó como sustento de la acción de revisión las

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El apoderado del FONCEP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la prestación fue irregularmente otorgada o contraria a lo previsto y ordenado en la ley. En ese orden,

8 Ibidem. 9 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)8

Radicado: 11001 03 25 000 2020 00815 00 (2477-2020)

el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales especiales aludidas.

el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público, debe resaltarse que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, reconoce el debido proceso como un derecho fundamental que garantiza a la persona el respeto en todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámite s administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado11 como la Corte Constitucional12 son concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión

y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»13. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem estaba dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-201801884-00(REV) 12 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017. 13 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72229

01884-00(REV) 12 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017. 13 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72229

Radicado: 11001 03 25 000 2020 00815 00 (2477-2020)

permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de

de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos apl icables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez ( 10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU -230 de 2015 y SU -247 de 2016, e ntre otras, la

Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU -230 de 2015 y SU -247 de 2016, e ntre otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.10

Radicado: 11001 03 25 000 20