CE - 110010325000202000826001SENTENCIA20230626105430

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

(FONCEP)

Demandado: Luis Eduardo Rozo Rodríguez

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas en los literales a) y b). Reliquidación de pensión de jubilación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones ( en adelante FONCEP) contra la sentencia del 14 de julio del 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Luis Eduardo Rozo Rodríguez.

ANTECEDENTES

El FONCEP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 14 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para lo cual invocó

2003, contra la sentencia del 14 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providenci as judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Luis Eduardo Rozo Rodríguez , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del FONCEP, con el fin de obtener la nulidad del Oficio N°2012EE22841 del 24 de diciembre de 2012, que negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, conforme a la Ley 33 de 1985.

Que como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicio -prima de servicios, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de transporte,

primas de antigüedad, recargos por dominicales, festivos y nocturnos y prima técnica;Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 ii) reconocer y cancelar las sumas debidas en forma indexada y los correspondientes intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA; y iv) pagar las costas que resultasen en el proceso.

Que el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, el 31 de agosto de 2015 , profirió sentencia de primera instancia, a través de la cual negó las pretensiones al señalar que la legislación aplicada por el FONCEP respecto de los factores salariales se ajustó a derecho , pues el reconocimiento pensional efectuó de acuerdo con el precedente contenido en las sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 231 de agosto de 2015 de la Corte Constitucional.

Inconforme con la decisión l a parte demandante interpuso recurso de apelación 1, argumentando que si bien los pronunciamientos de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento inter partes y constituyen criterio auxiliar para la actividad de los jueces; el a quo debió sujetarse al mandato de la Ley 1395 de 2010, que lo obligaba a seguir la jurisprudencia del Consejo de Estado, órgano de cierre frente a los asuntos que involucran entidades públicas.

El 14 de julio del 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

a seguir la jurisprudencia del Consejo de Estado, órgano de cierre frente a los asuntos que involucran entidades públicas.

El 14 de julio del 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, emitió sentencia a través de la cual revocó la decisión de primera instancia2; decisión que quedó ejecutoriada el día 16 de agosto de 20163.

El 4 de julio de 2017, el FONCEP dio cumplimiento a la sentencia en comento mediante Resolución N°SPE 10094.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la sentencia del 14 de julio del 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de Oficio N°2012EE22841 del 24 de diciembre del 2012 y ordenó al FONCEP reliquidar la pensión de jubilación del señor Luis Eduardo Rozo Rodríguez, con una tasa de reemplazo del 75% de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, a saber: la asignación básica, (la) prima de antigüedad, (el) auxilio de alimentación, (el) subsidio de transporte, (los) recargos nocturnos (35%), (los) recargos festivos (200%), (los) recargos festivos nocturnos (235%) y las primas de navidad, semestral y de vacaciones.

Igualmente, declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 12 de diciembre de 2009 y ordenó la deducción de los aportes no efectuados.

(235%) y las primas de navidad, semestral y de vacaciones.

Igualmente, declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 12 de diciembre de 2009 y ordenó la deducción de los aportes no efectuados.

Expresó que el Consejo de Estado, en las sentencias proferidas el 20 de octubre de 2005 y el 4 de agosto de 2010, advirtió que las Leyes 33 y 62 de 1985 no contienen una mención taxativa de los factores salariales que integran el IBL, por lo que es

1 Folios 113 a 118 del documento denominado «11001333502620130031800», obrante en el índice 17 de SAMAI, contentivo del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. 2 Folios 131 a 140 del documento denominado «11001333502620130031800», obrante en el índice 17 de SAMAI, contentivo del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. 3 De acuerdo con la constancia de ejecutoria obrante en la página 172 del documento denominado «11001333502620130031800», obrante en el índice 17 de SAMAI, contentivo del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. 4 Páginas 118 a 128 del índice 3 de SAMAI.Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 posible incluir cualquier concepto que el trabajador haya devengado de forma habitual y periódica como contraprestación de su labor du rante el último año de servicio .

www.consejodeestado.gov.co 3 posible incluir cualquier concepto que el trabajador haya devengado de forma habitual y periódica como contraprestación de su labor du rante el último año de servicio . Igualmente, que, el monto de las pensiones reconocidas conforme al régimen de transición comprende el IBL y la tasa de reemplazo.

Que, del material probatorio allegado al plenario, es posible inferir que el demandante es acreedor de un derecho adquirido, dado que está cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, por esa razón, a su pensión de jubilación deben aplicarse en su integridad las disposiciones contenidas en Leyes 33 y 62 de 1985.

Que, la prima de riesgo era el único factor salarial devengado en el último año de servicio que no podía ser reconocido como ingreso base de liquidación por cuanto fue una prestación surgida contrariando la Ley o por error de la administración, al haber sido creada por un órgano que no tenía las competencias para ello – Concejo de Santa Fe de Bogotá-. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN El FONCEP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.

Respecto a las causales invocadas adujo que l a decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la

Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; la Ley 100 de 1993; el Decreto 1158 de 1994; el Acto Legislativo 01 de 2005 y demás normas concordantes. Así mismo, desconoce el precedente judicial sentado en l as decisiones anotadas en el párrafo anterior. Indicó que existió violación al debido proceso por el reconocimiento del derecho pensional, mismo que se opone al interés general, al haberse accedido a una liquidación en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en tanto generó un aumento en la mesada, que trae consigo u n detrimento de los recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que la Nación debe administrar. Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que el señor Luis Eduardo Rozo Rodrí guez, al estar cobijado por el régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985 pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993. En cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, debe atenderse al Decreto 1158 de 1994, que contiene una lista taxa tiva de los emolumentos que ostentan la calidad de factores salariales.Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

factores salariales.Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 De otra parte, aduce que la decisión objetada se desconoce el precedente judicial establecido por la Corte Constitucional 5 y el Consejo de Estado 6, en torno al ingreso base de liquidación, con lo cual se configura un defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución.

Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, comoquiera que la mesada devengada por el señor Luis Eduardo Rozo Rodríguez se incrementó en un 45.63%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se traduce en un abuso palmario del derecho.

Contestación a la acción especial de revisión

El señor Luis Eduardo Rozo Rodríguez, actuando por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que l a acción de revisión incoada por el FONCEP no cumple con la carga técnica que ello exige, comoquiera que se limita a señalar las causales invocadas, pero no indica con precisión las razones por las cuales considera que el operador judicial incurrió en ellas . Además, l os argumentos expuestos no dan cuenta de la violación directa de la ley o la Constitución, sino del desacuerdo de la entidad con la interpretación efectuada por el ad quem sobre las normas que regulan el ingreso base de liquidación de la pensión cuestionada.

argumentos expuestos no dan cuenta de la violación directa de la ley o la Constitución, sino del desacuerdo de la entidad con la interpretación efectuada por el ad quem sobre las normas que regulan el ingreso base de liquidación de la pensión cuestionada.

Que la sentencia objetada se profirió con respeto del debido proceso y de las normas constitucionales, pues no se configuró la falta de competencia, el desconocimiento de las etapas procesales o defecto alguno.

Concepto del Ministerio Público

La señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el cual estimó que, en el sub lite, concurren los elementos fácticos y normativos de las causales invocadas por la recurrente, en razón a que la providencia censurada fue expedida con desconocimiento de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-230 de 2015, a través de la cual se precisó la interpretación respecto del alcance del régimen de transición general del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según la cual el ingreso base de liquidación no hace parte de dicho régimen de transición pensional.

En tal mérito, señaló que habría lugar a declarar fundado el recurso extraordinario de revisión y a disponer la reliquidación de la mesada pensional del demandado conforme a la señalada interpretación.

CONSIDERACIONES

Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación del señor Luis Eduardo Rozo Rodríguez, como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100

entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación del señor Luis Eduardo Rozo Rodríguez, como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100

5 Citó las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU 210 de 2017, SU-395 de 2015, SU 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014, 229 de 2017 6 Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 de 1993, con la inclusión de l 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalid ades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de

por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones 7 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el pr ocedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 8 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pag adoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)» 9. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquell as establecidas taxativamente en los artículos 250

herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)» 9. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquell as establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido que son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo

7 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional. 8 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (212912), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control – Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]” 9 Ibidem.Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación10.

Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves casos de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos pensionales de forma irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judicialmente las pensiones que hayan sido reconocidas con violación al debido proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.

Así, el fin principal de esta revisión está en salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibil idad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira11.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El apoderado del FONCEP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la prestación fue irregularmente otorgada o contraria a lo previsto y ordenado en la ley. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales especiales aludidas.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

10 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del

10 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado 12 como la Corte Constitucional 13 son concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, la exposición de motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de

sobre una cuantía excesiva, la exposición de motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 14. De igual manera, se advierte que se manifestó por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar l os grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de segur idad social integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes p ensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles

materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes p ensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de ve jez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001 -03-15-000-201801884-00(REV) 13 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017. 14 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son homb res, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones con tenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integri dad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integri dad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el ré gimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010 ; mientras que la Corte Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación es:

subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».Radicado: 11001 03 25 000 2020 00826 00 (2509-2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variac ión del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los d